El escándalo del fraude fiscal en España

En España, en el contexto de la severa recesión que padecemos, la receta neoliberal para reducir drásticamente el gasto público y a la vez aumentar los ingresos del Estado para hacer frente, sobre todo, al problema de la deuda soberana es, como no, la que prescribe universalmente el FMI y, también ahora, la Comisión Europea y el BCE: pacto de estabilidad fiscal, programas de ajuste o austeridad, recortes salariales y sociales, privatizaciones de los servicios públicos y, si no hay más remedio, subida de los impuestos indirectos, preferentemente. Se trata de ahorrar y de sacar dinero de debajo de las piedras hasta acabar, sin importar el coste social, con el déficit público. Sin embargo, hay piedras que no se quieren levantar. Sin ir más lejos las del fraude fiscal.
¿A cuánto asciende en España?
En el Estado español, según la estimación del Sindicato de Técnicos del Ministerio de Hacienda nada menos, el fraude fiscal anual asciende a 90.000 millones de euros. Esa cifra que los gobiernos niegan se reconoce, no obstante, en diversos estudios universitarios y en la nada sospechosa, más bien al contrario, Comisión Europea.

Y aquí viene el quid de la cuestión, ¿por qué no se quiere admitir la realidad de ese monumental fraude fiscal?
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