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En la madrugada del 25 de septiembre de 2013, más de un centenar de antidisturbios ejecutaron con violencia la orden de desahucio de la casa de Isabel Rodríguez, perteneciente a la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo (EMVS) de Madrid, donde vivía con su marido, su hija de 8 años y sus padres.
La EMVS, sociedad anónima con capital 100% del Ayuntamiento de Madrid, es la encargada de desarrollar la política de vivienda municipal y facilitar el acceso a la misma a los sectores con mayores dificultades, teniendo, según ellos, un marcado caracter social.
El Ayuntamiento afirma que los padres de Isabel, adjudicatarios de la vivienda al ser realojados después de que expropiaran su casa hace 24 años, y a la que ella se mudó para poder atenderles -su madre sufre trastorno bipolar y su padre una enfermedad degenerativa-, tienen una deuda de 1.000 euros y dos viviendas en propiedad, no pudiendo así ser beneficiarios de una vivienda pública. Isabel no reconoce la deuda que la EMVS les imputa, pues afirma haber intentado pagarla reiteradamente resultando devueltos los recibos. Y respecto a las viviendas, alega que una se encuentra en nuda propiedad (solo podría usarla en caso de que fallezca el morador) y la otra está embargada, encontrándose en caso de desamparo al estar ella y su marido en paro y no tener alternativa habitacional alguna.
Según Manuel Sanpastor, abogado de la Plataforma de Afectados por la Vivienda Pública y Social (PAVPS, hermana de la Plataforma de Afectados por la Hipoteca – PAH), no cabe ninguna duda de que el bloque de Unanimidad 25, donde hasta ayer vivía Isabel, será vendido en el futuro a un fondo de inversión privado con el objetivo de subsanar la deuda actual de la EMVS, como ocurriera el pasado mes de junio, cuando Ana Botella vendió 1.800 viviendas públicas a la entidad de capital de riesgo Blackstone.
Según Sanpastor, esta venta de pisos a fondos de inversión ha hecho aumentar los casos de desahucios por vivienda pública y social en Madrid hasta el punto de que en el último año han superado con creces a los desahucios por hipoteca que llegan a la PAH y a los grupos de vivienda de las asambleas de barrio, viéndose estos forzados a crear otras plataformas para poder llevar a cabo una atención especializada y sufriendo una inflexibilidad prácticamente absoluta por parte de la EMVS y el IVIMA (su equivalente en la Comunidad de Madrid, también en situación de deuda asfixiante) a la hora de dialogar para buscar soluciones a sus casos de impago, negándose incluso a recibir a sus afectados en sus oficinas y negándose también a recibir los pagos de sus deudas para así poder ejecutar el desahucio y poder realizar así la venta posterior del piso.
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