Saqueo en la ópera de Valencia: la gerente cobró 508.000 € en comisiones
Una investigación interna de la Intervención General de la Generalitat Valenciana, órgano que depende de la Conselleria de Hacienda, ha detectado la existencia de una presunta trama para distraer parte de los fondos públicos que el Consell inyecta anualmente a la Fundación Palau de Les Arts Reina Sofía. La investigación, idéntica a la que destapó los sobrecostes en Feria Valencia, ha sido reflejada en un informe que apunta al presunto saqueo de la ópera de Valencia, que durante los años investigados acumuló un déficit de 27 millones de euros. Además, la Intervención confirma las irregularidades publicadas por esta redacción desde 2012 sobre el Festival Viva Europa y la captación de patrocinios a través de sociedades interpuestas.
El expediente, que ha sido entregado a la Fiscalía Anticorrupción por si las infracciones implican reproche penal, revela cómo la intendente, la diva austriaca Helga Schmidt, creó una empresa privada junto a un grupo de empresarios valencianos tras dejar sin contenido el departamento de Patrocinio con el fin de privatizar la gestión de las aportaciones de empresarios a la Fundación. Según esta documentación, a la que ha accedido EL MUNDO, la empresa de la intendente ha cobrado desde 2008 comisiones de entre un 10% y un 30% por buscar patrocinios tras despedir a la responsable de este departamento de la Fundación pública. Más de 500.000 euros por un servicio que hasta 2008 lo realizaron los propios trabajadores.
En 2013, la Conselleria de Educación y Cultura, a través de la Intervención General, solicitó que se verificasen determinadas actuaciones económicas-financieras llevadas a cabo por el teatro. Esta solicitud tiene su origen en el 'Informe Diógenes', remitido por un antiguo empleado -director de departamento-, en el que se detallaban una serie de irregularidades en la gestión de la Fundación. Hacienda, pues, abrió una investigación interna para verificar si el funcionamiento de determinados expedientes de contratación y patrocinio de Les Arts eran eficientes, y confirmar que las transacciones conexas realizadas entre 2008 y 2013 se ajustaban a la ley.
El 'Informe Diógenes' alertaba de supuestos contratos de Les Arts a favor del hijo de la intendente o el gasto desbocado de Schmidt en viajes y alojamiento. Pero los interventores centraron el análisis en las actividades de captación de patrocinadores y realización de los eventos Viva Europa a través de dos empresas privadas, además de la contratación de determinados servicios de comunicación, publicidad y promoción.
Por partes. Según el informe, el 14 de marzo de 2008 se constituye Patrocini de les Arts SA, cuyo nombre se asemeja a la Fundación pública pero que no tiene nada que ver con la administración del teatro. Se constituyó con un capital social de 150.000 euros -que un mes después se amplió en 30.000 euros más- y la sociedad tiene por objeto la captación y gestión de ayudas económicas para la promoción y patrocinio de actividades artísticas. La Intervención ha acreditado que Helga Pittioni -es el apellido que figura en su pasaporte de nacionalidad austriaca- estuvo en el consejo de administración de Patrocini de les Arts SA desde su creación hasta el 30 de octubre de 2009, al igual que Vicente Garrido Mayol, presidente del Consell Jurídic (CJC), un órgano estatutario, de carácter consultivo, que en asuntos polémicos como Feria Valencia defiende que gaste como una empresa privada pese a que se nutre de fondos públicos.
Como presidente de la empresa figura, según la Intervención, José Antonio Noguera Pujol, abogado personal de la intendente según diversas fuentes, y los empresarios Sebastián Carpi, Alfredo de Quesada, Javier Serratosa, Joaquín Maldonado y 4 GATS SLU, representada por Agnes Noguera. De secretario ejerció Bernardo Claramunt. Patrocini de les Arts SA también administró Viva Europa Junet 24th SLU, cuya actividad se limitó a la organización de actos relacionados con el 'Año Europeo de la Creatividad e Innovación', en especial el denominado 'Viva Europa'.
Pues bien, según este informe, un mes después de constituirse Patrocini de les Arts SA, con la intendente y el presidente del CJC como consejeros, la sociedad firmó un contrato inicial con el teatro para la «externalización de las actividades de patrocinio». A partir de esa fecha se elimina el departamento de Les Arts que asumía estas funciones y la sociedad de la intendente se queda en «exclusiva» con el servicio. «De la aportación de cada patrocinador que consiga -Patrocini de les Arts SA- cobrará una comisión del 10%. Los patrocinadores ya existentes que hubiera conseguido el departamento de Patrocinio se entienden computables en la cuenta sobre la que calcular el 10% a percibir por Patrocini», destaca la Intervención. Sin que mediara expediente de contratación, únicamente con el contrato firmado, Schmidt se convirtió en proveedor de la institución pública que dirige.
Un año más tarde, el 1 de abril 2009, Les Arts firma otro contrato con Viva Europa SLU y Patrocini de Les Arts SA para la celebración del evento 'Viva Europa', que consistió en la retransmisión de óperas producidas en el coliseo por distintas ciudades europeas. Después del evento, el 1 de septiembre de 2009, Les Arts firma otro contrato con la empresa de la intendente y el presidente del CJC por el que «se aumenta el mecenazgo a un 30% respecto a los primeros contratos de patrocinio» mientras que para los firmados antes de esa fecha se mantiene la comisión del 10%. Viva Europa se siguió celebrando los años posteriores y las sociedad vinculadas a la intendente siguieron cobrando comisiones por patrocinios, además de las aportaciones que realizaba cada ciudad que se sumaba al proyecto. Todo un chollo.
En total «Patrocini de les Arts SA, directamente o a través de Viva Europa June 24th SLU, cobró de la Fundación 508.040 euros» hasta 2012, un récord industrial teniendo en cuenta que las empresas se crearon en 2009. Según ha concluido Hacienda, «no se ha seguido en ningún momento los trámites esenciales de la contratación administrativa» y la consecuencia es que las dos sociedades se han llevado más de medio millón de euros sin saber «si el precio establecido resulta ajustado a mercado». Además, denuncia que «la incompatibilidad del desempeño del cargo de intendente con actividad privada» y recuerda las «prohibiciones para contratar» que fija la ley.
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