Magdalena Álvarez se va con 10.000 euros al mes hasta los 65 y pensión vitalicia
Una copa de vino y patatas fritas en la terraza del hotel Miguel Ángel de Madrid. La vicepresidenta del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Magdalena Álvarez, se mostraba en público relajada en la mañana de ayer en la capital tras verse obligada a dimitir. Al renunciar evitando un proceso de destitución tiene derecho a acogerse a los privilegios de salida de ex altos cargos europeos.
Las reglas de remuneración del BEI permiten a Álvarez la misma indemnización y pensión que un ex vicepresidente de la Comisión Europea al dejar el cargo. Por un lado, un mínimo del 40% de su salario fijo anual (que es hasta ahora de 23.147,26 euros al mes sujetos a tributación europea) durante los próximos tres años, lo que equivale en su caso a unos 10.000 euros al mes hasta 2017, que es justamente el año en que cumple 65 y podrá jubilarse. A partir de ese año, tendrá derecho a una pensión vitalicia del 4,275% de su salario fijo por cada año trabajado. Como Álvarez se ha resistido a dimitir hasta ahora y fue nombrada en junio de 2010, ha cumplido justo cuatro años, por lo que su pensión mínima mensual será de 4.000 euros mensuales, compatible con la que perciba en España. Álvarez dijo ayer que se va a tomar unas vacaciones y que pedirá su reincorporación al cuerpo de inspectores de Hacienda, al que pertenece.
La ex ministra de Fomento ha perdido, no obstante, una considerable suma al perder el cargo en Luxemburgo. En los últimos cuatro años ha ganado más de un millón de euros bruto, y si hubiera podido agotar sus dos años más de mandato habría ganado medio millón más.
Álvarez resumía así ayer por qué renuncia: «Al ver que el Gobierno no respetaba las reglas, di un paso atrás y dije: el puesto para ti». La versión de la vicepresidenta del BEI, uno de los escasos cargos de relieve internacional ocupados actualmente por españoles, es que «el PP ha hecho una campaña de acoso y derribo». Así lo dijo desde primera hora en la Cadena Ser en alusión a que el ministro de Economía, Luis de Guindos, ha ejercido «presiones» en el BEI para magnificar su situación judicial con los ERE de Andalucía y poder así relevarla «por alguien del PP».
La versión del Ministerio es opuesta. Según fuentes oficiales, De Guindos, que es miembro del Consejo de Gobernadores del BEI, ha cohabitado con la socialista «con normalidad institucional» en los dos años y medio que lleva en el cargo, y sólo cuando Álvarez ha puesto en peligro la reputación de España y del banco europeo -al ejercer su cargo estando imputada por delito de malversación contra la Hacienda pública-, ha hecho llamamientos a la responsabilidad y ha activado el procedimiento de cese.
Fuentes del BEI sitúan el origen de la renuncia en el pasado 4 de junio. El Comité de Ética del banco con sede en Luxemburgo dio cuenta verbal de un informe en el que aseguraba que la permanencia de Álvarez en el cargo tras ser imputada en firme el pasado mayo suponía «un riesgo sustancial» para la reputación de la entidad. Cuando miembros del Consejo de Administración preguntaron si era un riesgo bajo, medio o alto, la respuesta fue «alto». No sólo la delegación española, sino también la portuguesa -que comparte el sillón de Álvarez como cuota ibérica en el BEI- y otras como incluso la alemana dieron un cierto mandato al presidente, Werner Hoyer, para que negociara la dimisión de Álvarez. En caso contrario, Guindos estaba dispuesto a llevar a votación su destitución en la próxima reunión, prevista para el 22 de julio.
La ex ministra se negó inicialmente con el argumento de que dimitir podía entenderse como un reconocimiento de culpabilidad por los ERE que ella niega de plano. Finalmente aceptó porque, según ella, el Gobierno estaba «internacionalizando» el problema y tratando de involucrar «a todos los países europeos» en su cese. No obstante, hizo una última petición: «Que guarden el puesto para mí cuando se demuestre mi inocencia».
Hoyer aceptó ayer públicamente su dimisión y dijo que «anteponía los intereses del banco a los de ella misma», admitiendo así implícitamente el riesgo reputacional que suponía la ex ministra. No obstante, dijo confiar en que su inocencia resplandezca en el proceso judicial y le hizo un guiño ante el Gobierno en el comunicado oficial, al agradecer «sus logros en los últimos cuatro años, especialmente en apoyar a España y Portugal en momentos críticos con nuevos instrumentos financieros y también en elevar la visibilidad del BEI en Latinoamérica y Asia».
En sus declaraciones en los medios, Álvarez está reivindicando precisamente la ayuda que ha prestado a España desde el BEI, que es el mayor acreedor del Estado.
La ex ministra cree saber quién del PP la va a reemplazar, pero no lo dice en público. El Ministerio de Economía, por su parte, no lo desvela, pero asegura que será un nombramiento rápido con mandato hasta 2021, puesto que aún no corresponde a un portugués, sino a un español hasta ese plazo.
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