La España negrera

Gran parte de los comentarios que pudieron leerse en las redes sociales a raíz de esa convocatoria, si dejamos a un lado los abiertamente racistas, versaban en torno a que, si la violencia policial de carácter racial se estaba produciendo al otro lado del Atlántico -muy pocos se atrevían a negar tal extremo- ¿por qué se iban a poner a protestar aquí? Creo que este tipo de comentarios iban más allá de la tradicional defensa que ciertas posiciones ideológicas hacen de las fuerzas policiales y tienen que ver con que no existe en el imaginario local, no al menos entre los blancos, la conciencia de España como un Estado históricamente racista y negrero.

El pasado 7 de junio la CNAAE (Comunidad Negra Africana y Afrodescendiente) convocó manifestaciones y concentraciones en las principales ciudades del Estado. Lo hizo en el marco de la ola de protestas contra la discriminación racial iniciada en los Estados Unidos a raíz del asesinato de George Floyd por parte de un agente de la policía.

Antigitanismo secular

Es cierto, que si queremos buscar aquí un ejemplo de segregación racial secular similar al que las comunidades negras viven en EE. UU., este hay que encontrarlo, no hacia la población negra (muy minoritaria en la península hasta, al menos, las últimas décadas), sino dirigido al pueblo gitano. Prácticamente todos los estereotipos que se asocian a las poblaciones afroamericanas (cleptomanía, ociosidad, talento para la música) han sido también asignados a las poblaciones gitanas de España. Ambas poblaciones han sufrido en sus respectivos países procesos alternos de asimilación-segregación por parte de la población blanca dominante que, actualmente, las mantienen por debajo en niveles de escolarización, acceso a enseñanza superior, a vivienda digna o a puestos de responsabilidad y por encima en parámetros como el desempleo, la criminalidad o el porcentaje de población reclusa. Al igual que con la gente negra de Estados Unidos, el gitano fue primero violentado, después segregado, a continuación forzosamente integrado y, por último, convertido en objeto del asistencialismo (mientras, a la vez, se mantenía todo lo anterior). Todo ello como consecuencia de políticas dictadas por blancos. Podemos concluir que, efectivamente y aunque no se imparta en los programas educativos, en España ha existido, históricamente, un tipo equivalente y paralelo al sufrido por las comunidades negras en Estados Unidos.

La España esclavista

La serie Raíces logró que cada familia española se arremolinara en torno al televisor a finales de los 70 y Django desencadenado recaudó 2,5 millones de euros en su fin de semana de estreno en 2013. Existe, por lo tanto, un interés hacia la historia de la gente negra y su lucha por la emancipación, pero solamente si esa lucha ocurre fuera de nuestras fronteras. Sin embargo, pesan en nuestra historia los 700.000 esclavos negros que fueron llevados solamente a la Cuba española, cifra que únicamente Brasil supera y que es superior que los que fueron llevados a Estados Unidos. Pero son estos últimos, o los del Reino Unido, en los que pensamos cuando nos hablan de la esclavitud impuesta a la gente negra.

Al igual que no existe conciencia del racismo histórico inserto en nuestra sociedad, es nula también la conciencia sobre el papel colonial de España y, sobre todo, sobre su papel respecto al África negra. Han tenido que ser libros como Negreros y esclavos: Barcelona y la esclavitud atlántica, publicado en una fecha tan tardía como 2017, los que empiecen a divulgar qué antepasados de los que hoy son referentes políticos de la burguesía catalana, como Artur Mas, fueron mercaderes de esclavos que participaban en el comercio triangular.

Por un lado, aunque la esclavitud también se practicó en la península, ésta se localizó de forma masiva lejos de la metrópoli. Por lo que, una vez que los distintos Estados latinoamericanos se fueron independizando, los españoles nos pudimos olvidar de nuestros antiguos esclavos y de la responsabilidad que nuestro país tiene en las condiciones de vida de sus descendientes; cosa que los estadounidenses blancos no pudieron hacer por razones obvias. Por otro lado, creo que una de las causas de este “olvido nacional” se encuentra en el papel que tuvo España en la colonización africana.

Apenas hay 13.200 ecuatoguineanos y un número menor de saharauis viviendo en España. Si lo comparamos con el medio millón de argelinos o los 60.000 senegaleses que viven en Francia (sin contar a los descendientes nacionalizados) o 780.000 indios y 150.000 keniatas que hay en Reino Unido nos podemos dar cuenta de que España no ha tenido apenas un reflujo migratorio producto de su pasado colonial reciente. Pero ese pasado existió.

Llegados a este punto debo decir que mi posición personal en todo esto es particular, más como parte que como testigo, pues mi historia familiar conecta directamente con ese pasado y no precisamente en el lado de los oprimidos. Soy nieto de colonos españoles en Guinea Ecuatorial. Colonos que, en fechas tan recientes como los años 50 del siglo pasado, marcharon a aquel pedacito de tierra africana con una mano delante y otra detrás para obtener un rápido ascenso social (familias que habían sido campesinas en la península pasaban a ser dueñas de talleres mecánicos o de corte y confección). El gobierno franquista – y esto lo sé por testimonio directo y no porque se enseñe en nuestras universidades – imponía que las empresas que contrataran blancos debían poner a cada uno un sirviente local (boys los llamaba mi abuela) a sueldo para asegurarse de que se situaran por encima de la población local nada más llegar.

Por supuesto, no escribo estas líneas para redimir a mi familia (que durante el proceso de independencia perdió todas sus posesiones en Malabo, pero no la riqueza que habían logrado llevar a España, aunque poco quede de aquéllo), ni mucho menos para hablar en nombre de quien no me corresponde hablar, pero sí creo estar en disposición de dar una visión desde la óptica del antiguo colonizador, la cual nos es compartida como sociedad, pero que solo es conocida por personas cuyas familias tuvieron participación directa, más allá de romantizaciones edulcoradas del estilo de la película Palmeras en la nieve.

España: colonialismo de serie B

Cuando España se vio en la tesitura de tener que descolonizar territorios lo hizo de la peor forma posible; primero optando por negar la mayor a la portuguesa (provincializando los territorios coloniales y expidiendo DNI español a sus habitantes) pero sin la capacidad que tuvo Portugal para meterse en una larga guerra colonial y con mucho más miedo que el Estado luso de volver a ser aislada internacionalmente (recordemos que todo esto ocurre en los años del desarrollismo franquista). Al final, opta por abandonar las colonias de forma tan torpe que su influencia en Guinea, desde el golpe de Estado de Obiang, es prácticamente nula y en el Sáhara occidental ni siquiera llegó a completarse el proceso descolonizador, siendo transferida la colonia a la monarquía marroquí en una puñalada por la espalda a unos saharauis que todavía tenían el DNI español en la cartera. Guinea ecuatorial es hoy un país productor de petróleo (reservas que los españoles desconocían y que actualmente explotan compañías norteamericanas y, recientemente, también rusas); lo que lo convierte en el país con mayor PIB per cápita de toda África (y, dado que este PIB no se reparte ni mucho menos de forma uniforme entre la población, también el que tiene el nivel más desorbitado de desigualdad económica).

Ante tal descalabro, no es de extrañar que la postura que desde entonces mantienen las autoridades españolas haya sido la de hacer como si nada hubiera pasado, de cubrir con un velo la participación del país en el reparto de África, su papel en el expolio del continente y su responsabilidad en la actual miseria neocolonial. Y esto se traslada al negacionismo presente en buena parte de la sociedad y que se expresó como reacción a las manifestaciones, las primeras masivas convocadas por la comunidad negra en Estado, del pasado junio.

España es un país negrero, tanto como lo son Estados Unidos, Francia o Portugal. Los blancos llevamos apellidos de esclavistas, mercaderes de carne, explotadores, violadores y racistas profesionales. Eso es lo primero que nos toca asumir como sociedad.

Lo segundo: saber dar espacio a quienes se organizar para señalar ese racismo, para ponerle freno y para visibilizar sus vidas. La violencia que llevan sufriendo ni es de hoy, ni es de ayer, ni comienza con una redada policial en nuestros barrios. Las actuales políticas de racismo institucional que sufre la población africana y afrodescendiente del Estado español (segregación, dificultad para el acceso al mercado laboral, infrarrepresentación política…) son el último episodio de una violencia que lleva sucediendo siglos y exige verdad, justicia y reparación.

https://www.todoporhacer.org/espana-negrera/

Qué dicen estos de la CEOE

Durante 10 días de junio la patronal española, la CEOE, realizó una cumbre de alto nivel con los máximos representantes de las grandes empresas y sectores económicos del país. Esta Cumbre se enmarca dentro del proceso de “reconstrucción” que trata de imponerse tras la pandemia sanitaria que hemos sufrido, el parón económico que ha ocasionado y las crisis que ha acelerado. Como todo en momento de crisis, el oportunismo empresarial no podía tardar en aparecer para tratar de aprovechar la situación e imponer su discurso, propuestas e ideas en el centro del debate. La patronal no es una mera agrupación de empresarios para hacer negocios entre ellos, es la organización política que define su estrategia de presión sobre gobierno y trabajadores. La CEOE es el auténtico partido político de los empresarios, solo que no se presentan a las elecciones, porque no les hace falta.

El problema de los empresarios es que cuando se sienten cómodos, con poder e inmunes, sacan a relucir sus auténticas ideas. Como no podía ser de otra forma, la Cumbre nos ha dejado citas maravillosas a través de las cuales podemos hacer una lectura del país que quieren. Sus ideas no son nuevas y ya han sido puestas en marcha con resultados catastróficos para las clases trabajadoras, la calidad democrática o para el planeta. Reducir el gasto público (excepto si es para salvar empresas), bajar los impuestos, fomentar la contratación precaria, reducir derechos laborales o eliminar legislaciones de protección al medio ambiente.

Veamos pues algunas de las gloriosas citas de nuestros grandes empresarios.

“Las políticas de renta básica permanentes consiguen hacer un clientelismo y adoctrinar a gente que se acostumbra en la ociosidad y no en la generación» Antonio Hernández, presidente de Ebro Foods.

El Ingreso Mínimo Vital ha sufrido todo tipo de ataques. A los empresarios les parece fatal que exista una parte de la población que a duras penas sobrevive económicamente, que no tiene ingresos, que tiene grandes dificultades para acceder al empleo o que incluso con empleo no puede permitirse el pago de los gastos corrientes. Les parece horrible no por una cuestión humanitarista o de derechos humanos, les parece mal porque les acusa de estar en esa situación por voluntad propia ¿A quien no le gustaría vivir al borde de la pobreza?

Que exista un ingreso económico directo fruto de una redistribución de la riqueza a través del Estado sirve para que personas y familias puedan llegar a tener necesidades vitales garantizadas y a partir de ahí “reincorporarse a la actividad productiva” que tanto gusta al empresariado.

Para clientelismo, adoctrinamiento y ociosidad la de los empresarios, que llevan siendo las mismas familias décadas, que imponen su doctrina económica y viven a costa del trabajo ajeno.

“Tenemos que dejarnos de intereses personales, ideológicos y generales y pensar con generosidad para que podamos poner esto en línea a como estaba» Tomás Fuertes, presidente del Grupo Fuertes.

Los intereses personales e ideológicos son los de los demás. Los empresarios no tienen ideología, todo el mundo lo sabe. La generosidad no es una acción recíproca, es algo que te tienen que dar por ser empresario y si no quieren se es generoso con ellos (bajadas de impuestos, política antisindical, desregularización, liberalización económica…) comienzan las amenazas: deslocalizaciones, despidos o paralización de inversiones suele ser lo más habitual.

«Este año las vacaciones debe tomarlas el que pueda y cuando pueda… Las cosas no están para bromas» José Domingo de Ampuero , presidente de Viscofan.

Ellos pueden realizar Cumbres con hoteles pagados, cátering y cócteles. Pueden celebrar sus consejos de administración en algún resort privado. Pero parece que los trabajadores no pueden hacer uso de sus derechos fundamentales conseguidos a base de luchas y muertes. La broma es creerse por encima del bien y del mal y creerse con la legitimidad de lo que tiene que hacer cada cual con su vida.

“Colaboración público-privada para mejorar la eficiencia y calidad en la prestación de servicios públicos tanto en el ámbito de la educación y la sanidad como en el de las infraestructuras.” Conclusiones de la Cumbre.

La mágica colaboración público-privada no es más que la transmisión de fondos públicos a los bolsillos de los empresarios. Esta colaboración es la causante del desastre sucedido en las residencias de ancianos en la Comunidad de Madrid, los precios inflados del hospital de IFEMA, la precariedad de las trabajadoras de lavandería de los hospitales o la sanísima dieta a base de pizza y sándwiches para los niños en situación más vulnerable. Esa es su eficiencia y calidad. La educación y la sanidad llevan en su punto de mira décadas, quieren hacer de derechos básicos un negocio rentable.

“Necesitamos un plan de reactivación basado en la ortodoxia económica” Rafael del Pino, Ferrovial.

Lo último que necesitamos es la ortodoxia que nos ha llevado de crisis en crisis. La del petróleo en los 70, la reconversión industrial en los 80, el boom de la construcción en los 90, la burbuja de las “.com” en los 2000 o la última crisis económica global de la década de 2010. Para ellos estas crisis han supuesto avances políticos, han salido reforzados de cada una de ellas con más dinero y más poder. Todo a costa de los de siempre.

¿Para cuando nuestra propia Cumbre?

El capital se organiza, debate, propone y lucha ¿Nosotras qué? Desde luego que también lo hacemos. La respuesta solidaria durante la pandemia no hubiera sido posible sin las experiencias previas de autoorganización en los barrios, los colectivos, los centros sociales o las luchas feministas. Pero ellos van unos cuantos pasos por delante. Hay que reforzar nuestras redes, fomentar su confluencia, su solidaridad y su fuerza bajo un paradigma propio y común. Nos hace falta una cumbre de los humildes, de quienes luchan y de quienes quieren construir una alternativa sólida al mundo que nos quiere imponer la CEOE.

https://www.todoporhacer.org/que-dicen-estos-de-la-ceoe/

Unite pide un acuerdo urgente a Vázquez para evitar "consecuencias legales"

El secretario general del sindicato británico Unite, Len McCluskey, ha enviado una carta al presidente de IAG, Antonio Vázquez, para solicitar una reunión con la que alcanzar un acuerdo que evite "consecuencias legales" respecto a las situaciones de "despido y recontratación" que se están produciendo en el grupo. McCluskey comienza la misiva señalando que se siente "obligado a escribirle en un intento de evitar que la disputa entre BA y mi sindicato no continúe escalando" y que "debe de haberse dado cuenta de que hemos alcanzado el punto de no retorno". El documento sigue del modo siguente: "Necesitamos, como líderes de nuestras compañías, llegar a un acuerdo razonable. Mi sindicato y sus miembros no se pueden permitir que el “despido y recontratación” pase sin serias consecuencias. Como usted ya sabe, también está aumentando la dificultad para que los políticos británicos eviten tomar consecuencias legales. Si dejamos que esto ocurra, estaríamos sentado un precedente desagradable que no solo destruye largas luchas por las condiciones de los trabajadores y trabajadoras de British Airways, sino que también puede llevar a un efecto contagio, acarreando consecuencias perjudiciales para nuestros miembros en toda la economía del Reino Unido. Este es nuestro contexto. Las acciones de la dirección del British Airways están totalmente alejadas de las de otras empresas con las que estamos tratando. Este es el motivo por el que British Airways ha atraído una inusitada atención y una amplia gama de ataques de parte de los políticos, del público, y de sus clientes en Gold Star. La Mesa de Transportes del Parlamento llegó a calificar estos actos como “una desgracia nacional”. Se ha creado una crisis dentro de otra crisis.

Para mí está claro que usted está probablemente mal informado. No dudo de que haya oído historias que dicen que nuestra amenaza es demasiado exagerada, que nuestra campaña terminará tan pronto como los recortes hayan sido aprobados de forma precipitada y las franjas aeroportuarias de British Airways en Heathrow estén aseguradas. No es este el caso. Usted está siendo guiado hacia un camino desastroso por una dirección fuera de control que está ahora demasiado aferrada a su “plan” para justificarse incluso si es perjudicial.

Aquí hay un dato muy simple. En dos ocasiones críticas la dirección de British Airways en Reino Unido nos ha mentido. La primera vez, después de que se hubiera aprobado de forma conjunta un “permiso”, su dirección y nosotros mismos concertamos unas reuniones y negociaciones que iban a tener lugar durante la crisis de la COVID para ver las posibles medidas a tomar, debates en los que estábamos deseosos de participar. En contra de toda lógica, estas reuniones fueron canceladas por British Airways, y a cambio nuestros socios y socias recibieron avisos sobre la Sección 188 en los que se les informaba de su intención de llevar a cabo el “despido y recontratación”. A su vez, nosotros tuvimos que declarar que probablemente no podríamos consultar con nuestros miembros de forma adecuada durante el confinamiento, que es obviamente el caso de tener que tratar con 30.000 personas de forma remota, no solamente sobre el posible despido, sino también sobre todas sus condiciones. Ninguna otra empresa esperaría que estuviéramos de acuerdo con esta postura.

La segunda vez, hace tan solo dos semanas, mis negociadores me informaron que se había pactado con British Airways un marco de debate, y de que estábamos ahora en una posición de permitir que nuestros representantes locales participaran en reuniones verdaderamente orientadas a atenuar los despidos. Su dirección mintió otra vez, rechazando cumplir el acuerdo y en cambio activó el “despido y recontratación” enviando a nuestros miembros cartas de despido y “nuevos” contratos. Si nosotros dos, líderes máximos de ambas organizaciones, no tomamos el control partiendo de la base de poder encontrar una salida razonable, como el acuerdo BALPA, que excluye el “despido y recontratación”, entonces, francamente, este conflicto tiene la capacidad de ir a más y de ser muy perjudicial. Este no es el punto en el que queremos estar ninguno de nosotros.

Si este ataque continúa, nos veremos obligados a reforzar nuestra campaña, incluyendo todas las áreas de IAG, los que toman la decisión final. Por tanto, antes de que este canal se rompa, le pido se reúna conmigo. Como digo, estamos en un punto donde solo los dos líderes pueden llegar a un acuerdo y ayudar a todo el mundo a cambiar de rumbo. Por supuesto, de buen grado, me encantaría reunirme con usted donde o como le sea conveniente y tan pronto como sea posible".

https://www.hosteltur.com/138266_unite-pide-un-acuerdo-urgente-a-vazquez-para-evitar-consecuencias-legales.html

Bancos para des-esperar-se

Largas colas se forman delante de las puertas de numerosos establecimientos bancarios. Y la razón no está relacionada con el dichoso coronavirus, sino que este fenómeno tiene su fundamento en la estrategia que los Bancos han venido desarrollando desde los inicios de este siglo y que se aceleró con las famosas fusiones bancarias ¡se acuerda Vd. de ellas! Todo para prestar un “mejor servicio” a la clientela. De aquellos polvos estos lodos, a los que hay que añadir la crisis financiera (que al final se pagó con dineros de todas y todos) de 2008, ¡las subprimes!, ¡si! Aquellos paquetes de hipotecas basura que se fueron acumulando en las contabilidades de las más grandes corporaciones financieras y que acabó ¡explotando! En la cara de los clientes de esas entidades y en toda la ciudadanía después. ¿Suena aquello del rescate? Y es que los banqueros entendieron de momento que la manera de hacer dinero no era haciendo negocios, sino que los negocios que había se hicieran con menores costos y ¡cómo no! Los primeros en disminuir eran los costos de personal. Y siguieron pensando que, si iban a despedir a centenares de miles de trabajadoras y trabajadores, como han hecho, y siguen haciendo, ¿Cómo seguiría funcionando la maquinaria?. ¡Eureka! Descubren la receta mágica ya que todos los clientes pasaron a ser personas esclavas del sistema porque sus trabajos “No son remunerados” a base de imponerles unilateralmente que ellas hicieran todas las gestiones. Bien por internet o por los cajeros que se han multiplicado, la cuestión es que para que se encuentre una persona trabajadora de la banca que te atienda personalmente tiene que tocarle a uno la lotería. Citas previas, asesores personales (on line) y si encima cierran oficinas una detrás de otras, pues se arracima la clientela en largas colas para hacer alguna gestión bancaria personalmente. Más aun la ventana horaria, para realizar pagos de recibos o gestiones dinerarias en las ventanillas, ahora inexistentes y siempre con justificación, se ha ido reduciendo, de forma que en muchas oficinas bancarias a las 11 de la mañana se acabó lo que se daba y ¡hasta mañana Lucas! Y todo ello con la inestimable complicidad de gobiernos y políticos de todos los colores que son incapaces de frenar este proceso de esclavitud que la banca impone a su clientela. Porque incluso aquello de la libre competencia es inexistente ya que el modelo de negocio se repite en todas las entidades y las personas que buscan un trato personalizado no encuentran donde acudir. Un auténtico monopolio de banqueros esclavistas y de administraciones que justifican los abusos imponiendo a su vez a la ciudadanía el tener cuentas bancarias ¡Si o Si! Para cumplir con sus obligaciones legales o para recibir sus nóminas los centenares de miles de funcionarias y funcionarios. Urge que las administraciones liberen a la ciudadanía de tener por obligación cuentas bancarias, facilitando las formas de pago o cobro de nóminas. Y como ello es posible hacerse desde internet pues más fácil aún, amén de abrir las “ventanillas” necesarias para que sin perder horas de vida se cumpla con la ley.

Rafael Fenoy

http://rojoynegro.info/articulo/ideas/bancos-des-esperar-se

Temporeras de la Sanidad

                                                                                   

Entre mayo y junio se han destruido 18.000 de los casi 35.000 contratos sanitarios creados durante los peores meses de la pandemia. Los sindicatos del sector denuncian trabajos temporales, itinerantes y mal pagados

Garazi –todas las sanitarias entrevistadas rehúsan dar sus apellidos por temor a represalias– es técnica de cuidados de enfermería y en 2019 tuvo cerca de 30 contratos en la sanidad pública. Garazi firma y vuelve a firmar. Firma por pocos días. El año pasado, casi sesenta veces. Los últimos meses ha tenido suerte. Suerte entre comillas: le han prorrogado el quinto contrato y, si todo acompaña, como mucho tendrá seis en 2020. “Son tantos que pierdes la cuenta”, señala y denuncia. Lo peor, quizá, es la costumbre. Les pasa a casi todas desde siempre. Y no se ve un cambio en la forma de actuar de la parte contratante, la sanidad de todos. 

Marga también lleva unas cuantas firmas este año. Es enfermera y ha recorrido todos los hospitales de Bizkaia. Tiene que pagar un préstamo hipotecario y la temporalidad de sus contratos le hace pensar más en qué pasará cuando este termine que en el cuidado de sus pacientes. “¿Podré con la hipoteca cuando se me acabe este contrato?”, duda y pregunta al aire, inquieta, enfadada. “Porque trabajo hay, ¿eh?”, incide. Sin embargo, ella sigue acumulando colocaciones precarias pese a los años dentro de la bolsa de mano de obra de la sanidad.

Ane, también enfermera, lleva aún la L de novel, de learner, de aprendiz. Salió de la facultad en 2018. Sin embargo, ya es toda una experta en ser enfermera por días, por tardes, por semana, por semanas. Por todos aquellos espacios temporales cortos, por los mal pagados, por aquellos peor situados geográficamente. Ha aprendido lo básico: hoy estás aquí y mañana allá. “No sé hasta qué punto puedes acostumbrarte a cambiar cada día de lugar, con sus pacientes y sus patologías completamente distintas…”, reflexiona. Ane habla de intranquilidad diaria, de intranquilidad crónica. 

Garazi, Marga y Ane no quieren ser temporeras de la sanidad. Temporales se saben. Y nómadas por contrato también. Itinerantes. De hospital en hospital. De centro de salud en centro de salud. A lo que se niegan es, ahora que asoman más de 200 brotes de coronavirus en toda España, a escuchar la llamada y presentarse allá donde las reclamen. Garazi, Marga y Ane no quieren ir de nuevo a apostar su vida por un contrato temporal. No quieren jugarse la salud por un contrato que, ni siquiera, cubre su tranquilidad: si van a jugarse el contagio, sin Equipo de Protección Individual (EPI) y sin descanso, que sea sin pensar en la hipoteca.

De los 34.900 contratos nuevos que se firmaron entre marzo y abril por el pico de una pandemia que desbordaba los hospitales, las residencias, las consultas de atención primaria y cualquier rincón sanitario o sociosanitario, 18.000 han desaparecido de la sanidad española entre mayo y junio.

Médicos, enfermeras, técnicos de enfermería y celadores fueron dados de baja. Así lo denuncia el sindicato mayoritario, la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF). Desde el sindicato de Enfermería SATSE han denunciado que no se prorroguen contratos: “Se entendía que ningún profesional sanitario sobraba trabajando, queríamos unas plantillas bien dimensionadas, dotadas de personal. Y así se podrían organizar las vacaciones de quienes han estado trabajando durante lo peor de la crisis sanitaria”.

Pero si se abstrae la pandemia de la ecuación, los sanitarios siguen pidiendo una contratación mayor en cantidad y en calidad: más personal con contratos más estables. En 2019, el sindicato de Enfermería SATSE puso el grito en el cielo por la falta de personal: “Es un mal que está afectando a todo el sistema sanitario y sociosanitario”. 

Sanidad precarizada

Las ratios son vergonzantes si las comparamos con las europeas. España se sitúa muy abajo en el ranking. En Europa, la ratio es de 8,8 profesionales de la enfermería por 1.000 habitantes, según la OCDE. El Estado español está en 5,6 enfermeras y enfermeros por mil habitantes. En el caso de Euskadi son 7,6; en la Comunidad de Madrid 6,6; en Cataluña 6,2 y en Andalucía 4,3, según datos del INE. “¿Crees que cinco enfermeras pueden cuidar de 1.000 personas?”, se preguntan desde el SATSE. Se necesitan más de 135.000 enfermeras y enfermeros para alcanzar la media europea.

Amaia Mayor, secretaria provincial del SATSE Bizkaia, recuerda que se puso en marcha una iniciativa legislativa popular para llevar al Congreso de los Diputados. Se denomina Ley de Seguridad del Paciente y pretende alcanzar la media del resto de países europeos. Ni siquiera buscan llegar a los números de países nórdicos. “Situarnos en mitad de tabla, ¡qué menos!”, explica y reivindica que se abra de nuevo “el debate” en el hemiciclo, paralizado entonces con el estallido de la covid-19. “Para nosotras es importantísimo garantizar la seguridad de los pacientes”, asegura.

Desde el sindicato de Técnicos de Enfermería (SAE), recuerdan que en Europa se contabilizan tanto enfermeros como técnicos de cuidados de enfermería –las obsoletamente conocidas como auxiliares–. Por este motivo, aseguran, las ratios deberían ser objeto de estudio y revisión.

Isabel Lozano, secretaria de organización y comunicación del SAE, explica que, con una población tan envejecida como la española, con patologías crónicas como la diabetes, “lo que se necesita son cuidados fundamentales y no tanto cuidados enfermeros”. 

“En el sistema de salud español debería haber más técnicos de cuidados de enfermería que enfermeras”, puntualiza Lozano desde el SAE. “Las plantillas están mal estructuradas. Las enfermeras tienen cada vez más trabajo burocrático y los técnicos de cuidados de enfermería están cada vez más ocupados en las atenciones”, concluye.

Temporalidad

“Muchos sanitarios se han quedado sin vacaciones por la pandemia. Osakidetza (el servicio vasco de Salud) anuló a través de la instrucción 7/20 toda licencia de descanso”, denuncia Amaia Mayor, secretaria provincial del SATSE Bizkaia.

Marga, enfermera ahora en el hospital de Galdakao, apunta justo en la dirección opuesta: “Nos obligaron a cogernos vacaciones en mayo porque sobrábamos, la pandemia estaba calmada. Pero ahora el exceso horario no podemos usarlo, porque debemos estar esperando al posible rebrote. Porque esperan un rebrote y claro…”. Sobraban, y como sobraban, debían irse de vacaciones a sus respectivas casas.

Pero la realidad es, sin embargo, que con las ratios tan mermadas falta personal a diario. Y con un posible rebrote volverían a abrirse las costuras de la sanidad. “Tenemos miedo de ponernos malas porque no tienen gente con quien cubrir esas bajas. Están denegando hasta días de asuntos propios, que, por ley, nos pertenecen hasta seis”, denuncia enfadada Marga.

La temporalidad en los contratos de la sanidad es perjudicial y repercute en, como mínimo, tres sentidos. Por un lado, en la calidad de la atención a los pacientes. También en el entorno y el bienestar personal de los profesionales. De estos dos se deriva un tercer problema que afecta a la atención de urgencias: cuando los atendidos perciben mayores esperas y peor atención, pueden pagar su impotencia con los sanitarios. De hecho, este es un colectivo muy afectado por la agresión física y verbal. 

Así lo explica Amaia Mayor: “La temporalidad y falta de personal sanitario no sólo afecta al personal atendido, al paciente. Hay una serie de costas que pagan los profesionales. Se dan más episodios de estrés y de burnout (síndrome del trabajador quemado). Incluso hay un porcentaje importante de abandono de la profesión”.

También “hay posibilidad de accidentes biológicos”, apunta Mayor. Una enfermera atropellada por el tiempo o por los nervios de desconocer el entorno puede acabar pinchándose con una aguja contaminada.

Ya que la temporalidad afecta a las ratios, la iniciativa del SATSE exige que los 19 pacientes por enfermera en un turno de noche queden en el recuerdo. “Es importante que se apruebe la proposición de la Ley de Seguridad del Paciente, que establecería un máximo de 6 pacientes por enfermera”, concluye la secretaria provincial del sindicato de Enfermería SATSE.

Nómadas, ambulantes e itinerantes

“Cuando llegas nueva a una planta, por ejemplo, cuando empiezas a aprender, tienes que irte. Los contratos tan cortos precarizan. Y repercuten negativamente en los usuarios que se atienden. Es importante adaptarse”, señala Isabel Lozano, del SAE. 

Ello lo refrenda Marga, enfermera: “Te hacen un contrato de una semana en una planta. De esa planta te vas a otra completamente diferente otra semana. Atiendes peor porque, por muy profesional que seas, debes integrarte en el equipo de trabajo. Sientes que molestas, sientes que no conoces el lugar, no hay formación previa: sabes de todo, pero no sabes nada”. Para Garazi “es normal” tener un contrato temporal y reconoce que debe asumir contratos a turno para conseguir conformar un sueldo digno.

Ane cuenta una historia que ha vivido como enfermera y que es tónica general, sobre todo en los primeros años trabajando para el sistema sanitario: “Te llaman un lunes a las ocho y veinticinco de la mañana para preguntarte si estás disponible. Si lo estás, te piden que vayas al ambulatorio de un pueblo perdido de la mano de Dios. Además, te dicen que deberías haber entrado a las ocho en punto. Cuando llegas, llegas con un retraso que tienes que asumir. Y lo asumes porque crees que ese contrato te va a durar un tiempo. Pero no, es un contrato para cubrir solamente esa mañana”. 

La joven enfermera dice que ahora está de retén y que así lleva unos meses. ¿Y qué es ser retén? “Significa que hoy estás en Infecciosos, mañana en Psiquiatría y pasado en Urgencias. Tienes que saber de todo, aunque las dinámicas y las patologías sean muy diferentes”, trata de explicar.

¿Y qué pasa si no sabes de todo? “Da igual: vales para todo. Tienes que valerlo”, sentencia Ane. El contrato temporal que ha firmado incluye una cláusula fantasma que así lo indica.

https://ctxt.es/es/20200701/Politica/32930/Luis-Miguel-Barcenilla-temporeras-sanidad-enfermeras-precariedad-contratos-temporales.htm

Iberia ultima la compra de Air Europa por 500 millones

La cúpula de IAG (Iberia) y la familia Hidalgo, propietaria de Air Europa, están en la recta final de sus negociaciones para la compra de la segunda por la primera por un importe de aproximadamente 500 millones de euros, la mitad de lo pactado en noviembre, según publica hoy Cinco Días, que cita fuentes solventes. El periódico económico dice que la presentación del acuerdo es inminente. De acuerdo con este medio, Iberia se ahorra así los 40 millones de penalización que debería haber pagado en el caso de negarse a mantener la compra, pero también lleva adelante una operación que, al parecer, sigue considerando importante para su estrategia. El acuerdo mantiene los elementos esenciales y estaría cerrado, salvo algunos flecos. El periódico maneja una horquilla de precios entre los 500 y los 600 millones, que no estaría mal para un negocio que actualmente está en una profunda crisis. El Gobierno español ha manifestado en varias ocasiones su voluntad de empujar a la fusión de las dos empresas en una, para mejorar el posicionamiento español en el mercado latinoamericano de la aviación, para cuando este reabra sus puertas. Iberia presentará este viernes sus resultados económicos y el periódico contempla la posibilidad de que en esa fecha estuviera toda la operación cerrada para su posible presentación.

https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/iberia-ultima-la-compra-de-air-europa-por-500-millones-302204.HTML

 

 

 

 

IAG estudia emitir derechos de suscripción de hasta 2.750 M €

El grupo IAG está sopesando impulsar una emisión con derechos de suscripción de hasta 2.750 millones de euros para fortalecer "aún más" su balance. Este viernes el grupo se ha anotado la segunda mayor caída del Ibex-35, con un descenso del 4,96%."No se ha tomado ninguna decisión sobre si proceder o no, o en su caso cuándo, con una emisión con derechos de suscripción", aclara en cualquier caso el consorcio en un comunicado, remitido este                

viernes a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).Además, asegura que, tal y como explicó al presentar sus resultados el pasado 7 de junio, antes de que se desatara la crisis del coronavirus, IAG ya contaba con "una posición de balance y liquidez sólidas", con tesorería y líneas de crédito no dispuestas que a 30 de abril de 2020 ascendían a 10.000 millones de euros.

"IAG ha tomado todas las medidas apropiadas para fortalecer su balance y aumentar su posición de liquidez", añade el grupo

Este viernes ha anunciado la extensión de su acuerdo comercial con American Express, por lo que recibirá un pago de aproximadamente 750 millones de libras esterlinas (768 millones de euros).

IAG, propietario de Iberia, British Airways, Air Lingus y Vueling, se ha anotado este viernes la segunda mayor caída del Ibex-35, con un descenso del 4,96%.

https://www.hosteltur.com/138233_rusia-reabre-vuelos-internacionales-con-tres-paises-espana-sigue-bloqueada.html

Emigrantes de usar y tirar

SÓLO ENTRE LOS MESES DE ENERO Y OCTUBRE de 2019, según el Observatorio de Precios y Mercados de la Junta de Andalucía, la región de Huelva ganó 994 millones de euros con la fresa.

Voy a decirlo otra vez, que los números se leen rápido y no son números, son personas lo que hay detrás: novecientos noventa y cuatro millones de euros.

En medio de este infame negocio de explotación legal pactada entre España y Marruecos están 7000 mujeres que consiguieron llegar a España antes del cierre de fronteras por el COVID-19.

Voy a decirlo otra vez, que los números se leen rápido y no son números, son personas lo que hay detrás: siete mil mujeres
Miles de mujeres sin derechos: explotadas (porque no tienen derechos), abusadas (porque no tienen derechos), vulnerables (porque no tienen derechos); carne de cañón para la maquinaria blanco-capitalista. «Emigrantes de usar y tirar», dijo una de las trabajadoras que dicen que vienen sin estudios y que son analfabetas, pero saben usar las palabras más acertadamente que los «expertos» que encabezan las noticias de nuestros telediarios. Hay más política en esa frase que en todo el edificio-artificio de la Moncloa. 

Mientras la policía local se pasea por las playas y ciudades para controlar que la blanquitud durante sus merecidas vacaciones lleve bien puesto el bozal, aká la mascarilla, por nuestro bien por nuestro bien todo por nuestro bien, las temporeras de la fresa, y el resto de los esclavos migrantes que trabajan para nuestros merecidos frigoríficos y nuestras merecidas barrigas, se hallan en una situación de desprotección y abandono sanitario-laboral sin poder cumplir las normas de seguridad que tanto controla la policía y los gobiernos central y autonómico por nuestro bien por nuestro bien todo por nuestro bien. Ni distancia de seguridad, ni mascarillas, ni inspecciones que velen por la seguridad de esas personas que se enferman en nuestros invernaderos. ¿Será que hay vidas de primera y vidas de segunda? ¿Será un ejercicio de irresponsabilidad y una tremenda contradicción en plena pandemia el no cuidar y proteger a estas personas?  

He visto en el mariposario de Níjar insectos que reciben más cuidados que estas personas.

He dicho varias veces 'personas' pero voy a decirlo otra vez: PERSONAS. 

No soy capaz de transmitir el asco que me da el discurso de la responsabilidad individual en el uso de la mascarilla, el asco que me dan todos los partidos y el gobierno de este miserable país, el asco que me dan las normas, las reglas, las órdenes sesgadas con el mantra de fondo de 'por nuestro bien por nuestro bien todo por nuestro bien'.

Qué será «el bien» y qué será eso de «nuestro».

https://arrezafe.blogspot.com/2020/07/emigrantes-de-usar-y-tirar-lucia-barbudo.html

Sanidad: un derecho en manos privadas

La aprobación de la Ley 15/97 trajo consigo la entrada de fondos de inversión al sistema sanitario, la devaluación de las condiciones laborales, el recorte en el número de camas y la deshumanización de la atención sanitaria. La pandemia, que ha puesto en evidencia todas las consecuencias de esta privatización, ha despertado la reivindicación de la sanidad pública

Cristina O. ha pasado por hospitales tanto públicos como privados desde que terminó su carrera en enfermería en 2007. Empezó en un centro público, trabajó en dos residencias, estuvo un año en un complejo del Grupo Quirón, ejerció en una tercera residencia y, antes de conseguir una plaza vacante hace ocho años en el hospital público en el que continúa actualmente, pasó por el de Manises (València), que funciona bajo el denominado modelo Alzira. “Creo que el hecho de que insista a todas mis amigas en que, por favor, vayan a parir a hospitales públicos, aunque sea en literas, resume bien mi experiencia”, apunta. Considera que los pacientes que optan voluntariamente por la atención en la privada no tienen “ni idea” de lo que hay: comparte casos de seguros que cubren solo hasta un punto, deshumanización del sistema, envío a la pública cuando el paciente ya no sale rentable. “Si lo supieran, yo creo que muchos no la elegirían”, resume.

Los hospitales privados ya suponen bastante más de la mitad del total de todos los que hay en España y suman, según los datos del último Catálogo Nacional de Hospitales, de 2019, 464 centros, de los que la gran mayoría —314— son propiedad de empresas, otros 133 de entidades benéficas —Cruz Roja y entidades religiosas— y 17 de mutuas. Mientras, los hospitales públicos que se contaban en todo el territorio estatal ese año se limitaban a 342.

La deriva de la sanidad en España hacia lo privado comenzó hace 34 años. “Hay que partir del año 1986, cuando se promulga la Ley general de sanidad”, recuerda Juan Antonio Gómez Liébana, enfermero y portavoz de la Coordinadora Anti-Privatización de la Sanidad Pública (CAS) de Madrid. La ley que sería la base legal del sistema sanitario español se pensó, según explica Gómez Liébana, mucho más progresista de lo que finalmente fue. En sus primeros borradores se hablaba de farmacia pública, una reclamación que, afirma el sanitario, fue descartada por presión de la socialdemocracia alemana, con amplios intereses en la industria farmacéutica, dejando a España sin infraestructuras con las que producir medicamentos más allá del Centro de Farmacia Militar, y a día de hoy fuera de la actual Alianza Inclusiva por la Vacuna contra el Covid-19, de la que sí forman parte Francia, Alemania, Italia y Países Bajos.

El texto también hablaba de salud bucodental, de salud mental —67 de los 91 hospitales psiquiátricos que hay en España hoy son de gestión privada— y de participación comunitaria. “Pero la Ley general de sanidad salió recortada respecto a los borradores más progresistas”, continúa Gómez de Liébana. Señala que en esa época se barajaba como principal nombre para ocupar la cartera de Sanidad el del diputado socialista Ciriaco de Vicente, que planteaba un sistema sanitario totalmente público. El ministerio finalmente fue a parar a Ernerst Lluch y la ley, que nació bajo el lema de la sanidad universal, incluyó una puerta de entrada a la intervención privada: el artículo 90 permitía los conciertos entre el sistema sanitario público y empresas si se cumplían una serie de condiciones, entre las que se citaba, en primer lugar, el uso óptimo previo de los recursos sanitarios propios, cláusula que, en la práctica, se obvió.

El dinero gastado en conciertos sanitarios en 1986 en todo el Estado ascendió a 986,3 millones de euros, según datos del Ministerio de Sanidad, un 11,31% del gasto total de la sanidad pública. Diez años después, el porcentaje destinado a conciertos rozaba el 12% del gasto sanitario —3.071 millones de euros—, y en 2005 alcanzaba el 12,4% con 6.291 millones de euros. En 2018, el último dato registrado, superaba los 8.000 millones de euros de los 71.000 millones de euros de gasto público en sanidad. “Eso da para contratar a 128.000 trabajadores del Sistema Nacional de Salud”, señala Juan Antonio Gómez de Liébana.

“La financiación pública de servicios privados mantuvo un crecimiento continuo, pero en la época de crisis económica, como los contratos con el sector privado eran rígidos, con un incremento anual fijo independientemente de los presupuestos sanitarios, aunque el presupuesto sanitario bajara, esta partida se incrementó notablemente”, expone Marciano Sánchez Bayle, médico pediatra y portavoz de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP). Hay diferencias según territorios: frente a los 31 millones de euros de Cantabria, donde los conciertos, según datos oficiales, suponían en 2018 el 3,5% de su gasto sanitario, o los 139,7 de Castilla y León —3,7%—, en Madrid el dinero público derivado a la privada mediante conciertos alcanzó en 2018 los 845,7 millones de euros, un 10% de su gasto en sanidad pública, y en Catalunya se superaron los 2.832 millones de euros, un 26%.
“Esto lleva así desde los años 80”, lamenta Marcel·la Güell Cid respecto al gasto en Catalunya derivado a empresas privadas. Güell es enfermera jubilada y activista en diferentes movimientos sociales desde los años 70. Lidera la Comissió de Salut de la Federació d’Associacions de veïnes i veïns de Barcelona (FAVB). “Hay una estructura creada con esta especie de consorcio de hospitales que dependen de fundaciones y la gente no tiene conciencia de que es privado”, explica. Ya antes de que se aprobara la Ley General de Salud, el sistema sanitario catalán se construyó con diferencias respecto al resto del Estado que explican que más de la cuarta parte de su gasto sanitario sea destinado a conciertos, una proporción que ha sido incluso mayor en otros años —un 36,5% en 2002—. Actualmente 32 hospitales de gestión privada forman parte de la Xarxa Hospitalària d'Utilització Pública de Catalunya, un ente creado en 2010 por el gobierno saliente de José Montilla (PSC) que abrió las puertas del sistema sanitario a la iniciativa privada.

“Durante estos 35 años, el artículo 90 de la Ley General de Sanidad ha sido el resquicio legal para desviar dinero a la privada”, reitera Gómez Liébana, quien recalca que estas derivaciones se centran “en intervenciones quirúrgicas sencillas y en diagnósticos fundamentalmente, y esto se hace mientras existen servicios de diagnóstico que no funcionan por la tarde y hay plantas cerradas en hospitales públicos por falta de plantilla”. Según el informe Situación actual y evolución de la atención especializada en las comunidades autónomas, publicado por la FADSP en enero de este año, en 2017 los centros privados atendieron el 19,66% de las consultas externas derivadas a atención especializada, de las que el 47,29% eran primeras consultas, y en estos centros se produjeron el 19,5% de las estancias y el 23,5% de las altas con una menor estancia media. “Los datos sobre consultas externas e ingresos abonan la hipótesis de la menor complejidad de los enfermos atendidos en el sector privado”, apunta el informe.

“Hay una estrategia muy consolidada para que el sector privado siga haciendo negocio”, señala Sánchez Bayle. “En la Comunidad de Madrid, cuando se produce algún tipo de citación para pruebas diagnósticas o consultas, llaman a los ciudadanos y les intentan derivar a las privadas; creo que es algo intencionado para descapitalizar al servicio público y favorecer el negocio del sector privado”, añade. “Cuando el sistema público deriva una operación a la privada, el sistema privado cobra y el paciente vuelve al público; te deja el paciente para que le hagas tú seguimiento y controles. La privada opera, coge el dinero y echa a correr”, resume Gómez Liébana.

Llega la Ley 15/97 y el modelo de gestión privada

Pero los conciertos no fueron una puerta lo suficientemente grande y en 1991 se pone en marcha el informe Abril-Martorell. “Básicamente decía que había que abrir el sistema público a la iniciativa privada usando como argumentación las palabras de siempre: eficiencia, eficacia…”, relata Gómez Liébana. Por entonces, la Ley General de Sanidad permitía los conciertos con empresas privadas, pero no la gestión privada de los hospitales y centros médicos públicos, el siguiente objetivo marcado. El 25 de abril de 1997, PSOE, PP, CiU, PNV y Coalición Canaria aprueban la Ley 15/97, sobre habilitación de nuevas formas de gestión del Sistema Nacional de Salud.

“Hay que recordar que el sistema catalán estaba muy privatizado ya y la propia Convergencia vota a favor, y el PP dice que esta ley iba a legalizarlo ya que estaba al borde de la ilegalidad. Influyeron intereses de empresas privadas y la administración catalana, que quería legitimar su modelo”, afirma el activista de CAS Madrid. Fue, como él cita, “la huida del derecho público”, una estrategia por la que las administraciones públicas se sujetan al derecho privado para alejarse de los controles y garantías del procedimiento administrativo.

“Esta ley cierra el paso a la privatización de la sanidad”, afirmó la entonces ministra de Sanidad, la socialista Ángeles Amador Millán. “Hubiéramos querido que grupos parlamentarios que se autocalifican de izquierdas nos hubieran acompañado en la denuncia de lo que es un mecanismo de privatización de la sanidad, que tiene la dudosa virtud de no haber demostrado en ninguna parte del mundo que mejore la eficacia y la eficiencia en la gestión”, respondía Ángeles Maestro, entonces diputada de IU. Desde el PNV, María Jesús Aguirre Uribe marcó como reto “seguir consolidando los fundamentos del sistema de salud, la universalidad, la equidad, la solidaridad, la calidad y la eficiencia”, y dos meses después el Gobierno vasco transformó la Osakidetza —servicio vasco de salud— en un ente público de derecho privado.

País Valencia, cuna de la concesión

Para llegar al origen de las concesiones hospitalarias en España hay que remontarse al 9 de febrero de 1999, cuando Eduardo Zaplana, entonces president de la Generalitat Valenciana, inauguró oficialmente las instalaciones de Alzira. El centro privado se convirtió en el primer hospital español cuya gestión se entregó a una empresa privada a cambio de un canon. No era un rescate: se trataba, según el president, de pioneras “fórmulas inteligentes de gestión” que se adaptaban a las “nuevas exigencias” para mejorar el servicio de la sanidad. Cuando Aznar fue a visitar el experimento. Meses después, se mostró entusiasmado con la idea: Alzira, dijo, “marca un camino, marca una señal, marca una tendencia y marca un modo de resolver las cosas sencillamente muy positivo en el sistema de salud español”. Había nacido en España el modelo PPP (siglas del inglés public–private partnership) aplicado el sistema sanitario.

El modelo Alzira se llevó a otros hospitales del País Valencià y de otros territorios de España. El periodista Sergi Castillo calcula en su estudio La batalla per la sanitat valenciana que las concesiones valencianas, muchas de ellas controladas por el grupo Ribera Salud, han costado alrededor de 7.500 millones de euros en 15 años (2003-2018), a lo que habría que sumar los 800 millones de la factura del Instituto Valenciano de Oncología (IVO) y los 800 millones en resonancias magnéticas, además de otros conceptos como los denominados planes de choque o el transporte sanitario. La privatización arrasó durante esa época con mil millones de euros al año, la sexta parte del presupuesto de la Conselleria de Sanitat. Al mismo tiempo, especialmente entre 2011 y 2013, el presupuesto de la Generalitat Valenciana dedicado a sanidad fue reduciéndose. Estas “fórmulas inteligentes de gestión” implicaron, según muestran los datos de la Sindicatura de Comptes de los ejercicios 2009 a 2015, que las zonas de La Ribera, Dénia, Torrevieja, Manises y Elche, con hospitales en régimen de concesión, tuvieran 1,59 camas hospitalarias por mil habitantes frente a las 3,46 en las zonas con hospitales de primera referencia (La Fe, el General de Alacant y el Hospital de Castelló) o el 2,05 del total del País Valencià.

Durante la etapa del PP, el modelo Alzira se consolidó y Ribera Salud se expandió por País Valencià. En 2007, con Francisco Camps como presidente, se produjo un punto de inflexión: el modelo de Ribera Salud pasa a convertirse en una empresa real. El que era director del hospital Ribera, Alberto de Rosa, se convierte en conseller delegado de Ribera Salud Grupo, que elabora un plan de crecimiento a nivel nacional e internacional. La compañía entra un año después en Erescanner Salud, una unión de empresas dedicadas a las resonancias magnéticas que nació en València pero también abrió mercado en Madrid. La reversión del servicio de resonancias en territorio valenciano se produjo el pasado mes de abril.

En el 2018, con la consellera Carmen Montón a la cabeza y tres años después de la firma del pacto del Botànic, volvió por primera vez a lo público un hospital privatizado, el de Alzira, al finalizar su concesión por 20 años y decidir no renovarla el Govern. País Valencià todavía tiene activas cuatro concesiones en hospitales: el de Torrevieja (que acaba en 2021), Dénia (2023), Manises (2024) y Elche-Vinalopó (2025).

Y Esperanza Aguirre lo trajo a Madrid

En la Comunidad de Madrid, el nuevo paradigma llegó de la mano de Esperanza Aguirre en 2004 con su Primer Plan de Infraestructuras Sanitarias 2004-2007, por el que asignó una partida de 2.280 millones de euros a la construcción de siete hospitales encargados a una serie de empresas que se quedaron con sus servicios no médicos. Entre estas constructoras se encontraba Hispania, que después vendió este contrato de gestión a Assignia, en cuyo consejo de administración entró en 2010 Manuel Lamela, consejero de Sanidad durante la implantación del Plan de Infraestructuras. Solo los actos de colocación de las primeras piedras de los nuevos hospitales en construcción costarían casi medio millón de euros, y los gastos cruzados pagados por la Consejería de Sanidad y las constructoras constituyen una pieza separada del caso Púnica.

En 2007, el Gobierno de Esperanza Aguirre anuncia el segundo Plan de Infraestructuras Sanitarias 2007-2011, con tres hospitales de modelo PPP, a imagen del modelo Alzira: los de Móstoles, Torrejón y Collado-Villalba. “Cuando empieza esto, había un informe realizado por los técnicos de la Consejería de Sanidad que decía que hacían falta cuatro hospitales públicos de tamaño medio, de unas 500 camas. Frente a ese informe técnico, lo que hacen son los 14 hospitales de modelo privado, muchos de ellos de cien camas”, señala Gómez Liébana. Un año antes, 2006, la Fundación Jiménez Díaz fue beneficiaria de un concierto singular por el que la Administración le transmitió la asistencia sanitaria de 400.000 personas que hasta entonces habían sido atendidas por centros públicos. El propietario de la Fundación Jiménez Díaz era Capio, que más tarde se fusionará con el Grupo Quirón, actualmente del fondo alemán Fresenius.

“Los nuevos hospitales en la Comunidad de Madrid se abrieron en paralelo a un cierre muy significativo de camas de titularidad pública, de forma que se favorecía el flujo de pacientes a estos nuevos centros”, explica Sánchez Bayle. Según detalla el informe de la FADSP, entre 2010 y 2017 se han perdido 14.862 camas hospitalarias. “Se trata de una tendencia del sistema sanitario español desde hace años que explica en gran parte el colapso de camas en urgencias en los momentos de mayor demanda de ingresos”, argumenta el informe en relación a las gripes estacionales meses antes de que explotara la crisis del coronavirus.

El recorte en la Comunidad de Madrid no solo se produjo en el número de camas, también afectó a los profesionales: “La privada busca la obtención de beneficios y una parte de la rentabilidad se consigue disminuyendo personal”, subraya el portavoz de la FADSP. Algo que afecta, apunta, a la calidad de la atención sanitaria. “Muchas veces, cuando la privada defiende que son más baratos, lo hacen a costa de malas condiciones laborales”, añade Mónica García, anestesista en el Hospital 12 de Octubre, en Madrid, y diputada de Más Madrid. “Si en la pública ya hay muchas plantillas en el límite, en la sanidad privada, donde el margen de beneficio tiene que ver con el personal, te encuentras con que de lo que se trata es de dar un servicio barato”, continúa.

“Creo que lo peor que he visto en todos mis años de carrera fue unas navidades que estuve de prácticas de máster en un hospital privado”, recuerda Cristina O. Estaba en el servicio de urgencias cuando las enfermeras concluyeron su jornada: “Esa noche había un médico para pediatría, un médico para atención general y una enfermera para todo. Y cuando digo para todo es para hacer el triaje, para llevarlo al box y ponerle los tratamientos, hacer analíticas, bajar al laboratorio y analizar las muestras, ser técnico de rayos, ser celadora…”. Una semana antes de que ella se incorporara al centro, cuenta, una compañera tuvo un ataque de ansiedad al tener que someterse a esa falta de personal.

Las memorias de la Conselleria de Sanitat reflejan que la plantilla en el País Valencià se ha incrementado desde 2014, pasando de las cerca de 50.000 personas empleadas a las 54.000 de 2018 (un 92% personal estatuario), según el último informe accesible. De estas plazas, solo un 14% (cerca de 9.000 personas) están gestionadas por concesiones o consorcios. “En el servicio en el que trabajo ahora tenemos una ratio en la UCI de máximo tres pacientes por enfermera, pero en el privado de València en el que tuve que hacer prácticas podía haber una enfermera para 10 pacientes. Y ahí reza, porque como le pase algo a un paciente y el otro tenga fiebre, tienes que elegir”, lamenta. “Los centros públicos tienen 2,51 veces más profesionales médicos, 2,26 veces más de enfermería, 1,65 veces más auxiliares de enfermería y 1,59 veces más profesionales no sanitarios por cama que el sector privado”, corrobora el informe de la FADSP. Sánchez Bayle afirma que las condiciones laborales son “claramente peores en la privada”. Aunque hace mención a la eventualidad en la pública, argumenta que la estabilidad es mucho mayor.

En cuanto a salarios, Cristina O. explica que, en el caso de los profesionales de enfermería, la situación laboral es mucho peor en la privada en comparación con el personal médico. Ella cobra en la pública unos 1.800 euros con guardias y festivos, y calcula que en la privada ganaría unos 1.300 con más carga laboral—. Otras categorías laborales, como auxiliares de enfermería o celadores, lo tienen mucho peor : “Con suerte llegan a los 800 euros”, afirma. “Se ha intentado que las condiciones sean más parecidas entre las entidades privadas y públicas —afirma Güell sobre la situación en Catalunya—, pero bajando las condiciones de los centros públicos: hay muchos contratos eventuales por días o meses”.

Sánchez Bayle cifra en “aproximadamente un 30%” el personal médico que trabaja en la pública y complementa su salario en la privada, una situación en la que hay “un conflicto de intereses”. “El mayor interés de la gente que trabaja en el sector privado, al menos en teoría, no es que el sistema público funcione de manera adecuada y atienda todas las demandas de la ciudadanía, porque la privada desaparecería”. Por eso aboga porque el personal sanitario trabaje en lo público o en lo privado, sin poder compaginar ambos sectores.

“Hay más población, más hospitales, pero hay menos camas y menos trabajadores. Las privadas recuperaron la inversión en muy poco tiempo”, resume Gómez Liébana. Y es que, sobre todo a partir de 2012, la entrada de los fondos de inversión en el capital de varias de las privadas sanitarias provocó un casino en el que las acciones pasaron en pocos años por varias entidades que ganaron miles de millones de euros con estas transacciones a la vez que concentraban el sector en un puñado de empresas que se repartieron el territorio. Quirón Salud acumula 50 hospitales en toda España, once de ellos en Madrid, entre los que se incluye la gestión de la Fundación Jiménez Díaz, el Hospital General de Villalba, el Universitario Infanta Elena y el Rey Juan Carlos. Ribera Salud mantiene seis hospitales con concierto o bajo gestión con las administraciones públicas, de los cuales tres están en Alicante. El grupo familiar José Manuel Pascual Pascual tiene concesiones en cinco de sus siete hospitales en Andalucía.

Listas de espera

Uno de los problemas que provoca y, a la vez, es consecuencia de esta situación sanitaria es el aumento de las listas de espera. Según datos del Ministerio de Sanidad, en 2008 había 364.397 pacientes en lista de espera quirúrgica, de los que el 6,7% tuvo que esperar más de medio año para ser operado. Once años después, en diciembre de 2019, eran cerca de 705.000 personas, un 19,9% de ellos con una espera de más de seis meses. Aunque aun no hay datos que concluyan cómo ha afectado la pandemia a esta evolución, el personal médico lleva semanas denunciando los efectos que la consecuente paralización de prestaciones médicas va a tener en las listas de espera.

Antes de los recortes, el tiempo medio de espera para intervenciones quirúrgicas rondaba los 70 días. En 2012 se alcanzó el centenar, aunque con sustanciales diferencias según la especialidad: cirugía plástica se coloca a la cabeza con un tiempo de espera medio de 333 días, mientras que en especialidades como traumatología, que suma el mayor número de pacientes en lista de espera, disminuye a los 137 días. Sánchez Bayle reconoce que, más allá de que las listas sean muy prolongadas, hay un problema de evaluación: “Es importante conocer el problema de salud y priorizar aquellos que son más graves o incapacitantes, y también se debe mejorar mucho los circuitos de funcionamiento, porque una parte de esto sucede por problemas que se derivan de forma inadecuada”. Según el portavoz de la FADSP, una correcta dotación de recursos a la Atención Primaria y una buena coordinación con la especializada reducirían las listas de espera al poder realizar el diagnóstico en el primer sistema asistencial: “Se calcula que un 30% de las pruebas diagnósticas no están indicadas correctamente, pero generan lista de espera”.

Las diferencias también son notables entre comunidades autónomas. La FADSP resuelve que Catalunya es la que presenta una tasa mayor de personas en lista de espera quirúrgica (23,32), frente a Madrid (8) y País Vasco (8,34). La demora media va desde 149 días en Castilla-La Mancha hasta 46 en Madrid, y el porcentaje que espera más de seis meses desde el 29,4% en Castilla-La Mancha hasta el 0% en La Rioja y País Vasco. En consultas externas, la lista de espera también empeoró el último año, aunque se redujo ligeramente el número de pacientes que esperó más de dos meses. De nuevo hay grandes diferencias entre territorios: 23 días en País Vasco, 130 en Andalucía, un 87% de personas tuvieron que esperar más de 60 días en Canarias y solo un 5,7% en País Vasco.

“Los estudios internacionales demuestran que, cuando un paciente es atendido en un hospital de gestión privada, la mortalidad es superior”, alerta Gómez Liébana. El sanitario se refiere a un estudio publicado en 2002 en el Canadian Medical Association Journal en el que se concluye que las probabilidades de muerte se incrementan al ser atendido en un hospital en manos de accionistas un 9,5% en perinatal, un 2% en adultos y un 8% en enfermos crónicos. “Además, el propio Ministerio de Sanidad reconoce que los hospitales pequeños tienen más efectos adversos en los pacientes”, añade.

Y entonces, ¿por qué se privatiza? Sánchez Bayle identifica tres motivos, el primero de ellos ideológico. “Hay argumentos economistas neoliberales que mantienen que hay que adelgazar al máximo el sector público y que, cuanto más pueda hacer el sector privado, mejor, pero se ha demostrado que no es cierto que este modelo sea más eficiente y que se controlen los gastos, sucede exactamente lo contrario”. El segundo motivo que observa es la presión de grandes empresas, que quieren hacer negocio con los presupuestos públicos. Y el tercer factor es la corrupción. “Hay una colusión de intereses entre las administraciones que realizan las privatizaciones y el sector privado que se manifiesta en las puertas giratorias, en financiación ilegal de partidos. El problema es que la privatización conlleva mucha falta de transparencia y mucha corrupción”, resume.

Durante la crisis del Covid-19 continúa el espectáculo

Durante la pandemia de Covid-19, este modelo sanitario al que Mónica García califica de “espectáculo” ha continuado. “En nuestra comunidad hay siete hospitales con modelo mixto y cuatro con modelo privado en los que, cuando ha llegado la pandemia, nos hemos encontrado con que el interlocutor es un fondo de inversión, y no es posible interactuar con ellos porque ellos operan para el beneficio de sus accionistas”, denuncia.

García ha sido una de las voces que ha denunciado el “milagro” —según lo denominan desde el PP— del hospital de Ifema, un centro con capacidad de 3.000 camas en el que, en mes y medio, se han atendido a 3.800 enfermos de coronavirus y cuyos contratos han supuesto costes por 59 millones de euros que han ido a parar a grandes empresas como Clece (ACS), Telefónica o Compass mientras los profesionales sanitarios denunciaban la falta de medios y el caos organizativo. “Han utilizado Ifema como estandarte propagandístico para tapar la mala gestión que han hecho y la falta de directrices y liderazgo en la sanidad en general, y esto tiene dos lecturas: una, que han aprovechado para hacer lo que llevan haciendo años, que es dar contratos millonarios a empresas amigas que ya habían participado en la privatización; y dos, que ni en lo peor de esta pandemia han sido capaces de sentirse orgullosos de sus hospitales públicos, y eso es ofensivo porque es donde hemos vivido el mayor drama”, denuncia la diputada.

Mientras, en Catalunya, el Govern de Quim Torra ya ha prometido a las empresas de sanidad privada el pago de 43.000 euros por paciente que haya pasado por sus instalaciones de cuidados intensivos, a pesar de que la propia patronal estima el coste en mil euros diarios. “Hay sitios en los que se aprovechó la pandemia para derivar pacientes a la privada y otros en los que se controló, como era lógico”, apunta Sánchez Bayle. Cuenta cómo una compañera suya que se contagió de coronavirus en Madrid, al recibir el diagnóstico fue llevada inicialmente al Hospital 12 de Octubre —de gestión pública—, y cuando vieron que su evolución era buena fue trasladada a un centro privado que cobrará a la Administración por su tratamiento. La historia no cambia con la pandemia: “El centro privado recoge fundamentalmente beneficios y el público intervenciones más complicadas, y esto se paga mediante conciertos y facturaciones”, resume.

Las privatizaciones continúan aun ahora, cuando comenzamos a salir de la crisis del coronavirus. A finales de junio, cientos de trabajadoras y trabajadores del servicio de limpieza del Hospital General Gregorio Marañón en Madrid fueron a la huelga para denunciar que el 3 de junio el Servicio Madrileño de Salud (Sermas) sacó a licitación los servicios de limpieza integral del hospital, que actualmente cuenta con una plantilla de 553 trabajadoras. En los mismos días, PP, Ciudadanos y Vox votaban en Zaragoza a favor de vender una parcela del Ayuntamiento para la construcción de un macrohospital privado, un proyecto en el que ya ha manifestado interés Ribera Salud.

¿Cómo arreglamos esto?

“Toda la legislación se ha quedado obsoleta, no solo por la pandemia; la que menos tiene 20 años”, resume Mónica García. “La 15/097 abrió una puerta que es muy difícil de cerrar, tenía mucho de conflicto y perversión, y se ha traducido en una parasitación público-privada”. La experiencia de la pandemia, defiende, ha evidenciado la necesidad de cerrar esa puerta, lo que, según afirma “no impide que pueda haber determinados contratos donde el sustrato sea la colaboración, no la especulación”.

Gómez Liébana es más tajante y recuerda que todas las licitaciones referencian a una misma ley: “Hay que derogar la Ley 15/97 para paralizar la privatización en todo el Estado y rescatar los centros que el sistema sanitario estatal necesitase”, afirma tras recordar que algunas de las concesiones son hasta 2044 y matizar que las concesionarias ya recuperaron la inversión y que “no todos los hospitales privados que se abrieron son necesarios” por su escasa capacidad. Otra de las medidas que propone es modificar la Ley general de sanidad para que ninguna de las infraestructuras construidas con dinero público pueda ser enajenadas o alquilada. Él y Sánchez Bayle insisten en la optimización de recursos de la pública: “En Madrid se desveló que la privada hace el doble de resonancias magnéticas por máquina que la pública. Mientras en la privada el sistema funciona todos los días, en la pública solo lo hace de lunes a viernes en horario de mañana”. Si el sistema público hiciera las mismas resonancias que el privado, argumenta el portavoz de la FADSP, se reducirían las derivaciones y las listas de espera, y se mejoraría notablemente el sistema público. “Pero para eso hay que destinar recursos”, resume.

La pandemia ha puesto de manifiesto la necesidad de reforzar el sistema público y la atención primaria para prevenir futuras pandemias o los efectos de un rebrote. Pero que la población prefiere la sanidad pública ya era un hecho manifiesto. Entre 2010 y 2018, según datos de la FADSP, se incrementó el porcentaje de personas que eligieron ser tratadas por la pública tanto en consultas externas (del 48% al 56%) como para hospitalización (de cerca del 59% al 67%). Cristina O., sin embargo, recuerda la importancia de la voluntad política: “El futuro depende de las comunidades y los gobiernos; creo que en los gobiernos de derechas la tendencia seguirá siendo privatizar, porque al final los que están ganando dinero son ‘el amigo de’ o ‘el marido de’”. Que los efectos de la pandemia en la capital fueran devastadores, opina la enfermera, tiene mucho que ver con el desmantelamiento de la sanidad pública de la Comunidad de Madrid.

El Covid-19, afirma Sánchez Bayle, ha evidenciado las consecuencias de la privatización, “y varias decenas de miles de personas no pueden haber muerto en balde, tenemos que sacar lecciones de la pandemia”. Cristina O. espera que sea así y que, cuando el personal sanitario salga a reclamar sus derechos o rechazar los recortes, la ciudadanía les apoye: “Sal a defendernos porque formas parte de la sanidad pública, y porque, aunque pagues tu seguro, nosotros estaremos aquí cuando tu seguro no te quiera”.

https://www.elsaltodiario.com/sanidad/derecho-manos-privadas