La financiación pública de la Iglesia Católica se eleva hasta los 11.000 millones de euros anuales
11.000 millones de euros de dinero público irán a parar este año a manos de la Iglesia Católica. Según el cómputo que ha presentado la plataforma Alianza para una Europa Laica, las diferentes administraciones del Estado Español sufragarán las actividades de la institución clerical con una cifra que triplica la partida presupuestaria destinada a educación y cultura y supera el importe de la último paquete de recortes aprobado por el Ejecutivo de Mariano Rajoy.
La jerarquía eclesiástica gana influencia política de la mano del Partido Popular, que modificará la ley del aborto y se plantea revisar el papel de la doctrina religiosa en la escuela pública. Mientras tanto, el clero sigue predicando la homofobia desde el púlpito, así como se suceden los escándalos relacionados con los abusos a menores por parte de sacerdotes y la involucración directa de la iglesia en los episodios más macabros de la dictadura franquista. Joseph Ratzinger vuelve a amenazar con el fuego eterno a una sociedad cada vez más secularizada, donde su mensaje pierde adeptos a una velocidad vertiginosa.
Finanzas privilegiadas
Cerca del 1% del PIB estatal se destinará este año, a través de subvenciones directas y privilegios fiscales, el mantenimiento de la casta sacerdotal. Los conciertos con escuelas religiosas supondrán un gasto de 3900 millones, a la vez que 500 millones se destinarán a contratar sacerdotes para dar clases de religión en los centros educativos de titularidad pública. La conocida "casilla" de la declaración de renta, que el año pasado marcó un 35% de la ciudadanía, asignará 248 millones directos a la Conferencia Episcopal, mientras que los impuestos de aquellas personas contribuyentes que elijan la opción "otros fines sociales ", una tercera parte también acabará en las arcas de organizaciones caritativas vinculadas a la Iglesia Católica.
Cabe recordar que la institución está exenta por ley del pago de diversas tasas, entre las que destaca el Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI). Un patrimonio conformado por 110.000 propiedades y 150.000 hectáreas de terreno agrícola queda así libre de carga impositiva. La promesa del "paraíso celestial" se transforma en tierra en un paraíso fiscal que supone la pérdida anual de 2500 millones en tributos "perdonados".
Gracias a los acuerdos económicos firmados entre el Estado y el Vaticano en 1979, la función pública mantiene en nómina la presencia clerical en cárceles, hospitales y ejército, con un coste de 25 millones de euros al año. Los pactos de 1979, revisión del concordato franquista, firmado en 1953 y ratificado en 1976 por Juan Carlos de Borbón, estipulan que la iglesia se compromete a conseguir por sí misma, de manera progresiva, los recursos necesarios para su financiación. 33 años después, esta cláusula queda en papel mojado, al tiempo que se cuestiona la constitucionalidad del propio documento, de difícil encaje en un estado oficialmente no confesional. El Movimiento Laico y Progresista afirma que "nadie puede ser obligado a financiar el culto de ninguna confesión", por lo que pide "la derogación del concordato y los acuerdos con la Santa Sede"....
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