La España deshauciada

Antonio fue desahuciado en Madrid el 31 de enero. La renta del alquiler de su casa era más alta que su pensión de incapacidad. María Goretti Guisande iba a ser desahuciada en Barcelona hace unas semanas. Sufre el síndrome de sensibilidad química múltiple, un extraño trastorno que altera el sistema nervioso hasta paralizar el cuerpo por completo. El desahucio fue paralizado por activistas, pero la Policía volverá a llamar a su puerta. Ya no podrá llamar, sin embargo, a la de Esther C., que se suicidó hace un par de semanas tras recibir el aviso de que se procedería a su desahucio, según denunció Stop Desahucios Zaragoza en un comunicado.
Desde enero de 2008 hasta septiembre de 2014, el Consejo General del Poder Judicial ha contabilizado en España 360.125 lanzamientos, una media 146 desalojos diarios de pisos, locales, garajes o comercios. En 2013 la media ascendió a 183 al día. Sin embargo, estos datos del CGPJ no sirven para reflejar el drama real de los desahucios ya que no se distingue entre ejecuciones hipotecarias de locales, comercios, segundas viviendas o de primeras viviendas, donde realmente se produce el drama humano de no tener un lugar donde dormir. 

Desde que los desahucios llegaron a los telediarios con los bancos como principales acreedores, la situación ha ido evolucionando hasta la actual donde el grueso de los desahucios se deben al impago de alquileres que imponen los propietarios y no a ejecuciones hipotecarias de entidades bancarias. De hecho, según los datos del CGPJ, el 51,3% de los desahucios en los nueve primeros meses de 2014 se deben al impago del alquiler mientras que el 43,4,% tiene que ver con ejecuciones hipotecarias.
Hace apenas unos días, la Justicia ordenó el segundo desahucio de Elvira, una madre soltera que fue incapaz de pagar el alquiler de su vivienda debido a que se encontraba en paro y decidió ocupar una casa vacía junto a dos de sus hermanas y tres niños menores. Hasta ocho furgones de la Policía Nacional acudieron al que era su domicilio para ejecutar el desahucio. Elvira, al contrario de lo que se puede pensar tras ver el despliegue policial, no parecía una mujer peligrosa con ánimo de atacar a los agentes antidisturbios.

De desahucio en desahucio

Sin datos en la mano, pero con la experiencia que proporciona llevar años a pie de calle en primera línea de la lucha en el movimiento antidesahucios, Lucía, portavoz de la PAH Centro de Madrid, explica que la mayor parte de los desahucios que se están produciendo en este 2015 en la ciudad de Madrid tienen que ver con el impago del alquiler y no con una ejecución hipotecaria de una entidad bancaria.
"La situación más común que estamos viviendo ahora es la del segundo desahucio. Personas que ya han sido desahuciadas y que han llegado a un nuevo alquiler precario, en negro, o a través de un tercero que tampoco pueden pagar y, por otro lado, personas que decidieron ocupar para evitar dormir en la calle. Esto demuestra la falta de actuación de las instituciones públicas", denuncia Lucía.
Este fue el caso de Elvira, que ahora está junto a los niños y su hermana en casa de una prima. Ha dejado los muebles en un local del AMPA de la escuela de su hijo y piensa en volver a ocupar una vivienda como única solución posible a la situación que atraviesa. Pero no es la única.

Este lunes siete furgonetas de la Policía Nacional acudieron a la casa en la que desde abril de 2014 vivía Charo junto a sus dos hijos de 5 y 8 años. Charo fue desalojada en 2010 del poblado de Puerta del Hierro en el que nació. Desde el Ayuntamiento no se le ofreció un realojo y desde entonces ha ido de casa en casa con amigos y compañeros. En abril de 2010 se decidió a ocupar una casa vacía de Bankia y negoció con la entidad, sin éxito, un alquiler social. El lunes fue expulsada. 

Cuando lo público es parte del problemaNi Charo ni Elvira han recibido una solución por parte de los servicios sociales del Ayuntamiento de Madrid. El día de su desahucio la Policía avisó a un equipo de Samur Social que las trasladó a la única "solución de emergencia" del Consistorio: "el Hotel Welcome", donde los Servicios Sociales alojan durante unos días a los desahuciados. Charo fue trasladada allí junto a sus hijos el mismo día del desahucio. Nadie le dijo cuanto tiempo podría estar allí. "Los servicios sociales se pondrán en contacto contigo", le dijeron. Nadie la llamó.
Dos días después fue Charo quien acudió a los Servicios Sociales donde le informaron de que sólo podría permanecer en el 'hotel' hasta de lunes a lunes, día en el que se quedará en la calle junto a sus hijos menores. "¿Una solución para mis hijos", reclamó Charo. "Pueden ingresar en un centro de menores", replicaron los Servicios Sociales.

Después vinieron las preguntas sobre la posibilidad de acceder a un alquiler social en una vivienda pública, la respuesta, sin embargo, era la misma independientemente de la puerta a la que tocara: "La solicitud está formulada. Te avisaremos". Y así, Charo lleva ocho años esperando un alquiler social del Ayuntamiento de Madrid.
Desde los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Madrid, contactados por este medio, aseguran que "se está haciendo un seguimiento intenso de las familias por los trabajadores sociales, ofreciéndoles distintos tipos de ayuda de acuerdo con sus necesidades" y tratando de "promover la solución más adecuada a las circunstancias de esa familia, con el establecimiento de planes especiales de pago, cambio de vivienda a otras más asequibles, etc."
Los afectados por desahucios y las asambleas de vivienda contactadas por este medio, sin embargo, niegan esta versión. "No hacen nada de nada", denuncian desde la Asamblea de Vivienda de La Latina.
Lo más grave, sin embargo, no es ya que las autoridades públicas no estén ayudando a evitar los desahucios sino que se han convertido, en muchos casos, en el sujeto que solicita a la Justicia que desahucie a familias y que vende, literalmente, las casas de miles de familias con alquileres sociales a fondos de inversión considerados como fondos buitre. En esto nadie gana a la Comunidad de Madrid. Un derecho vendido a buitres
El Instituto de la Vivienda de Madrid (IVIMA), dependiente del Gobierno de la Comunidad, vendió en 2013 por 201 millones de euros a Azora, un fondo de inversión del banco norteamericano Goldman Sachs, un total de 2.935 casas del parque público de viviendas. Solo un mes después, el Ayuntamiento de la capital vendió a través de la Empresa Municipal de la Viviendas y Suelo (EMVS) 1.860 casas por 218 millones de euros al fondo Magic Real Estate de Blackstone.

Desde el Ayuntamiento de Madrid, no obstante, contactados por este medio, aseguran que sí se están realizando acciones para evitar el drama de los desahucios. Como ejemplo de su labor, señalan el programa de la Red de Vivienda Solidaria, que según apuntan desde el Ayuntamiento ha comprometido 400 viviendas para personas desahuciadas estando a día de hoy 329 ya adjudicadas. "Se van adjudicando según van estando disponibles", señalan desde el Área de Gobierno de Urbanismo y Vivienda del Ayuntamiento de Madrid.

"La prueba de que las acciones de las instituciones públicas son insuficientes es que tenemos constancia de que la semana pasada fueron desahuciadas tres personas en Madrid y ninguna de ellas ha sido alojada en el fondo de viviendas de Botella ni ha recibido ayuda del Gobierno. Además, cuando desahuciaron a Carmen Martínez, una anciana de 85 años, el Ayuntamiento dijo que le daría un alquiler social en estas viviendas, y no ha sido verdad", prosigue Lucía, portavoz de la PAH Centro. 

Este desamparo de las instituciones públicas lo sufren en primera personas como Elvira, Charo y Umberto, que fueron desahuciados la semana pasada. Umberto fue expulsado de su casa hace apenas unos días tras ser estafado por un prestamista al que pidió 4.000 euros para tapar agujeros y poco después le exigió 32.000. Tras no poder pagar la deuda ha sido desahuciado.

Umberto no está en la calle gracias a una compañera de su asamblea de Stop Desahucios, que lo ha alojado en su casa de forma provisional. Su hijo, que vivía con él hasta el desahucio, ha tenido que mudarse con unos amigos. Nada tiene que agradecer a los servicios públicos de Madrid. Él también acudió a Servicios Sociales, pero allí tampoco había solución para él. A Elvira, de hecho, los servicios sociales le dieron tres alternativas: el hotel Welcome durante la primera semana, pedir un piso al Ivima y acudir a Cáritas.
"Si no fuera por el apoyo de los activistas estaría en la calle. Eso me permite continuar animado y seguir luchando por recuperar mi casa", relata Umberto, que tiene presentada una denuncia contra el prestamista Antonio Arroyo por estafa. "La esperanza que mantengo es que la Justicia funcione, a mi me devuelvan mi casa junto a una indemnización. Hace cuatro años que pedí ese crédito y cada día desde entonces ha sido un infierno", relata Umberto.

Ocupar como única soluciónAnte esta situación, en la vida después del desahucio de Elvira, Umberto y Charo hay pocas o ninguna solución. Umberto se agarra a que la Justicia le devuelva lo que es suyo. Pero, ¿y Charo y Elvira? Para estas dos mujeres la única solución pasa por volver a ocupar una vivienda vacía y volver a entrar en el círculo vicioso de ocupación, desalojo y ocupación. Un círculo, que según señala Charo, sólo puede romper "la voluntad política". "No sé qué hacer. Ocupar es una posibilidad, pero no sé cómo salir de esta situación, de este círculo", reconoce Charo, desesperada.
De esta manera, el movimiento antidesahucios comenzó a ocupar viviendas vacías que pertenecen a entidades financieras con el fin de poder negociar un alquiler social. El camino en esta lucha es complicado, pero el movimiento ha conseguido victorias importantes. Como el de La Manuela, un edificio situado en pleno centro de Madrid, propiedad de La Caixa, que fue ocupado por 19 familias que no tenían techo. Tras negociar con la entidad bancaria, las familias consiguieron un alquiler social.

La operación ha sido repetida por activistas en otros muchos edificios. Este jueves, sin ir más lejos, el Sareb o banco malo ha suspender momentáneamente el desahucio, previsto para este viernes, de las seis familias que ocuparon hace más de un año un edificio de tres plantas que se encontraba vacío en el barrio de San Isidro del distrito de Carabanchel.
Una de las victorias más emblemáticas e importantes se produjo en Sabadell. Activistas de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca y la Crisis (PAHC) de Sabadell ocuparon un edificio de 40 pisos que sirvió para realojar a un total de 146 personas, 58 de ellas menores. Tras una larga negociación entre activistas, entidades públicas y el Sareb, finalmente, el Sareb cedió hasta 600 viviendas para dedicarlas al alquiler social, a raíz de un acuerdo entre el Govern y la Sareb firmado el mes de julio.

La lucha sigue A pesar de estos éxitos, la lucha, como señalan los activistas por la vivienda, continúa. Este mismo viernes hay previstos dos desahucios en la ciudad de Madrid. La Policía tocará mañana la puerta de Vanesa, que vive con su marido que tiene una discapacidad psíquica del 71%, y sus dos hijas de 2 y 1 año, en una casa ocupada propiedad del Sareb o banco malo. Asimismo, a la misma hora, otros agentes de antidisturbios tocarán la puerta de Rafaela, que ocupa una vivienda propiedad de la EMVS desde hace cinco años junto a su hijo. Hace 15 días logró parar su desahucio, pero mañana habrá un nuevo intento.
"Desde la PAH y gracias a Obra Social de la PAH estamos consiguiendo dar soluciones a más gente sin alternativa habitacional que el Gobierno con su fondo de viviendas. No hemos conseguido que se apruebe la ILP antidesahucios, pero la estamos poniendo en marcha con nuestras acciones", sentencia Lucía, portavoz de la PAH Centro de Madrid. 

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