LA IMPUNE REPRESIÓN DEL ESTADO NO NOS VA A CALLAR
Con nuestros ideales de democracia directa, libertad y justicia social, con nuestra dignidad, sin miedo, no nos van a callar.
El poder, el sistema, el Estado, con todo su aparato, con todos los cuerpos y fuerzas de su seguridad, con todas las herramientas legales de su justicia, está incrementando de forma muy significativa la represión directa contra las personas, organizaciones y movimientos, que estamos ejerciendo de forma pacífica nuestros derechos y libertades como son el derecho a la huelga, a la manifestación, a la libertad de expresión...
Colectivos y personas que no estamos dispuestas a callar, a permanecer con los brazos cruzados, viendo cómo nos despiden, nos roban, cómo nos estafan, nos desahucian, nos privatizan los servicios públicos y sociales, nos dejan en la indigencia, recortan nuestros derechos laborales, sociales y las libertades.
Estamos ante una escalada de la represión arbitraria, injustificada, indiscriminada, aleatoria, generalizada en todos los rincones del Estado Español. Es una represión institucional que se ejerce desde la absoluta impunidad, que busca la provocación, que recurre a las viejas técnicas de policías encapuchados, infiltrados entre las y los manifestantes, que tiene como objetivo básico el amedrentamiento de la población, la criminalización de la protesta, de la disidencia, de la discrepancia, del activismo social y sindical.
Estamos ante un régimen, un gobierno que, además de reprimir, está alterando el orden jurídico para disponer de artilugios legales que le permitan ejercen la represión con total impunidad. Está adecuando, aprobando y reformando leyes propias de un Estado totalitario que se considera dueño de las vidas y derechos de la población. Así interpretamos la Ley de Tasas Judiciales, el proyecto de reforma del Código Penal, la nueva Ley de Seguridad Ciudadana (ley mordaza), Ley de Seguridad Privada, etc.
La gravedad de la represión actual que ejerce el Gobierno de nuestro país, no está pasando desapercibida para el resto de Europa, para las Naciones Unidas ni para organizaciones como Amnistía Internacional, quien en un reciente informe de abril 2014 titulado “España: El derecho a la protesta, ¡amenazado!” dice: “las autoridades están asfixiando las protestas pacíficas. Las multas, los malos tratos, el uso excesivo de la fuerza y la impunidad policial ante los abusos están afectando el derecho a la libertad de expresión y reunión”.
Efectivamente, son varios millares las personas que están siendo identificadas, reprimidas, represaliadas, castigadas, procesadas, encausadas, multadas, vejadas, encarceladas, extorsionadas, maltratadas, ... desde que comenzó la respuesta sindical y social a la crisis. Son varios miles de personas las que se encuentran en esta situación desde que se convocó la huelga general del 29 de septiembre de 2010, hasta las recientes Marchas de la Dignidad del pasado 22 de marzo de 2014. La policía, ejerciendo el uso generalizado de la fuerza, siempre de forma desproporcionada, no sólo detienen personas, sino que retienen y registran autobuses sin justificación alguna, con el propósito de impedir su asistencia a las manifestaciones, procede a identificaciones y multas de personas pacíficas antes y durante las manifestaciones, incluso personas ajenas a la manifestación.
A modo de ejemplo, en 2014, las peticiones de penas que pide la fiscalía, suponen más de ciento cuarenta años de cárcel en los más de cuarenta procesos penales abiertos contra manifestantes y huelguistas, sin comprobar su implicación y culpabilidad.
Queremos recordar los casos más recientes y sangrantes de personas represaliadas impunemente y con ello mostrar nuestro apoyo y solidaridad con estas miles de personas que están sufriendo la represión, tenerlas siempre presentes y continuar con nuestro compromiso de seguir luchando hasta conseguir su liberación absoluta, y ello sin olvidar anteriores casos emblemáticos de represión como el de la compañera Laura de Barcelona o Alfon de Vallecas en Madrid.
Por ejemplo, Carmen y Carlos del Granada, condenados a tres años y un día y a entrar de forma inminente en la cárcel por participar en un piquete informativo del 15M durante la Huelga General del 29 de Marzo de 2012, con la acusación de atentar contra los derechos de las y los trabajadores. El fiscal pidió en el juicio una “sentencia ejemplarizante, para que a nadie se le ocurra hacer nada parecido”.
Otro ejemplo, en el que están implicados todos los movimientos, que ha trascendido a toda Europa, es el caso de Miguel e Isma, que han permanecido varios meses en prisión preventiva tras su participación en las Marchas de la Dignidad del pasado 22 de Marzo de 2014.
Un caso sangrante, la petición de 8 años de prisión, por hacer huelga el 29M de 2012, para Roger y Mercader, dos vecinos, activistas, participantes en el piquete informativo del comité de huelga de la asamblea de Sant Andreu, imputados impunemente, acusados de impedir el derecho al trabajo y por resistencia a la autoridad.
El caso Expert, tras diez años de proceso, en las comarcas del Garraf/AltPenedès y del Baix Penedès, en el que 6 personas están imputadas, los compañeros Pedro Duque y Soler junto con 4 extrabajadoras de la empresa Expert Polymere de L'Arboç, tras una desproporcionada carga policial durante el conflicto en el año 2004 por el cierre de la mencionada fábrica y el despido de toda la plantilla, a quienes se les pide entre tres y cinco años de cárcel para cada una.
El régimen, un estado en decadencia, desmoronándose, corrompido, desacreditado, injusto, elitista, alejado de la realidad, desautorizado por la mayoría de la población, está recurriendo a la violencia, a la represión, al enjuiciamiento político, para someternos, para hacernos sentir súbditos, para defenderse del pueblo que demanda derechos. La policía reprime en las calles y la fiscalía reconduce la represión a los tribunales en una simbiosis propia de los estados totalitarios.
Desde CGT tenemos claro que no lo van conseguir. Somos millones quienes estamos defendiendo la democracia directa, la justicia social, millones dispuestos a ejercer el apoyo mutuo para resistir y avanzar. No descansaremos hasta conseguir la absolución y liberación de la totalidad de las y los imputados y encarcelados.
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