Las dos aerolíneas libran desde hace ocho meses una pugna legal por el contrato de los llamados “vuelos de la vergüenza” que licita el Gobierno por 11,8 millones para ejecutar expulsiones
El último contrato del Ministerio del Interior para las deportaciones en avión de los inmigrantes con orden de expulsión a sus países de origen acumula casi ocho meses de suspensión como consecuencia de la pugna legal que mantienen los dos consorcios aspirantes a hacerse con el concurso. La Secretaría de Estado de Seguridad licitó en diciembre del año pasado el expediente de contratación por procedimiento abierto, un importe económico de 11,8 millones de euros (IVA incluido) y un plazo de ejecución de 18 meses. Se trata del servicio prestado al Gobierno para la repatriación de personas en situación irregular que normalmente han pasado antes por los centros de internamiento de extranjeros, los polémicos CIEs.
Hasta ese nuevo concurso, las compañías Air Europa y Swiftair aparecían como las únicas aerolíneas especializadas en prestar este servicio, razón por la que presentaron una oferta conjunta. Sin embargo, se encontraron enfrente con una plica alternativa elaborada por un consorcio compuesto por Air Nostrum y las firmas Evelop y Orbest, del Grupo Barceló. Esta última oferta resultó la más ventajosa en cuanto al coste de los pasajes. De hecho, en una primera reunión del 25 de febrero, la Mesa de Contratación propuso a la segunda UTE para la adjudicación, al otorgarle 96 puntos sobre 70 de la alianza liderada por la aerolínea de Juan José Hidalgo.
Pese a este primer informe, la decisión de los responsables de contratación fue decantarse el 26 de abril por la propuesta de Air Europa. La Mesa de Contratación decidió el 26 de abril adjudicar el contrato a la UTE liderada por la empresa de Globalia por considerar que ni Evelop ni Orbest disponían del denominado certificado ATO sobre instrucción interna de tripulaciones, como exigía el pliego de condiciones, por lo que fueron excluidas del procedimiento. Las compañías del Grupo Barceló y Air Nostrum, que sí dispone de ese certificado, no tardaron en recurrir la decisión ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC), lo que derivó en la suspensión automática del contrato
En el recurso, Evelop y Orbest alegaron que la función de instrucción interna de tripulaciones estaba externalizada con CAE, una de las compañías líderes en formaciones de tripulaciones, y que, por tanto, sus pilotos presentaban una enseñanza válida y compatible con la normativa nacional (ESA), europea (EASA) e internacional.
El Tribunal decidió el pasado 24 de junio estimar el recurso y los argumentos del Grupo Barceló y Air Nostrum. Falló que la exigencia de certificado ATO no podía figurar en los pliegos como requisito de solvencia y levantó la suspensión del procedimiento. El 12 de julio, el Ministerio del Interior resolvía admitir la oferta excluida y adjudicarle el contrato, modificando así su primera decisión.
Pero la adjudicación ha vuelto a ser recurrida por Air Europa y las dos UTEs ofertantes están ahora pendientes de la resolución definitiva del Tribunal Administrativo. La batalla legal podría no cesar ahí, ya que aún es posible elevar las discrepancias a la justicia ordinaria, vía contencioso administrativo, si bien ya no se paraliza la ejecución del contrato.
El afan de todos los aspirantes por no perder el concurso estriba en sus propias estrategias de diversificación. Este tipo de vuelos permite a las compañías optimizar sus aparatos y generar una vía alternativa de ingresos
Las deportaciones suelen incluir a personas recluidas en los polémicos centros de internamiento de extranjeros (CIE). Tal como establece el propio contrato de Interior, los fondos para financiar los conocidos como “vuelos de la vergüenza” proceden tanto del Estado español como de la Agencia Europea de Control de Fronteras (Frontex).
Según ha publicado en la última semana El Confidencial, la Unión Europea ha gastado entre 2009 y 2015 más de 58 millones de euros en repatriar inmigrantes con orden de expulsión. Se han producido más de 18.000 deportaciones en ese período. España es, junto a Alemania, uno de los países con más operaciones en el último lustro. Además de las coordinadas con Frontex, el Gobierno español también ejecuta sus propias deportaciones. De hecho, según los datos completos más recientes facilitados por el Ejecutivo de Mariano Rajoy al Congreso de los Diputados, las expulsiones por vía aérea entre 2010 y 2014 se acercaron a las 10.000 personas.
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