Defender el “Sistema Público de Pensiones” es incompatible con una práctica sindical que abandera y presenta como un logro la extensión y promoción de “fondos de pensión privados” tanto de empresa como individuales. Si en el sector privado este proceder sindical de los sindicatos mayoritarios, es muy discutible, en el sector público es directamente inaceptable.
En la comunidad autónoma Vasca ELA, LAB, CC.OO. y UGT participan en las EPSV públicas Itzarri y Elkarkidetza y en El Fondo de Pensiones de la Administración del Estado está gestionado por una empresa participada en el 70% por el BBVA y en el 30% por los sindicatos CCOO y UGT” (El País 12.10.2005).
Las cotizaciones al sistema público tienen un carácter social y además de ser contributivo y solidario, alimenta al Sistema Público de Pensiones, que es un sistema de reparto.
Las cotizaciones que aporta la administración, más las propias individuales, a las EPSV públicas no aporta al Bien Común ni a la Justicia Social y alimenta otro Sistema: “el individual”, que es de capitalización.
Este proceder no hace más que reforzar el temido “sálvese quien pueda”, donde las personas que trabajan para la administración local, autonómica o estatal son unos “privilegiados”, rompen la cohesión social, vacía de contenido la justicia social y la equidad, extiende el agravio por el tejido social e incrementa la desigualdad respecto al resto de trabajadores.
Conviene recordar, una vez más, que esta peculiar redistribución de la riqueza social (generada por toda la ciudadanía) se une la desgravación fiscal que se contempla para los “fondos de pensión privados”. Es una vergüenza escuchar a quienes defienden estas desgravaciones (Hacienda deja de recaudar y además favorece el negocio bancario) al mismo tiempo que afirman que no hay recursos suficientes para sostener el Sistema Público de Pensiones y por eso hay que recurrir al privado.
Mientras reclamamos “indignados” que los altos cargos, diputados, senadores, políticos,… se paguen de su bolsillo las pensiones privadas y no de los recursos públicos, cínicamente los sindicatos mayoritarios apoyan los planes privados y además se lucran de su participación en las juntas de Gobierno.
Es toda una incoherencia, impostura e hipocresía, es una manifestación de la debilidad sindical, de la integración de muchos de sus dirigentes en el sistema (a pesar de su palabrería izquierdista) que les lleva a aceptar acríticamente el análisis y las soluciones ofrecidas por los dirigentes económicos y políticos, considerándolas como mal menor y beneficiándose de la privatización de las pensiones, lo que ha conducido a debilitar a la clase trabajadora en su conjunto.
Las EPSV públicas Itzarri y Elkarkidetza deben de liquidarse y los fondos aportados por la administración deben recuperarse para destinarlo a protección social (sectores más vulnerables) y empleo. Ya está bien que se nos diga: “lo público es de todos” (un texto muy movilizador) a sabiendas de que lo importante es lo que ocultamos: “pero no es para todos”.
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