13 mar 2018
La CEOE quiere que las mutuas controlen las altas de enfermedades comunes reservadas a la sanidad pública
Los empresarios vuelven a intentar aumentar el control de las mutuas sobre las bajas médicas de los trabajadores. La CEOE propone que estas asociaciones de empresarios colaboradoras de la Seguridad Social puedan dar altas cuando el trabajador se encuentre en situación de incapacidad temporal por una enfermedad o accidente no relacionado con su actividad profesional. Al menos, para los casos relacionados con "Traumatología y Psiquiatría menor", explican desde la patronal. Por ahora, las altas en las llamadas enfermedades comunes están solo en manos de los médicos del Sistema Público de Salud, que consideran que la medida no se justifica con estudios o datos que sustenten "que damos peor las bajas", asegura Francisco José Sáez Martínez, vicepresidente de la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia (SEMG).
La patronal planteó su propuesta "el pasado miércoles" en una reunión con sindicatos y el Gobierno, afirma Jordi García Viña, director de Relaciones Laborales de la CEOE. Según ccoo, la iniciativa no se planteó por escrito ni como una "propuesta formal". La oferta de los empresarios no es nueva:
llevan años planteándola y los sindicatos la rechazan porque consideran que es una intromisión en la salud de los trabajadores y que puede vulnerar "los derechos del paciente", explica Pedro J. Linares, secretario de Salud Laboral de ccoo. Para ugt "es una línea roja que no vamos a traspasar", sostiene contundente Ana García de la Torre, secretaria de Salud Laboral de la organización.
Las mutuas tienen la competencia de dar bajas y altas en los casos de enfermedades profesionales y accidentes laborales, pero no en los de enfermedades comunes, que son las más numerosas entre las bajas que afectan a los trabajadores. En 2017, la incidencia media mensual de las bajas por enfermedades comunes (sin contar las de trabajadores autónomos) en el sistema fue de 22,77 por cada mil trabajadores protegidos, mientras que en los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales fue de 3,48 por cada mil trabajadores, según los datos estadísticos de la Seguridad Social.
Las "disfunciones del sistema público"
La CEOE insiste en que los empresarios están "muy preocupados" ante el aumento de las bajas de trabajadores. Jordi García Viña explica que "los datos nos dicen que hay un ciclo que relaciona la situación económica con la incapacidad temporal de las bajas: a más actividad, hay más bajas". Sin embargo, la patronal indica que este incremento solo es "lógico" cuando afecta a las enfermedades laborales, muy vinculadas con la actividad económica, pero en su opinión no tanto respecto a las enfermedades comunes. "Lo que decimos es que, cuidado, porque ahí hay un elemento de distorsión", apunta García Viña. Según los datos oficiales, la incidencia de las incapacidades por enfermedades comunes se han incrementado algunos puntos: en 2013, era de 18,19 por cada mil trabajadores y en 2017, de Los sindicatos advierten de que las cifras de incapacidad temporal en España son "razonables entre los países de nuestro entorno, datos normales", apunta Pedro J. Linares. Comisiones Obreras, al igual que ugt, creen que los empresarios exageran el absentismo laboral, "cuando no es un problema real". "Sin embargo, la siniestralidad laboral está aumentando y de eso no hablan", critica Ana García de la Torre.
La CEOE sostiene que "en algunas provincias y actividades se ve que las bajas registradas elevan los datos medios de estudios científicos para diferentes patologías", explica García Viña, por lo que los empresarios recomiendan analizar por qué ocurre esto y abordar las "disfunciones" en el Sistema Público de Salud, para lo que las mutuas pueden ayudar con los recursos que tienen.
Los profesionales sanitarios critican las acusaciones contra el funcionamiento del sistema público sin datos ni estudios. "Es una intención parcial, que no se sustenta, nada ha probado que los médicos del sistema público demos peor las bajas", defiende el doctor Francisco José Sáez Martínez, que critica la idea difundida desde la patronal de "una especie de contubernio, que se asume que los médicos damos las bajas a nuestros pacientes porque somos amigos... Eso no está sustentado en nada".
Desde la Sociedad Española de Médicos Generales y de Familia, el facultativo destaca que "una de las cosas que caracterizan la incapacidad temporal en España es la independencia del sistema sanitario público de la presión de las empresas, lo que garantiza a los trabajadores que el tratamiento de las enfermedades comunes está libres de una interpretación económica". Los sindicatos subrayan que las mutuas son asociaciones de empresarios y creen que el interés de la CEOE "no es terapéutico", critica el portavoz de ccoo.
Control de la Traumatología y Psiquiatría menor
La patronal es consciente de que la medida genera "muchas reticencias por parte de los sindicatos" y, por el momento, proponen que las mutuas puedan dar el alta en las enfermedades comunes relacionadas con Traumatología y Psiquiatría menor. "Podemos hacer una actuación de prueba con estos dos sectores en los cuales las mutuas son muy expertas", sugiere García Viña. Según un estudio de la mutua FREMAP sobre bajas de trabajadores por cuenta ajena en 2016, las enfermedades con "mayor relevancia" eran los trastornos musculoesqueléticos, que ocasionan el 34,87% de los días de baja, seguidas de las patologías traumáticas (12,67%) y las mentales (12,03%).
En relación a la Psiquiatría menor, la CEOE considera que "hay un elemento oscuro" respecto a las "bajas sociales". "La utilización de la incapacidad temporal con otra finalidad que no es estrictamente la de curar una enfermedad", afirma el responsable de Relaciones Laborales. En su opinión, hay "problemas y cargas familiares" y "situaciones psicosociales de estrés" que están dando lugar a bajas "porque no se pueden resolver de otra manera y se va al médico", pero que no deberían ser incapacidades temporales.
El doctor Francisco José Sáez Martínez destaca que "cuando un médico de familia da una baja por depresión, tiene un diagnóstico" y llama la atención sobre las críticas al sistema público en este ámbito: "Decir sin evidencias algo así... Creo que todo coincide en que tenemos una de las mejores sistemas de sanidad pública". Además, subraya que "la mayoría de las mutuas no tienen servicio de psiquiatría", por lo que no tienen recursos para abordar estos tratamientos que, apunta, tiene una duración media de baja más elevada que otras patologías. "La depresión, por ejemplo, tiene una duración media de entre 3 a 6 meses".
Aunque los sindicatos y la SEMG reconocen la amplia experiencia y los recursos de las mutuas en tratamientos traumatológicos –debido a su competencia en los accidentes laborales que tratan–, creen que eso no es excusa para que sean los que tomen la decisión de dar el alta a un empleado en una enfermedad no relacionada con su actividad profesional. "Se está proponiendo fórmulas para presionar: quieren anteponer los derechos económicos a los de salud de los trabajadores", alerta Pedro J. Linares.
Más de la mitad de españoles no cobran nada por realizar horas extras
El estudio realizado por Adecco e Infoempleo también revela que casi la mitad de los trabajadores en España siente que no se valora su trabajo lo suficiente en su empresa.
El 58,7% de los españoles que realiza horas extras no obtiene ninguna retribución económica por realizarlas, el 46,4% no obtiene ninguna compensación y casi un 13% solo obtiene descansos por trabajar horas de más, según se desprende de un estudio realizado por el Grupo Adecco e Infoempleo.
En cambio, casi el 31% de los encuestados reconoce que la empresa sí paga las horas que ha trabajado y el 10,5% de los trabajadores afirma contar tanto con la opción de retribución de horas extras como con la compensación con descansos.
No obstante, el informe pone de relieve que solo un 39% de los españoles trabaja más horas de las acordadas previamente. Por otro lado, el estudio también asegura que casi la mitad de los trabajadores en España siente que no se valora su trabajo lo suficiente en su empresa.
En esta línea, Adecco ha afirmado que quizás la sensación de falta de reconocimiento se debe a que más de la mitad de los encuestados cree que su puesto de trabajo no es acorde a su cualificación.
En concreto, el 51,2% de los españoles cree que su empleo está por debajo de su formación, mientras que un 47,1% considera que hay equilibrio entre su cualificación y su puesto de trabajo.
La mayoría de los trabajadores (66,7%) está contento con su trabajo, aunque un 41,1% afirma que, aun estando contento, está buscando un nuevo empleo porque sus condiciones laborales no son las que desea.
Más del 24% de los encuestados no está satisfecho con su trabajo. De esta cifra, el 18,9% afirma estar en búsqueda activa de otras oportunidades laborales, un 3% asegura que su trabajo ya no le gusta y quiere dar un giro a su carrera y un 2,5% afirma que, aunque está insatisfecho, todavía no ha empezado a buscar ofertas laborales.
Un 13% cree que en un tiempo si le apetecerá cambiar de trabajo, frente a un 12,5% que considera que sí está satisfecho y no se plantea un cambio.
A la hora de apostar por cambiar de empleo, el salario es la razón que más pesa, según el 58,7% de los españoles encuestados. Por detrás, le siguen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, la conciliación laboral y personal o el horario de trabajo.
A la hora de apostar por cambiar de empleo, el salario es la razón que más pesa, según el 58,7% de los españoles encuestados. Por detrás, le siguen la posibilidad de desarrollarse profesionalmente, la conciliación laboral y personal o el horario de trabajo.
La mayoría de los trabajadores españoles cree que encontrar otras oportunidades laborales será igual o más difícil de lo que es ahora, ya que, cree que la oferta de empleo es "cada vez menor". Los más optimistas (16,8%) opinan que será más sencillo porque el mercado laboral generará más empleos.
http://www.publico.es/economia/mitad-espanoles-no-cobran-realizar-horas-extras.html
La energía nuclear en España: centrales, minas y cementerios
El momento es clave para exigir un calendario de cierre y desmantelamiento de las centrales nucleares en la península ibérica, pero también para vigilar la gestión de los residuos y evitar que se desarrollen nuevos proyectos mineros para la obtención de uranio.
Entre 2020 y 2024 expiran todos los permisos de funcionamiento de las centrales nucleares españolas, por lo que los dos próximos años son fundamentales para evitar que estos se extiendan y poder influir en la configuración del sistema eléctrico en nuestro país. Ante la amenaza que supone el mantenimiento de un parque nuclear envejecido, hemos renovado el espíritu de las protestas de oposición a este tipo de energía que surgieron en los 70 y 80, cuando comenzaron a construirse esas centrales nucleares, para librarnos de esta amenaza de una vez por todas en la península ibérica.
Por ello hace tres años constituimos el Movimiento Ibérico Antinuclear (MIA), que se enfrenta a enormes desafíos en estos próximos años. Entre ellos, la organización del próximo Foro Social Mundial Antinuclear, que se celebrará en Madrid en junio de 2019.
A pesar de que las nucleares son cada vez más inseguras según van envejeciendo, y de la generación de residuos, el Gobierno del PP y las grandes empresas eléctricas apuestan por la continuidad de los reactores españoles hasta más allá de los 40 años, incluso por la prolongación hasta los 60 años. El motivo para esto es sencillo: en el mercado eléctrico español, cada reactor de 1000 MW amortizado produce aproximadamente 1 millón de euros de beneficios diarios antes de impuestos. Son los enormes intereses económicos que hay detrás del mantenimiento de las centrales, y no la reducción de gases de efecto invernadero, el verdadero obstáculo para el cierre nuclear.
La actitud más política que técnica y poco rigurosa del Consejo de Seguridad Nuclear aumenta el riesgo que suponen los reactores cada vez más envejecidos y con mayores problemas. Como se ha demostrado claramente en los accidentes de Chernobil y Fukushima, del que se conmemora su 7º aniversario este 11 de marzo, la radiactividad no se frena en las fronteras entre países. Ni resulta ser tan segura, tan barata y tan limpia como nos la han vendido. 7 años después, muchas familias aun no pueden volver: el mar, la tierra y el aire están altamente contaminados. Aun así, las autoridades japonesas insisten en su reapertura. Por esta razón, las actividades nucleares españolas amenazan tanto a Portugal como al resto de Europa.
Nuestros esfuerzos estos años se han centrado en Almaraz. Los dos reactores de la central nuclear situada en la provincia de Cáceres, con unos 2100 MW de potencia, están ubicados a unos 100 km de la frontera, por lo que un escape podría alcanzar tierras portuguesas a través del aire o del agua del Tajo.
El mantenimiento de las nucleares requiere de un aumento de la minería del uranio y existe también la posibilidad de que la empresa australiana Berkeley abra una mina a cielo abierto en Retortillo (Salamanca), también conectado con Portugal por el río Yeltes, que desemboca en el Hebra y este a su vez en el Duero. La apertura de esta mina depende de que se produzca un relanzamiento nuclear que provocaría un aumento de los precios del uranio. Los residuos radioactivos —todavía sin una solución definitiva a su gestión— de alta actividad son otro problema sin resolver para la industria nuclear española y mundial.
Según los planes oficiales, esta instalación debería haber entrado en funcionamiento en 2010, pero todavía no han empezado las obras. En la actualidad, el emplazamiento candidato está en Villar de Cañas (Cuenca), pero los terrenos han sido protegidos ambientalmente por el Gobierno autonómico de Castilla-La Mancha, ampliando una ZEPA (zona de especial protección para las aves), si bien esta protección está recurrida en los tribunales por el Gobierno del PP.
Además, el Gobierno de Castilla-La Mancha prohibió la modificación de las normas urbanísticas presentadas en un Plan de Ordenación Municipal (POM) por el Ayuntamiento de Villar de Cañas, recurriendo ante el Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha y emitiendo este una sentencia avalando la prohibición del POM. En estos momentos, por tanto, no es posible ni continuar con la emisión de permisos para construir el ATC ni mucho menos empezar las obras.
Después de 8 años de resistencia, lo consideramos una victoria más de la lucha del movimiento antinuclear frente a un nuevo intento de construir el cementerio nuclear. Se suma así a todas las luchas que se han producido desde que la industria nuclear lo intentó por primera vez en 1986, con la aprobación del Proyecto IPES en Aldeadávila de la Ribera (Salamanca), también muy cerca de Portugal.
Por este retraso en la construcción del ATC, todas las centrales españolas tienen ya Almacenes Temporales Individualizados (ATIs) o planes para construirlos. Además de la construcción de ATIs, la no construcción del ATC ha hecho que los residuos radiactivos procedentes de la central de Vandellós I sigan en Francia, en La Hague. Estos residuos se enviaron allí para extraer el plutonio que contenían, al ser utilizable para fabricar bombas atómicas y estar sujeto a salvaguardias.
Pero, además de la construcción del ATC, la prolongación del funcionamiento de las nucleares hace imprescindible la ampliación de la capacidad de almacenamiento de residuos de muy baja, baja y media actividad. En estos momentos, estos residuos se envían al cementerio nuclear de El Cabril (Córdoba), en la Sierra de Hornachuelos. Para continuar con el parque nuclear en funcionamiento es imprescindible la ampliación de El Cabril, cuya capacidad debería más que duplicarse, o la construcción de un nuevo cementerio nuclear en otro lugar de España. Las poblaciones vecinas han mostrado ya su oposición a esta ampliación puesto que El Cabril está en un emplazamiento inconveniente: lejos de la mayoría de instalaciones nucleares y radiactivas, en una zona de alto valor natural y con sismicidad relativamente alta.
ENRESA, la empresa encargada de la gestión de los residuos y del desmantelamiento de las centrales, está siendo noticia por el agujero económico para estas tareas hasta 2018, que podría alcanzar unos 3000 millones de euros. Y también existe la loca pretensión del ministro Nadal de privatizar estas actividades transfiriéndolas a las eléctricas.
Por otro lado, la posición de la UE tras los acuerdos de París contra el cambio climático obliga a los países miembros a presentar una estrategia de reducción de emisiones estos próximos meses. España, como el resto de estados, se enfrenta también a una redefinición de su modelo energético de aquí a 2030 que permita satisfacer dichos acuerdos. Es necesario establecer los papeles que han de jugar las distintas fuentes de energía en el nuevo mix energético y, en particular, es imprescindible definir el papel de las centrales nucleares y evitar las grandes infraestructuras gasistas que quieren sustituirlas.
Actualmente, y tras el reciente y feliz cierre definitivo de Garoña (Burgos), funcionan en España 7 reactores nucleares que proporcionan el 21% de la electricidad consumida y suman una potencia de unos 7400 MW. Es de notar que esta aportación de energía eléctrica es muy superior al porcentaje de potencia nuclear instalada, de solo el 6%.
Esta disfunción se explica porque las centrales nucleares son muy inflexibles y no se regulan, por lo que funcionan todo el tiempo. Y ese es justo uno de los problemas que limitan la extensión de las renovables. Así, en 2014 se desperdició el 14% de la energía eólica. Aproximadamente el 45% de la electricidad española procede de energías renovables y el resto se produce en centrales térmicas de carbón y gas.
La potencia total instalada es de unos 108.000 MW, muy por encima de la máxima demanda que jamás hemos tenido en España. Este mix de generación eléctrica permite una sencilla sustitución de la potencia nuclear por ahorro y renovables, incluso en un horizonte de 10 años. De hecho, en las dos últimas subastas que han tenido lugar en España para la incorporación de renovables a la generación eléctrica han entrado sólo 3000 MW eólicos y 3000 MW solares, a pesar de que lo hicieron a precio de mercado, sin apoyo económico alguno. Sin embargo, la consecución de este cierre escalonado significará un duro golpe tanto para la industria nuclear como para el PP y C’s, que se declaran defensores de esta fuente de energía.
De las decisiones que se tomen estos próximos años depende en buena medida los modelos energéticos español y portugués. Un cierre escalonado de las centrales nucleares españolas sería una decisión muy sensata y serviría de guía a otros muchos países en el mundo que también tienen centrales nucleares en funcionamiento.
Tenemos que acabar definitivamente con la amenaza nuclear en la península ibérica y posibilitar una transición energética hacia un modelo limpio, basado en las renovables y el ahorro. Para ello es imprescindible paralizar las centrales, suspender el proyecto de mina de Retortillo y abrir un debate sobre la forma menos mala de gestionar los residuos nucleares y, puesto que aun no se ha encontrado la manera definitiva de gestionarlos, dejar de producirlos lo antes posible.
Más de 100 periodistas se solidarizan con el TCP de Iberia, Patxi Zamora
La arbitrariedad, dado que nadie oficialmente se ha dignado a dar explicación alguna al respecto, no parece que vaya a quedar impune totalmente en el caso del TCP de Iberia, Patxi Zamora, al que le fué retirada su autorización para el acceso a su puesto de trabajo, aún no se sabe debido a qué exactamente. Por ello más de 100 periodistas pertenecientes a 20 medios y gabinetes de comunicación, entre los que se incluyen 8 radios, 3 televisiones y una docena de medios escritos, apoyan un Manifiesto “a favor de la libertad de expresión y el periodismo comprometido”. La única explicación para la retirada de la autorización acceso al Lado Aire a Zamora, con los datos disponibles a día de hoy, es que se trata de un “ajuste de cuentas” por sus publicaciones de un caso de corrupción relacionado con la ya extinta Caja de Ahorros de Navarra. En el Manifiesto se señala que se trata de “una víctima de un caso de corrupción que afecta a nuestro derecho a informar”.
EL MANIFIESTO
– La Declaración Internacional de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de diciembre de 1948 , consagra en su artículo 19 el derecho a la libertad de expresión como uno de los derechos fundamentales de las personas:
“Todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión;este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión ” .
– En el actual Ordenamiento Jurídico del Estado es el artículo 20 de la Constitución Española el que reconoce y protege específicamente este derecho en varias acepciones:
a) A expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción.
b) A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica.
c) A la libertad de cátedra.
d) A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto profesional en el ejercicio de estas libertades.
– El derecho a la información, entendido como “el derecho de una persona de buscar y recibir información en poder del gobierno u administraciones públicas” se r econoce asimismo como un derecho fundamental que emana del derecho a la libertad de expresión y que se entiende como “un mecanismo que garantiza la rendición de cuentas del Estado” para el “desarrollo pleno de una sociedad democrática”. Este derecho, a dif erencia de en otros países, no está aún regulado a través de una legislación específica en el Ordenamiento Jurídico Español.
El respeto a ambos derechos fundamentales es el que regula y ampara, en esencia, la libertad de prensa y, por extensión, el ejer cicio de la profesión periodística.
– La vulneración de alguno de estos derechos fundamentales por parte de cualquier poder y muy especialmente por parte de un poder público, implica un ataque intolerable a los pilares esenciales de un Estado democrático y, por tanto, su denuncia ha de ser una prioridad.
– La vulneración de alguno de estos derechos fundamentales ha de entenderse igualmente como un ataque directo, censurable, denunciable y absolutamente condenable a la profesión periodística.
Partiendo de estas premisas y en relación al despido de nuestro compañero Patxi Zamora, los y las abajo firmantes entendemos:
1 – Que hasta que la empresa que lo ha despedido y el Cuerpo Policial que lo ha posibilitado no demuestren lo contrario, hemos de entender que ese despido, sin un expediente ni una justificación formal comunicada, se ha debido a la labor desarrollada por Patxi como portavoz y miembro del equipo de investigación periodística de la Asociación de Contribuyentes y Consumidores Kontuz, así como por s u papel de coautor de “El Banquete, expolio y desaparición de la CAN”.
2 – Que tal despido supone, además de una decisión arbitraria que deja a Patxi Zamora en una situación de absoluta indefensión a nivel laboral, un ataque a la libertad de expresión y a la libertad de comunicación en la medida que sólo parece justificarse por la labor periodística y de investigación desarrollada por nuestro compañero en la citada asociación.
3 – Que debemos denunciar tal comportamiento ya que supone la vulneración de derechos fundamentales y de los principios que rigen la profesión periodística.
4 – Que hemos de exigir la rectificación de las decisiones que han llevado al despido de Patxi Zamora y, por tanto, su readmisión inmediata. Así mismo exigimos una investigación en profundi dad de todos los detalles que han posibilitado este atropello y la depuración de las posibles responsabilidades que pudieran desprenderse.
5 – Que a través de la presente declaración mostramos toda nuestra solidaridad y respaldo hacia nuestro compañero Patxi Zamora.
http://aviaciondigital.com/mas-de-100-periodistas-se-solidarizan-con-el-tcp-de-iberia-patxi-zamora/
Level tendrá 30 aviones en cinco años
30 aviones para el 2022. Esto es lo que Willy Walsh, el máximo ejecutivo de IAG, el consorcio propietario de British Airways, Iberia, Vueling y Level, prevé que será la flota de la ‘low-cost’, Level, para el futuro. Y, añadió, esa flota no tiene por qué estar constituida únicamente de aviones A330, que son los que en estos momentos operan para la compañía.
Walsh dio luz sobre el futuro de la filial, que actualmente opera desde Barcelona y París Orly y tiene en marcha su ampliación de servicio a Italia. “En cinco años, tenemos opciones para introducir también A330neo o incluso A350. Y también quiero decir que en el futuro veremos más y más B787 disponibles, esperando que este avión baje de precio o que empiecen a aparecer en el mercado aviones de segunda mano. Obviamente, esta declaración así como otra anterior en relación a los A380 demuestran que el presidente del grupo IAG está muy preocupado por el precio de adquisición de los aviones, punto crítico en la competitividad de las aerolíneas. En estos momentos de gran demanda, con una eclosión de oferta especialmente en la India, los fabricantes están presionando fuertemente al alza en sus precios, intentando mejorar sus cuentas de resultados.
Walsh también desveló que está en sus últimas fases el proceso de selección de un director general para Level, de forma que se termine por ser una compañía totalmente independiente, con su propia estructura interior de mando. En estos momentos, dijo, se están llevando a cabo las últimas entrevistas, después de lo cual se producirá el nombramiento.
12 mar 2018
La ola del 8M visibiliza de nuevo el 'sorpasso' a CCOO y UGT del sindicalismo social
Las grandes centrales sindicales tratan de reaccionar, pero sin llegar a cumplir las expectativas de los movimientos feministas ni acabar de adaptarse a la realidad del precariado
Primero fue el 15-M, con una de sus derivadas en nuevas formas de organización como las mareas o la PAH, después vino el surgimiento de nuevos actores políticos que rompieron con el sistema bipartidista y, finalmente, ha llegado el movimiento feminista, transversal y transformador. Las grandes centrales sindicales —CCOO y UGT— estuvieron al margen de todos estos movimientos tectónicos, cuando no se posicionaron con cierta desconfianza ante lo desconocido, lo impulsado desde movimientos autónomos o con agendas, herramientas y objetivos que desbordan a las organizaciones sindicales tradicionales. Se trata del sindicalismo social, que ha venido para quedarse, como ha quedado demostrado en la lucha por la vivienda digna y contra los desahucios, contra la precariedad y, sobre todo, con el movimiento feminista.
La imagen que mejor explica este cambio de tendencia es la de las masivas e históricas manifestaciones celebradas el pasado jueves en numerosas ciudades españolas: al cortejo de CCOO y UGT se le situaba intencionadamente en un segundo plano, detrás de los movimientos feministas y colectivos autónomos. Solo convocaron paros parciales después de que otras centrales minoritarias se prestasen al movimiento feminista para convocar la huelga de 24 horas y la cuestión irrumpiese en la agenda política y mediática. Asimismo, que la portavocía de los sindicatos durante esta jornada recayese en varones visibiliza un cierto distanciamiento con el modo de hacer del movimiento feminista. Más aún, desde la cuenta oficial de CCOO en Twitter se llegó a lanzar un mensaje en plena jornada de huelga, y posteriormente borrado, en el que se aseguraba que la única huelga con impacto real habían sido los paros parciales convocados por ellos y UGT, como todavía se refleja en un comunicado de balance.
Las grandes centrales sindicales tratan de reaccionar, con cierto retraso a los acontecimientos que irrumpen en la agenda, pero sin llegar a cumplir las expectativas de los movimientos ni acabar de adaptarse a la actual realidad laboral. De ahí que el 8-M no fuese solo una huelga laboral, sino también estudiantil, de cuidados y de consumo. "Pudimos hacer la huelga general de 24 horas gracias a la cobertura legal que nos dieron sindicatos como CGT, CNT o Co.bas. Desde CCOO y UGT convocaron paros de dos horas por turno, obviamente esto no era a lo que convocábamos nosotras, pero aun así lo consideramos positivo con respecto al pasado año, que no convocaron nada", explica Patricia Aranguren, perteneciente a la comisión organizadora y al movimiento feminista de Madrid. Cesif ni siquiera convocó a paros parciales. Es más, Aranguren defiende que lo verdaderamente importante fueron la huelga de cuidados y de consumo "porque son transversales a todas las mujeres, mientras que la laboral solo la pueden hacer algunas".
La responsable de Mujeres e Igualdad de CCOO, Elena Blasco, defiende que el sindicato realizó una importante labor de "comunicación y sensibilización", tanto en asambleas como en territorios, cifrando en 3.000 las asambleas monográficas celebradas y en varios cientos los pronunciamientos de los comités de empresa. Un trabajo que, según argumenta, contribuyó al "éxito histórico" de la huelga, que ya preveían, pero que se demostró con la cifra de seguimiento, de más de seis millones de trabajadores. Blasco deja la puerta abierta a que el próximo año se sumen a convocar una huelga general de 24 horas, como exigía el movimiento feminista, y se compromete mantener una lucha continua hasta lograr la igualdad real.
Desde CGT, en cambio, denunciaban el día después de la huelga, a través de un comunicado, "la actitud bochornosa y miserable que mantuvieron los sindicatos del régimen (CCOO y UGT), encaminada sin duda a boicotear las acciones que estaban planteadas para la jornada de lucha del 8-M y sirviendo, una vez más, de pilar para quienes son culpables de las muchas desigualdades en nuestra sociedad".
La periodista y analista de movimientos sociales, Nuria Alabao, explica que el enfoque de las huelgas generales solo de trabajadores viene cuestionándose ya desde los años 70 por el movimiento feminista. "Se criticaba que no eran huelgas generales porque no tenían en cuenta el trabajo no pagado y no remunerado (como los cuidados). Ahora este posicionamiento viene cargado de un nuevo sentido porque el nivel de precarización de la fuerza de trabajo es mayor, con lo cual la herramienta de la huelga laboral tiene más complicado generar un daño económico". Es por ello que define como "evidente" el hecho que la huelga laboral se complemente con otras herramientas como la huelga de consumo o de cuidados.
A pesar de todo, Alabao reconoce un cierto intento de renovación o readaptación en las nuevas direcciones de CCOO y UGT, "El 15-M también ha acabado contagiando un poco a los sindicatos", añade. El sociólogo y miembro de la Fundación de los Comunes, Emmanuel Rodríguez, es menos optimista sobre este intento de renovación, asegurando que el problema de los sindicatos es que son "aparatos burocráticos gigantescos, sin autonomía y con un papel de representar al trabajo", por lo que concluye que acaban siendo "mecanismos de contención social".
La institucionalización y dependencia de las subvenciones públicas, según añade Rodríguez, tiene como consecuencia "que a día de hoy no tengan presencia social en ninguna parte", como ocurrió con el 15-M, la PAH o ahora el movimiento feminista, "quedándose acotados al ámbito del empleo garantizado y las administraciones públicas, incapaces de organizar nuevas figuras para luchar contra la precariedad".
El "tsunami feminista" del 8-M, que venía gestándose de forma autónoma y asamblearia desde hacía un año, parece haber descolocado a los sindicatos tradicionales, pero también a medios de comunicación y partidos políticos. Quizá a unos más que a otros, pues como reflexiona el diputado y responsable de movimientos sociales y relación con la sociedad civil de Podemos, Rafa Mayoral, la nueva disputa política pasa por "poner en el centro las satisfacciones vitales de la población". Un cambio de eje, dice, que coloca encima de la mesa la "necesidad de superar el modelo de incertidumbre permanente", esto es, la precariedad. En este sentido entiende que los sindicatos clásicos tienen un problema en sus estructuras, pues "no están adaptadas a las nuevas formas de vida, como la precariedad, impidiendo estar a la altura de los retos" actuales. De ahí, remarca, que se deba visibilizar los cuidados y su satisfacción a través de los servicios públicos, por ejemplo, reconociendo el derecho efectivo a la escuela pública y gratuita a los niños de entre 0 y 3 años.
El planteamiento del movimiento feminista es para Mayoral fundamental porque parte del análisis de que "todos los elementos de la vida son interdependientes". Una de las claves de la plataforma 'Vamos!' que impulsa desde su secretaría, como estructura paralela al partido, y que trata de contribuir a la emergencia de un nuevo ecosistema social, poniendo en cuestión el orden establecido y la necesidad de transformar la sociedad. Existen vasos comunicantes entre las luchas sociales que apuntan a una primavera caliente en las calles, según defiende el diputado podemista con el deseo de que siga girando el debate político y se una en un mismo frente de conflicto.
Desde el movimiento feminista de Madrid, Patricia Aranguren insiste en el enfoque transversal, que impregna su propio manifiesto y argumentario, al tratar cuestiones que podrían parecer alejadas del feminismo, como el ecologismo, el racismo o la precariedad. De hecho, no solo hablan de brecha salarial, sino también de "brecha de las pensiones" entre hombres y mujeres, por lo que no se descarta que, dado ya el carácter intergeneracional del 8-M, acabe convergiendo con esta lucha que, además, están liderando plataformas creadas ex profeso, más que sindicatos.
La "recuperación" castiga a los jóvenes: dos millones menos de ocupados
La recuperación económica está castigando a los jóvenes, cuya presencia en el mercado laboral lleva camino de reducirse a la mitad en la década transcurrida entre el inicio de la crisis, a finales de 2007, y el 'milagro español' de los récords simultáneos de creación de riqueza en el PIB y de generación de pobreza en las familias.
La cifra de ocupados de entre 16 y 30 años ha caído en ese periodo de 4,9 a 2,5 millones, según revela la media de trimestres de la EPA (Encuesta de Población Activa) que acaba de publicar el INE (Instituto Nacional de Estadística), que también refleja cómo en ese mismo periodo el número de parados de esas edades ha crecido un 45% , de 728.000 a 1,06 millones.
En esa década se han reducido tanto la población española que se encuentra en esas franjas de edad, que ha pasado de 7,2 a 5,7 millones, según los datos del padrón, como el volumen de activos en ellas, que cayó de 5,6 a 3,6. Eso ocurría mientras, por el contrario, la cifra de inactivos aumentaba en lugar de descender al añadir casi 170.000 a los 2,72 registrados en 2007.
"La variación de las cifras de ocupados jóvenes es terrible. Se está recuperando el trabajo, aunque con ocupaciones de baja calidad, pero con los jóvenes ni siquiera pasa eso. De hecho, la reducción del empleo en esas franjas de edad es mayor que la que se ha dado en el conjunto del mercado laboral", explica David Pac, profesor en la universidad de Zaragoza y decano del Colegio de Sociólogos y Politólogos de Aragón.
"La recuperación los está penalizando"
La EPA de promedios avala el análisis del profesor, ya que cifra la reducción global de la ocupación en España en 1,75 millones de empleos, de 20,57 en 2007 a 18,82 el año pasado, al tiempo que revela que el volumen de empleo estás aumentando en todas las franjas de edad, incluso en la de los mayores de 65 años que prolongan su actividad laboral, mientras desciende en las de 16 a 30 años y también en la de 30 a 35. “La recuperación los está penalizando”, concluye Pac.
Esa tendencia del mercado laboral, que desprecia a la generación mejor formada de su historia, está actuando como palanca de otros dos fenómenos de abandono del mercado laboral español: la emigración y el estudio.
Por una parte, España pierde más de 20.000 jóvenes al año desde 2015, más de la mitad de ellos de entre 25 y 30, después de un lustro con ese flujo por encima de los 10.000 que ya situó la cifra de emigrados, que se traduce en una fuga de talento, por encima de los 425.000 a principios de 2017.
Y, por otra, buena parte de los que se quedan optan, especialmente hasta los 24 años, por prolongar o retomar sus estudios a la espera de tiempos mejores ya que, al no renunciar a un empleo al que no pueden acceder, el coste de oportunidad de estudiar es menor: hay 320.000 inactivos más menores de 25 años que en vísperas de la crisis que siguen estudiando, aunque la población en esa franja de edad perdió más de 440.000 miembros en ese periodo.
Otros 317.000 de esa edad compaginan trabajo y estudios, algo que también hace un volumen algo menor (297.800), aunque su peso proporcional es mayor en su franja, de los que tienen entre 25 y 30.
Los estudios voltean la brecha de género entre los jóvenes
A la dificultad para acceder a un puesto de trabajo se le suman otros factores desmotivantes, como el hecho de que más de la mitad de los empleos se concentren en la hostelería (903.000) y el comercio (515.000), que casi un tercio de los contratos no sean de jornada completa (694.000) o de que más de medio millón de ellos esté subempleado, es decir, que ocupa un puesto que exige menos preparación de la que se tiene.
No obstante, la formación sigue siendo un factor clave a la hora de emplearse. “La tasa de actividad de los jóvenes es mayor cuanto mayor es su nivel de estudios”, indica Pac, que destaca cómo el nivel de empleo es mayor en el caso de los universitarios y cómo esa preparación recorta la brecha de género, que se abre en detrimento de la mujer a partir de los 30 años, coincidiendo con la maternidad y la crianza.
De hecho, la EPA indica que el volumen de ocupación es netamente mayor entre las mujeres de menos de 30 años con estudios superiores que entre los hombres de esa misma edad y formación: el mercado laboral español ocupa a 1,27 millones de veinteañeros y 1,18 de veinteañeras, casi dos tercios de los primeros (479.700) sin carrera y más de la mitad de ellas (629.800) con titulación universitaria.
GALERIA DE BUITRES CDXXXVII
El comercio mundial de armas aumentó un 10 % el último lustro
El comercio mundial de armas aumentó un 10 % en el periodo 2013-2017 con respecto al lustro anterior, según un estudio difundido hoy por el Instituto Internacional de Estudios para la Paz de Estocolmo (Sipri).
El informe reafirma la condición de primer exportador mundial de Estados Unidos, a la vez que la de India como principal importador, y constata un aumento del flujo de armas a Asia, Oceanía y Oriente Medio, y un descenso en África, América y Europa.
Estados Unidos aumentó sus exportaciones un 25 % entre los dos lustros, acaparó el 34 % del total mundial y se distanció de Rusia, segunda con el 22 %, al vender armas a 98 países, un número "significativamente más alto" que cualquier otro exportador.
Oriente Medio, con Arabia Saudí a la cabeza, recibió casi la mitad de las exportaciones de armas de Estados Unidos, que para "contrarrestar" la influencia creciente de China en Asia y Oceanía elevó un 557 % sus exportaciones a India y su cooperación en seguridad con Vietnam.
"Gracias a los acuerdos firmados por la administración (de Barack) Obama, el suministro de armas de EE.UU. alcanzó en 2013-2017 el nivel más alto desde finales de la década de 1990. Esos y otros contratos mayores cerrados en 2017 asegurarán que siga siendo el mayor exportador en los próximos años", señaló el SIPRI, en referencia al anterior presidente estadounidense., que cedió el poder a Donald Trump en enero de 2017.
La reducción en las entregas a algunos de sus principales socios como Argelia o China hicieron que las exportaciones rusas cayeran un 7,1 %.
Francia (6,7 %), Alemania (5,8 %) y China (5,7 %) le siguen en la clasificación de exportadores, en la que España mantiene la séptima plaza con el 2,9 % y un aumento del 12 % con respecto al periodo 2008-2012, con Australia, Turquía y Arabia Saudía, por ese orden, como principales destinos de las ventas españolas.
Brasil, el número 24 mundial con el 0,3 % del total, es el primer país latinoamericano exportador de armas, pese a una caída del 20 % en el último lustro.
El informe resalta tres países que han experimentado un crecimiento sustancial de sus exportaciones: Israel, con un 55 % más; Corea del Sur (65 %) y Turquía (145 %).
Asia y Oceanía, con el 42 %, y Oriente Medio, con el 32 %, son las regiones que más armas recibieron entre 2013 y 2017.
India reafirmó su liderazgo entre los importadores mundiales, con una subida del 24 % en su volumen de compra y un 12 % del total en el mundo, por las tensiones con Pakistán y China y su incapacidad de cubrir con producción propia su creciente demanda, según el Sipri.
Debido a un aumento del 225 %, Arabia Saudí ha ascendido a la segunda plaza, seguida por Egipto, Emiratos Árabes y China, cuya compra armamentística cayó un 19 %, al aumentar su capacidad de producción propia.
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