29 jun 2019

La digitalización del trabajo y sus consecuencias para el Sur

La “revolución digital” y su impacto en el trabajo está recibiendo cada vez más atención, mas ésta sigue concentrada principalmente en los países del Norte.  Sin embargo, estos fenómenos también conciernen a los países del Sur, pero en función de modalidades específicas que requieren análisis y reacciones específicas.
Existe un creciente debate mundial sobre la naturaleza y el alcance de una “cuarta revolución industrial”, con repercusiones potencialmente importantes en el empleo y, en términos más generales, en el trabajo.  Se abordan en particular dos tendencias.  En primer lugar, la automatización de las tareas, sobre todo gracias a los avances de la inteligencia artificial.  Y segundo, el desarrollo del “trabajo en plataformas digitales”, en particular a través de aplicaciones como Deliveroo o Uber.  Estas tendencias son observables en todo el mundo, pero sus consecuencias no son las mismas para los trabajadores del Norte y del Sur.
La automatización, por ejemplo, terminaría amenazando más empleos en el Sur que en el Norte, pero a un ritmo más lento.  Además, no son los mismos sectores (ni, por lo tanto, los mismos trabajadores) que están afectados en uno y otro caso.  La automatización de la agricultura, por ejemplo, tendrá consecuencias específicas en el Sur, con una mayor concentración de las explotaciones, una competencia para los pequeños productores aún más difícil de afrontar, o el fortalecimiento del control de los grandes grupos agroalimentarios mundiales sobre la producción y la distribución agrícola mundial.  Es más, las posibilidades de automatización en el Norte reducen considerablemente las “ventajas comparativas” de las que hasta ahora han gozado los países del Sur gracias a la explotación (en sentido literal, como figurativo) de su abundante mano de obra barata.  Las estrategias de industrialización orientada a las exportaciones, aplicadas en particular por muchos países asiáticos (y aclamadas en todo el mundo en desarrollo en la década de 1990), tal vez ya no serán accesibles para muchos países en desarrollo, lo que deja abierta la cuestión de las opciones disponibles para sustituirlas.
¿Las plataformas como gangas o amenazas?
En cuanto al trabajo en plataformas digitales, en el Norte, hay una tendencia a considerarlo principalmente como una amenaza para las relaciones laborales tradicionales, en la medida en que generalmente ofrecen trabajo remunerado por tareas y por cuenta propia.  Ahora bien, es evidente que la amenaza no es la misma en aquellos países del Sur donde el empleo asalariado nunca ha sido la norma.  Hay quienes, como el Banco Mundial, ven incluso el desarrollo de plataformas de trabajo bajo demanda como una bendición para la gente del Sur.  De hecho, normalmente es suficiente tener un teléfono inteligente y una conexión a Internet para poder empezar a trabajar.  Y las plataformas de “microtrabajo” proporcionan incluso acceso a ofertas de trabajo que pueden provenir de cualquier parte del mundo.  Además, siendo que muchas de estas tareas (por ejemplo, entrega, taxi, limpieza) suelen llevarse a cabo en el sector informal, se abre la posibilidad de acceder a una (relativa...) formalización del trabajo, promovida por estas plataformas, a diferencia de lo que está sucediendo en los países del Norte.
Sin embargo, cabe recordar que el acceso a Internet dista mucho de ser generalizado en el Sur, con tasas de penetración a menudo inferiores al 50% de la población (especialmente en el África subsahariana y Asia meridional), en comparación con alrededor del 90% en Europa y América del Norte.  Entonces, son precisamente las poblaciones más marginadas las que más se ven privadas de ella.  E incluso cuando tienen acceso a ella, la calidad es a menudo inferior a la de las poblaciones/regiones más aventajadas, por no hablar de las diferencias de competencias y cualificaciones que siguen constituyendo una desventaja adicional.  Más que una bendición, la llegada de estas plataformas podría, por lo tanto, conllevar sobre todo a una mayor marginación de los trabajadores menos cualificados y/o menos conectados, en particular al limitar aún más las restringidas oportunidades que hasta ahora habían tenido en la economía informal.
Esto es aún más cierto, cuando la idea de plataformas neutras, libres de prejuicios de “raza”, clase o género, también es falsa.  En efecto, la información personal de los usuarios es por definición accesible a otros a través de su “perfil” y (al menos por el momento) nada impide que esta información se utilice para rechazar a un proveedor de servicios y/o para negarse a prestar un servicio.  Tampoco los algoritmos son inmunes a este tipo de sesgo, ya que los criterios que utilizan para evaluar, clasificar, etc., pueden favorecer a algunos grupos de población en detrimento de otros.  Como han demostrado diversos estudios, lejos de eliminar las desigualdades, las plataformas contribuyen a su reproducción (o incluso las agravan), tanto dentro de los países como entre ellos.
Por último, cabe recordar que las condiciones de trabajo en estas plataformas también siguen siendo problemáticas, con salarios bajos e irregulares, horarios de trabajo excesivamente largos y/o variables, la falta de protección social y de negociación colectiva, la peligrosidad de las actividades y la discriminación.
El reto más amplio de la “economía digital”
Sin embargo, en términos más generales, es sobre todo la propia lógica subyacente al funcionamiento de la economía digital en su conjunto la que constituye el principal desafío para los trabajadores en general y para los trabajadores del Sur en particular.  En efecto, esta nueva economía se basa en la extracción y explotación de “datos” cuyo estatus es, cuanto menos, ambiguo.  Por un lado, las empresas los consideran como recursos que pueden utilizar a su antojo.  Pero por otro lado, estos datos son producidos por individuos y grupos de individuos que podrían hacer valer derechos políticos y sociales legítimos contra ellas. A menudo hablamos del derecho a la privacidad, pero esto también podría incluir el derecho a la remuneración o al control colectivo de los usos autorizados.
Otro problema es que el efecto red asociado a los servicios basados en estos datos conduce a la creación de enormes monopolios con un poder de mercado sin precedentes, lo que da lugar a nuevas formas de control y explotación de la mano de obra, contra las que resulta aún más difícil luchar, ya que tienden a aparecer como consecuencias de procesos estrictamente técnicos.  Por ejemplo, Amazon se vale del registro de los datos de productividad de sus trabajadores para despedir automáticamente a los de menor rendimiento.  En términos más generales, a medida que un sector se digitaliza, se hace cada vez más difícil, si no imposible, que los pequeños productores participen sin entrar más o menos directamente bajo la dependencia de un gigante digital.
Esta situación es aún más problemática para los trabajadores y las poblaciones del Sur, en la medida que la mayoría de estos monopolios digitales tienen su sede en el Norte, y en particular en los Estados Unidos, lo que crea nuevas relaciones mundiales de dependencia y explotación con consecuencias económicas y geopolíticas potencialmente significativas.  En este contexto, los debates mundiales en curso sobre la liberalización del “comercio electrónico” serán cruciales, ya que podrían reforzar los desequilibrios actuales, al limitar drásticamente las posibilidades de regular la economía digital en beneficio de las poblaciones y los trabajadores, especialmente para los países del Sur.  El Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP) o el nuevo Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (T-MEC) ya incluyen cláusulas que impiden que se infrinja el “libre flujo de datos a través de las fronteras”, o que se requiera que los datos se localicen en el país donde se generan.  Más aún, este tipo de cláusula ya se está debatiendo a escala mundial en la OMC[1].
No obstante, otras orientaciones son posibles.  Como mínimo, implican frenar las actuales negociaciones sobre el “comercio electrónico” para evitar reducir las cuestiones planteadas por la economía digital al único aspecto del comercio.  Sus implicaciones incluyen, de hecho, la economía en su conjunto, pero también la esfera política como la de los derechos humanos y sociales.  Sólo entonces podremos imaginar principios, políticas e instituciones que permitan orientar las tecnologías digitales al servicio de los trabajadores y las poblaciones del Norte y del Sur, respetando al mismo tiempo las limitaciones medioambientales y las diferencias de desarrollo entre los países y las regiones del mundo.
https://www.tercerainformacion.es/articulo/ciencia/2019/06/27/la-digitalizacion-del-trabajo-y-sus-consecuencias-para-el-sur

Falsos autónomos, el sumidero del Derecho Laboral

España cuenta en la actualidad con más de tres millones de trabajadores por cuenta propia y la tasa no deja de experimentar importantes porcentajes de crecimiento interanual. El empleo no asalariado empieza a erigirse en paradigma dominante en nuestro marco de relaciones laborales, condenando a una ingente cantidad de personas a verse privados de derechos esenciales y gozar de un menor grado de protección por parte del sistema de la Seguridad Social. Pero, ¿cómo saber que estamos ante un falso autónomo?
'Riders' de Valencia, queman sus mochilas en solidaridad con el trabajador de Glovo muerto en BarcelonaLa figura del trabajador autónomo, económicamente dependiente o no, tiene una larga tradición en España, donde siempre hemos tenido facilidad para conjugar de todas las formas posible el verbo “precarizar”. Sin embargo, no se puede ignorar la emergencia de este fenómeno y su cada vez mayor extensión, desbordando los nichos de ocupación más habituales (hostelería, construcción o agricultura) para afectar con creciente incidencia también a profesiones liberales como son la de abogado, arquitecto o personal sanitario, entre muchos otros.
No son necesarios sesudos análisis para concluir que el uso fraudulento de la figura del autónomo tiene como principal beneficiario a las empresas y como principales perjudicados a los propios autónomos y, en conjunto, las arcas públicas, que dejan de ingresar anualmente una cantidad que se estima cercana a los 600 millones de euros.

El trabajo por cuenta propia

La figura del trabajador autónomo se regula a través de la Ley 20/2017 del Estatuto del Trabajador Autónomo y se define como la persona física que realiza una actividad económica o profesional a título lucrativo, de forma habitual personal, directa, por cuenta propia (asumiendo el riesgo y la ventura del propio negocio) y fuera del ámbito de dirección y organización de otra persona física o jurídica, den o no ocupación a trabajadores por cuenta ajena.
En otras palabras, un autónomo es el trabajador que presta un servicio o realiza una actividad por encargo de un cliente -no por mandato de su ocupador- y lo hace con amplia autonomía para determinar el modo de hacerlo, habitualmente aportando los medios de producción para ejecutar la obra o el servicio acordados y con libertad para determinar cuestiones relevantes como el horario, aun en el caso de que se establezca un período o plazo máximo para cumplir el encargo recibido.
Por tanto, cuatro puntos a tener en cuenta.
1. el autónomo no está sometido a las directrices empresariales, es responsable de sus propias decisiones respecto a cómo ejecutar el servicio encargado.
2. La retribución no viene determinada por la empresa; el autónomo valora su propio servicio y el cliente decide si acepta o no las condiciones propuestas
3. Habitualmente, los medios de producción son propiedad y responsabilidad del propio autónomo cuando éstos son relevantes económicamente
4. Las tareas encomendadas a un autónomo por parte de una empresa no son las propias de la empresa

Las “zonas grises” de laboralidad

No siempre es fácil trazar una linea definida que permita distinguir de forma inequívoca el trabajo por cuenta ajena del trabajo por cuenta propia de los autónomos, económicamente dependientes o no. De hecho, en el ámbito del ordenamiento laboral se habla de “zonas grises de laboralidad” para definir los límites fluctuantes que muy a menudo separan las relaciones laborales comunes propiamente dichas de las relaciones de índole civil y mercantil en materia de prestación de servicios.
Para discernir cuándo nos encontramos frente a un caso de falso autónomo, es necesario acudir a lo que se denomina “notas de laboralidad” o elementos definidores de la relación laboral y concluir que, si se aprecia la existencia de estas notas, estamos frente a una relación que es la propia del trabajo por cuenta ajena.
Brevemente resumidas y necesariamente simplificadas enumeramos las notas más evidentes de laboralidad.
1. Ajenidad. El ocupador es propietario de los frutos del trabajo del supuesto autónomo desde el principio, asumiendo los riesgos y costes del proceso productivo así como los beneficios que deriven. El empresario es quien se relaciona con el mercado para comercializar el trabajo del autónomo y quien tiene la responsabilidad a la hora de establecer los precios de los productos acabados o el coste para tercero de los servicios que presta el autónomo en representación de la empresa. La empresa pone a disposición del trabajador los medios de producción cuando éstos son relevantes en términos económicos.
2. Dependencia. El falso autónomo no ejerce su potestad organizativa sobre el propio trabajo sino que está obligado a asumir y respetar las directrices que marca la empresa situándose, por tanto, dentro del ámbito de organización y dirección del empleador. El empleador ejerce su potestad disciplinaria ante posibles incumplimientos de las instrucciones.
3. Retribución. La empresa es quien determina la retribución a percibir por el trabajador autónomo.
Junto a estas cuestiones, también deben considerarse elementos indiciarios de una relación laboral el hecho de, por ejemplo, que el supuesto autónomo realice idénticas o similares funciones al personal laboral contratado por la empresa, esté obligado a utilizar determinados elementos de identidad (uniformes, etc.) que contribuyan a identificar al trabajado con la imagen corporativa de la empresa, una determinación más o menos estricta de la jornada laboral, que el abono de la retribución se haga de forma periódica en el tiempo, etc.

¿Qué supone la condición de falso autónomo y qué desventajas comporta para el trabajador?
El listado de inconvenientes que representa la condición de autónomo para el trabajador obligado fraudulentamente a ostentarla es largo.
1. Fuera del ámbito protector del derecho laboral:
Al trabajador autónomo no se le aplican las disposiciones contenidas en el Estatuto de los Trabajadores ni las del convenio colectivo que resulte de aplicación en la empresa empleadora. Por tanto, no son efectivos los límites máximos de jornada ni el periodo mínimo de descanso semanal y diario; no le son retribuidas las vacaciones, no existe obligación de abonar el salario mínimo ni tiene reconocido el derecho a la posibilidad de acogerse a reducciones de jornada vinculadas a la conciliación de la vida familiar y laboral, etc.
2. Indemnización:
Salvo que existiera pacto al respecto, la empresa no tiene obligación de respetar periodos mínimos de preaviso ni indemnizar la extinción de la relación contractual
3. Obligaciones fiscales:
El trabajador autónomo tiene la responsabilidad de abonar por sí mismo los costes de alta y cotización a la Seguridad Social. También será obligación del autónomo presentar y liquidar las correspondientes declaraciones de IVA
4. Seguridad social y prestaciones
El régimen de autónomos ha sufrido importantes modificaciones este año que, hasta cierto punto, contribuyen a paliar las históricas deficiencias de este colectivo para acceder a la cobertura de la Seguridad Social en materia de incapacidad temporal o permanente, accidentes de trabajo o cese de actividad.
Con todo, a pesar de estas medidas, la situación de los autónomos respecto a sus homólogos asalariados está muy lejos de ser equiparable. El importe de las prestaciones reseñadas siempre se calculará en función de la cotización y será inferior a la de los trabajadores con contrato laboral, incluida la futura pensión de jubilación.

El futuro en juego

Diferentes estudios estiman que la cifra de falsos autónomos en España supera los 200.000 y, según la Unión de Autónomos UATAE, se incrementa en más de 15.000 personas cada año. En tan solo un año, inspección de Trabajo ha identificado más de 11.000 personas privadas de sus derechos laborales básicos en un único sector, el de las empresas cárnicas. El uso fraudulento de la figura del autónomo -como el abuso de la temporalidad en fraude de ley- se han convertido en un elemento estructural de la estrategia de muchas empresas que han encontrado en estos trabajadores la formula ideal para seguir teniendo personal a cargo pero conseguir escapar a sus responsabilidades y obligaciones. Para las empresas, un verdadero regalo; para cientos de miles de trabajadores, la vuelta forzada a la prehistoria más oscura del derecho laboral y el sometimiento al arbitrio empresarial.
Accionar nuestros derechos acudiendo a Inspección de Trabajo o reclamando judicialmente nuestra condición de trabajadores por cuenta ajena cuando se nos imponga sin fundamento la condición de autónomos representa alzar una muralla protectora alrededor de nuestro derecho a un trabajo digno.
https://www.elsaltodiario.com/trabajo-digno-pension-justa/falsos

Uno de cada cinco españoles vive en riesgo de pobreza

Uno de cada cinco españoles, el 21,5% de la población, vive en riesgo de pobreza o exclusión social con unos ingresos inferiores a 8.871 euros al año, una situación que afecta al 26,2% de los menores de 16 años. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de pobreza -que para hogares de dos adultos y dos niños se fija en menos de 18.629 euros anuales- sólo se ha reducido una décima en un año, aunque en el caso de los menores lo ha hecho 1,9 puntos.
Imagen de archivo de un indigente en la calle Preciados de Madrid. - EFEEsta situación hace que el 34,2% de los hogares españoles no pueda permitirse ir de vacaciones ni una semana al año, que el 36% no tenga capacidad para afrontar gastos imprevistos o que el 10,4% llegue a fin de mes con “mucha dificultad”. Y que el 7,3% se retrase en pagos tan básicos como la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad.
Pese a estos datos, parte de las variables que conforman el riesgo de pobreza o exclusión se han reducido levemente y los ingresos medios por persona han aumentado un 3,1% hasta los 11.412 euros
Uno de cada cinco españoles, el 21,5% de la población, vive en riesgo de pobreza o exclusión social con unos ingresos inferiores a 8.871 euros al año, una situación que afecta al 26,2% de los menores de 16 años. Según la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2018 elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la tasa de pobreza -que para hogares de dos adultos y dos niños se fija en menos de 18.629 euros anuales- sólo se ha reducido una décima en un año, aunque en el caso de los menores lo ha hecho 1,9 puntos.
Esta situación hace que el 34,2% de los hogares españoles no pueda permitirse ir de vacaciones ni una semana al año, que el 36% no tenga capacidad para afrontar gastos imprevistos o que el 10,4% llegue a fin de mes con “mucha dificultad”. Y que el 7,3% se retrase en pagos tan básicos como la hipoteca, el alquiler, el gas, la electricidad o la comunidad.
Pese a estos datos, parte de las variables que conforman el riesgo de pobreza o exclusión se han reducido levemente y los ingresos medios por persona han aumentado un 3,1% hasta los 11.412 euros.
El INE también ha calculado el riesgo de pobreza o exclusión social utilizando la tasa AROPE (por sus siglas en inglés, At Risk Of Poverty or social Exclusion), creado en 2010 para poder medir la pobreza relativa en Europa ampliando los criterios -no solo con los ingresos- e incluyendo la carencia material o la baja intensidad en el empleo. Y según esta metodología, la tasa de pobreza o exclusión social se eleva hasta el 26,1 % de la población española, con un descenso de cinco décimas respecto a 2017 debido, dice el INE, a la mejora del empleo, ya que la carencia material severa ha empeorado.
Por grupo de edad, y según AROPE, la pobreza se redujo levemente entre las personas de 16 y 64 años y 2,2 puntos entre los menores de 16, de los que casi uno de cada tres, el 28,8 % sufre esta situación. Advierte el INE de que más de 657.000 personas, el 1,4 % de la población, está a la vez en situación de riesgo de pobreza, con carencia material severa y con baja intensidad en el empleo. Y, una vez más, subraya que, a mayor formación, menor riesgo de pobreza. Así, la tasa de pobreza pasa del 33,8 % entre quienes solo cursaron educación secundaria al 12,6 % de quienes alcanzaron la educación superior.
Por tipo de hogar, la mitad de quienes viven en hogares formados por un adulto con hijos dependientes están en riesgo de pobreza o exclusión social, un problema mucho menos presente en los hogares sin niños dependientes. Asimismo, el 59% de los parados estaba en riesgo de pobreza o exclusión social, frente al 15,1% de los jubilados.
La pobreza también discrimina según nacionalidades entre los residentes en España, de modo que el porcentaje de personas por debajo del umbral de riesgo de pobreza o exclusión social es del 23,1% para los españoles, del 47,7% para los extranjeros de la UE y del 56% para quienes no son de la UE.
Por comunidades autónomas, los ingresos medios anuales más elevados son los de País Vasco (14.722 euros por persona), Comunidad Foral de Navarra (13.585) y Catalunya (13.338), mientras que los más bajos fueron los de Extremadura (8.503), Canarias (8.964) y Región de Murcia (9.111).
Las tasas de pobreza o exclusión social más altas las registran Extremadura (37,6%), Canarias (32,1%) y Andalucía (32,0%), frente a País Vasco (8,6%), Comunidad Foral de Navarra (8,9%) y Catalunya (13,6%) que tienen las más bajas. Según la tasa AROPE, la tasas de pobreza se elevaron al 44,6% en Extremadura, Andalucía (38,2%) y Canarias (36,4%) y las más bajas se situaron en País Vasco (12,1%), Comunidad Foral de Navarra (12,6%) y Aragón (17,7%).

Lo único que garantizaría una vida digna a las personas es un reparto más igualitario de la riqueza.

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha analizado los últimos datos de la encuesta del INE sobre la estructura salarial de 2018, y ha afirmado que la realidad que refleja es la desigualdad del reparto de la riqueza entre una pequeña minoría y la inmensa mayoría, que es el conjunto de la clase trabajadora
En base a estos datos, solamente el 5’22% del total de personas trabajadoras percibieron salarios entre 5 veces el SMI y más de 10 veces el SMI. En este sentido, quienes recibieron más de 10 veces el SMI han sido 116.244 personas.
CGT señala que estos datos reflejan a la perfección la estructura social por estamentos de poder, que se reproducen históricamente, y que se encuentran en sectores muy específicos, como el financiero o el energético, y en determinadas posiciones relacionadas con el “mando” y el “poder”.
CGT entiende que esta pequeña minoría (6%) que concentra el mayor reparto de la riqueza se beneficia además de las leyes en cuanto a la contribución a la Seguridad Social. Esta “injusticia” supone que esta minoría deje de ingresar anualmente a la “caja común” más de 7.000 millones de euros.
En cuanto a la mayoría asalariada, que representa un 63% y que trabaja en la denominada “economía de servicios” (hostelería, comercio, turismo…) y en los sectores de “cuidados”, con contratos muy precarios, temporales o a tiempo parcial y que su contribución a la Seguridad Social es del 100%.
CGT concluye en su comunicado que la inequidad, la desigualdad y la permanente brecha salarial, agravada si la mujer es migrante, es una lacra que viene repitiéndose en todas y cada una de las encuestas de este tipo.
CGT recuerda que la única vía para garantizar una vida digna a todas las personas en sociedad es a través de una renta básica para todas las personas.
Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

Sobre los sueldos de las personas asalariadas: Desigualdad e Iniquidad

Cuando el INE, a través de la última encuesta publicada sobre la Estructura Salarial referida al 2017, afirma que ”la ganancia media anual por trabajador fue de 23.646,50 euros en el año 2017, con un aumento del 2,1% respecto al año anterior…" no deja de tener “razón estadística”. Sin embargo, la constatación de esa media salarial que pudiéramos considerar “casi decente”, si fuera patrimonio de las 18,4 millones de personas asalariadas existentes en el 2017, oculta la realidad de desigualdad y de diferentes repartos existentes entre quienes son la minoría y la inmensa mayoría de asalariadas.
La Agencia Tributaria, con los datos de rentas salariales referidas a 2017, realiza un ejercicio de REALIDAD sobre la situación salarial de las casi 18,5 millones de personas asalariadas en ese año, bastante más honesto sobre el reparto de rentas en el mundo del trabajo:
Solamente el 5,22% del total de personas asalariadas, es decir 958.993 personas, percibieron salarios entre 5 veces el SMI (que en 2017 era de 707,15 € mes) y más de 10 veces ese SMI.
Entre 5 veces el SMI (49.560 € año) y 7,5 veces el SMI (74.340 € año), se encontraban 669.084 personas asalariadas.
Entre 7,5 veces el SMI (74.340€ año) y 10 veces el SMI (99.120€ año), eran 173.665 personas asalariadas las que percibieron esas rentas.
Y quienes percibieron más de 10 veces el SMI, es decir más de 100.000€ año, solamente se encontraban 116.244 personas.
Este casi millón de personas, no representa sino la estructura social por estamentos (de poder) que viene reproduciéndose históricamente y que se encuentra empleada en sectores muy específicos (financiero, energía) y en determinadas posiciones en la “escalera profesional” relacionada con el “mando y el poder” (directivos, ejecutivos, gerentes), llegando a ser sus ganancias anuales hasta un 116% mayores que las del resto de personas asalariadas.
Como tenemos la obligación de profundizar en la verdad de la explotación y en la inequidad, es esta pequeña minoría (6%) de trabajadores y trabajadoras que aún teniendo el reparto de la riqueza no solamente mayor, sino absolutamente desproporcionado, las leyes les son aplicadas de manera privilegiada a la hora de su contribución a la “Caja Común”, es decir, a la hora de pagar impuestos, como el directo de la Seguridad Social, pues sus salarios a partir de 52.517€ año no ingresan un euro.
Esta injusticia social (eso sí, legal), les permite dejar de ingresar anualmente a la caja común de la Seguridad Social más de 7.000 millones de euros.
La inmensa mayoría de personas asalariadas, 11.715.192 personas, percibieron en el 2017 unos salarios que iban desde 0 veces el SMI a 2 veces el SMI:
Entre 0 veces el SMI (0€ año) y 0,5 veces el SMI (4.956€ año), lo percibieron 3.739.162 personas.
De 0,5 veces el SMI (4.956€ año) a 1 vez el SMI (9.912€ año), fueron 2.565.591 personas quienes percibieron estas rentas salariales.
Entre 1 vez el SMI (9.912€ año) y 1,5 veces el SMI (14.868€ año), se encontraban 2.701.345 personas. Y por último, entre 1,5 veces el SMI (14.868€ año) y 2 veces el SMI ( 19.824€ año), fueron 2.709.090 personas.
Esta mayoría de asalariadas que representa el 63% de todas las personas asalariadas en el 2017, trabaja en la denominada economía de servicios (hostelería, comercio, turismo, contratas y subcontratas de servicios, etc.), y en los sectores de los “cuidados”, por lo general con contratos precarios, bien temporales, bien a tiempo parcial, etc. y su contribución a la caja común, especialmente la de la Seguridad Social es al 100%.
La inequidad, la desigualdad y la permanente brecha salarial, por cuestión de género, es decir, la atávica discriminación por el hecho de ser mujer, agravada si eres mujer migrante, es la lacra que se repite en todas y cada una de las encuestas que los distintos ministerios “políticos” nos brindan mensual o trimestralmente.
Esta política, además de ser una política de clase, que garantiza la explotación y la tasa de ganancia del capital y del reparto injusto, es también fiscalmente favorable para quienes más perciben. Es, además, una política machista y patriarcal. Desde CGT insistimos y por ello trabajamos: hay que repartir la riqueza y el empleo y todas las personas tenemos derecho a una renta básica suficiente que garantice la dignidad y la Vida.
Secretariado Permanente del Comité Confederal de la CGT
http://rojoynegro.info/articulo/ideas/sobre-los-sueldos-las-personas-asalariadas-desigualdad-e-iniquidad

Ola de calor-golpe de calor

TRABAJOS AL AIRE LIBRE
Las/os trabajadoras/os estos días estarán expuestas/os a temperaturas con una sensación térmica de unos 60ºC, en estas condiciones realizar tareas en exteriores implica que las personas que las llevan a cabo puedan sufrir GOLPE DE CALOR. Las empresas este RIESGO no lo contemplan, y si hubiese alguna que lo tuviera evaluado no lo aplica, ya que la productividad está por encima de todo y les importa un bledo las consecuencias. Por otro lado los diferentes Comités de Salud con sus respectivas/os Delegadas/os de Prevención tampoco hacen sus tareas, un Comité de Salud tiene la potestad de obligar a una empresa a que regule una jornada laboral según el riesgo.
En Murcia, es frecuente que estos episodios ocurran en los meses de junio, julio y agosto, cuando se superan los 40ºC de temperatura. Los golpes de calor son más frecuentes al comienzo de una ola de calor, dándose en las primeras 24 o 48 horas. Esto se debe a que el cuerpo aún no ha puesto en marcha los mecanismos de aclimatación.
Las Consecuencias del GOLPE DE CALOR pueden ser especialmente peligrosos en los trabajos al aire libre como en la construcción, agricultura, limpieza viaria, reparto domiciliario, trabajos de obras públicas, gestión forestal, turismo, bomberos etc., ya que se trata de una situación ALTO RIESGO. A tener muy en cuenta a personas que merecen especial atención, trabajadores/as de edad avanzada, mujeres en estado de gestación, con enfermedades cardiovasculares, personal de complexión obesa, trabajador@s hipotensos, dieta baja en sodio…).
El efecto más grave de una exposición excesiva al calor es el llamado «golpe de calor», que se caracteriza por una elevación incontrolada de la temperatura corporal, pudiendo causar lesiones en los tejidos. La elevación de la temperatura provoca una disfunción del sistema nervioso central y un fallo en el mecanismo normal de regulación térmica, acelerando el aumento de la temperatura corporal. Cuando se produce un golpe de calor, la piel se calienta, se seca y cesa la sudoración, aparecen convulsiones, aumenta el ritmo respiratorio y cardíaco, la temperatura corporal puede llegar a ser superior a los 40,6ºC y aparecen alteraciones de la conciencia
Tanto el Ministerio de Agricultura Alimentación y Medio Ambiente como la Agencia Estatal de Meteorología nos advierte de lo siguiente:
La mayor dificultad se suele dar si la temperatura del aire es superior a la temperatura de la piel (35-36°C). En esa situación el cuerpo está ganando calor y la evaporación del agua en la superficie de la piel es la única vía de pérdida de calor. En estos casos juega un papel crucial la permeabilidad de los tejidos y la capacidad de circulación de aire a través de la ropa.
El exceso de calor corporal puede hacer que:
Aumente la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo,
Se agraven dolencias previas (enfermedades cardiovasculares, respiratorias, renales, cutáneas, diabetes, etc.)
Se produzcan las llamadas “enfermedades relacionadas con el calor”
Golpe de calor: Una enfermedad peligrosa para la vida en la cual la temperatura corporal puede subir por encima de los 41,1ºC en minutos. Los síntomas incluyen piel seca, pulso rápido y fuerte, mareos, nausea y confusión. Si ve alguno de estos signos, busque ayuda médica de inmediato
Agotamiento por calor: Una enfermedad que puede ocurrir después de varios días expuesto a altas temperaturas y sin suficientes líquidos. Los síntomas incluyen sudoración profusa, respiración rápida y pulso rápido y débil. Si no recibe tratamiento, puede preceder al golpe de calor
Calambres por calor: Dolores o espasmos musculares que ocurren durante el ejercicio intenso. En general, puede sufrirlos en el abdomen, los brazos o las piernas
Erupciones cutáneas por calor: Irritación de la piel por exceso de sudoración. Es más común en niños pequeños.
Mención especial a las personas embarazadas el calor influye (y mucho), ya de por sí hace que suba la temperatura corporal (sobre todo por los cambios hormonales y tiene consecuencias físicas en la embarazada. También puede influir en el bebé e incluso hacer que el momento del parto se adelante. Además, la embarazada debe tener especial precaución ante la llegada repentina de olas de calor.
Las altas temperaturas hacen que se contraigan los vasos sanguíneos como método de 'enfriamiento'. Por eso a muchas personas se les hinchan los pies. Algo mucho más visible en las embarazadas, ya que su temperatura interna aumenta durante la gestación. El calor puede desencadenar un tipo de estrés en la embarazada que induce a la aparición de contracciones uterinas y hace que aumente la producción de las hormonas que desencadenan el parto (la oxitocina y la prostaglandina).
AUTODEFENSA
Ante los intereses empresariales y la pasividad de los Comités de Salud tenemos la posibilidad de acogernos al artículo 21.b de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
Artículo 21 Riesgo grave e inminente
b) Adoptar las medidas y dar las instrucciones necesarias para que, en caso de peligro grave, inminente e inevitable, las/os trabajadoras/es puedan interrumpir su actividad y, si fuera necesario, abandonar de inmediato el lugar de trabajo. En este supuesto no podrá exigirse a los trabajadores que reanuden su actividad mientras persista el peligro, salvo excepción debidamente justificada por razones de seguridad y determinada reglamentariamente.
La manera de proceder podría ser la siguiente, comunicar telefónicamente al responsable de turno de la empresa y a la correspondiente delegada/o de Prevención de la interrupción de tú actividad, en el caso de tener dudas, antes de llevarlo a cabo puedes ponerte en contacto con nosotras/os
CGT-IBERIA
 

La invisibilización de los accidentes laborales

Los accidentes de trabajo son los causantes de más de 600 muertes al año en España, un drama que es sistemáticamente silenciado desde el núcleo de poder debido a la amenaza que supondría para los cimientos del modo de producción capitalista la concienciación ciudadana sobre este asunto
CAF Fabrica
Factoría de CAF en el Pais Vasco.
En esta empresa se han registrado ya más 85 trabajadores
muertos  por su exposición a las fibras del amianto
Los accidentes laborales han sido invisibilizados a lo largo de la historia. Se trata de acontecimientos diarios que se acaban normalizando como gajes del oficio. Esto queda plasmado en estudios de finales del siglo XIX, que reflejan cómo las pérdidas humanas en el trabajo eran asumidas por la población como una contribución al progreso en pleno proceso de industrialización. La realidad es que en la actualidad la situación no ha cambiado tanto. Algo tan trágico como es la muerte en el puesto de trabajo, la cual constituye la punta del iceberg de la pirámide de desprotección, abusos, presiones, riesgos, lesiones y enfermedades, no es tratado como la tragedia que realmente supone.
En la actualidad, según estimaciones de la OIT para 2019, cada 15 segundos muere en el mundo un trabajador en un accidente laboral. España en concreto se sitúa un 27% por encima de la media de la Unión Europea en siniestralidad, lo que se traduce en 652 muertes anuales, según cifras oficiales de 2018. Esto significa que en nuestro país cada día muere al menos una persona como consecuencia de una actividad que afecta potencialmente a casi todo el mundo. Para poner en contexto este fenómeno, en 2018 murieron 13 veces más personas en accidentes de trabajo que mujeres víctimas de la violencia machista, ambas sin lugar a dudas una lacra.
Evaristo Páramos en la canción “¿E que pasou?” del álbum Bocas de La Polla Records, lanzado en 2001, ya hacía hincapié en lo que se trata de resaltar en este artículo. Es difícil hablar de un tema con más claridad y contundencia que como lo hace Evaristo en sus canciones, así que lo mejor es pararse a escucharlo. En apenas dos minutos resume a la perfección el drama de la accidentalidad laboral y su cotidianeidad para la clase obrera a través de conceptos como “muertos de segunda división”.
Que vida do carallo ter que traballar / o que ten ten o que non a buscar/ e mira no mundo ainda estan pior/ moitos quixeran vivir como a nos/ a merda e merda e non e nada mais
o de mais e falar por falar / falando estaban cando o andamio caeu
foron a o chan e morreron os dous / algen quitou a sangre e acabou a cancion
dos dous mortos da segunda división / a merda e merda e non e nada mais
o de mais e falar por falar / que pasou? unha desgracia a lamentar
que pasou? un accidente laboral / que pasou? a falta de segurida / que pasou? o terrorismo patronal
Debido a dicha cotidianeidad, es común lamentar la muerte de una víctima de accidente laboral como un hecho aislado del sistema productivo capitalista. Lo primero en comentarse cuando un obrero pierde la vida son las diferentes causas micro que le han causado la muerte. Estas son, entre otras, la rotura de un arnés, un resbalón o un golpe de calor, y suelen tratarse de tal forma que siempre se acaba culpabilizando al propio fallecido. Sin embargo, no se deben pasar por alto las diferentes causas a nivel estructural que se encuentran tras los accidentes de trabajo.
Resultado de imagen de accidentes laboral terrorismo patronalUn estudio en profundidad de las estadísticas proporcionadas por el Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social nos demuestra que el sistema capitalista hace más vulnerables a un determinado grupo poblacional, que es, como era de esperar, la clase obrera. Si elaboráramos el perfil prototípico del trabajador fallecido en un accidente de trabajo en España, este sería el empleado extranjero, de edad avanzada, con contrato temporal, sin estudios y que trabaja como obrero en el sector de la industria o la construcción. Respecto a la edad, aunque son los trabajadores más mayores quienes más riesgo tienen de morir, son los jóvenes los que sufren más accidentes laborales no mortales.
Como vemos, lucha de clases no es algo metafórico. El empresario se sirve de la violencia estructural como herramienta de control de sus empleados, la cual le es otorgada por las desigualdades sociales fruto del sistema capitalista. Además, el poder de la violencia es mantenido por las clases dominantes gracias a los defensores del liberalismo económico: desde la clase política y el fascista que odia al obrero hasta el esquirol alienado que se cree el sueño capitalista, pasando por el tertuliano de La Sexta Noche.
Es en los accidentes laborales cuando la violencia del sistema se manifiesta de una manera más cruel, afectando como siempre a los más débiles. Pero, aún así, suelen perderse de vista las implicaciones de este suceso a nivel estructural. El capitalismo es la causa principal de todas estas muertes, representado por el empleador, quien es el culpable del fallecimiento del obrero. Que la responsabilidad sea del capitalista no es algo que diga yo. Desde 1900, la Ley de Accidentes de Trabajo (LAT) o Ley Dato establece que “el patrono es responsable de los accidentes ocurridos a sus operarios”.
Todo lo aquí expuesto nos hace plantearnos el término “accidente” laboral, pues, como vemos, estos sucesos no tienen nada de arbitrario ni de inevitable. Quizás sería más correcto hablar de terrorismo patronal o, al menos, como propone el British Medical Journal, sustituir el término “accidente” por “lesión”. Por desgracia esto parece inalcanzable en la actualidad debido en gran parte a la desinformación interesada en el tema.
La invisibilización de los accidentes de trabajo es uno de los éxitos del capitalismo. Lo que, a la vez, prueba que, como afirmó el empresario Warren Buffet, “hay una guerra de clases, y la estamos ganando los ricos”. Corren tiempos difíciles para la clase obrera, la cual es sometida a diario a una explotación que conduce a la muerte en el puesto de trabajo, mientras es criminalizada cuando le da por manifestarse, acusada de antidemocrática. Parece que la democracia no es lo que nos vendieron, encontrándonos atrapados en unas reglas del juego injustas, hechas a medida de sus creadores. Ante este panorama, solo queda concienciarse y esto pasa por dar visibilidad a las muertes en los accidentes laborales.
https://www.elsaltodiario.com/peninsula/invisibilizacion-accidentes-laborales

19 jun 2019

22 - Jun.: Gobierne quien gobierne, las Pensiones se defienden

La imagen puede contener: texto

IAG lanza un salvavidas a Boeing: comprará 200 B737 MAX

El grupo aéreo firmó un acuerdo con Boeing para adquirir 200 B737 MAX 8 y 10, operación valorada en más de 21.000 millones de euros
Boeing recibió su primera gran alegría en el salón aeronáutico Paris Air Show, y fue gracias a un acuerdo cerrado con IAG: el grupo aéreo comprará 200 B737 MAX 8 y MAX 10, en un acuerdo que superaría los 21.440 millones de euros –según el precio de catálogo-.
El comunicado de Boeing no especifica qué cantidad de unidades de cada modelo fue elegida por IAG, grupo integrado por British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus.

IAG compra 200 Boeing 737 MAX 8 y MAX 10. Foto: Boeing.Balón de oxígeno

Tras el segundo accidente de un B737 MAX 8 en Etiopía, Boeing se sumergió en la mayor crisis de su historia, en donde este modelo tiene prohibido volar hasta que el fabricante solucione los problemas con un software de navegación.
La parálisis de operaciones se reflejó en una caída en las órdenes de compra y en una ralentización de la producción, situación que no pudo evitar la acumulación de aeronaves por la falta de ventas.
Según precisó IAG en un comunicado dirigido a la CNMV los nuevos aviones serán entregados entre 2023 y 2027 y estarían equipadas con motores CFM Leap.
“El avión sería operado por algunas de las aerolíneas del Grupo incluyendo a Vueling y Level, además de British Airways en el aeropuerto Gatwick de Londres”, precisó.

Confianza en Boeing

El consejero delegado de IAG, Willie Walsh, afirmó que estos aviones "serán una gran adición a la flota de corto radio" del grupo.
"Tenemos plena confianza en Boeing y esperamos que el avión retorne exitosamente a operar sus servicios en los próximos meses tras haber recibido la aprobación por parte de los reguladores", aseguró.

Cambio de rumbo

Esta operación supone también un cambio de rumbo en la configuración de la flota de IAG de pasillo único, integrada en su mayoría por aviones de la familia del A320.
Sin embargo entre los modelos de doble pasillo cuenta con aviones más añejos de Boeing. A principios de este año, IAG finalizó un pedido importante para el modelo de larga distancia más nuevo de Boeing, el B777X, para complementar su flota de B777 de la generación actual y los nuevos B787 Dreamliner.

Compra a Airbus

No fueron las únicas compras realizadas por IAG. Horas antes había cerrado un acuerdo con Airbus para adquirir catorce aviones del nuevo A321XLR, ocho para Iberia y seis para Aer Lingus, que serán utilizados en la expansión de sus rutas de largo radio, con un fortalecimiento de los hubs de Madrid y Dublín.
Esta operación tendría un valor –a precio de catálogo- de 1.778 millones de euros, y el grupo mantiene una opción de compra de otros 14 aparatos.
https://www.cerodosbe.com/es/transportes/aerolineas/iag-boeing-comprara-200-b737-max_632555_102.html

La gran contradicción de la aviación

Hay una contradicción profunda en la situación presente de la aviación mundial: por un lado, la demanda de viajes está creciendo a una velocidad excepcionalmente alta, de forma que los colapsos en las infraestructuras de gestión del espacio y de las terminales aéreas son cada vez más frecuentes.
El propio presidente de Lufthansa anunciaba hace unos días que había que aplicar una moratoria en el crecimiento de la aviación porque la situación es muy preocupante. Por otro lado, el segundo elemento de esta contradicción es que más que nunca los grupos ecologistas –y no tanto– empiezan a pedir medidas para realmente limitar el impacto ambiental que genera la aviación. No, en esto no cuenta lo que digamos en España ni en Argentina sino lo que ocurra en Japón, Estados Unidos y en el norte y centro de nuestro continente.
Europa, por ejemplo, prácticamente está decidida a imponer un impuesto sobre el keroseno de aviación, para limitar los vuelos. Y, por otro, la tercera pata de esta contradicción, se está haciendo cada día más popular el vuelo punto a punto en aviones de capacidad media, en detrimento de los grandes hubs que permiten el uso de aviones de gran volumen. Traducido: el A380 se deja de fabricar porque la demanda ya no existe y, en su lugar, se disparan las ventas del A321, que tiene una capacidad máxima de 220 asientos. 220 contra 550. Los números no salen.
Estos dilemas se respiran en Le Bourget: ¿cómo es posible que por un lado estemos quejándonos del crecimiento, de la saturación, del volumen de viajeros cada día más notable, y por otro estemos evolucionando a aeropuertos más pequeños, con aviones menos grandes, que hacen enlaces punto a punto? ¿Cómo puede ser que la demanda del A380 se haya esfumado cuando no hay slots en incontables aeropuertos de los cinco continentes?
Sin embargo, vean el caso de Japón: JAL y ANA, las dos aerolíneas más importantes de ese país, hace años que utilizan en sus vuelos internos aviones de grandes dimensiones, para reducir la necesidad de slots en su red de aeropuertos, totalmente saturada. JAL, por ejemplo, acaba de comprar por primera vez en su historia aviones Airbus, del modelo 350, para hacer vuelos internos entre Haneda y Fukuoka, en respuesta a una demanda muy fuerte que justifica usar aeronaves grandes. En cambio, en Estados Unidos y sobre todo en Europa, esto no ocurre: preferimos quince vuelos diarios entre dos aeropuertos saturados que no cinco o seis con aviones más voluminosos.
Esta contradicción absolutamente clamorosa exige de una respuesta por parte de la industria aeronáutica, hoy aparentemente incapaz de aclararse; incapaz de tener una voz única ante los desafíos que tiene delante. Esta falta de respuestas, cuando la presión es más grande, tiene que terminar pasando factura, tiene que cambiar, so pena de perder el control de las relaciones públicas. No es normal que el conjunto del sector no sea capaz de actuar coordinadamente y que todos busquen arreglar su pequeña parcela ignorando la situación del conjunto.
https://www.preferente.com/noticias-de-turismo/la-gran-contradiccion-de-la-aviacion-289767.html

14 jun 2019

El mercado laboral español: segmentación y vulnerabilidad

España es la economía avanzada con el mercado más dual. Tras casi tres décadas de reformas en una dirección unívoca, los problemas persisten y, en algunos casos, se han agravado
En una serie de artículos recientes, Paloma Villanueva y Luis Cárdenas describían con cierto detalle la persistencia o incluso el agravamiento de problemas crónicos en el mercado laboral español. Entre ellos, se encuentran las altas tasas de desempleo y subempleo, la elevada incidencia de los contratos temporales y otras formas atípicas de empleo, la inestabilidad generalizada en la contratación o el predominio de empleos con bajo nivel de remuneración. En este artículo, con ánimo de insistir en la gravedad de la situación, me propongo ponerla en perspectiva internacional.
<p>Trabajadores manifestándose en contra de la reforma laboral, en una imagen de archivo.</p>Más concretamente, trataré de comparar el grado de incidencia de los trabajadores vulnerables en España con respecto al resto de economías avanzadas, entendiendo por tales a todos aquellos trabajadores que se encuentran en al menos una de las siguientes situaciones.
La primera es, obviamente, el desempleo. El desempleo merma severamente la capacidad de ingresos, limita el progreso formativo y llega incluso a afectar a la salud mental de quien lo sufre. Sus efectos, además, se amplifican significativamente conforme aumenta el periodo de permanencia en una situación de búsqueda infructuosa de empleo.
En segundo lugar, se encuentran las formas atípicas de empleo. Aunque algunos trabajadores logran acceder a un trabajo remunerado, lo hacen en condiciones poco óptimas para el desarrollo personal y profesional. Los dos principales tipos de empleo atípico son los contratos temporales y la ocupación a tiempo parcial, especialmente si no es deseada. Ambas formas de empleo suponen generalmente menos derechos ligados al puesto de trabajo, menos oportunidades de ascenso laboral y mayor riesgo de despido que los empleos estándar.
Por último, debemos reparar en el nivel de ingresos. Haber accedido a un empleo indefinido y a tiempo completo, con garantía de estabilidad y cierta protección frente al despido, no asegura necesariamente que la remuneración percibida sea suficiente como para permitir una capacidad de ahorro razonable o un nivel de cotización suficiente que garantice una cómoda jubilación.
Los trabajadores vulnerables pueden identificarse con lo que algunos autores en Economía Política denominan outsiders del mercado de trabajo. Esta voz anglosajona, que en castellano podemos importar como un anglicismo o traducir como externos, sirve para oponer las realidades laborales que acabamos de describir más arriba a las de quienes disponen de un contrato estable, indefinido y a tiempo completo, con cierto poder de negociación en la empresa en la que están empleados (insiders o internos). Como resultado de esta oposición, resulta la imagen de un mercado laboral dual o dualizado, que se divide entre quienes forman parte de un núcleo relativamente protegido y los que habitan en los márgenes del mercado, con trayectorias laborales discontinuas, recaídas constantes en el desempleo y escasa proyección profesional.
Existen diversos indicadores que nos permiten medir la incidencia de los outsiders o trabajadores vulnerables y, con ello, el grado de dualización del mercado laboral. Además, la mayoría de ellos están disponibles en series largas y homogeneizadas que ofrecen, en acceso público, instituciones con servicios estadísticos de reconocido prestigio. En este caso, me he servido de seis indicadores que provee la OCDE, dos para cada una de las fuentes de vulnerabilidad en el mercado de trabajo. La tasa de desempleo y la incidencia del desempleo de larga duración (como proporción de desempleados de larga duración con respecto al total) recogen la primera de ellas. Por su parte, la incidencia del empleo temporal y de parcialidad involuntaria permiten captar la segunda fuente de vulnerabilidad a la que hemos aludido. Por último, para tratar de medir la vulnerabilidad de ingresos, utilizo la proporción de trabajadores de baja remuneración (el porcentaje de trabajadores a tiempo completo cuya remuneración equivale a 2/3 o menos de la mediana) y la ratio entre los deciles 5 y 1.
Con ellos, he construido un indicador compuesto para un periodo amplio (1990-2017), que mide el grado de dualización en cada economía teniendo en cuenta no sólo la variabilidad entre economías sino también la de todas ellas a lo largo del tiempo. Este indicador toma valores comprendidos entre 0 y 1. Cuando una economía tiene valores relativamente bajos en cada uno de los indicadores parciales, el valor de su indicador se aproximará a 0, indicando un nivel bajo de dualidad. Por el contrario, si los valores de los indicadores parciales son relativamente altos, el indicador compuesto se acercará a 1 y estaremos ante una economía con un mercado laboral dualizado.
Por desgracia, 2014 es el último año en que disponemos de datos de todos los indicadores para España . En este año, que fue el primero de la recuperación económica, el índice mostraba sus valores más altos en España, Irlanda y Portugal (Grecia no está incluida en el cálculo del indicador), fuertemente golpeados por la crisis económica de 2009. Todos ellos habían acumulado grandes desequilibrios externos durante el periodo expansivo precedente y estuvieron en el epicentro de la crisis de deuda soberana que vivió la zona Euro. La zona intermedia está ocupada por grandes economías anglosajonas y europeas continentales. A la cola, se encuentran pequeñas economías nórdicas y europeas continentales.
Sin embargo, sería erróneo atribuir la posición que ocupa España únicamente a factores coyunturales o pensar que los años de crecimiento económico han corregido sustancialmente la situación.
En primer lugar, si tomamos el promedio del periodo 2000-2014 para aislar factores cíclicos, la economía española sigue ostentando el dudoso honor de ser la economía avanzada con el mercado laboral más dual. Además, incluso en 2006, en la cúspide de largo periodo de crecimiento iniciado en 1994, España exhibe uno de los valores más altos del índice.
Por otra parte, algunas de las series de los indicadores parciales que componen el índice (concretamente, cuatro de ellas) llegan hasta el año 2017, tres años después del inicio de la recuperación. Como muestra el Gráfico 2, la economía española mostraba en ese momento tasas de desempleo (UN), desempleo de larga duración (LTUN), temporalidad (TEMP) y parcialidad involuntaria (INVPT) muy por encima del promedio de economías avanzadas. De hecho, se ha elaborado un indicador de dualidad más restringido, que no toma en cuenta de forma directa la vulnerabilidad de ingresos y que, por tanto, excluye en su cálculo la incidencia de trabajadores de baja remuneración y la ratio entre el quinto y el primer decil. El resultado es que España no sólo sigue siendo en 2017 la economía avanzada más dualizada, sino que ha ampliado su distancia con respecto al resto de economías[1].
En definitiva, apoyándonos en los datos internacionales que hasta la fecha disponemos, podemos afirmar sin ambages que España es la economía avanzada con el mercado laboral más dual. No corresponde a este artículo evaluar la estrategia reformista ensayada hasta el momento, que respondía al propósito declarado de corregir las disfuncionalidades que aquí se han advertido. Sin embargo, sí me permitiré constatar que, tras casi tres décadas de reformas en una dirección unívoca, los problemas persisten y, en algunos casos, se han agravado. Puede que sea el momento de adoptar un rumbo diferente.

Conciliación: La adaptación de tu Jornada de Trabajo la decides tú

El pasado 7 de marzo se publicó en el BOE el Real Decreto-ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación. Uno de los términos incluidos en su artículo 2, Modificación del texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, en concreto el ocho, modifica el apartado 8 del artículo 34, Jornada, del mencionado Estatuto.
 
Se trata de una modificación importante, ya que hasta ahora la adaptación de la Jornada de Trabajo se regulaba por el convenio del sector y nuestro maravilloso
convenio de Consultoría no recoge nada sobre este asunto... y esa ausencia de regulación es la que se corrige con este cambio en el Estatuto.
 
La redacción del apartado 8 del
artículo 34 del Estatuto de los Trabajadores queda de esta manera:
Las personas trabajadoras tienen derecho a solicitar las adaptaciones de la duración y distribución de la jornada de trabajo, en la ordenación del tiempo de trabajo y en la forma de prestación, incluida la prestación de su trabajo a distancia, para hacer efectivo su derecho a la conciliación de la vida familiar y laboral. Dichas adaptaciones deberán ser razonables y proporcionadas en relación con las necesidades de la persona trabajadora y con las necesidades organizativas o productivas de la empresa.
 
En el caso de que tengan hijos o hijas, las personas trabajadoras tienen derecho a efectuar dicha solicitud hasta que los hijos o hijas cumplan doce años.
 
En la negociación colectiva se pactarán los términos de su ejercicio, que se acomodarán a criterios y sistemas que garanticen la ausencia de discriminación, tanto directa como indirecta, entre personas trabajadoras de uno y otro sexo. En su ausencia, la empresa, ante la solicitud de adaptación de jornada, abrirá un proceso de negociación con la persona trabajadora durante un periodo máximo de treinta días. Finalizado el mismo, la empresa, por escrito, comunicará la aceptación de la petición, planteará una propuesta alternativa que posibilite las necesidades de conciliación de la persona trabajadora o bien manifestará la negativa a su ejercicio. En este último caso, se indicarán las razones objetivas en las que se sustenta la decisión.
 
La persona trabajadora tendrá derecho a solicitar el regreso a su jornada o modalidad contractual anterior una vez concluido el periodo acordado o cuando el cambio de las circunstancias así lo justifique, aun cuando no hubiese transcurrido el periodo previsto.
 
Lo dispuesto en los párrafos anteriores se entiende, en todo caso, sin perjuicio de los permisos a los que tenga derecho la persona trabajadora de acuerdo con lo establecido en el artículo 37.
 
Las discrepancias surgidas entre la dirección de la empresa y la persona trabajadora serán resueltas por la jurisdicción social a través del procedimiento establecido en el artículo 139 de la Ley 36/2011, de 10 de octubre, Reguladora de la Jurisdicción Social.
Resumiendo, esta modificación...
No solo afecta a padres y madres, también vale para los casos de cuidado de familiares recogidos en el punto el punto 6 del artículo 37 del Estatuto de los Trabajadores.
 
Es compatible con la reducción de jornada.
 
Se pide por escrito a la empresa, si hay discrepancias se puede denunciar y se tramitará por vía urgente.
Leer el artículo sobre este tema publicado por Laboro.
 https://gatossindicales.blogspot.com/2019/05/conciliacion-la-adaptacion-de-tu.html

Crisis ecológica y crisis social

Cuando hace unos cuantos años denunciábamos que la crisis ecológica que recorría el planeta, en ausencia de una crisis social paralela, sería conjurada con la entronización de un capitalismo “verde”. Olvidamos insistir en el hecho fundamental de que esa “transición” de la economía hacia una ecología de mercado se efectúa gracias a un nuevo salto cualitativo en la tecnificación y artificialización del mundo. El advenimiento de la tecnología digital como principal fuerza productiva tiene consecuencias graves. Los territorios quedan absorbidos en una tecnosfera donde las poblaciones, el campo, las comunicaciones, los espacios naturales y la vida no son más que piezas de engranaje. Ahora, mediante la hiperconectividad, todo el capitalismo, verde o de otro color, deviene totalitario, o como dicen los dirigentes, “inteligente.”
La subida de los precios del petróleo y el “calentamiento global” del planeta provocado por el vertido a la atmósfera de basura gaseosa que acentúa el efecto invernadero, en plena expansión de la demanda energética, son signos reveladores de una crisis ecológica que indudablemente cuestiona la producción, el consumo y el modo de vida capitalistas. La crisis no va a dejar de agudizarse por la proximidad de un “cénit” en la producción petrolera, y porque la sociedad tecnológica es incapaz de corregir sus excesos, ni siquiera contando con la colaboración de ecologistas. La desnaturalización del entorno es tan inherente al capitalismo como su imparable necesidad de crecer, así que la extinción de cualquier forma de vida en el planeta por oleadas de calor es una posibilidad cada vez más real. Urge una reducción drástica de las emisiones de CO2, pero la dependencia de los combustibles fósiles es tan grande y el sistema tan complejo que su estabilidad se vería seriamente afectada con ligeros descensos en el suministro, sin que otras fuentes de energía pudiesen hacer nada ni siquiera a largo plazo. Apenas cubren una pequeña parte de la demanda y además necesitan energía de origen fósil en distintos momentos de su producción. Es innegable que cualquier aporte energético alternativo, o cualquier ahorro, por grande que sea, será absorbido por el desarrollo económico y la subsiguiente demanda, acercando aún más la crisis. La artificialización del medio, el despilfarro de agua, energía y materias primas, la degradación del territorio y de las ciudades, el incremento exponencial de la movilidad, la contaminación galopante, la acumulación de residuos, las guerras por el petróleo, la carrera de armamentos y la concentración de poder, son fenómenos que no dejarán de producirse, porque derivan de la opresión económica de las masas asalariadas y de su colorario, la explotación insensata de la naturaleza, base del sistema capitalista. La crisis ecológica no es ninguna novedad, pues hace tiempo que el sistema avanza a través de catástrofes hasta cierto punto controladas en una especie de proceso de destrucción-reconstrucción; el problema puede plantearse por el lado objetivo cuando la crisis quede fuera de control, y por el subjetivo, cuando el malestar de la población induzca al cuestionamiento del capitalismo, es decir, cuando la crisis ecológica se transforme en crisis social. La solución de los dirigentes que administran la catástrofe consiste en habituar la población a ella, de tal forma que esta la considere natural y pase desapercibida. A través de la gestión del desastre, el poder se vuelve ecologista y los ecologistas se integran en el poder. Sobre la escena, un espectáculo de acuerdos internacionales y disposiciones locales favorables al desarrollismo; sobre el mercado, una nueva generación de mercancías “verdes.” En efecto, las cumbres de Río de Janeiro y Kyoto han anunciado el advenimiento del ecocapitalismo. Se han encargado de corroborarlo el mercado mundial de la contaminación, los biocarburantes y los automóviles con filtro de partículas y bajo nivel de emisiones, los planes de gestión ambiental de las grandes empresas y el furor bursátil por las compañías relacionadas con las energías renovables. El capitalismo “verde” es una cuestión de márketing y pronto los campos de golf, las nuevas urbanizaciones residenciales o el Tren de Alta Velocidad serán presentados como paradigmas de la ecología, tal como ahora pasa con los coches de última generación y con las centrales nucleares. Pero además, las empresas han olido dinero a cuenta del cambio climático. Como dice Eduardo Montes, vicepresidente de Siemens y jefe del Club de Excelencia en Sostenibilidad: “el medioambiente va a ser un negocio de futuro”.
El nuevo capitalismo no aporta más novedad que la asesoría ecologista, encargada de fijar el máximo de degradación aceptable en la población más afectada y el precio que la degradación cotiza en el mercado, traducible en medidas ambientalistas y ecotasas. La colusión entre el poder y los “verdes” queda plasmada en el concepto absurdo de “desarrollo sostenible”, puesto que desarrollo y sostenibilidad son antitéticos. Los ecologistas no se proponen substituir las técnicas burocráticas dominantes de gestión social y económica por formas descentralizadas y creativas de autogobierno. Lo que proponen los ecologistas –y, en general, lo que proponen las plataformas cívicas y los políticos de la “izquierda”— es que dicha gestión sea predominantemente “pública”, o sea, que permanezca en manos de los partidos. No quieren el fin del desarrollismo, sino la regulación institucional del desarrollismo. Inclinar un poco más la balanza hacia la estatización y un poco menos hacia la privatización. Conviene tenerlo presente cuando nos preguntemos si la crisis debilitará los mecanismos de la dominación, alterando las pautas laborales, consumistas y políticas que favorecen la desigualdad, la represión del deseo o el secuestro de la libertad, o si se abrirá una brecha por donde se cuelen experiencias autónomas basadas en la cooperación y el intercambio equilibrado con la naturaleza. Una economía “verde”, es decir, una economía sin petróleo tutelada por las instituciones y apoyada en un gran pacto entre los “agentes sociales”, no hará más que introducir nuevos hábitos consumistas para nuevas mercancías, manteniendo la estandarización y la masificación. Como quien determina la política institucional y el comportamiento de dichos agentes es el mercado mundial, el cambio será sólo cuestión de detalles: la recogida selectiva de basuras, el uso de bombillas halógenas o de leds, las placas solares, los carriles bici, los coches eléctricos, las calles arboladas o la promoción de la arquitectura “climática”. No hay posibilidad de que la crisis obligue a los dirigentes a modificar en lo esencial el modelo económico-social sobre el que reposa su poder y las formas artificiales de vida que le son propias. Si se recurre a fuentes de energía renovable como la solar, la eólica o la biomasa, y a otras no renovables como el gas natural o la energía nuclear, es para que la globalización, la jerarquía y la dictadura interesada de la ciencia y de la técnica, no resulten afectadas. Las energías renovables siguen la lógica de las otras -gigantismo, monopolios, patentes, fusiones, absorciones.— puesto que obedecen a poderosos intereses privados, dominantes incluso en la empresa pública. Las centrales eólicas no están para descentralizar la producción energética y de paso suprimir las MAT, sino para salvar la industria turística, la climatización eléctrica y el tren de alta velocidad; igual que el biodiesel o las pilas de hidrógeno están para mantener el actual modelo de movilidad basado en las autopistas y el coche privado; lo mismo que las plantas de reciclaje o las desaladoras hacen con los campos de golf, las segundas residencias y la agricultura intensiva. La lógica del mercado sale tan reforzada que, por ejemplo, la aparición de los agrocombustibles no sólo contribuye al aumento de precio de los cereales –y por consiguiente, del pan, de la carne industrial, de la leche…—sino que tiene un efecto en las sociedades empobrecidas semejante al que tuvieron otros cultivos industriales como el algodón, la caña de azúcar o el café. La expansión de los cultivos “energéticos” –palma aceitera, maíz, colza, soja— a la vez que es responsable de la destrucción de miles de hectáreas de selva tropical, lo es también del regreso del trabajo esclavo como forma habitual de explotación. Así, las exorbitantes necesidades energéticas de las metrópolis capitalistas, y por ende, su “sostenibilidad”, quedan cubiertas con la deforestación de los países de capitalismo insuficiente y la esclavitud de sus poblaciones. Igualmente, la creación de “reservas de la biosfera” en países de capitalismo atrasado trae como consecuencia la deportación violenta de sus habitantes, indeseables para el turismo ecológico.
Merced a la destrucción de las estructuras de clase del proletariado, al deterioro de sus vínculos colectivos, la crisis ecológica transcurre sin crisis social. El miedo ha sustituido a la sociabilidad, el consumo privado a la solidaridad común y las masas a las clases; hete aquí “el enigma de la docilidad” revelado. La diversificación de las fuentes energéticas sucede no por casualidad en un contexto de concentración del poder, aumento de las fuerzas productivas, mundialización mercantil y atomización social, por lo que su contribución a la autonomía local, al cultivo biológico y a la vida en comunidad, es completamente nula. La producción “biológica” y las políticas ambientalistas practicadas por los mismos causantes de la crisis legitiman y refuerzan su poder, no descentralizan los mecanismos de decisión. En el mejor de los casos son actuaciones limitadas y marginales, de corto alcance, pero políticamente correctas y, por tanto, útiles como propaganda. Las nuevas normativas y ordenanzas son la coartada del actual desarrollismo. El ruido montado alrededor del comercio justo, los microcréditos, los presupuestos participativos, los equipos de generación distribuida, el código técnico de edificación o la ecoeficiencia, no sirve más que para disimular el escándalo de las condiciones inhumanas de existencia, abrumadoramente generalizadas, y el peligro que corre la vida en la Tierra en manos del capitalismo. Ni las nuevas tecnologías, ni las medidas “alternativas” antes citadas, ni mucho menos las energías renovables, van a emplearse en contra del autoritarismo, la corrupción, la hipermovilidad, la urbanización ilimitada, el desarraigo, el éxodo rural o el despilfarro, sino para preparar un porvenir con petróleo caro y escaso, manteniendo las expectativas de crecimiento y las estructuras de poder intactas.
Solamente en los lugares donde la economía del beneficio no penetra, o ha desertado, subsiste una sociedad informal ajena al mercado, una sociedad del bricolaje y del trueque, de la solidaridad y del reparto equitativo, donde prima lo comunitario sobre lo mercantil. Tal fenómeno es raro en las sociedades turbocapitalistas, porque la política profesional, el sindicalismo “de concertación”, la asistencia social, la escolarización obligatoria o la cárcel, o sea, las herramientas del control social, impiden su aparición. Algún mercadillo neorrural, alguna cooperativa, algún huerto urbano, algún comedor vegano y poco más. Sin embargo las inmensas barriadas de chabolas de las grandes ciudades de América Latina, Asia y por encima de todo, África, funcionan según reglas precapitalistas que tienen su origen en la nostalgia de la tradición perdida y la moderna exclusión del mercado. La sociedad informal es producto de la necesidad de subsistencia y no se opone por definición a la economía capitalista; conecta con ella de diferentes maneras –siendo la inmigración la más vistosa- dando lugar a episodios de una lucha de clases ya olvidada en las sociedades plenamente sometidas a los imperativos tecnoeconómicos. En cierta forma se mantiene, con la inapreciable ayuda de las ONG’s y de los expertos tercermundistas, como reserva permanente de fuerza de trabajo y mercado potencial que espera el momento propicio de su incorporación al mercado. No es de desdeñar su ejemplo, pero el espacio informal al margen de la economía solamente tendrá un valor positivo en tanto que espacio arrebatado al mercado, es decir, en tanto que espacio liberado por un movimiento que disuelva las relaciones mercantiles. Si tal movimiento no existe, las experiencias aisladas de autoorganización y ecosuficiencia tienen solo un valor demostrativo y crítico. La ausencia o debilidad de las luchas antidesarrollistas y en defensa del territorio sitúa las perspectivas de liberación social en el terreno de la utopía, por lo que dichas experiencias desempeñan un trabajo pedagógico, contribuyendo a la necesaria preparación intelectual y moral –lo que los dirigentes llaman “cultura del no”- que ha de acompañar a la disolución revolucionaria del poder y a su reaparición horizontal en los barrios y los pueblos en forma de asociaciones, colectividades y asambleas comunitarias. Pero no olvidemos de que se trata sólo de formas de supervivencia dentro del capitalismo, y por lo tanto condicionadas por él, por lo que su papel es necesariamente limitado. No son focos de ninguna sociedad liberada futura; estos han de ser la obra de un movimiento social histórico que derribe por la fuerza las columnas que sostienen el reino de la mercancía y ese movimiento está por nacer.
La sociedad actual se sobrepondrá a la destrucción presente de las condiciones materiales de vida, o lo que es lo mismo, la sociedad actual entrará en una relación equilibrada con la naturaleza y sus miembros estableceran relaciones libres y comunitarias entre sí, sólo si se detiene la marcha de la economía y la tecnología separadas, si se produce un punto de inflexión en la tendencia dominante, si se invierte el proceso y los destinos dejan de depender de expertos, ejecutivos y dirigentes políticos. Para eso hace falta un movimiento social real –una verdadera generalización de la conciencia ecológica— capaz de crear contrainstituciones que se opongan a la economía capitalista y a las formas políticas y tecnológicas que le corresponden, especialmente al Estado. Un movimiento que aplique el principio de precaución al capitalismo en su conjunto, es decir, que lo identifique y caracterice como el problema mundial absoluto, de consecuencias catastróficas irreparables en un lapso de tiempo de inmediato a corto, y que lo ponga fuera de la ley. Salir de la crisis significa salir del capitalismo, incluso del capitalismo “verde”. Pero nadie escapa al capitalismo por las buenas. La transformación de las conurbaciones en comunidades territoriales, es decir, la relocalización productiva, el retorno a la agricultura tradicional, los talleres autogestionados, la desurbanización y la democracia directa, no será el producto de ninguna placa fotovoltaica ni de ningún diseño verde, ni llegará de la mano de las viejas instituciones, de iniciativas ciudadanistas o mediante fórmulas financieras y empresariales, sino la obra de una revolución social que subvierta las relaciones sociales existentes y descolonice la vida cotidiana. Paradójicamente, dicha revolución ha de preocuparse en preservar todo lo que el capitalismo no pudo destruir –solidaridad, experiencia de lucha, cultura popular, viejos saberes…, pero también la flora y la fauna, el aire puro y el agua limpia-, por lo que habrá de tener por vez primera un carácter eminentemente conservador y constructivo. Pero en ningún caso eso ha de significar mezclarse con la gestión del mundo existente. No se trata de autogestionar el desastre sino de acabar con él. Ni técnica, ni económica, ni políticamente es posible evitar la alternativa entre la extinción biológica o la revolución tal como apuntamos. No hay solución desde dentro, a la izquierda o a la derecha; sólo desde abajo y desde fuera.
Miquel Amorós