Con 15-M o sin él, lo cierto es que el movimiento de protesta social que prendió espontáneamente en muchas calles y plazas del país contra el austericidio ha tenido cumplido reflejo en el panorama político. La ristra de elecciones habidas a lo largo de 2014 y 2015 (europeas, locales, autonómicas y nacionales) ha dado como resultado que el bastión partidocrático se fracture y se descredite. El vendaval de los indignados, las plataformas y las mareas han puesto fecha de caducidad al bipartidismo, la fórmula oprobiosa con que el sistema de explotación y dominación se había hecho hegemónico. Una veces usando su cara A conservadora y otras utilizando la cara B socialliberal.
Y ese es un éxito evidente. Valió la pena. Al margen de lo que hagan o vayan a hacer las formaciones emergentes, a un lado y al otro del espectro político, hoy por hoy tienen justificada su apuesta ante sus públicos respectivos. Han sabido galvanizar la resistencia ciudadana en favor de sus alternativas. Pueden incluso hablar de tú a tú a las fuerzas políticas que han ostentado el poder en exclusividad en estos 38 años de democracia coronada. Y ahora, de su pericia y de su coherencia dependerá que esa impronta se consolide para configurar algo realmente diferente, distinto y distante.
¿Ha ocurrido lo mismo en el plano sindical? A expensas de que observadores más sabios digan la última palabra, no parece que el terremoto que se ha vivido en el plano político se haya trasladado al mundo sindical. En ese ámbito no se perciben tanto las consecuencias del malestar ciudadano derivado de las políticas antisociales aplicadas desde los gobiernos del duopolio dinástico vigente. Es cierto que existe una creciente desafección entre los trabajadores respecto a las centrales autodenominadas más representativas, pero nada que implique un impacto semejante al producido en el terreno de los partidos. Tanto la Unión General de Trabajadores (UGT) como Comisiones Obreras (CCOO), a veces a trancas y barrancas, siguen ostentando los primeros puestos del podio y los posibles “emergentes” en el plano sindical siguen yendo a la zaga.
Con lo que la cuestión se hace realmente obtusa. ¿Cómo es posible que siendo el origen de las movilizaciones esencialmente de orden social, contra los recortes y ajustes decretados por la Troika, esa dinámica no se haya trasladado contundentemente al ámbito laboral? ¿Por qué sigue sin rival real el bipartidismo sindical que, por acción u omisión, tanto ha tenido que ver con la consolidación de las medidas austericidas? Y aquí, como en casi todas las cosas de la vida, hay opiniones para todos los gustos y colores. Pero al menos habría que señalar en una posible doble dirección como explicación de ese insano inmovilismo. O ellos no lo han hecho tan mal, en la percepción y/o en la realidad contante y sonante, o los alternativos no lo han hecho tan bien, en la percepción y/o en la ejecución. O ambas cosas a la vez.
Obviamente ni CCOO ni UGT se han ido de rositas. Tanto los resultados de las elecciones sindicales como las abultadas bajas de afiliación indican que la crisis también les ha pasado factura. Pero nada que ver con lo que le ha ocurrido al tándem PSOE y PP, que ha cosechado un severo rechazo de los electores por sus funestas políticas antipersonas. De hecho, por el contrario, existe una especie de eximente a la hora de juzgar la responsabilidad de los sindicatos mayoritarios en cuanto a su cuota de complicidad en los desastrosos efectos de la crisis. Como si en el imaginario social todo se cargara en el pasivo de los gobiernos, dejando a dichas centrales en un limbo de pureza que se compadece mal con la triste realidad de los hechos.
Conviene recordar que en España no existe un sindicalismo independiente en la primera división, y que con sus más y sus menos tanto CCOO como UGT funcionan como peones de brega en el entorno laboral del PSOE, convertido este partido en reclamo fáctico de la izquierda nominal. Igual que a las reuniones de la FAES asisten como invitados de postín los máximos representantes del PP, en los congresos de CCOO y de UGT comparecen en primera fila los dirigentes del PSOE y, en menor medida, de IU sin que, a consecuencia de sus lesivas actuaciones contra los trabajadores, se las haya declarado personas no gratas. Es más, persiste una vieja y antigua tradición de cruce de cargos entre ambos sindicatos y el partido que más tiempo ha ocupado el poder en España. Ya sea incorporándose a sus gobiernos o como diputados en su bancada, amancebamiento que debería llevar a una responsabilidad compartida. Ahí está el caso del ugetista José Luis Corcuera y de Matilde Fernández en el gabinete socialista, o el de los líderes de Comisiones Obreras, Julián Ariza y Antonio Gutiérrez, veteranos en las listas al Congreso de Ferraz. Por no hablar de José María Fidalgo, el ex secretario general de CCOO que fichó por la Marca España con total impunidad.
En la práctica existe una doble militancia tóxica partido-sindicato y por tanto una responsabilidad bípeda que llega hasta límites obscenos. El ejemplo de Joaquín Almunia es más que elocuente. Fue sucesivamente responsable de economía en UGT; ministro de Trabajo con el felipismo; secretario general del PSOE; y hasta jefe de los “hombres de negro” de la Troika, en tanto comisario europeo para Asuntos Económicos y Monetarios y vicepresidente y comisario de Competencia sucesivamente. Sin olvidar al muy endogámico Valeriano Gómez, que pasó de pertenecer a la Ejecutiva ugetista, y en cuanto tal encabezó la manifestación de la huelga general de 2010 contra la reforma laboral de Rodríguez Zapatero, a ocupar la cartera de Trabajo en ese mismo gobierno. Periplo que no fue obstáculo para que, ya en la oposición, se convirtiera en portavoz socialista de Economía con Pedro Sánchez como si nunca hubiera roto un plato. Por tanto, y en buena lógica, el desgaste del bipartidismo debería conllevar un notable descrédito del bisindicalismo clónico.
Esa situación de “puertas giratorias” entre partidos-sindicatos es una de las razones que permite hacer una lectura maniquea y torticera de la “cuestión social”, blanqueando las responsabilidades del austericidio en un bando y cargándolas en el contrario. Con lo que, de resultas, al final no se sacan las debidas experiencias del proceso y nos hacemos reos de volver a repetir los mismos errores. Un condicionamiento que se refleja milimétricamente en la obsesión de la sedicente izquierda por cargar toda la artillería de los ajustes y recortes en el pasivo de la derechona del PP. Lo que hace que a la hora de plasmar programas para “gobiernos de cambio”, investiduras de corte “reformista y progresista” o simples pactos “de la mayoría de izquierda”, todo el mundo olvide la ofensiva antisocial del ejecutivo socialista durante la crisis. La contrarreforma laboral, la de las pensiones, y otras acciones de semejante calado reaccionario se han esfumado de su agenda, y por tanto tienen asegurada su letal permanencia en el marco legal por el abstencionismo de esa supuesta izquierda político-social.
Como si el hecho de que algunas de ellas fueran pactadas “con los agentes sociales” las hicieran menos rechazables. Por ejemplo, la reforma laboral del 2006, fruto de un acuerdo entre el gobierno socialista, CEOE, CEPYME, CCOO y UGT, que llevaba el bonito rótulo de “mejorar la calidad del empleo”, y sirvió en última instancia para alimentar las arcas de las organizaciones firmantes. ¿Cómo? Introduciendo una cláusula en su Disposición Adicional Quinta, Real Decreto 5/2006, que eximia a los contratos de formación de la obligación de cumplir la Ley General de Subvenciones. Evidentemente la temporalidad del empleo siguió a su bola creciente, mientras que, como ya sabemos por los múltiples atestados judiciales abiertos, la corrupción en el sindicalismo partidista se hizo crónica. Pero casi nadie se atreve a decir en estos momentos de recambio de élites que esa colusión de intereses permite utilizar la representación sindical como botín para las burocracias de los “agentes sociales”. Como hicieron con las Cajas de Ahorro, a las que primero abordaron, luego saquearon y finalmente liquidaron.
Con esas anteojeras asistimos atónitos a espectáculos como el visto y oído en el último congreso de la UGT. Una asamblea obrera que, con la que está cayendo, se permite escenificar un acto de adhesión inquebrantable al jefe propio de las Cortes franquistas. ¡Qué se puede esperar de un “sindicalismo de clase” en el que los delegados aprueban la gestión de la ejecutiva saliente por un 97,5% de los votos; su nuevo secretario general, José María Álvarez, con 26 años al frente de la federación catalana de procedencia, reemplaza al saliente, Cándido Méndez, tras 22 años en el cargo; y se defiende el continuismo denunciando que la UGT ha sido víctima de una criminalización! Ese es el tipo de código ético que exhibe en la práctica la renovada UGT. Un modelo que supedita la trasparencia y la democracia interna al culto al jefe, la concepción del sindicalista como funcionario perpetuo de la organización y el uso del victimismo para espantar sospechas de fraude masivo con dinero público.
En tal marco de “obediencia debida” se han perpetrado las estafas de los ERE y los Cursos de Formación, sumarios que ya se han llevado por delante a dos presidentes de la Junta de Andalucía y a otros tantos secretarios generales del sindicato hermano en aquella autonomía. Caldo de cultivo donde incluso prosperan aguerridos sindicalistas full, como el líder histórico del socialismo asturiano, Fernández Villa, trincón de los fondos mineros con un pasado de sospecha como confidente de la policía franquista concienzudamente silenciado (http://www.asturias24.es/secciones/politica/noticias/villa-paso-informac...). Es el “sé fuerte, Luis”, de Mariano Rajoy a Bárcenas, pero elevado a la séptima potencia y sin detractores que le metan en vereda. Pero, eso sí, puño en alto y a los acordes de la Internacional.
Aunque en el régimen no las tendrán todas consigo cuando el hombre fuerte del Grupo Prisa, Juan Luis Cebrián, tiene que producir un artículo (Riesgos del populismo sindical. El País. 13/03/2016) para animar a CCOO y UGT a firmar un nuevo “contrato social” que contemple la nueva realidad de la Europa desarrollada, seguramente con la mente puesta en aquellos Pactos de La Moncloa tan queridos del statu quo. Afirma el directivo mejor pagado del IBEX 35 y gran mayordomo de multinacionales, grandes financieras y fondos buitre que "la prolongación de la edad de jubilación, una flexibilidad de las leyes laborales que no amenace la seguridad en el empleo, y el establecimiento de una sistema dual de pensiones públicas y privadas responden no tanto a la lucha a corto plazo contra el déficit público como a la búsqueda de un nuevo paradigma que haga sostenible el moldeo tradicional al tiempo que impulse políticas de crecimiento”.
O sea, trabajo precario mientras exista beneficio empresarial y despido barato cuando mengue. Que es lo que vienen haciendo el predicador y sus interpelados al aplicar la perniciosa reforma laboral del PP que critican de boquilla para echar a la calle sin contemplaciones a los trabajadores excedentes en El País, UGT y CCOO. Empresas-tinglado las tres altamente ineficientes por el abuso de posición dominante de sus corruptas cúpulas y la tupida red clientelar con que protegen sus desafueros y miserias personales.
No hay capitalismo de amiguetes sin sindicalismo de amiguetes.
Rafael Cid
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