A las empresas transnacionales (ETN), exponentes claros del capitalismo globalizado, lo que les importa, por encima del respeto a los derechos humanos, es la maximización de sus beneficios. Para conseguir este objetivo no respetan derechos sociales, laborales y medioambientales y privatizan servicios públicos como la salud, la educación, el agua, los transportes, las comunicaciones, etc., en perjuicio de la clase trabajadora y la ciudadanía más vulnerables
A lo largo de la historia del capitalismo, desde sus inicios en la época de los “descubrimientos” hasta la sociedad globalizada actual, sin olvidar el mercantilismo y la industrialización, el instrumento fundamental de su poder de dominación ha sido y es una violencia estructural masiva “la partera de la historia” (tal como la denominó Marx), que se manifiesta continuamente en conflictos comerciales, bélicos, golpes de Estado, desarrollo desigual entre países y regiones, clases sociales, hombres y mujeres, así como en explotación laboral, paro, pobreza, exclusión de millones de personas y destrucción del medioambiente.
El eje central de la acumulación, concentración, centralización y expansión del capital, en la fase actual de esta sociedad capitalista globalizada, lo constituyen las empresas transnacionales, también denominadas grandes corporaciones, multinacionales y/o transcontinentales, que dominan la producción, la comercialización y la distribución de todo tipo de bienes y la prestación de servicios en todos los sectores y subsectores productivos: energía, extracción minera, textil, industria automovilística, agroindustria, farmacéutica, tecnologías de la información y comunicación, finanzas, etc.
Este poder es ejercido principalmente por los países de la tríada (Estados Unidos, Unión Europea y Japón), donde tienen su origen la gran mayoría de estas empresas. Ya en el año 2009, de las 500 mayores compañías multinacionales por capitalización, casi el 57% son de los países ricos, pero los emergentes, los BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) tenían ya el 17% (El País, 12 de julio de 2009).
Sin tener en cuenta a las multinacionales financieras, sólo las que se dedican a la producción y distribución de bienes y la prestación de servicios, “la capitalización de las 20 primeras llegaba casi a los 9.000 millardos de dólares, equivalente a 15 veces la Renta Nacional Bruta de todos los países del África Subsahariana o 4 veces la de Francia” (Recacewicz).
Según el Banco Mundial, en el año 2015, las 500 sociedades transcontinentales privadas más poderosas, en todos los sectores, controlaban más del 53% del producto mundial bruto, esto es, de todas las riquezas-mercancías, servicios, capitales, patentes, etc. producidos a lo largo de un año.
“Obedecen a una sola ley: la ley de la selva, de la competencia más feroz, a través de fusiones, desmantelamientos o readquisiciones de empresas” (Ziegler, J., Hay que cambiar el mundo, Ediciones Akal, S.A., 2018, pág. 37)
Estas fusiones entre multinacionales son algo habitual y sus consecuencias son muy negativas para sus trabajadorxs, ya que se traducen en paro y precariedad laboral. Últimamente, la farmacéutica Bayer ha comprado Monsanto por 57.000 millones de dólares y en el sector de la fabricación de automóviles Renault y Nissan negocian una próxima fusión (El País, 30 de marzo de 2018)
Su papel en el contexto del comercio mundial y la globalización de los intercambios y las condiciones de producción es central: imponen normas y utilizan para su propio beneficio a organismos internacionales como el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organización Mundial de Comercio. No se someten a ningún tipo de ley, y además los estados les conceden ayudas y privilegios fiscales.
Imponen sus normas comerciales, a través de los llamados tratados (multilaterales y/o bilaterales) de Libre Comercio (TLC), como el CETA, TTIP, TISA, NAFTA, etc., y denuncian a los estados en los tribunales de arbitraje, tribunales privados (sus sentencias son de obligado cumplimiento) donde se exigen indemnizaciones multimillonarias, primero en el marco del mecanismo de resolución de conflictos entre Inversores y Estados (ISDS), después la Unión Europea planteó el Sistema de Tribunales de Inversiones (ICS) y, por fin, en el Tribunal Multilateral de Inversiones (MIC), cuando consideran que no han obtenido los beneficios previstos (lucro cesante) por la aplicación de cualquier ley o normativa estatal, de carácter laboral, sanitario, medioambiental, etc., pero en estos tribunales los estados no pueden denunciar a las grandes corporaciones. Así, los derechos de las empresas para invertir y sus intereses comerciales en el marco internacional quedan a salvo, pero no existen instrumentos jurídicos que las obliguen a respetar los derechos humanos en el mismo contexto (actualmente la lex mercatoria domina sobre todo tipo de derechos individuales y colectivos).
Para conseguir este objetivo eliminan derechos sociales, laborales, sindicales, medioambientales y privatizan los servicios públicos como la salud, la educación, el agua, los transportes, etc., en perjuicio de lxs trabajadorxs y los ciudadanxs más vulnerables.
Además, existen todo un conjunto de tribunales que blindan aún más los intereses privados de las ETN en contra del bien común, del interés general: “La Corte Permanente de Arbitraje, la Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio Internacional, el Sistema de Solución de Diferencias de la OMC, El Centro Internacional para el Arreglo de Diferencias sobre Inversiones (CIADI) del Banco Mundial… Todos estos tribunales se constituyen como una especie de sistema paralelo al poder judicial, favoreciendo a las grandes empresas al margen de los poderes judiciales nacionales e internacionales. En esta justicia privatizada, son las ETN las que demandan a los estados - nunca al revés - y eligen la jurisdicción, sin necesidad de agotar los recursos internos a nivel nacional; es más, pueden ser incluso una instancia de apelación a las sentencias de tribunales ordinarios y no cabe recurso al fallo arbitral” (Propuestas de la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad. 2ª Sesión del OEIGWG – Ginebra. Octubre 2016, pág. 13).
Con este sistema judicial privado las grandes corporaciones ejercen sus actividades empresariales con total impunidad, de tal modo que no podemos, ni debemos, dejar que se escuden en la voluntariedad de la Responsabilidad Social Corporativa y en sus fundaciones, mientras conculcan los derechos humanos (políticos, civiles, económicos, laborales, sindicales, sociales, culturales y medioambientales).
Un ejemplo, entre muchos, de esta impunidad es el de la empresa petrolera norteamericana Chevron (antes Texaco) que contaminó 50.000 ha de la Amazonía ecuatoriana, destruyó pueblos indígenas enteros y provocó 2.000 casos de cáncer. La empresa fue llevada a los tribunales, donde se probaron los hechos y se la condenó a pagar una multa de más de 9.000 millones de dólares para hacer frente a sus responsabilidades, pero no ha pagado ni uno. Se acudió a los tribunales de Argentina y Brasil y la empresa amenazó con no invertir en estos países. Se ha refugiado en los Estados Unidos, su país de origen, donde ha realizado todo tipo de sobornos para no pagar, y de esto hace ya 24 años. Esta es una lucha desigual, puesto que, como es evidente, la empresa tiene una cantidad ingente de recursos para defender su impunidad en comparación con lxs campesinxs y pueblos indígenas a los que ha perjudicado (a las víctimas de este crimen las defienden 13 abogados y la empresa tiene en nómina unos 2.000).
Esta misma compañía petrolera, Chevron, conjuntamente con la angloholandesa Shell y otras transnacionales está explotando el petróleo del Delta del Níger, que está totalmente contaminado, y financian tanto a grupos armados como al ejército nigeriano para que les den protección y así puedan continuar obteniendo pingües beneficios. Platform, una ONG británica, en un informe del año 2012, denuncia que mueren más de 1.000 personas al año en enfrentamientos armados en Nigeria.
Otras multinacionales han estado implicadas en golpes de estado como en Chile, el 11 de septiembre de 1973, cuando el ejército, comandado por Augusto Pinochet, se sublevó contra Salvador Allende y su gobierno de la Unidad Popular en connivencia con la CIA y con la empresa norteamericana de telefonía ITT (actualmente se dedica, entre otras cosas, al transporte y tratamiento de aguas, así como a sistemas electrónicos y servicios de defensa), nacionalizada por el gobierno chileno, para eliminar la llamada vía democrática al socialismo. Este golpe trajo consigo asesinatos, torturas y cárcel para miles de chilenos, así como la privatización de los servicios públicos y de empresas estratégicas, por los Chicago Boys de Milton Friedman, que impusieron un modelo económico de capitalismo salvaje, apoyándose en la dictadura militar.
En el año 1954 el gobierno guatemalteco de izquierdas de Jacobo Arbenz, que quería repartir entre lxs campesinxs 60.000 ha de tierra ociosa, controlada por la United Fruit Company (actualmente Chiquita), fue derrocado, cómo no, por la CIA y por la multinacional frutera norteamericana.
Las grandes corporaciones se implican directa o indirectamente en guerras, tanto en la destrucción de vidas como de territorios y ciudades durante el conflicto como en la reconstrucción posterior de los países arrasados, como ha sucedido con la segunda guerra del golfo en 2003, cuando fue invadido Irak con la excusa de que Sadam Hussein escondía armas de destrucción masiva, tal como defendía el llamado trío de las Azores (Bush hijo, Blair y Aznar), que jamás se encontraron. Distintas empresas norteamericanas se implicaron directamente en esta guerra y constituyeron un grupo de presión muy activo para intervenir en el conflicto y conseguir beneficios. Entre estas compañías hay que destacar a la empresa productora de maquinaria bélica Lockheed Martin y a la constructora Betchel Group.
Las ETN además deslocalizan su producción en países distintos a su sede matriz, para aprovechar salarios más bajos, peores condiciones laborales (dumping social), la exención o el pago de menos impuestos, así como la explotación más fácil de todo tipo de recursos y una menor o nula regulación medioambiental. Lo que quieren no es mejorar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras de los países pobres sino empeorar las de los países ricos, tal como hacen, entre otras, la distribuidora Walmart que paga unos salarios tan bajos en Estados Unidos que sus empleados tienen que utilizar los bonos de alimentación que da el gobierno y lo mismo sucede en la empresa de comida rápida McDonald´s.
La discriminación laboral que sufren las mujeres con respecto a los hombres es algo habitual en la gran mayoría de las empresas, tanto en los países ricos como, principalmente, en los países pobres. Las que se dedican al textil, como Inditex, han basado su acumulación de beneficios utilizando y explotando primero mano de obra femenina gallega y posteriormente de Marruecos, Bangladesh y otros países pobres, sin ningún tipo de miramiento.
En pro de lograr más beneficios no tienen escrúpulo alguno en desplazar campesinxs y pueblos originarios de sus propias tierras e incluso perseguirlos hasta la muerte, con la ayuda de militares y paramilitares en esta tarea criminal.
Por otro lado, configuran la oferta al eliminar pequeñas y medianas empresas que no pueden competir con ellas: hace años la empresa italiana Parmalat invadió el mercado portugués con grandes cantidades de leche a un precio mucho más bajo al que la vendían las cooperativas del país y así consiguió acabar con ellas. Del mismo modo, configuran la demanda a través de la publicidad para crear nuevas necesidades e introducir nuevos productos y servicios en el mercado.
A través de las redes sociales estamos controlados por las empresas y los gobiernos, de tal manera que la novela de Orwell, 1984, parece un cuento infantil. Hace unos días saltó la noticia de que la compañía británica Cambridge Analytica ha utilizado sin permiso el perfil de 50 millones de personas de la red social de la tecnológica Facebook, con más de 2.000 millones de usuarios en todo el mundo, en beneficio de la campaña de Donald Trump en Estados Unidos y del Brexit en Gran Bretaña (El País, 30 de abril de 2018).
Para acabar con todas estas situaciones, ya en el año 2004 la Comisión de Derechos Humanos de la ONU determinó la responsabilidad que tenían las ETN y las empresas en general en lo que a derechos humanos se refiere, tanto en el centro como en la periferia de este mundo globalizado, porque, tal como hemos expuesto anteriormente y constata el documento elaborado por la Campaña Global en la página 7, existe ”un gran vacío legal en el derecho internacional de los derechos humanos que necesita ser subsanado con el fin de terminar con la impunidad de las violaciones de los derechos humanos cometidas por las ETN. Este tiene que ser el objetivo principal de este nuevo instrumento internacional vinculante elaborado por el grupo de trabajo intergubernamental de composición abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas con respecto a los derechos humanos de la ONU” (OEIGWG, por sus siglas en inglés); que promovió, diez años después, en junio de 2014, el Consejo (antes Comisión) de Derechos Humanos de las Naciones Unidas mediante la resolución 26/9.
El Grupo de Trabajo ha tenido ya cuatro sesiones en Ginebra (la 3ªsesión se celebró del 23 al 27 de octubre de 2017). Al mismo tiempo que se ha reunido este, lo ha hecho la “Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las transnacionales y poner fin a la impunidad, que es una red de más de 200 movimientos sociales, redes, organizaciones y comunidades afectadas, que resisten el expolio de tierras, la minería extractiva, salarios de explotación y la destrucción del medio ambiente” (o.c. Propuestas de la Campaña Global, pág. 2).
En las propuestas de la Campaña Global al Grupo de Trabajo Intergubernamental, entre otras cosas, se propone terminar con todos los tribunales de arbitraje y constituir un Tribunal Internacional sobre Empresas Transnacionales y Derechos humanos que convierta realmente el principio de exigibilidad, normas que hay que cumplir obligatoriamente, en el de justiciabilidad, de tal modo, que los delitos cometidos por las ETN contra los derechos humanos de las personas y comunidades no queden sin castigo ni reparación.
También en el Tratado Vinculante tiene que quedar clara y manifiesta la “responsabilidad solidaria y mancomunada de las ETN con sus directores y sus cadenas de valor (filiales, proveedores, licenciatarios y subcontratistas)”. Asimismo, esta responsabilidad debe ampliarse a cualquier lugar o país donde realicen sus actividades (principio de extraterritorialidad).
No va a ser nada fácil, primero que todas estas propuestas se incluyan en el futuro Tratado Vinculante (en la 3ª sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental la Unión Europea ha intentado bloquear el proceso, según ha denunciado Tchenna Maso de Vía Campesina) y, segundo, hacerlas cumplir cuando el Tratado entre en vigor, pero para eso no hay que abandonar la lucha, la denuncia, la resistencia y la organización, además de brindar nuestro apoyo, solidaridad y participación a la Campaña Global para reivindicar la soberanía de los pueblos, desmantelar el poder de las ETN y poner fin a su impunidad.
https://www.elsaltodiario.com/alkimia/la-estrategia-de-dominacion-de-las-transnacionales-
No hay comentarios:
Publicar un comentario