El juzgado de lo Mercantil número 10 de Barcelona ha condenado a todos los miembros del último Consejo de Administración de Spanair, entre ellos a su expresidente Ferran Soriano, con la inhabilitación de dos años para administrar “bienes ajenos” y “representar a cualquier persona” tras calificar el concurso de acreedores de la aerolínea de culpable. La sentencia también impone a los miembros del consejo, incluida la Generalitat como “administradora de hecho”, el pago de 10,8 millones de euros como déficit concursal. El Ejecutivo catalán y toda la antigua cúpula anunciaron que recurrirán el fallo ante la Audiencia Provincial de Barcelona.
Spanair, hoy en proceso de liquidación, declaró el cese de operaciones el 27 de enero de 2012 después de que fracasaran las negociaciones para que Qatar Airways entrara en su capital y la Generalitat se negara a inyectar más fondos. Sin embargo, el juez considera que la aerolínea estaba en situación concursal mucho antes, el 31 de junio de 2011. Entonces, dice el juez, “se conoció o pudo conocer por los miembros del Consejo de Administración” la insolvencia, puesto que la deuda vencida e impagada era de 50 millones de euros, el 90% de la cual estaba contraída a AENA, lo cual conllevaba el riesgo de que la compañía viera suspendida su licencia de vuelo. La sentencia resalta que, a pesar de ello, la aerolínea “seguía vendiendo billetes como si no ocurriese nada, dando al mercado una apariencia de solvencia que se puede calificar en ese momento de irreal”.
De acuerdo con la ley, la compañía debería haber llevado la solicitud de concurso necesario al juez como máximo el 31 de agosto de 2011. La sentencia sí considera que entre el 30 de junio de 2011 y el 30 de enero de 2012 existió “agravación de la insolvencia”. En ese periodo, el juez constata que los 91 millones inyectados por la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona solo sirvieron para pagar nóminas, combustible, cuotas a la Seguridad Social y el alquiler de los aviones. En cambio, no llegaron a cubrir el pago a proveedores o bancos, lo que hizo que el pasivo siguiera incrementándose. “La responsabilidad de los administradores no debe centrarse solo en que los aviones sigan volando, sino que dicha responsabilidad y actuación diligente debe dirigirse a que con esos préstamos, con esa entrada de dinero, público o no, no se agrave la insolvencia”, añade el juez.
Sin embargo, para cuantificar el déficit concursal, el juez toma en consideración el momento de la ruptura de las negociaciones con Qatar Airways en diciembre de 2011. A partir de entonces, señala el juez, los administradores deciden “huir hacia adelante” y la compañía “continúa vendiendo billetes a los usuarios, aun a sabiendas de que la posibilidad de solicitar el concurso es cierta y muy probable, agravando a partir de ese momento la insolvencia”.
El juez decide inhabilitar, además de a Soriano, hoy en el Manchester City, al exvicepresidente Benny Zakrisson y los consejeros Josep Maria Benet (Mediapro), Miquel Martí (Moventia), Josep Mateu (RACC), Jordi Bagó (Grupo Serhs), Michael Szucs (SAS) y Karl Mats Erik Lönqvist (SAS). La misma suerte corren Fira de Barcelona, Inversions Turístiques i Comercials 2009, Catalana d’Iniciatives y Avançsa, dependiente de la Generalitat, lo que llevaría a las Administraciones a desarrollar sus objetivos empresariales a través de otras sociedades. En cambio, la sentencia exculpa a Joan Gaspart, para quien la fiscalía también pidió inhabilitación.
En un comunicado, el antiguo consejo mostró su “respeto” pero también su “desacuerdo” con la sentencia, afirmó entender que esta fija la fecha de la insolvencia a partir del 31 de diciembre de 2011 y, por ello, sostiene que la empresa se demoró “27 días” y no cinco meses en presentar el concurso de acreedores.
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