Más de dos millones de residentes en España nacieron fuera de la UE. Su papel fue clave para la expansión económica que terminó en 2007. Hoy, las políticas públicas les impiden el ejercicio de sus derechos
Por casualidad, apenas tres días después del levantamiento de 39 internos del Centro de Internamiento de Extranjeros de Aluche, un periódico de tirada nacional sacaba una nueva entrevista con la líder del colectivo ultra Hogar Social Madrid. La representante de este movimiento, inspirado en la casa fascista romana Pound, vertía en odres nuevos un discurso viejo. Pese al interés que han despertado en medios con elevada audiencia, los grupos de ideología xenófoba tienen un alcance limitado entre la sociedad.
Lo dice el Centro de Investigaciones Sociológicas en su último informe de Actitudes hacia la inmigración, publicado en 2014. El porcentaje de personas que se consideran a sí mismas racistas en algún grado apenas supera el 10% y dos tercios de la población cree que hoy un partido de corte xenófobo no tiene aceptación en España.
Desde el comienzo de la crisis, la evolución de las actitudes respecto a la migración no ha sido tan mala como indicaban las primeras tendencias. El investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas Javier Moreno Fuentes afirma que se está produciendo una “sorpresa positiva” en cuanto a una vuelta a actitudes más tolerantes tras un inicio de deterioro.
Para Moreno Fuentes, una posible explicación a la divergencia respecto a países como la propia Francia, los Países Bajos, Suecia, Reino Unido, Austria, Hungría o Bulgaria, es el hecho de que no haya surgido “un empresario político de la xenofobia”. Así, explica, “no hay un partido político que venda el rechazo al otro como su producto político”. Moreno, coautor, junto a María Bruquetas, del informe Inmigración y Estado de bienestar en España, explica que, “cuando surge uno de estos partidos, redefine el espectro político”.
Independientemente del debate abierto sobre las razones de la inexistencia de movimientos xenófobos fuertes en España, el día a día muestra una realidad mucho más acuciante, como es la dificultad para resistir en unas condiciones de precariedad que afectan especialmente a sectores ocupados por trabajadores extranjeros.
El abogado especialista en temas de extranjería Lluc Sánchez introduce otro factor de discriminación: “Como los salarios en el ámbito doméstico son bajos, la jubilación de las trabajadoras suele ser de muy baja cuantía, pero incluso aunque haya una minoría de trabajadoras que tengan salarios más altos, cotizan prácticamente por el salario mínimo, porque la base de cotización tiene un tope”. En concreto, de 760 euros, lo que marca las pensiones que podrán llegar a cobrar estas trabajadoras, que, hay que recordar, pueden ser despedidas de la noche a la mañana –por el llamado desistimiento– y no tienen derecho a paro.
Arraigo
Hace dos años fallecía Jeaneth Beltrán, trabajadora doméstica de 30 años de origen nicaragüense y sin papeles. Tenía miedo de perder el trabajo, de ser parada por la policía, y la ley sanitaria 16/2012 hizo el resto. Ningún periódico había entrevistado a Beltrán, como tampoco se reparó en Alpha Pam, el primer muerto achacable a esa ley, matizada posteriormente por algunas comunidades autónomas.
Pam llevaba nueve años en España y no tenía papeles. Con la legislación actual y, si hubiera logrado demostrar su arraigo tras sus primeros tres años en el país, le hubiera faltado un año para obtener la residencia de larga duración.
Pam había trabajado en la venta ambulante y en la agricultura, otro sector en el que la presencia de población extranjera ha sido necesaria para el aumento de los trabajos cualificados ocupados por autóctonos. Moreno explica que el trabajo desempeñado por migrantes en la recogida de frutas y verduras fue fundamental para revalorizar un sector mediante otros empleos cualificados, “que dependen de que el sector sobreviva”. Desde los distribuidores a los fabricantes de invernaderos o empresarios del sector logístico.
En 2005, en la época de bonanza de un Estado de bienestar asimétrico e incompleto, José Luis Rodríguez Zapatero llevó a cabo el último proceso de regularización abierto en España. Desde 2007, las circunstancias son distintas. Sigue habiendo arraigo para regularizar, “pero nada comparado al ciclo 2003-2007”, indican fuentes de Empleo. Las entradas que se producen son principalmente de familiares de personas con nacionalidad española.
El hundimiento del sector de la construcción a partir de 2007 expulsó del mercado laboral a cientos de miles de migrantes que, en buena medida, fabricaban las residencias de otra población extranjera, la de la jubilación dorada en la Costa del Sol y en la orilla del Mediterráneo. Desde entonces, mucha gente se ha marchado.
Permisos con cuentagotas
Con la crisis, señala Rafaela Pimentel, comenzaron los discursos sutiles acerca de la sanidad colapsada y las ayudas a la población migrante. Y, aunque estudios como el de Moreno y Bruquetas dejan claro que los no autóctonos aportan más de lo que reciben –por un factor demográfico perciben pocos subsidios o ayudas no contributivas–, y que está demostrado que las ayudas no son un motivo de migración, la percepción de más de la mitad de la población en la encuesta del CIS de 2014 es que las inmigrantes reciben más del Estado de lo que aportan.
Quienes promueven ese mensaje “saben que no es verdad”, apunta Pimentel, pero “todos los días están diciendo sutilmente que cada día somos más. Cuando estaban haciendo la M-30 y cuando estábamos en los hogares para que salieran otras personas a trabajar, eso no se veía”, denuncia.
Andrés García Berrio, de la Plataforma Iridia, denuncia que la combinación entre las políticas de empleo y las circunstancias de precariedad del mercado impone condiciones para el arraigo que muchos autóctonos no podrían cumplir. La gran criba se produce en la consecución del arraigo, para el que se piden tres años y un contrato de 40 horas de un año de duración. “La ley de extranjería está preparada para generar situaciones de irregularidad y de explotación laboral de estas personas, que saben que tienen que estar tres años subsistiendo aquí para poder optar al permiso de trabajo”.
En una coyuntura en la que la población de otros orígenes se ha marchado y mucha otra ha obtenido la nacionalidad tras años cotizados y millones de euros aportados en impuestos directos o indirectos al país, la Plataforma Iridia cree que se debe avanzar en la desvinculación de los permisos de residencia de los de trabajo para la regularización de personas mucho antes de los 36 meses. “No tiene sentido que se genere una capa de la población que viva al margen de los derechos de manera sistemática”, dicen.
Lluc Sánchez indica que por la política “restrictiva” en materia de extranjería y por la dificultad a la hora de conseguir y renovar tanto los visados como los permisos de residencia y trabajo, se producen situaciones que suponen un doble castigo laboral y policial: “El ejemplo más claro es el de los manteros que, obligados a vender en la manta como consecuencia de la dificultad para conseguir un permiso de trabajo, son procesados por delitos contra la propiedad intelectual. Al generar antecedentes policiales o penales se les hace todavía más difícil conseguir ese permiso”.
Cuando terminan los contratos y se agotan los resquicios administrativos y legales, salta la alarma de la Dirección General de Policía, dueña y señora del Registro Central de Extranjeros, donde consta la identidad, el domicilio y la situación de cada extranjero. Desde allí comienzan los procedimientos de expulsión, que pueden terminar con la persona extranjera en un centro de internamiento, en un vuelo de deportación o en cualquier otra forma de choque con los muros interiores y exteriores de Europa.
El milagro eran ellas
Rafaela Pimentel lleva desde los noventa en España. Pese a tener otro oficio en República Dominicana, Pimentel encontró en el trabajo del hogar una salida laboral. Entre 1995 y 2005, la mitad de los empleos creados fueron ocupados por extranjeros. Desde ensamblar vías a servir cervezas, recoger fresas o limpiar cristales. La sociedad española necesitaba trabajadores extranjeros para todo.
Al comienzo de la crisis se dio una paradoja. El paro se cebaba con la población migrante masculina, con los autóctonos y, en menor medida, con la población autóctona femenina, pero la actividad no disminuía entre las mujeres migrantes. La demanda de trabajadoras del servicio doméstico resistió a la crisis, y hoy las autorizaciones de este sector son las más numerosas, cuatro veces más que en el de servicios. Han seguido siendo imprescindibles, como demuestran las estadísticas del Ministerio de Empleo, pero la crisis ha sido la coartada para la rebaja de sueldos, y el paso positivo hacia un apartado dentro del Régimen General no ha terminado con la situación de desprotección laboral.
A lo largo de estos años, Pimentel se ha organizado con algunas de sus compañeras y ha formado Territorio Doméstico, un espacio “transfronterizo” que lucha por el reconocimiento de sus derechos como trabajadoras del hogar. Pimentel explica que la llegada de cuidadoras y trabajadoras del hogar extranjeras ha sido un chollo para el Estado, que ha cubierto con trabajadoras con bajos sueldos y pocos derechos el salto hacia trabajos cualificados por parte de la población autóctona.
También lo ve así Javier Moreno, quien cree que la paradoja de que las trabajadoras migrantes hayan sufrido menos el desempleo masivo se debe a las “necesidades y debilidades” de nuestra sociedad. “Se han resuelto problemas de conciliación mediante contratos muy precarios y muy bajos”. No obstante, señala Moreno, “no podemos contar con que resuelvan nuestros problemas de dependencia y conciliación; también envejecen y también necesitarán prestaciones y cuidado”.
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