La Policía busca dinero de Vaersa en una cuenta corriente en China
La investigación del caso Vaersa, que dirige el juzgado que ya investigó el saqueo de la depuradora de Valencia, está tomando una dimensión que pocos podían imaginar cuando un sindicato muy minoritario dentro de la Administración y sin recursos, la Confederación General del Trabajo (CGT), puso a disposición de la Fiscalía abundante documentación que acreditaría el reparto ilegal de dos millones en sobresueldos desde mediados de 2006 hasta finales de 2011.
No sólo se investiga si se hincharon las nóminas de un puñado de directivos de Vaersa, empresa pública vinculada a la Conselleria de Medio Ambiente, pese a que el consejo de administración no contaba con el visto bueno del Consell para el reparto y, al parecer, conocía las advertencias de la Intervención. Los investigadores también rastrean una cuenta corriente domiciliada en China por si los ex responsables distrajeron dinero público de Vaersa a Asia.
Según confirmaron fuentes próximas de la investigación a EL MUNDO, el juzgado autorizó la prueba tras los registros policiales y las detenciones de los últimos ex directores generales, Felipe Espinosa y Enrique Simó, y ya ha solicitado a la Hacienda Pública cuanta información disponga en relación con los dos querellados, tanto en relación con la titularidad de cuentas corrientes y libretas de ahorro y de valores mobiliarios, como de otros bienes. También se investigan vehículos o inmuebles propiedad de los últimos ex directores generales.
El juzgado dio su visto bueno a las diligencias después de que la Policía Judicial detectara una cuenta en China con varias decenas de miles de euros que podría estar vinculada con alguno de los querellados. Según estas fuentes, los investigadores sospechan que pudo desviarse dinero público hasta Asia, sobre todo, después de encontrar durante los registros abundante dinero en metálico.
En su querella, la Fiscalía considera que en Vaersa operó una trama, orquestada presuntamente por los querellados, que no sólo consintieron los sobresueldos ilegales, sino que detrajeron en su propio beneficio fondos públicos omitiendo y obviando de forma "grosera" los requisitos legales para proceder a los pagos en concepto de productividad.
El juzgado también ha ordenado el volcado del material requisado en busca de más implicados, es decir, los agentes buscarán en teléfonos y correos electrónicos pruebas que demuestren -o no- la implicación de cargos públicos, incluidos consellers del Gobierno autonómico.
Ninguno de los consellers de Medio Ambiente que ocupó la presidencia del consejo de administración en ese periodo -Esteban González Pons, José Ramón García Antón (fallecido), Juan Cotino e Isabel Bonig- paró estos pagos ilegales para la Fiscalía, pese a que conocían que Hacienda no daba su autorización. La Intervención ha trasladado al juzgado que los pagos, sin dos acuerdos del Consell, son totalmente ilegales.
El caso Vaersa podría acabar salpicando a todos ellos, los investigadores apuntan al más alto nivel de responsabilidad, dado que se ha remitido un oficio al Registro Mercantil para que remita copia certificada de la inscripción efectuada de Vaersa SA y todos los datos que obren se encuentren inscritos, según consta en la querella. Además, el juzgado ha reclamado a Vaersa certificación de nombres de los consejeros y presidente del consejo de administración desde 2006 hasta 2011.
Según la querella, en los hechos que se investigan "se constata el absoluto desprecio hacía el ordenamiento jurídico y la arbitrariedad y capricho de las decisiones tomadas al margen del procedimiento legalmente establecido".
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