21-J: Rodea la Asamblea de Madrid

Los trabajadores españoles, entre los peor pagados y con mayor jornada laboral de toda Europa

España no es un país donde se trabaja poco y se gana más de la cuenta, como de vez en cuando dejan caer algunos dirigentes empresariales, especialmente desde que se desencadenó la crisis económica. Las estadísticas de la UE, de la OCDE y de otros organismos privados muestran todo lo contrario: los salarios están entre los más bajos de nuestro entorno y la jornada anual, entre las más altas. Por lo que se refiere al ámbito europeo, sólo Grecia, Portugal, Turquía y los antiguos países de la Unión Soviética presentan peores condiciones laborales que las vigentes hoy por hoy en España.

Según datos correspondientes a 2013, después de las rebajas practicadas durante los últimos años, el salario medio de los trabajadores españoles se sitúa en 26.027 euros brutos anuales, la mitad que en Dinamarca (53.061) o Luxemburgo (52.902), y muy inferior al registrado, por ejemplo, en Holanda (48.109), Bélgica (46.810), Alemania (45.170) y Francia (36.980). Por debajo de nosotros se encuentran Grecia (20.604), Portugal (17.335), Turquía (12.530), Estonia (11.664), la República Checa (11.500), Eslovaquia (10.015), Polonia (9.873), Hungría (9.817) o Letonia (9.065).

Si el salario medio está en la parte baja de la banda, el mínimo no resiste mejor la comparación con el resto de los países de nuestra zona, según la información disponible en la oficina estadística de la Unión Europea (Eurostat). Mientras que en España el salario mínimo interprofesional (SMI) era el año pasado de 753 euros brutos mensuales (considerando doce pagas al año), Bélgica (con 1.502 euros), Holanda (1.486 euros), Irlanda (1.462) y Francia (1.445 euros) lo duplicaban. Y no digamos ya Luxemburgo, donde en 2013 superaba los 1.900 euros. También en este caso, peor que España sólo se encuentran Grecia (684 euros), Portugal (566), Turquía (425) y las repúblicas que pertenecieron al ámbito soviético.

La menor retribución de los asalariados españoles no tiene nada que ver con su dedicación al trabajo, como ponen de manifiesto los datos recopilados por la OCDE. La jornada laboral en nuestro país es de 1.690 horas anuales, claramente por encima de Dinamarca (1.522), Alemania (1.413) u Holanda (1.379), que en cambio retribuyen mejor a sus empleados. Otro tanto sucede con las vacaciones, si nos atenemos a un reciente informe publicado por The Wall Street Journal, del que se hace eco Bankinter en su página web. Frente a 22 días laborables al año en España, los alemanes disfrutan de 29; los franceses, noruegos y suecos, de 25, y los holandeses, de 24.

Ni siquiera puede aducirse para justificar esta circunstancia que nuestra productividad sea particularmente baja, pues Eurostat la sitúa siete puntos por encima de la media de la Unión Europea. Es verdad que Bélgica, por ejemplo, supera esa media en 32 puntos y Alemania en casi 25, pero la brecha salarial resulta aún mayor que la diferencia en cuanto a productividad, pues en esos dos países la retribución media es el prácticamente el doble que en España.

http://www.publico.es/528306/los-trabajadores-espanoles-entre-los-peor-pagados-y-con-mayor-jornada-laboral-de-toda-europa

El 21 de Junio “RODEA LOS PARLAMENTOS”

Dando continuidad a la movilización de las Marchas del 22 de Marzo, este Movimiento va a llevar a cabo una nueva acción de protesta en la calle el 21 de Junio de 2014. Se trata de rodear todos los Parlamentos autonómicos del estado para exigir conjuntamente:

• No al pago de la DEUDA, por ilegítima, fraudulenta e injusta.

• No a la Unión Europea de los Mercados
• No a los recortes sociales
• No a las Reformas Laborales
• No a la supresión de derechos y libertades ciudadanas
• No a las privatizaciones del sector público
• Por unas Pensiones públicas suficientes y dignas
• Por el derecho a los cuidados de las personas dependientes
• Por la Renta Básica de las iguales
• Por el derecho a la vivienda como bien inembargable. ¡No a los desahucios!
• Por el derecho a la Sanidad y la Educación para todas y todos
• Por la justicia gratuita y universal
• Por el derecho al aborto libre y gratuito
• Por el fin de la represión a las protestas ciudadanas
• Contra la Corrupción política y empresarial
• ¡Abajo la Monarquía!

• Por la convocatoria de una HUELGA GENERAL, laboral, social y de consumo, hasta que sea determinante para cambiar el modelo social que estamos sufriendo.

El Movimiento Marchas 22M, integrado por numerosos colectivos sociales, políticos y sindicales, entre ellos, la CGT, sigue su trayectoria reivindicativa, ocupando la calle con las miles de personas que están sufriendo la gran estafa social a la que nos tienen sometidos, este Gobierno y los anteriores, la Troika, la UE, el FMI y las grandes Corporaciones empresariales y financieras del estado español y del resto del mundo.

Después del 22 M (Manifestación histórica), se ocuparon cientos de oficinas del antiguo INEM y  se han hecho Manifestaciones exigiendo la libertad de los detenidos y las detenidas y el sobreseimiento de sus causas.  Ahora esta nueva movilización “Rodea los Parlamentos” y, pronto, se acordarán nuevas actuaciones con el objetivo de “dar la vuelta” entre todos y todas a este sistema corrupto, injusto, discriminador, machista, totalitario, represor, etc…

¡LA LUCHA ES EL ÚNICO CAMINO!

http://www.cgt.org.es/el-21-de-junio-%E2%80%9Crodea-los-parlamentos%E2%80%9D

GALERIA DE BUITRES CXXXII

Los ricos recuperan sus fortunas

El valor de las Sicav de los altos patrimonios españoles vuelve a niveles previos a la crisis

La amnistía fiscal ha acelerado el registro de nuevas sociedades de inversión

Los grandes patrimonios españoles pueden dar por concluida la crisis. El estallido de la burbuja inmobiliaria, la recesión consiguiente y el desplome de los mercados trajeron una importante destrucción de riqueza para este colectivo. Prueba de ello fue la severa reducción del patrimonio de las Sicav (sociedades de inversión de capital variable), el vehículo de inversión favorito de las personas más acaudaladas. Sin embargo, la recuperación de las Bolsas en los últimos dos años junto con la llegada de dinero nuevo han devuelto el valor de estas sociedades a niveles previos al estallido de la crisis.

El ejercicio 2007 supuso un récord para el sector de las Sicav en España. Al cierre de ese año había 3.290 sociedades que manejaban un patrimonio conjunto de 31.481 millones de euros. Desde ese pico se encadenaron cuatro ejercicios consecutivos de caídas en el valor de los ahorros de los grandes patrimonios hasta tocar su mínimo en 2011 con 23.614 millones. A partir de ese momento, y al calor de la recuperación de los mercados, el patrimonio de estos vehículos fue remontando hasta situarse en 27.621 millones a 31 de diciembre pasado, según los datos ofrecidos por la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV).

La revalorización de las carteras de los ricos continúa en 2014 al calor del rally bursátil. Al cierre del primer trimestre, su patrimonio era ya de 28.781 millones, de acuerdo con los datos de VDOS Stochastics. De continuar el ritmo de apreciación experimentado entre enero y marzo, las Sicav cerrarían el año muy cerca de su máximo histórico.

De acuerdo con los últimos datos oficiales, correspondientes al cierre de 2013, en España había 3.035 Sicav, con 413.264 teóricos accionistas —en la mayoría de las sociedades una sola persona o familia controla más del 99% de la sociedad—, con un patrimonio medio por Sicav de 9,1 millones —en 2008 era de solo 7,5 millones— y un valor medio de la participación por accionista de 66.386 euros.

El incremento del patrimonio de estas sociedades se debe sobre todo a las plusvalías obtenidas por la revalorización de los activos donde han invertido su dinero: más de 3.700 millones entre 2012 y 2013. No obstante, hay otro factor que está contribuyendo al aumento del patrimonio y es la creación de nuevas Sicav. Mientras entre 2009 y 2012 el número de sociedades que cerraron multiplicó por tres la cantidad de altas —algunos propietarios tuvieron necesidad de efectivo y otros temían un endurecimiento en la fiscalidad—, en 2013 y en lo que va de 2014 la tendencia es la contraria. El pasado curso hubo 124 altas por solo 70 bajas (y de estas ocho fueron absorbidas por otras Sicav y cinco, por fondos de inversión) lo que generó unas entradas netas (descontados los reembolsos) de 1.552 millones. En 2014 esta tendencia continúa y se han registrado otras 86 nuevas sociedades.

Este renovado furor de los ricos por las Sicav se debe fundamentalmente a que muchos de ellos han aprovechado la amnistía fiscal aprobada por el Gobierno en 2012 para repatriar su dinero. En su Boletín de Mercados del primer trimestre de 2014 la propia CNMV reconoce este efecto llamada. El supervisor explica que no solo la menor percepción de riesgo en el mercado ha podido contribuir al aumento del número de sociedades, sino también “el proceso de regularización fiscal”.

Las grandes fortunas han convertido las Sicav en su vehículo de inversión favorito por su modelo de gestión flexible y profesionalizado —los más pudientes tienen sus propias family offices mientras que el resto contrata los servicios de la banca privada— ypor sus ventajas fiscales. Estas sociedades se engloban dentro de las entidades de inversión colectiva y por eso solo tributan al 1% en el impuesto de sociedades, tipo del que goza por otra parte cualquier fondo de inversión. Si un accionista de una Sicav retira su dinero y lo hace con plusvalías tributará como cualquier inversor, es decir, a su marginal si las ganancias son en un plazo inferior a un año, y del 21% al 27%, dependiendo de la cuantía, si la ganancia se ha obtenido en un periodo superior al año.

Hasta una modificación legal introducida por el último Gobierno de Zapatero, muchos ricos lograban sacar el dinero de sus Sicav recurriendo a las reducciones de capital, con lo que lograban diferir la imposición.

El problema de fondo con las Sicav, más allá de las consideraciones fiscales, es si realmente son instituciones de inversión colectiva para poder acceder a sus ventajas. Constituir una sociedad de este tipo exige un capital mínimo de 2,4 millones de euros y reunir en todo momento un mínimo de 100 accionistas. El requisito del centenar de propietarios es uno de los aspectos más controvertidos de estos vehículos de inversión. Se sospecha desde hace tiempo que muchas Sicav sólo tienen un único accionista y los otros 99 son personas interpuestas o mariachis, como se les conoce en la jerga financiera.

Un selecto club de millonarios

Con el dinero que recaudó con la salida a Bolsa de Inditex Amancio Ortega creo dos Sicav, Keblar y Alazán, que durante casi una década fueron las mayores del mercado. En 2011, dio un giro a su estrategia y las cerró para centrarse en la inversión inmobiliaria. Ahora, la principal sociedad por patrimonio del mercado español es Torrenova de Inversiones, vinculada a la familia March, con 841 millones de euros al cierre del primer trimestre, según datos de VDOS Stochastics. En segundo lugar, se sitúa Morinvest, de Alicia Koplovitz, que maneja activos por valor de 493 millones. Tras ella está la Sicav que perteneció a Rosalía Mera, y que ahora está presidida por su hija Sandra Ortega. Soandres tiene un patrimonio de 381 millones.

Otro puesto en el top ten lo ocupa Elitia, el vehículo de inversión de la familia Gallardo, propietarios de la farmacéutica Almirall, con un volumen de 362 millones. El quinto lugar es para Allocation, la Sicav de la familia Del Pino, con 307 millones. Los máximos accionistas de Ferrovial también tienen otra sociedad entre las más grandes: Chart, con 255 millones.

La familia Hernández-Callejasta (Ebro Foods) está vinculada a una importante sociedad de inversión, Soixa, con un patrimonio de 290 millones. Por último, en este selecto club también tiene cabida Alberto Palatchi, presidente de Pronovias, con dos Sicav: Herprisa (183 millones) y Gesprisa (155 millones).

http://economia.elpais.com/economia/2014/06/15/actualidad/1402845920_207244.html

Brasil 2014: cólera en tiempo de fútbol

"El fútbol hace muy bien al país, le trae tranquilidad social, la gente hace quince días que habla del Argentina-Brasil por la Copa y seguirá hablando una semana más, dejando de lado otros problemas". (João Havelange)

"Si Havelange vende las armas, Blatter vende las balas" (Diego A. Maradona)

¿Quién iba a imaginar a cientos de miles de brasileños protestando a las puertas de los estadios en contra de que su país sea la sede de la Copa del Mundo?, se preguntaban sociólogos, especialistas de la comunicación e intelectuales de toda laya tras la oleada de protestas en junio del año pasado. En vísperas de la celebración del Mundial 2014, vuelven a los mismos tópicos manidos y no acaban de comprender: "¿Por qué Brasil, la meca del fútbol, un país cuyos ciudadanos llevan en el ADN la pasión por el balón, se manifiesta contra la celebración de la Copa?", "¿Cómo puede suceder esto si el fútbol es para los brasileños motivo del mayor orgullo nacional?" y así ad nauseam.

Quien tampoco parece entender nada es el presidente de la FIFA, Joseph Blatter, que, molesto por los retrasos acumulados en la construcción de varios estadios en los que van a celebrarse los partidos del Mundial, declaró en enero de 2014: "Yo soy un optimista, no un miedoso. El fútbol será protegido, no creo que los brasileños ataquen directamente al fútbol, porque para ellos es una religión". Pero, si esto fuera cierto y, si resulta que en Brasil el futebol es el opio del pueblo, su "santuario", el país en el que el fútbol levanta más pasiones que en ningún otro lugar del planeta, nosotros nos preguntamos ¿qué nueva pasión es la que se ha adueñado de los brasileños para levantar su voz y gritar "¡no van a tener Copa, van a tener huelga!"?

La mecha prendió en 2004, cuando estallaron revueltas en contra del aumento del precio del billete en el transporte público; desde entonces, el malestar entre los brasileños no ha dejado de crecer y de radicalizarse hasta que en junio de 2013 se desató una oleada de protestas en las ciudades que van a ser sede de la próxima Copa del Mundo de 2014, toda vez que se hacía público que los gastos derivados de estas celebraciones deportivas no serían financiados en su totalidad por la iniciativa privada, como había asegurado el gobierno en 2007, sino que iban a ser sufragados por el erario público. Y es que sólo el coste de la construcción de los estadios se ha triplicado sobre el presupuesto inicial. El costo total del Mundial asciende a más 14.500 millones de dólares (más del doble que en Sudáfrica 2010 o casi el triple que en Alemania 2006). Como no podía ser de otra manera, el despilfarro descomunal en estas inversiones, de nula o más que dudosa utilidad social, destinadas a la construcción de estadios, aeropuertos e infraestructuras viarias para la organización de las celebraciones deportivas, dilapidan los limitados recursos públicos en beneficio de las grandes empresas, de las clases adineradas e intereses privados y en detrimento de las clases más desfavorecidas.

La celebración en Brasil de la Copa del Mundo proporciona al gobierno de Dilma Rouseff, una coalición integrada por el Partido de los Trabajadores y sus amigos del Partido Comunista de Brasil, un pretexto ideal para legitimar una avalancha de reconversiones urbanísticas y operaciones especulativas sin precedentes, cuyo resultado es que miles de personas de las doce ciudades anfitrionas han sido expulsadas (mobbing inmobiliario, cargas policiales y expropiación forzosa) y han perdido sus hogares y sus medios de subsistencia, lo que en realidad significa lisa y llanamente exclusión. En São Paulo se han quedado sin techo más de 70.000 familias, y en Río de Janeiro 40.000, aunque se estima que entre 150.000 y 170.000 personas podrían ser desalojadas de sus favelas y de sus viviendas, que serán arrasadas para construir las infraestructuras y autopistas que conecten los aeropuertos a los nuevos estadios (tal como pasó en el Mundial de Sudáfrica o en los Juegos de Pekín 2008, donde se llegó a desalojar a un millón y medio de personas).

Las favelas demolidas se situaban en cerros poblados hace más de cincuenta años, donde vivían trabajadores y pobres en condiciones de gran precariedad; sin agua, luz, saneamiento, hospitales ni escuelas. No en vano, Brasil es el paraíso del capitalismo salvaje, el país más desigual del mundo y un espacio de fuerte especulación inmobiliaria que se intensifica a medida que se acerca la celebración de la Copa del Mundo y de los Juegos de Río. Así, por ejemplo, a causa del Mundial, los alquileres en los alrededores de Itaquera (São Paulo), el suburbio en el que se ubica un nuevo estadio de fútbol, aumentaron 115 euros al mes el año pasado, lo que imposibilita que los más desfavorecidos accedan a una vivienda. Esta situación es tan evidente que hasta alguien tan poco sospechoso de ser contrario a la celebración del Mundial como Carlos Alberto Parreira, actual coordinador técnico de la selección carioca de fútbol, declarase: "el aficionado no puede vivir en un estadio". Brasil cuenta con más de cincuenta millones de pobres, que equivalen a la suma de los habitantes de Perú y Ecuador. Es más, el denominado "índice de desarrollo humano" de la ONU sitúa la favela Complexo do Alemão en Río de Janeiro por debajo de Gabón (el país más pobre del mundo), mientras que otros barrios de la misma ciudad superan la puntuación de Noruega, el país mejor situado en esta macabra clasificación.
  

Un proyecto virtual

En 2007, durante la era del anterior presidente, Lula da Silva, las autoridades brasileñas se las prometían muy felices cuando la FIFA y el COI, respectivamente, les otorgaron la organización del Mundial de 2014 y los Juegos Olímpicos de Río de 2016. En 2013, sin embargo, el sueño se ha convertido en pesadilla: desaceleración económica, graves problemas estructurales e inflación galopante. La cruda realidad es que la designación de la sede de la Copa del Mundo fue más bien un proyecto virtual en un país saturado de desigualdades económicas y con una cobertura pública más que deficiente. No es de extrañar, por tanto, que la gente se pregunte: ¿El fútbol va a salvarnos la vida?, ¿Un nuevo estadio va a arreglar mi situación? ¿Qué sentido tienen las doce sedes del Mundial? ¡Queremos saber de verdad cuánto va a costarnos! Pero la única respuesta es el silencio. De hecho, el modelo de contrataciones aprobado por el Congreso y sancionado en agosto de 2011 por el Ejecutivo brasileño para la Copa del Mundo de 2014 y los Juegos Olímpicos de 2016 permite que, "para ganar agilidad", los gobiernos federales, estatales y municipales dejen de divulgar los presupuestos antes de las obras a licitarse. Las obras de construcción o de rehabilitación de los estadios que albergarán los partidos del Mundial, estimadas en un principio en 800 millones de euros, superan ya los 2.700, una inversión total superior a la efectuada por Alemania en 2006 y Sudáfrica en 2010 juntas. Lo cierto es que la Copa del Mundo de 2014 será la más cara de la historia y que el 99% de los gastos serán asumidos por el Estado brasileño, es decir, que son los impuestos que paga el contribuyente los que hacen que este torneo sea posible. Se han construido cinco estadios nuevos y se han reformado otros siete. Únicamente la renovación de dos estadios y parte de un tercero son de financiación privada, ya que los inversores no han querido sufragar el resto. Los empresarios saben de antemano que, después de la celebración de la Copa del Mundo, los estadios no serán rentables y que algunos, como el estadio Arena da Amazonia en Manaos, no se volverán a utilizar jamás.

Cantos de sirena de la Fifa

Pero, ¿por qué asume el Estado la construcción de los estadios? Los países que compiten por celebrar la Copa del Mundo lo hacen con la promesa de crecimiento económico e inversión. Estas ilusiones son fomentadas a bombo y platillo por los burócratas de la FIFA, cuyo trabajo consiste en persuadir a los habitantes del país anfitrión de las enormes ventajas que conlleva tamaño"privilegio". Apelando al orgullo nacional, la propaganda oficial insiste hasta la saciedad en el enorme impacto que supone para el desarrollo económico. Así, en 2010, las autoridades brasileñas cifraban el potencial impacto económico en 44.000 millones de euros y la creación de tres millones y medio de empleos. La agencia de "calificación de riesgos" Moody’s, sin embargo, advirtió hace unos meses que el Mundial 2014 tendría un impacto "poco duradero" o muy limitado en la economía de Brasil. Otras fuentes consideran que la cifra total de empleos directos e indirectos no superará los 300.000. Y según cálculos del gabinete de investigación británico Capital Economics, el aumento del consumo sólo supondrá entre un 0,1 y un 0,2 por ciento del PIB nacional. Con todo, nadie es capaz de concretar nunca la manera en que la colosal inversión pública que este evento deportivo exige revierte en la mayoría de la población. Lo cierto es que la FIFA, como siempre, es la única beneficiaria, a la vez que es fácil averiguar quién va a pagar la factura. De hecho, una reciente encuesta realizada por el instituto Datafolha revela que el 55% de los brasileños afirma que el Mundial traerá más perjuicios que beneficios.

Esta Copa del Mundo tan amiga de desalojar barrios enteros para promover la especulación inmobiliaria, ha sido aprovechada por el Estado brasileño --como viene siendo habitual por parte de los gobiernos anfitriones con el pretexto de la celebración de grandes competiciones internacionales-- para realizar grandes inversiones en medios de control social y de represión. El gobierno de Dilma Rouseff ha invertido un total de 950 millones de dólares en la seguridad del Mundial de 2014 y de los Juegos Olímpicos de 2016, de los que unos quinientos millones corresponden a equipos y tecnología.

Al igual que en las Olimpiadas de Pekín o en el Mundial de Sudáfrica, la Copa del Mundo en Brasil se celebra en un país presidido por una casta política armada hasta los dientes contra su propia población y que ha aprovechado a fondo la ocasión que se le brinda para aprobar nuevas leyes y poner a prueba nuevos mecanismos y tecnologías de control social, así como para dar una formación intensiva al personal militar, policial y de las empresas de seguridad privada. La celebración del Mundial de Fútbol de 2014 y los Juegos de Río de 2016, ha reavivado el debate sobre la seguridad ciudadana en un país donde existe una guerra declarada en las favelas entre la corrupta policía militar, grupos parapoliciales y narcotraficantes, que tiene como principales víctimas a los pobres. En efecto, el estado de excepción que vive Brasil, y que culminará durante junio y julio de 2014, comenzó ya en 2011 en diferentes favelas, que fueron invadidas por la irónicamente denominada "policía de pacificación", célebre por sus ejecuciones sumarias y las continuas desapariciones de sus pobladores. Rocinha, por ejemplo, una de las favelas más grandes de Río de Janeiro, fue ocupada en una macro operación que movilizó a 3.000 militares y policías.

 

Entretanto, los operativos con tanques, helicópteros y tropas de élite del ejército se suceden uno tras otro para "limpiar" las 40 favelas cercanas a los estadios de fútbol. Es el caso del Complejo da Maré, la favela más grande de Río de Janeiro y de Brasil, invadida en marzo de 2014 por 2.700 soldados del Ejército y de la Policía Militar, y en la que además de tiradores de élite y carros blindados, varios helicópteros sobrevolaron la zona con vuelos rasantes para dar cobertura a las fuerzas de tierra. El Complejo da Maré, poblado por quince comunidades con más de 130.000 habitantes, está situado en un lugar estratégico atravesado por las tres grandes vías de comunicación de la ciudad (la avenida Brasil, con ocho carriles de intenso tránsito, la Línea Amarilla y la Roja) que conectan con el aeropuerto internacional Antonio Carlos Jobim, lugar de llegada para los miles de turistas que asistan al Mundial. El 29 de marzo, la víspera de la ocupación, un juez de Río expidió una "orden colectiva de búsqueda y aprehensión", que autorizaba a la policía a entrar en las viviendas. Se trata de una figura jurídica que ha suscitado gran oposición en Brasil por criminalizar la pobreza y porque sólo se utiliza en las favelas. Asimismo, y estrechamente ligada a la celebración del Mundial Fútbol de 2014 y las Olimpiadas de Río 2016, en diciembre de 2013 fue aprobada la Ordenanza 3.461 del Ministerio de Defensa que prevé "la utilización de las fuerzas armadas para mantener el orden interno". El general Ronaldo Escoto, comandante de la llamada Fuerza de Pacificación, declaró llevar a cabo tareas de "patrullaje de saturación" porque "vamos a restablecer la presencia del Estado". Los militares permanecerán allí hasta el 31 de julio para garantizar la "paz social" durante la Copa del Mundo.

78.000 policías y militares movilizados

El Gobierno brasileño, asesorado por unidades de élite antiterroristas estadounidenses, ha entrenado a 50.000 policías y 25.000 vigilantes de seguridad privada. Las autoridades movilizarán a más de 60.000 agentes y alrededor de 18.000 militares reforzaran la seguridad durante la Copa. También han dispuesto una fuerza policial antimotines para apoyar a las fuerzas del orden en las protestas. Un total de 10.000 policías seleccionados recibirán entrenamiento en control de multitudes de la FNSP (un batallón de élite ligado al Ministerio de Justicia especializado en "prevenir" la violencia urbana). En Río de Janeiro, sede del partido de clausura del Mundial, más de 2.300 policías se desplegarán en los alrededores del estadio Maracaná. En el interior, sin embargo, las tareas de vigilancia correrán a cargo de una empresa privada de seguridad contratada por la FIFA. Y por si con todo este despliegue de distintos cuerpos de seguridad no bastara, las doce ciudades anfitrionas de la Copa contarán con 180.000 agentes, todo un récord en un Mundial. A este respecto, el testimonio de Jérôme Valcke, secretario general de la FIFA, no puede ser más elocuente: "para evitar manifestaciones violentas, el torneo de fútbol tendrá el más alto nivel de seguridad imaginable".

Nunca antes, un Mundial había necesitado tal despliegue: Brasil será vigilado por tierra, mar y aire. Alegando la supuesta necesidad de que las fuerzas de seguridad protejan el espacio aéreo de los eventos deportivos, el Estado brasileño adquirió recientemente un sofisticado sistema de artillería antiaérea de baja altitud, cuya capacidad defensiva para salvaguardar los estadios de fútbol tiene un radio de ocho kilómetros, y está preparado también para interceptar misiles de crucero y aviones no tripulados. Dilma Rousseff ha encargado también la fabricación de un vehículo blindado nacional, inspirado en modelos israelíes y sudafricanos, para sustituir al denostado caveirao (blindado del tamaño de un autobús que lleva por distintivo una calavera y que utiliza la policía militar para invadir las favelas); además, el tristemente célebre Batallón de Operaciones Especiales (BOPE) --concebido durante la dictadura militar como una "máquina de guerra", tiene en su haber el asesinato de casi 7.000 pobres de las favelas entre 2003 y 2008-- ha renovado su dotación de armamento con la incorporación de nuevas ametralladoras, equipos para detección de explosivos y para misiones tácticas especiales. Con todo, Jérôme Valcke advierte que en el Mundial de Brasil "no se tolerará ninguna manifestación política en los estadios".

El fuego se mantiene prendido

Los gastos desorbitados, el desalojo de viviendas y la represión, vinculados a la Celebración de la Copa del Mundo, unidos al aumento del precio del billete en el transporte público fueron el detonante que hizo estallar los disturbios en noventa ciudades brasileñas en junio del año pasado, coincidiendo con la celebración en este país de la Copa de Confederaciones. Cuando casi se ha cumplido un año, lejos de apagarse el fuego, no hace sino propagarse, las protestas multitudinarias en contra de la celebración del Mundial y a favor de una mayor inversión en hospitales, escuelas y transportes no dejan de aumentar. Es más, el malestar reinante en Brasil es tal que una reciente encuesta, realizada en abril de este año, asegura que un 70% de los brasileños están en contra de que se organice allí el Mundial. El último sondeo de opinión publicado por un diario, a mediados de mayo, revela que a los brasileños no les interesa jugar ni ganar la Copa: sólo el 55% de la población apoyará a la canarinha, el resto --por primera vez en la historia-- prefiere que su país pierda el Mundial. Incluso la tradición de decorar las calles de las ciudades del país antes de la celebración de un Mundial, que tuvo su apogeo durante las décadas de 1980 y 1990, ya no interesa a nadie.

El descontento de la sociedad brasileña con el Mundial ha generado algo insólito en este tipo de eventos deportivos internacionales, a saber, que en el país anfitrión no exista un consenso social a favor de la celebración de la Copa del Mundo. El Mundial se ha convertido, por el contrario, en un elemento catalizador de las enormes desigualdades sociales del país. Las movilizaciones del año pasado dieron nacimiento a los Comités Populares contra la Copa, que llevan meses organizando protestas en las principales ciudades de Brasil, en particular en São Paulo y Río de Janeiro, y en cada una de las doce sedes en las que se va a celebrar el Mundial. Por su parte, el Movimiento de los Trabajadores Sin Techo (MTST), "un movimiento de trabajadores informales, subempleados y desempleados que no tienen una vivienda digna" ha organizado protestas casi a diario contra el Mundial, ha tomado las sedes de varias grandes empresas constructoras contratadas en las obras mundialistas y ocupado terrenos en las proximidades de los estadios. Así, por ejemplo, en vísperas del inicio de la Copa del Mundo ocuparon las oficinas centrales de la constructora Viver, en São Paulo, para reivindicar que en un terreno que mantienen ocupado en los aledaños del estadio Arena de esta ciudad, sede del partido inaugural del Mundial, se edifiquen viviendas populares.

Pero además de protestar en las grandes capitales, como São Paulo y Río, el movimiento contra la Copa del Mundo lo hace en otras muchas ciudades de Brasil. Recientemente, en Belém, (capital del Estado de Pará) los manifestantes opuestos al Mundial y al aumento de la tarifa del transporte público ocuparon el edificio donde estaba expuesto el trofeo del Mundial, lo que obligó a los organizadores a cancelar esta exposición, que ya se había realizado antes en veinte poblaciones brasileñas. Este ataque no ha sido el único que han sufrido los símbolos relacionados con la Copa del Mundo y la FIFA por representar hoy, a escala planetaria, uno de los iconos más evidentes del capitalismo salvaje (corporación internacional de la corrupción, dominación y expolio de las poblaciones locales e imposición de leyes para proteger los privilegios de las grandes empresas patrocinadoras). Además de balones de fútbol hinchables, álbumes de cromos y mascotas del torneo destruidos, en la ciudad de Teresópolis (Estado de Río de Janeiro) grupos de manifestantes atacaron e incendiaron una réplica gigante --de seis metros de altura-- de la copa, ubicada en una de las principales avenidas de la localidad y a escasos kilómetros del lugar que será el hogar de la selección de fútbol brasileña durante el Mundial.

A las movilizaciones actuales se han sumado distintos colectivos sociales y organizaciones de trabajadores del metal, de la sanidad, del transporte público o de la enseñanza, que amenazan con convocar más huelgas y boicots durante la celebración del Mundial, algo que preocupa seriamente al gobierno brasileño. De hecho, a las puertas del Mundial, la fuerte protección policial no impidió que el autobús que conducía a los jugadores de la selección nacional de fútbol a su lugar de concentración, fuera rodeado durante media hora por alrededor de doscientos profesores en huelga. Los manifestantes, a la vez que abucheaban a la verdeamarelha, coreaban: "¡No van a tener Copa, van a tener huelga!". Dilma Rousseff, visiblemente afectada y en alusión a las últimas manifestaciones en contra de la Copa del Mundo, declaró: "Este es un país de conflictos […] No negamos los conflictos, tenemos que aprender a convivir con ellos […] No hay ninguna vergüenza en eso, pues vergonzoso sería no reconocerlo y no buscar soluciones".

Pero aunque la fiebre de la Copa del Mundo desempeñe un importante papel como válvula de escape, y como forma de contener y de encauzar conflictos sociales, por más que el Gobierno de Dilma Rouseff intente camuflarlo, el malestar social es generalizado. Basta con recorrer cualquier ciudad para encontrar carteles o grafitis en los que puede leerse "No habrá Copa". El descontento es manifiesto en las conversaciones ("es la Copa de la élite, de los ricos de la FIFA") y en las protestas de los miles de manifestantes que salen a las calles de Brasil al grito de "Hey FIFA, ¡vuelve a Suiza!", "FIFA, vete al infierno", o del más explícito "Terrorista es la FIFA".

Las protestas actuales muestran que los brasileños están asqueados de la corrupción y que aún lo están más de los negocios sucios en el futebol carioca, de sobras conocidos por todos. De resultas, la FIFA se ha convertido en el blanco de los manifestantes para los que esta multinacional del fútbol encarna el actual modelo neoliberal capitalista, que no oculta sus extrañas relaciones con oscuros lobbies de intereses económicos y cuyo axioma no es otro que maximizar beneficios a toda costa utilizando métodos mafiosos. De hecho, Jérôme Valcke, el secretario general de la FIFA, es uno de los tipos más odiados en Brasil, desde que en 2012, y a propósito de las demoras en la construcción de los estadios, declaró públicamente que a los brasileños les hacía falta "darse una patada en el culo". No es de extrañar, por tanto, que distintas celebridades del mundo del fútbol, voces como las de los exfutbolistas brasileños Rivaldo o Romario, se hayan pronunciado en contra de la organización de la Copa del Mundo y, en particular, de la FIFA. Romario, ex jugador y diputado del Partido Socialista Brasileño, ha acusado al presidente de la FIFA, el capo del fútbol, Joseph Blatter, y a su sottocapo, Jérôme Valcke, de ser los mayores chantajistas y corruptos del deporte mundial: "el verdadero presidente de Brasil hoy se llama FIFA. La FIFA viene a nuestro país y establece un Estado dentro del Estado".

Leyes ad hoc

La FIFA dicta su ley con total impunidad. En efecto, cualquier país que aspire a organizar una competición internacional debe cumplir sin rechistar las exigencias de la FIFA aprobando, en su caso, las medidas legislativas pertinentes. En el año 2006, por ejemplo, el parlamento sudafricano otorgó a la Copa del Mundo 2010 el estatus de "acontecimiento protegido" sujeto a una legislación específica que reconocía a la FIFA como un Estado soberano en los alrededores de cualquier estadio sudafricano". En 2012, para que la FIFA concediese el torneo a Brasil, el Congreso de este país hubo de aprobar la ley 12.663, más conocida como "Lei Geral da Copa", propuesta por la FIFA, que había sido postergada en varias ocasiones tras acalorados debates en el parlamento brasileño. Sus detractores argumentaron que el Gobierno le estaba dando demasiados derechos a la FIFA, cuya legislación dicta las relaciones entre el Estado brasileño y la FIFA y otorga, en la práctica, poderes ilimitados a dicha entidad. La "Ley General de la Copa" exime a la multinacional del fútbol del pago de impuestos sobre sus beneficios, suspende toda actividad comercial de las empresas con ubicación próxima a los estadios que no tengan acuerdo con la FIFA y concede a los patrocinadores la exclusiva de ser las únicas marcas presentes tanto fuera como dentro de los estadios. Sólo la exención de impuestos a la FIFA va a costarle a los brasileños perder 680 millones de dólares. Pero este no es el único privilegio del que se beneficia esta entidad. Así, en octubre de 2011, el Congreso de Brasil aprobó una ley que eximía del pago de impuestos durante un periodo de cuatro años a los socios de primera categoría de la FIFA, entre los que se encuentran Coca Cola, Visa y Adidas.

La FIFA vela por los derechos exclusivos de venta para sí y para sus socios. Así, la "Ley de la Copa del Mundo" contempla una zona de exclusión de dos kilómetros alrededor de cada estadio sede, en la que la FIFA será soberana y se hará cargo de la seguridad, vigilará la venta de productos, el uso de sus marcas y los derechos de exclusividad de sus patrocinadores; lo mismo, ni más ni menos, que durante el Mundial de Sudáfrica. Allí, esto desembocó en que 100.000 vendedores perdieran su medio de vida. Según la asociación de vendedores ambulantes de Brasil, las licencias para la venta en la calle ya han sido retiradas o no han sido renovadas, y en las zonas donde se disputarán partidos no se expiden nuevas licencias. Además, muchos vendedores también perderán puestos de venta en el interior de la ciudad porque deben ceder el espacio para la construcción de infraestructuras ligadas a la Copa del Mundo o a las Olimpiadas, por lo que más de 300.000 vendedores ambulantes sufrirán las consecuencias.

En lo que concierne a la venta de alcohol dentro de los estadios, Jérôme Valcke realizó estas declaraciones: "El alcohol es parte de la Copa del Mundo de la FIFA. No negociaremos esto". Desde 2007 en Brasil está prohibida la venta de bebidas alcohólicas en los estadios. Sin embargo, dicha prohibición será derogada en virtud de la reglamentación especial de la "Ley General de la Copa" para no perder el contrato de patrocinio que la FIFA tiene con el fabricante de cerveza Budweiser, que ya se benefició del derecho exclusivo a vender cerveza en Sudáfrica y que excluyó a los cerveceros locales.

Saltándose a la torera la constitución brasileña de 1988, que establece específicamente que no puede existir justicia ni tribunales al margen de la ley, la "Ley General de la Copa" contempla también la creación de lo que la FIFA califica como "tribunales de excepción", cuyo objetivo es poder juzgar con la mayor celeridad posible las sanciones económicas o penales que se deriven de los casos de piratería u otros usos ilícitos de marcas y productos vinculados con la FIFA y la Copa del Mundo. Pero, para muchos, el colmo de esta legislación a la carta es el Proyecto de Ley 728, que tipifica para este Mundial el crimen de terrorismo, ajeno por completo a las leyes brasileñas desde tiempos de la dictadura.

Un nivel menor de democracia

A mediados de 2013 la Fiscalía de Brasil desafió a la FIFA al presentar un recurso, lo que representaba un riesgo legal en un momento en el que todos los patrocinadores ya habían pagado por tener la exclusividad en el Mundial y por tanto podrían demandar a la FIFA por incumplimiento del contrato. La multinacional del fútbol respondió de inmediato que el Gobierno tenía el compromiso de defender la ley aprobada y que, una vez firmado el acuerdo, un país no puede "cambiar de opinión". De hecho, las disputas y desencuentros entre el Gobierno brasileño y los máximos dirigentes de la FIFA comenzaron ya en 2010. En abril de 2011, su secretario general lanzó un ultimátum: "Voy a decir algo demencial, pero a veces, para organizar un Mundial de Fútbol es preferible un nivel menor de democracia. Cuando hay un jefe de Estado fuerte y con capacidad de decisión, como ocurrirá con Putin en 2018, para nosotros, los organizadores, será más fácil negociar a diferentes niveles que con un país como Alemania (en 2006)". Las exigencias de la FIFA son tan importantes que, sin la garantía de un Estado de que éstas serán aceptadas, prácticamente se descarta a un país de ser designado como sede de la Copa del Mundo. Un ejemplo reciente es el caso de la candidatura de Bélgica para el Mundial de 2018 (adjudicada en un sorteo amañado a Rusia) que, después de rechazar la exención de impuestos a la FIFA, obtuvo sólo dos votos, uno de ellos el de su propio representante.

En las últimas décadas, "la FIFA y el COI se convirtieron en paradigmas de la globalización al ser las primeras instituciones internacionales en poner en entredicho la soberanía nacional de los Estados. El poder político real de ambas asociaciones deportivas internacionales es tal que las discrepancias entre cualquiera de sus instancias y los organismos jurídico-políticos de los Estados se solventan en el marco jurídico y legal que rige ambas organizaciones, sin que admitan la injerencia de poderes judiciales nacionales o internacionales. Es más, cuando las diferencias entre una de estas asociaciones y un Estado desembocan en un conflicto abierto, se moviliza al conjunto de la organización para poner contra las cuerdas a este Estado recurriendo a presiones y amenazas que van desde las sanciones hasta la exclusión de las competiciones internacionales".

Lo cierto es que el poder de la FIFA ha crecido monstruosamente y se ha adueñado del fútbol en todo el planeta: es el Gran Hermano que vigila celosamente para que nada escape a su control y para que todo lo que ocurra en el mundo del fútbol sirva directamente al fin en sí de maximizar beneficios. Así, además de explotar al máximo a los futbolistas y de esquilmar al máximo a los clubes, para poder obtener mayores ingresos por la venta de los derechos televisivos, las concesiones exclusivas a los patrocinadores y la publicidad, entre otros tejemanejes, esta entidad mafiosa organiza un abanico interminable de competiciones en todas las categorías posibles. Durante los últimos cuatro años, se han jugado cuatro torneos de FIFA cada doce meses. En la actualidad, sin embargo, el ritmo infernal en la organización de competiciones que impone la FIFA hace que muchas federaciones nacionales y algunos jugadores hayan mostrado su rechazo al modo en que esta entidad dirige el fútbol, debido a la saturación de partidos y a los riesgos que suponen para la salud de los futbolistas los siniestros calendarios de competiciones.

Con todo, hay quien augura que Brasil podría ser el principio del fin que obligue a una FIFA desprestigiada, involucrada en un sinfín de escándalos de corrupción y movida por el peor de los capitalismos, a mudar de piel. Si el año pasado la Copa Confederaciones —una especie de ensayo general del Mundial— fue escenario de manifestaciones masivas, las recientes protestas contra la selección carioca en el primer día de entrenamiento son un anticipo de lo que ocurrirá durante la Copa del Mundo. El Gobierno y la FIFA hacen oídos sordos a la cólera de los cientos de miles de brasileños que protestan, a la vez que se imponen el espíritu del dinero y el lenguaje del Estado, que sólo hablan de represión. Cuando los manifestantes gritan "Não vai ter Copa", sin embargo, dejan muy claro no sólo sus prioridades (escuelas, hospitales, transportes), sino también su total hostilidad contra la celebración del Mundial y los negocios millonarios de la FIFA.

https://www.diagonalperiodico.net/global/23178-brasil-2014-colera-tiempo-futbol.html

Desmantelando las últimas joyas de la corona pública

La ministra de Fomento ha anunciado de tapadillo la definitiva privatización de las dos joyas públicas del Estado, el AVE y la red de aeropuertos de Aena Aeropuertos.

Como nos tiene acostumbrados este Gobierno, ha vuelto a ocultar a la atención de la ciudadanía y de los medios de comunicación medidas de tan profundo calado, postergándolas a la finalización de las elecciones y escondiéndolas entre la abdicación del rey y el debut de la selección en el mundial. 

El fraude de las privatizaciones de Aena y AVE liquida el espejismo de un sector de transportes público, amenazando la lenta recuperación del sector turístico, motor de nuestra economía. Pero incluso, en un futuro cercano, podemos encontrarnos con que nuestras infraestructuras de transporte aeroportuario y ferroviario pasen a capitales privados extranjeros, como ya lo están hoy el resto del transporte por carretera, marítimo y, salvo contados casos, las compañías aéreas. Nos preguntamos si es así como entiende este gobierno la Marca España.

Desde CGT entendemos que estas medidas, en las que el gobierno del PP vuelve a legislar solo y por decreto, son una muestra más de la vieja política de apropiación y liquidación de los bienes públicos ciudadanos, conseguidos con el esfuerzo de varias generaciones. 

La decisión de la venta del 49% del capital de Aena Aeropuertos del último Consejo de Ministros supone el enésimo bandazo de un proyecto privatizador que nunca ha tenido rumbo, y que ha sido criticado por la mayoría de los agentes implicados en el sector turístico. La ministra ha expuesto tres vagas razones: control de costes, incremento de la eficiencia y hacer el sector más competitivo, pero no ha dado un solo argumento, en una intervención intencionadamente corta, de cómo la salida a bolsa de un 28% del capital, o la colocación de otro 21% entre inversores amigos, pueda favorecer esa eficiencia, e incluso llega a equivocarse al decir que Aena Aeropuertos seguirá siendo un Ente Público (sic), cuando desde 2011 ya no lo es. Éste es su conocimiento del sector. 

Nuestra red de aeropuertos de interés general, que es de titularidad pública, nunca ha costado un euro al ciudadano, y ha autofinanciado la inversión en la ampliación y mantenimiento de sus infraestructuras. La única verdad que esconde este nuevo modelo privatizador es que el PP vislumbra la última ventana para malvender nuestra red pública de aeropuertos, los únicos rentables económica y socialmente. Lo único cierto de este nuevo expolio al ciudadano de a pie es que los únicos beneficiados de esta privatización serán los agentes colocadores, los facilitadores que conocemos de sobra de tantos y tantos escándalos notorios, y los bancos elegidos para llevar a cabo esta operación. Todos sacarán su más que pingüe beneficio, presente y futuro, de un bien que ahora es de todos. No hay más que ver el precio que se ha barajado para este expolio, unos 16.000 millones de euros, que de por sí es inferior al volumen de inversión realizado en la red de aeropuertos en los últimos 10 años. La ministra tampoco ha explicado que el Erario Público tampoco sacará nada de esta operación. 

Aena Aeropuertos ha tenido beneficios en los dos últimos ejercicios, ha reducido su endeudamiento e, incluso, ha realizado inversiones en la compra de aeropuertos fuera de nuestro país. Y este año está experimentando un crecimiento sostenido tanto en operaciones como en número de pasajeros. ¿Por qué venderlo entonces? 

CGT quiere dar a conocer a la opinión pública lo que esta operación supondrá en estas infraestructuras básicas, pues se trata de una operación meramente financiera. La voracidad de los capitales especulativos, que son los que entrarán en la operación, necesita de rendimientos altos y a corto plazo, lo que implica aumento de tasas y precios públicos y reducción de inversiones en seguridad operacional para el pasajero y en mantenimiento de las infraestructuras. 

Pero lo que no ha dicho este gobierno es que perderemos el control de las decisiones en una red que supone el 90% de la entrada de turistas extranjeros en nuestro territorio, que este paso sólo es el primero para perder una posición mayoritaria en el nuevo accionariado, pues los inversores ya han avisado reiteradamente que no tomarán posiciones minoritarias a medio plazo, y que en ningún caso queda garantizado el funcionamiento en red ni el cierre o la venta por separado de los aeropuertos que los nuevos dueños privados consideren no rentables o de los que se quieran desprender. 

Hacemos un llamamiento a todas las organizaciones sociales para movilizarse contra este expolio y para llevar este debate a la opinión pública, y tomaremos todas las medidas para evitar que las últimas infraestructuras básicas que quedan en manos públicas se expolien una vez más con los resultados que tan bien conocemos todos.

http://www.cgt-aena.org/comunicado/2014/20140613_Comunicado_Desmantelando_las_ultimas_joyas_de_la_corona_publica_Aena_Ave_Renfe.html

Rojo y Negro, 280, Junio

http://rojoynegro.info/sites/default/files/rojoynegro280.pdf

Suplemento Cultural: http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/separata%20cultura_3.pdf

Homenaje a Concha Liaño: http://www.rojoynegro.info/sites/default/files/separata%20concha.pdf

GALERIA DE BUITRES CXXXI

Las empresas del Ibex sólo tributan realmente un 6% de sus beneficios

El Gobierno ha anunciado que les quitará deducciones, pero también pretende reducirles el tipo nominal del Impuesto de Sociedades, que ahora es del 30%. Las pymes no se beneficiarán de esa rebaja.

Veintiocho empresas del Ibex 35 ganaron dinero en 2013 y su beneficio bruto conjunto ascendió a 13.100 millones de euros. De esta cantidad, sólo una pequeña parte (800 millones en números redondos) acabaron en las arcas públicas. Por lo tanto, la carga fiscal media que realmente soportaron fue en del 6%, muy lejos del tipo nominal del Impuesto de Sociedades todavía en vigor para ellas, que es del 30%.

Para reducir su contribución, las empresas disponen de un amplio abanico de deducciones y otros mecanismos de compensación, que suelen aprovechar a fondo. Se explica así, por ejemplo, que un valor como Inditex, con 1.640 millones de euros de beneficios, pagara a Hacienda el año pasado menos de cien millones (un 6,72%), según consta en su informe de cuentas correspondiente a ese ejercicio.

Otras sociedades del Ibex también se quedaron muy por debajo del tipo nominal; entre ellas, Red Eléctrica (2%), OHL (7%), Técnicas Reunidas (8%), Jazztel (11,5%), Indra (13%), Ferrovial (16%), Sabadell (18%) y Bankinter (20%).

Cambios en el impuesto

El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, ha anunciado su propósito de reconsiderar las deducciones que permiten que se den circunstancias como éstas, en línea con lo propuesto en el controvertido informe para la reforma fiscal que presentó el pasado mes de marzo un comité de sabios presidido por el profesor Manuel Lagares.

Pero Rajoy también pretende bajar al 25%, en dos fases , el tipo nominal del Impuesto de Sociedades a las grandes empresas, lo que en 2013 hubiera supuesto un notable ahorro para las trece pertenecientes al Ibex 35 que tributan una parte de sus beneficios superior a ese porcentaje, como DIA, ACS o Abertis.

Según la clasificación que realiza el INE, en España hay 3.800 grandes empresas, consideración que tienen aquellas con 250 o más trabajadores en plantilla. El resto hasta 3.200.000 ya están sujetas a un tipo nominal del 25% y Hacienda ha advertido de que no tiene intención de rebajarlo, a pesar de lo prometido por el PP en su programa electoral.

El anuncio de Rajoy de aliviar la carga fiscal de las grandes empresas coincide con un momento en que sus beneficios se están recuperando, en términos generales, de forma significativa. El año pasado, de las 35 incluidas en el Ibex, sólo siete declararon pérdidas: Acciona, Arcelormittal, FCC, BBVA, Caixabank, Repsol y Sacyr.

http://www.publico.es/dinero/524941/las-empresas-del-ibex-solo-tributan-realmente-un-6-de-sus-beneficios

Sospechosa coincidencia....

Sospechosa coincidencia de nacionalistas, banqueros y sindicatos del régimen: Felipe VI, rey por ley orgánica

Mientras las calles de toda España se revuelven de indignación y los ciudadanos salen a concentrarse en manifestaciones de protesta, la “fiesta” monárquica por el nuevo rey Felipe VI ya ha impreso sus entradas para un espectáculo que contará con invitados inesperados: los tres partidos nacionalistas catalanes, vascos y canarios que han sostenido al bipartidismo durante 35 años (CiU, PNV, Coalición Canaria) y las dos pequeñas formaciones nacionalistas españolas con reciente representación (UPyD, Ciutadans). Todas ellas expresaron hoy una curiosa coincidencia en sus comunicados públicos con los dos principales sindicatos del régimen (CC.OO y UGT) y los cuatro principales banqueros (Santander, BBVA, Caixa y Sabadell): manifestaron su apoyo a que una ley orgánica aprobada en las Cortes designe nuevo rey a Felipe de Borbón sin que haya un referendum popular que previamente lo valide. Con esta decisión, la alianza PP-PSOE logrará superar ampliamente los 176 votos necesarios y hará oídos sordos al reciente varapalo electoral del 25-M, donde ambas perdieron 10 millones de votos. Los miembros de la “casta” pretenden hacer todo además muy deprisa: quieren que la nueva ley de sucesión sea aprobada el próximo 18 de junio para cumplir los deseos del monarca, el sucesor y Mariano Rajoy, que anunció que “en un plazo muy breve las Cortes españolas procederán a la proclamación como rey de España del que hoy es príncipe de Asturias”.

CiU, PNV y Coalición Canaria se han mostrado a favor de Felipe VI y se limitan a solicitar una reforma constitucional “a posteriori” que lo valide. La misma petición que hacen las dos centrales sindicales de la “casta”, CC.OO y UGT, junto a los cuatro grandes banqueros. ¿Coincidencia? Las palabras utilizadas y la semántica de los comunicados denotan algo más que una casualidad.

El presidente de la Generalitat, Artur Mas (CiU) ha valorado la abdicación del rey expresando su “agradecimento” a su labor. Artur Mas ha deseado a Felipe de Borbón “suerte, acierto y éxitos” en su labor al frente de la monarquía, dando por sentado que ésta continuará sin refrendo popular. Es la misma actitud que ha manifestado el PNV, que ha coronado incluso a Felipe VI antes de tiempo: “Pedimos valentía y determinación al nuevo monarca para que afronte con realismo los verdaderos problemas que viven el Estado español y su ciudadanía”. En Coalición Canaria (CC), su secretario general, José Miguel Barragán, ha señalado que “la abdicación del rey Juan Carlos I y su próxima sucesión por parte del que hoy es príncipe de Asturias es una oportunidad para afrontar, sin más dilación, la reforma de la Constitución y la construcción de un nuevo pacto político, social y económico en España”.

El veterano sindicalista Cándido Méndez (UGT) ha confirmado que su sindicato apoyará a Felipe de Borbón tanto como a su padre: “Más allá de lo que haya podido ocurrir en los últimos años, su contribución a la consolidación de la democracia en nuestro país es algo totalmente positivo”. Méndez ha concluido que “la abdicación del rey Juan Carlos, en la figura del príncipe Felipe, debería ser considerada como una oportunidad para abordar una reforma de la Constitución en materia de reparto territorial y de participación directa de los ciudadanos”.

La comisión ejecutiva de CC.OO, comandada por Fernández Toxo, se ha sumado a la fiesta monárquica que celebrará la “casta” al margen de los ciudadanos. El sindicato que formaba parte del consejo de administración de Bankia ha expresado “el reconocimiento de la figura del rey Juan Carlos en la consolidación del sistema democrático” y lo más lejos que ha llegado ha sido a solicitar que tras la coronación de Felipe VI se produzca “una reforma profunda de la Constitución y del modelo de Estado que debe ser sometida a la opinión de las y los ciudadanos”.

En esta misma línea se han expresado los principales banqueros del país: el presidente de Banco Santander, Emilio Botín, mostró su “más profundo respeto y gratitud” a  Juan Carlos porque, en consonancia con los resultados económicos de su grupo, “ha supuesto el período de paz y prosperidad más largo de nuestra historia”. Botín también quiere a Felipe VI sin pasar por las urnas: “nuestra lealtad y apoyo al príncipe de Asturias, a nuestro futuro rey Felipe, cuya capacidad y dedicación a España conocemos y admiramos”.

El presidente de BBVA, Francisco González, ha agradecido a Juan Carlos “su dedicación y su entrega a España” y ha considerado que la continuidad de dicha contribución “está asegurada con el príncipe de Asturias”. El presidente del Grupo La Caixa, Isidre Fainé, ha resaltado el papel “clave” de Juan Carlos para el “éxito del proceso de transición democrática” y ha deseado al príncipe Felipe “un reinado sólido y próspero”. El presidente del Banco Sabadell, Josep Oliu, también considera que la dimisión de Juan Carlos abre “para todos los españoles un nuevo horizonte y una nueva etapa en la jefatura del Estado en la persona de su heredero, el príncipe Felipe“.

Entre los partidos pequeños que aspiraban a ser alternativa al PP, la coincidencia con la formación de Mariano Rajoy ha sido tal que se puede hablar ya abiertamente de “satélites” o alianza subterránea. La más previsible ha sido Rosa Díez (UPyD), quien ha subrayado la “colaboración plena” de su formación para que se produzca “un tránsito” con arreglo “a las normas” entre “la monarquía de Juan Carlos y la que ha de encabezar Felipe de Borbón”. Además, ha pedido al “nuevo rey” que trabaje en la “profundización de la democracia y el reforzamiento de las instituciones” y ha mostrado su agradecimiento a Juan Carlos por su papel de “acompañamiento e impulso en la consolidación de la democracia”.

La diputada de Ciutadans en el Parlament, Inés Arrimadas, ha ido incluso más allá y ha reconocido la figura del monarca como “un personaje clave de la Transición democrática española que ha garantizado la mayor etapa de paz, progreso económico y social, democracia y derechos y libertades del país”. Arrimadas ha afirmado que “el príncipe Felipe está capacitado para asumir esta gran responsabilidad”. Societat Civil Catalana ha expresado además su “respaldo al príncipe Felipe, que se convertirá en Felipe VI de acuerdo con las previsiones constitucionales, para que siga fortaleciendo los lazos de unión de todos los españoles y proyectando una imagen exterior de España como país democrático y avanzado”. Por último Vox quiso manifestar su “agradecimiento a Don Juan Carlos I por sus largos años de servicio a España” con un alegato: “La monarquía es una institución que ha estado ligada a la Historia de España desde hace siglos. La figura del rey ha sido a la vez símbolo y garantía de la unidad de España. En Vox tenemos plena confianza en que el príncipe de Asturias, ya como Felipe VI, sabrá asumir esa doble responsabilidad con éxito”.

http://www.espiaenelcongreso.com/2014/06/02/sospechosa-coincidencia-de-nacionalistas-banqueros-y-sindicatos-del-regimen-una-ley-organica-designara-rey-felipe-vi/

La monarquía : anacronismo histórico

 Juan Carlos I ha demostrado estar desconectado de la vida real de los y las ciudadanas y en su discurso de abdicación hace gala de ese alejamiento, cuando habla a los ciudadanos con compasividad, en tercera persona y desde un escalón superior.

En el S.XXI la continuación del sistema monárquico es un anacronismo. Juan Carlos I, y la Casa Real por extensión, han demostrado en los últimos años que viven muy alejados de la realidad algo que queda ratificado en su discurso de abdicación y en la no mención a la posibilidad de que los ciudadanos del estado español debatan si quieren la continuidad de la monarquía. Juan Carlos I ha cerrado hoy una parte de la historia, su historia, marcada por las sombras en su vida política, personal y económica.

Juan Carlos I ha puesto fin a su reinado con unas cuotas de aceptación mínimas y ha puesto fin a un reinado caracterizado por las sombras, sombras que por el blindaje del que goza la Casa Real es posible que nunca se despejen. Hay muchas sombras en su vida política, comenzando por su coronación a manos de Franco y continuando con ,quizá la más oscura, la que rodea todo lo ocurrido en el Golpe de Estado de Tejero. También su vida personal ha estado rodeada de sombras algunas de las cuales se han despejado en los últimos meses como su relación con la princesa Corina o su fastuoso estilo de vida con cacerías por todo el mundo. En la vida económica también se habla, y mucho, últimamente de las sombras que rodean a sus negocios, sin olvidar los casos de corrupción por los que están siendo investigados su hija y su yerno.

 También está alejada de la realidad la doble vara de medir de su mensaje, abdica para que la juventud revitalice una institución como la monarquía pero no hace mención a la posibilidad de que la juventud, y los no tan jóvenes que ya son varias las generaciones que no han tenido la posibilidad de posicionarse, se pueda expresar sobre si quiere o no una monarquía.

Los tiempos están cambiando, las últimas elecciones europeas han dejado tocado al sistema político actual, no solo por el descalabro del bipartidismo sino por el aumento de la abstención que crece en cada convocatoria electora. También la Casa Real está tocada, los supuestos casos de corrupción, la vida personal de Juan Carlos I... han llevado a mínimos históricos la aceptación de los ciudadanos. Estos cambios no se solucionan a base de continuidad, hay que cambiar drásticamente y desde luego “otro mundo es posible”, se demostró hace 80 años en el llamado Consejo de Aragón y se demuestra hoy en día en experiencias como la de los zapatistas en México.

Por ello desde CGT nos alegramos de que se vaya el rey pero no queremos a su hijo, como anarcosindicalistas estamos en contra del sistema monárquico y por supuesto, del capitalismo que lo sustenta.

http://www.cgtaragon.org/la-monarquia-anacronismo-historico