Juan Gabriel, mexicano de nacimiento, había cortado con su novia. Sin trabajo y sin nada mejor que hacer, decidió cambiar de aires, quiso probar suerte en España. Esta le sonrió temporalmente y al mes de su llegada, ya tenía casa, empleo y novia. Como muchos otros migrantes se quedó, hizo vida. Creó un sólido grupo de amigas y amigos y se desarrolló laboralmente en el mundo de los bici-mensajeros.
Ocho años después, el pasado 18 de febrero, perfectamente integrado en Madrid, cometió una imprudencia que le costó muy cara, se saltó un semáforo en rojo circulando en su bicicleta. Dos agentes de policía le pidieron su documentación y al percatarse de que no la tenía en regla, que era un “sin papeles”, aprovecharon la oportunidad para expulsarlo en caliente. Opción que brinda la nueva “Ley de Seguridad Ciudadana” o “Ley Mordaza” aprobada por el partido conservador en el gobierno, el Partido Popular.
En menos de 72 horas, la vida de Juan Gabriel cambió radicalmente. Lo retuvieron en la comisaría de Aluche y lo forzaron a subir esposado a un vuelo comercial de Iberia con destino al Aeropuerto de la Ciudad de México. Como Juan Gabriel, todos los días miles de personas migran no sólo buscando cambiar de aires, también huyen de guerras, de la miseria, de la intolerancia, de la persecución,...
¡Suéltenme! ¡Abusadores, abusadores! Grita en un vídeo difundido por el diario El País, un inmigrante dominicano mientras le inmovilizan y golpean agentes del Cuerpo Nacional de Policía (goo.gl/L3slIQ). Los vuelos de deportación o vuelos de la vergüenza como los llaman las organizaciones sociales españolas, son vuelos amparados legalmente mediante el siniestro protocolo de repatriaciones.
A esta práctica, se unen otros mecanismos represivos como la extranjerización permanente, es decir, no tienes derecho a una casa, a que tus hijas vayan a la escuela, al médico, a caminar. Otro es el encierro en los Centros de Internamiento para Extranjeros (CIE), macabros espacios, famosos por la sistemática violación a los derechos humanos. Finalmente, las redadas racistas, dispositivos prohibidos por las Naciones Unidas, utilizados para llenar vuelos de deportación.
En España, debido al carácter policial de los vuelos, la única institución capacitada para difundir cifras es el Defensor del Pueblo. En su informe, Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura (2015) (goo.gl/jtyOKQ), señala que el Ministerio del Interior fletó en 2014 en solitario o en conjunto con la Agencia Europea para el Control de la Frontera Exterior (FRONTEX), un total de 134 vuelos en los que deportó a 3,373 inmigrantes. En total, el Ministerio del Interior ha expulsado de España a 9,410 personas en 257 vuelos internacionales entre enero de 2010 y octubre de 2014.
Las expulsiones forzosas son un negocio muy rentable. El gobierno de España adjudicó desde noviembre de 2012 a la unión de las aerolíneas Air Europa y Swift Air jugosos contratos para la realización de vuelos de deportación masiva. En total, la empresa del grupo Globalia ha suscrito contratos que ascienden a más de 62 millones de euros. Recientemente, otra unión formada por Viajes Barceló y Air Nostrum (franquicia valenciana de Iberia) ha pujado con una oferta mucho más competitiva. Se trata, de expulsar a la mayor cantidad posible de gente al mínimo coste, con las fuertes implicaciones que supone para los derechos humanos.
Las amigas y amigos de Juan Gabriel en España intentaron detener la deportación. La denunciaron por redes sociales para movilizar a los pasajeros, de hecho el vuelo se retrasó. Una mujer preguntó al piloto sobre la situación y sobre si su código de conducta le permitía volar con una persona esposada y en contra de su voluntad. El piloto se limitó a responder que trabajaba para una empresa privada y que no podía hacer nada. También presentaron firmas y un pre-contrato laboral ante el cónsul de México en Madrid para solicitar su intercesión. Éste les indicó que no podía hacer nada y que la única solución era que se casara. Hoy, Juan Gabriel, intenta recomponerse en casa de sus familiares en Ecatepec con la cabeza y el corazón puestos en Madrid.
A pesar de que, nosotras las mexicanas y mexicanos hemos normalizado las prácticas y los discursos de los Estados Unidos y del Estado Mexicano sobre las deportaciones forzosas, no deja de ser un deber denunciar y luchar contra estas leyes obscenas. Aunque son pocas en comparación, las deportaciones forzosas desde el Estado Español a México no dejan de ser lamentables. Para que los vuelos de la vergüenza funcionen, es necesaria la colaboración del Estado Mexicano y el interés lucrativo de las aerolíneas. No obstante, existen precedentes en la paralización de deportaciones gracias al apoyo de activistas y abogados comprometidos. Migrar es un derecho y ante los ojos del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, los vuelos de deportación son inaceptables.
http://www.rebelion.org/noticia.php?id=209960&titular=vuelos-de-la-vergüenza-de-españa-a-méxico-+ INFO: España rechaza en Bruselas las “expulsiones colectivas” (mientras continúa llenando vuelos de la vergüenza)
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