El periodista Toni Martínez denuncia en ‘Los CIE, el Guantánamo español’ (360º Reportajes), las violaciones de derechos humanos en estos centros y cómo los “tentáculos” de las empresas han llegado hasta ellos: limpieza, cocina, servicios sanitarios, trabajo social…
Porque conviene a la Unión Europea y a su proyecto de control fronterizo. Porque es una herencia de anteriores gobiernos y nadie (hasta ahora) se ha planteado su cierre. Porque sirve como parche a la política migratoria estatal y europea. Para crear dentro de la población inmigrante la sensación de inseguridad. Por todo ello existen los Centros de Internamientos de Extranjeros (CIE), según el periodista Toni Martínez, colaborador de La Marea. Pero, sobre todo, los CIE existen “porque la sociedad no conoce realmente lo que sucede allí dentro”. Martínez se prometió escribir sobre ellos hasta que la gente se enterara. Y ahora acaba de terminar un libro que saldrá a la venta a mediados de agosto, cuyo título resume la esencia de estas cárceles: Los CIE, el Guantánamo español (360º Reportajes).
En él denuncia, además, el negocio que se ha montado alrededor de estos centros: “Quien ha estado cerca conoce el ajetreo de coches y furgonetas de la empresa Clece entrando y saliendo. Esta empresa, de la que es máximo accionista el empresario y presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, se encarga de la limpieza. Es casi imposible conocer las condiciones del contrato de Clece con el Gobierno, que, pese a ser de interés general, no se ha publicado”, escribe Martínez.
La cocina, los servicios sanitarios y de trabajo social también dependen, indica el autor, de empresas privadas. “Algunos internos del CIE de Aluche se refieren a los médicos como doctor Ibuprofeno, por la sobredosis de fármacos relajantes y analgésicos de ese estilo que reciben”, prosigue el periodista, que destaca que el convenio que más rechazo ha provocado entre las organizaciones en defensa de los derechos humanos ha sido el que firmaron el Gobierno y la Unión Temporal de Empresas, formada por
Air Europa y Swiftair, para el traslado de extranjeros a sus países de origen a otros centros. “El presupuesto para estos servicios desde abril de 2015, y durante un año, fue de casi 12 millones de euros, aunque el coste final dependerá del número de vuelos realizados”, detalla.
Martínez asegura que muchas ONG se han negado a colaborar con lo que consideran que es un sistema que vulnera los derechos humanos: “Otras, como Cruz Roja, creen que colaborando pueden mitigar el sufrimiento de los internos e internas”. En este reparto también entra la Iglesia católica, que llegó a un acuerdo con el Ministerio para asistir religiosamente a los internos e internas: “Yo creo que ellos piensan que aquellas personas que están allí son delincuentes o que vienen de familias y entornos desestructurados y ahí aparecen ellos como un acto de caridad. Esa visión está muy alejada de la realidad. En los CIE hay personas de cualquier condición, la discriminación en este caso es únicamente racial, pero no entiende de estudios o posición social y/o económica”.
¿Qué pasa en los CIE?
Pues más que lo que pasa, podemos hablar de lo que nos dicen que pasa, tanto los internos como la Policía. Lo primero que hay que decir es que son centros de detención de inmigrantes muy opacos. Si hablas con la Policía, y consigues que alguien del Ministerio del Interior te cuente cómo son las condiciones de los internos que allí están por haber cometido una falta administrativa (no tener papeles), te pintan una situación ideal. Eso contrasta mucho con las denuncias públicas y judiciales de los internos e internas que han pasado por allí. Han habido muertes, denuncias de torturas y vejaciones, motines, intentos de fuga…
¿Has entrado en alguno de ellos?
Pues la verdad es que sí he podido entrar. Eso sí, nunca como periodista ya que tenemos vetado el acceso. La primera vez fui a visitar a un joven boliviano que me detalló en un plano las deplorables condiciones en las que se encontraba. Fue en la sala de visita y hablábamos a través de un cristal y rodeado de policías. Como no podía contarme nada, me lo narró todo en una pequeña carta. La segunda vez lo hice acompañado de un abogado y fue para asistir a Noura, una joven marroquí que fue llevada al CIE de Zapadores, en Valencia, tras denunciar haber sufrido acoso sexual por parte de un policía en Alicante. Noura llevó su denuncia al juzgado pero a los pocos días fue deportada a su país de origen y el caso de presuntos abusos sexuales quedó archivado, ya que la principal testigo no se encontraba en España. Luego he vuelto a ir varias veces para visitar a internos.
Con las violaciones de derechos que se denuncian cada día en esos centros, ¿en qué lugar quedan los jueces encargados precisamente de ser los garantes de los derechos de los internos?
Hay de todo. La norma es que los jueces, con la carga de trabajo que tienen, no dediquen muchos esfuerzos a la vigilancia de estos centros. Hay casos destacables, precisamente porque son pocos, como el del juez de vigilancia de Madrid, Ramiro García de Dios, que dictó varias sentencias obligando a mejoras en los centros y a que las ONG pudieran entrar en los CIE.
¿Qué papel ha tenido el Frontex en la consumación de estas cárceles?
Total. Están en el origen de todo. El control de fronteras era básico por aquel entonces en la Unión Europea.
¿Cómo defines la política migratoria?
Errónea y sin hoja de ruta. España, y Europa no sabe qué es lo que quiere en materia migratoria, cuando necesita a los inmigrantes mira hacia el otro lado, pero en época de crisis, se dedican a la represión. Por supuesto, mención aparte merece el tema de los refugiados que vienen huyendo de las guerras, algo que debería hacernos sonrojarnos como europeos y como seres humanos.
En el caso de las mujeres, cuentas que el infierno se amplía. ¿Cómo se puede introducir una perspectiva de género en estos centros?
Es necesario tener esta perspectiva de género. Las humillaciones para ellas son mayores, tienen problemas concretos que los hombres no tienen. Al hecho de estar privadas de libertad súmale todas las humillaciones que tienen que sufrir por ser mujeres, el tema de la higiene íntima, las miradas de los policías y del resto de los internos, etc… Además, generalmente ellas son las que en el exterior mantienen el núcleo familiar, con lo cual su internamiento provoca inmediatamente el desmantelamiento de ese núcleo, los niños y niñas se sienten desamparados, por ejemplo.
¿Por qué importa tan poco en el debate político?
Porque requiere un esfuerzo y seguramente supondría un desgaste electoral. Venimos de una crisis económica brutal en la que por suerte la xenofobia no ha estallado, pero el riesgo está siempre ahí y por eso los grandes partidos eliminan afrontar el tema de los CIE en su agenda política, demasiado desgaste.
¿Cómo crees que terminará el conflicto en Barcelona con el Ministerio del Interior?
Lamentablemente creo que el Ministerio del Interior tendrá más fuerza que el Ayuntamiento de Barcelona. La idea del Gobierno de Ada Colau está muy bien traída, “si usted quiere licencia para reabrir el CIE, asegure que dentro se cumplen con todas las condiciones higiénicas y de respeto a los derechos humanos”. Pero el Ministerio creo que va a hacer valer su fuerza y va a pasar por encima de cualquier ordenanza municipal.
Ni siquiera han bastado las muertes para cerrarlos. ¿Hasta cuándo habrá CIE? ¿Qué tiene que ocurrir para que desaparezcan?
Está claro que mientras gobierne el PP y/o Ciudadanos, vamos a tener CIE para rato. Me parece que la apuesta de los llamados “ayuntamientos del cambio” de poner al CIE en la agenda política es muy interesante, pero recordemos que cuando el PSOE gobernaba no se planteó el cierre, de hecho prometió durante años un reglamento que al final tuvo que sacar adelante el PP de Rajoy. La única solución para que desaparezcan es que se conozca lo que sucede allá dentro y para eso hay que crear una masa crítica.
IAG cerró el primer semestre con unos ingresos de 10.786 millones de euros, un 4,1% más. El resultado de explotación creció un 27,9%, hasta 710 millones, mientras que el beneficio neto fue de 554 millones, un 66,9% más. El grupo de Iberia, British Airways, Vueling y Aer Lingus, que tras el voto a favor de Reino Unido de dejar la UE (Brexit) revisó a la baja su previsión de resultados para el conjunto de 2016, cifró en 148 millones de euros el impacto de la volatilidad de las divisas (básicamente, de la libra esterlina). Según IAG, Reino Unido aporta un tercio de sus ingresos. 
