El 23 de mayo, los actores del pacto social firmaban una prórroga de los convenios. Esta semana toca el turno del dictámen sobre pensiones de un “grupo de expertos”.
Pensiones y convenios colectivos, dos de los símbolos del –denominado– Estado del bienestar, encaran incertidumbres sin precedentes. Tampoco es que hayan vivido nunca días de gloria en el sur de Europa, pero estos dos paraguas mantenían una apariencia de protección sobre colectivos vulnerables y parecían recordar que, en algún momento, la clase trabajadora conquistó alguna victoria.
Un desigual diálogo entre Gobierno, patronal y sindicatos, aderezado con las recomendaciones de grupos de ‘expertos’, parirá, según todas las previsiones, una reforma drástica de las pensiones. Al mismo tiempo, el primer aniversario de la reforma laboral ha estado a punto de liquidar automáticamente miles de convenios colectivos que, de momento, prolongan su vigencia o, acaso, ¿su agonía?
El jueves 23 de mayo, patronal (CEPE Y CEPYME) y los sindicatos CC OO y UGT firmaban in extremis un acuerdo para estirar la vigencia de aquellos convenios colectivos que se estuviesen negociando. El pacto alivia, por ahora, una de las amenazas más serias que ha padecido la clase trabajadora en los últimos años. Hasta la reforma laboral de Báñez, cuando un convenio colectivo caducaba sin acuerdo, su amparo se estiraba sine die en lo que se denominaba “ultraactividad”. Sin embargo, aquel decretazo estableció que los convenios colectivos agotados sin acuerdo entre empresa y representantes de la plantilla dejarían de tener vigencia al cabo de doce meses. Y los primeros doce meses se cumplirán el 7 de julio. Es decir, a partir del 8 de julio, la empresa, por tanto, podría unilateralmente acogerse al convenio de ámbito superior –el de su sector de actividad– y, en último caso, obedecer únicamente al Estatuto de los Trabajadores, el colchón más escuálido sobre el que puede caer una persona asalariada.
¿Ha terminado la amenaza? Unos sindicatos muy necesitados de alegrías quieren presentar este pacto como una hazaña épica. Ramón Górriz, secretario de Acción Sindical de CC OO, define el texto como “una enmienda a la totalidad de la Reforma Laboral”. No obstante, otras fuentes sindicales que encaran negociaciones de convenios este año reconocen a DIAGONAL que el acuerdo “no es para tirar cohetes” y que “la poca fuerza negociadora que daba la ultraactividad de los convenios se ha perdido”. Los empresarios ni siquiera han querido que la firma se convierta en un acto público para no darle demasiada importancia al texto.
Entre 1,5 y 2,5 millones de personas estaban a punto de ver reducidos a trizas sus convenios de empresa y ese hachazo, sí, se ha lentificado. La mala noticia es que el pacto no elimina en absoluto la incertidumbre ni la inferioridad negociadora de las trabajadoras y trabajadores. El acuerdo es sólo una recomendación de los agentes sociales a sus representados: si ya están negociando un convenio, deben comprometerse a prolongarlo mientras dure la negociación. ¿Fin de la historia? En absoluto.
Al margen de que el texto es sólo una recomendación, deja al arbitrio de cada una de las partes la decisión de dar por agotado el diálogo. Parece cabal pensar que ningún comité de empresa querrá dar por zanjada la negociación –mientras dure ésta, el convenio se mantiene–, pero la empresa podrá decidir unilateralmente levantarse de la mesa cuando quiera. Sí, unilateralmente y cuando quiera. ¿Qué pasará entonces? Esta es la otra pequeña gran esperanza a la que se aferran los sindicatos: las partes habrán de someterse a la mediación de un arbitraje –previsiblemente más benévolo y equitativo que el macilento Estatuto de los Trabajadores –.
Con todo, el texto salva de la trituradora un buen puñado de convenios: aquellos que en su redactado contemplan la prórroga automática de su vigencia seguirán valiendo con independencia de lo que dijera la Reforma Laboral. Los próximos meses mostrarán si este pacto ha salvado los trastos o se deshace como papel mojado en cuanto las primeras empresas den por liquidadas las negociaciones que se estanquen.
El factor insostenible
Si los convenios daban cierta estabilidad y mejoras a las personas asalariadas y permitían distinguir aún entre clase trabajadora y precariado, las pensiones eran el otro clavo ardiendo que el Estado ofrecía al final de unas vidas laborales cada vez más intermitentes, inestables e irregulares. Pero ahí estaban. Hasta que el pensamiento económico dominante sentenció que eran insostenibles. Desde ese momento empezó a extenderse el uso de una de tantas expresiones con acústica técnica surgidas al abrigo de la crisis: “factor de sostenibilidad”.
Para apuntalar su uso, nada mejor que otro tecnicismo de neolengua: un “comité de expertos”. La velocidad en su composición y en sus deliberaciones resulta pasmosa: el Consejo de Ministros aprobó su creación el 12 de abril, el 17 de abril se reunieron por primera vez y el 31 de mayo deberán tener listo su informe. Su dictamen no será vinculante, pero establecerá el documento de base que se llevará a la Comisión del Pacto de Toledo, en el Congreso de los Diputados, para debatir con los grupos parlamentarios. La idea es que este grupo de sabios establezca un sistema de revisión automática para las pensiones que debería asegurar su sostenibilidad en el futuro.
En realidad, lo que se busca es que las pensiones sigan existiendo, al menos nominalmente, pero todas las filtraciones –y el adelanto que El País publicó el 26 de mayo– apuntan a que perderán buena parte de sus prestaciones. La idea es combinar en una ecuación varios elementos: la esperanza de vida de la población, la cifra de cotizantes por cada pensionista e incluso la coyuntura económica podrían ir haciendo que las pensiones oscilasen al vaivén de una fórmula pretendidamente neutral por su cariz matemático.
José Antonio García Rubio, secretario de Economía y Trabajo de Izquierda Unida, ve este “pseudoanálisis” del comité como una mera “argucia” para que las pensiones supongan un menor porcentaje del PIB. García Rubio denuncia que “vincular las pensiones al déficit o superávit del Estado, en lugar de al coste de la vida, puede ser contrario a la Constitución”. También recuerda un dato que ha escamado a varios sectores: “Ocho de los 12 expertos han trabajado para la banca o para aseguradoras privadas, sectores muy interesados en que los planes privados de pensiones aumenten una cuota de mercado que en España nunca ha estado a la altura de otros países”. Añade, además, que los datos manejados en este debate suelen ser “equivocados, por no decir falsos”. Cita, por ejemplo, la esperanza de vida, estadísticamente mayor entre el conjunto de la población que entre las personas en edad de jubilarse. García Rubio señala también el agravio entre clases: “La esperanza de vida entre un obrero manual y un ejecutivo es muy diferente; Emilio Botín seguramente vivirá más años que quien limpia su despacho”.
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