La Iberia de Luis Gallego se aprieta el cinturón a costa de la atención a sus pasajeros

En los seres primeros meses de este año, Iberia acumula más de dos tercios de todas las reclamaciones por cancelaciones de vuelo, retraso o denegación de embarque que registró en 2017. Los datos hasta junio de la Agencia Estatal de Seguridad Aérea (AESA) no dan buen pronóstico para la aerolínea que preside Luis Gallego. Si la tendencia se mantiene, a una media de 274 quejas por mes, la compañía cerrará este año con un aumento de un 37% respecto a 2017.

Condenada a ser una aerolínea de segunda en un holding, IAG, que prima la posición de British Airways, la Iberia de Gallego mantiene su cinturón bien apretado ante unas turbulencias económicas que todavía no dejan espacio para confiarse.

Con su tercer Expediente de Regulación de Empleo (ERE) ya enfilado -con 2019 como horizonte para que sus trabajadores se acojan a la medida- y provisionado con 180 millones en el último ejercicio, la compañía habrá liquidado a más de 5.500 trabajadores.

Esta estricta reducción en costes laborales como una de las vías para mantener a la aerolínea en números negros y dejar atrás aquella época en que se perdía un millón de euros diario se deja sentir en el servicio que ofrece la compañía a sus pasajeros y empaña su esfuerzo de renovación de la flota.

¿De qué sirve gastar millones en aviones más nuevos y eficientes si tus pasajeros van mal atendidos? Esa sería quizá la pregunta que Gallego debiera hacerse el día que decida devolver a la aerolínea el prestigio que un día tuvo.

https://www.elespanol.com/economia/empresas/20180910/leones-luis-gallego-iberia-marcos-ruao-fnac/336366362_15.html

La gestión de perfiles y la trazabilidad de la mercancía “ciudadano/trabajador”

La capacidad para perfeccionar la extracción de valor de las rutinas y perfiles de los ciudadanos es una de las características esenciales de las tecnologías digitales. Pero lo esencial es entender que es sobre ellas donde el último capitalismo parece descansar la nueva ola de acumulación de capital.  Las personas somos ya un producto al que su trazabilidad les convierte en fuente de datos y de negocio de gran importancia.  Y el blockchain, la inteligencia artificial y el internet de las cosas acentuará esa realidad.

En otro artículo expuse los rasgos de la trazabilidad aplicada al trabajo.  Aunque el concepto empezó como algo limitado a algunos productos, destinado a explorar su histórico, su ubicación y su trayectoria a lo largo de la cadena de suministros, se extiende ahora a todos los procesos en los que el rastreo de datos ofrece opciones de negocio.

Usted, como lector de información en internet, es ya “una mercancía trazable”. Se habrá dado cuenta que después de interesarse en Google por cualquier producto (un tipo de zapatos, por ejemplo) los anuncios de zapatos similares le aparecerán en cuantas noticias lea o webs visite desde ese momento. Le siguen al milímetro. Es la consecuencia de la llamada  “publicidad programática” que está basada en algoritmos que establecen coincidencias instantáneas entre su navegación por la red y los espacios disponibles en diversos medios online, que permiten casar los datos que tienen los anunciantes respecto al perfil de lo que usted aporta. Esa “coincidencia” es transferida instantáneamente de una web a otra en la medida que usted navega, de modo que va enriqueciendo el conocimiento de su perfil en cada paso que da.

La información que interesa para cada producto y para cada ciudadano se gestiona desde plataformas de Marketplaces en las que convergen y se sistematizan los datos obtenidos y suministrados por los Data Partners. Ese rol lo cumplen Google, Microsoft, Amazon, Telefónica, Airbnb, Inditex… pero también cualquier empresa con grandes ficheros de clientes a los que hayamos autorizado mediante un “acepto”, más o menos inconsciente, a gestionar nuestro perfil.

De modo que usted (y tambien el zapato como mercancía física) son “productos trazables” perseguidos al detalle y sobre los que se acumulan los datos básicos almacenados (de usted, sus gustos y necesidades pero tambien sus opiniones; del zapato, los posibles compradores) que son procesados en esos grandes Market Places hasta convertidos en objeto de comercio que ofrecen como producto elaborado al mercado. No lo olvide: el producto (también) es usted.

El trabajo como “objeto trazable”: el futuro que se nos viene encima

Cada producto tiene su proceso productivo y su trazabilidad. No es lo mismo la trazabilidad del acero o la del cemento que la de la merluza o los medicamentos. Ni, por supuesto, la del trabajo. Cada proceso requiere no solo unas herramientas tecnológicas especificas sino también unos datos específicos que permiten certificar su recorrido y sus rasgos cuantitativos y cualitativos.

El contexto de la trazabilidad del trabajo es evidente. Los dispositivos y las nuevas herramientas extienden el tiempo de trabajo a cualquier lugar, cualquier momento y cualquier circunstancia. La disponibilidad del trabajador se convierte en un valor en si mismo, al margen de lo que diga oficialmente la jornada. La frontera trabajo-no trabajo se diluye. Es como si cada persona debiera evidenciar su disponibilidad las 24 horas del día dejando constancia, en cada momento, si está ocupado, disponible o no disponible. Esos son los parámetros ahora. El derecho a la desconexión se formula como deseable pero es difícilmente regulable, como si el trabajo presencial continuara en formas parciales de teletrabajo en un continuo sin límites.

Al tiempo, cualquier lugar puede ser ya lugar de trabajo. La geolocalización medida por GPS aporta nuevas soluciones de identificación y optimización de los servicios.

En ese contexto, el salto dado hacia la trazabilidad del ciudadano como mercancía (su perfil, sus datos) es determinante para construir la trazabilidad del trabajo. La capacidad para disponer de todos los datos precisos y contrastados de su histórico laboral (origen, formación, experiencias laborales, participación en conflictos, absentismo, incidencias… ), la capacidad para rastrear su recorrido presente (donde está en cada momento, tiempos dedicados a desplazamiento y a trabajos específicos, los descansos…) o para medir su contribución (la productividad en cada momento, indicadores de eficacia y calidad, evaluación de su trabajo…) están entre ellos.

La trazabilidad del trabajo y la nueva gestión de “recursos humanos”

 Lo esencial es que estamos en puertas de cambios significativos en los parámetros de gestión de “recursos humanos” y en los sistemas de confianza que los justifican. Veamos cómo:

1. La nueva búsqueda y selección de personal se estructura a partir de nuevas herramientas basadas en blockchain. Forman parte de nuevas lineas de servicios que paradójicamente se agrupan bajo la denominación de “reclutamiento”, un término asociado a la milicia que anticipa ya la importancia asignada a los candidatos.  Para la selección utilizan parámetros que priorizan a unos sobre otros atendiendo a los perfiles y datos históricos digitales de cada trabajador. A partir de ahora, cualquier tentativa de elaborar “listas negras” que penalizaran a los trabajadores incómodos, sería tarea objetiva asignada a los propios algoritmos.

La plataforma Chronobank está especializada en los servicios de contratación de autónomos (ha leído bien, sólo de autónomos, los asalariados son el pasado) mediante la tecnología blockchain que permite clasificar y seleccionar a los candidatos atendiendo a su “reputacion” y anuncia el uso de “contratos inteligentes” anticipo del posible uso de monedas virtuales para el pago de servicios.

2. El control de la actividad y rendimientos la aporta automáticamente el dispositivo que acompaña al trabajador, normalmente su propio smartphone. Cuando se trata de servicios que conllevan desplazamientos (mantenimiento, reparaciones, seguridad, transporte, servicios al hogar…), ese control comienza conociendo el tiempo que tarda en llegar al lugar y preparase para la tarea, el tiempo ocupado en resolverla, las consultas que realiza a través de su monitor de apoyo y la firma del usuario-cliente como garantía de culminación del servicio.

El brazalete patentado por Amazon es un nuevo dispositivo pensado para actividades desarrolladas en grandes instalaciones. Permite identificar los movimientos y el lugar exacto de las manos de los trabajadores controladas por vibración con el objeto de reducir el tiempo perdido. La intensidad del trabajo o el relajo y escaqueo en las tareas, y, en consecuencia, la productividad de cada persona son medidos minuto a minuto.

3. Las políticas de retribuciones y promociones empiezan a estructurarse mediante algoritmos. El volumen creciente de datos disponibles sobre cada persona (big data) tiene en las empresas una aplicación evidente para la gestión del trabajo asociada a los algoritmos. Permiten construir ecuaciones complejas de las que se obtengan “propuestas objetivas” que personalizan la trayectoria de cada trabajador.

No solo las plataformas colaborativas volcadas en el trabajo de autónomos, como Uber, o de Google España que confía en su sistema basado en algoritmos para impedir la existencia de brecha salarial entre hombres y mujeres. Muchas de las grandes corporaciones se sienten tentadas a ese nuevo mito que pretende “objetivar” las relación con sus empleados.

4. Los algoritmos facilitan también que sea el propio usuario/cliente el que aporte su “evaluación democrática” del trabajo realizado. Esas valoraciones forman parte del histórico de cada trabajador y se convierte en un rasgo esencial que mide su reputación.

Cada uno de nosotros como cliente de un servicio “persona a persona”  (comercio, mantenimiento y reparaciones, talleres, hostelería, call center …) habrá ya evaluado el servicio recibido mediante el uso de notas o emoticones que sintetizan su grado de satisfacción. Y probablemente conozca que una valoración inferior a un 8 sobre 10, suele provocar, automáticamente, una penalización en la retribución.

Los llamados sistemas de Evaluación 360 tratan de extender esa lógica a todas las empresas de forma que sean los “usuarios internos” (no solo los jefes, también los compañeros o los subordinados), los que evalúen democráticamente a cada trabajador.

El mundo se adentra en una nueva dimensión que permiten vislumbrar la consecución de aquellas utopías sociales que asociaban el trabajo a una actividad que nos realice como persona en un entorno social democrático, (ver aquí ese dialogo con las utopías de Marx). Pero, en paralelo, se encuentra al borde de convertir el trabajo de las mayorías en una nueva distopía cargada de angustia.

Las bases de la nueva acumulación de capital

Aprovechar las lagunas regulatorias, sortear los contrapesos y las “rigideces” que conlleva someterse a la negociación colectiva, se percibe como una necesidad si se quiere aprovechar las ventajas del momento. El mercado de trabajo debe continuar uberizándose, evitando que las instituciones tomen las iniciativas adecuadas que igualen el terreno de juego y normalicen los nuevos derechos.

La nueva oleada de acumulación de capital depende de saber aprovecharse de las ventajas que conllevan situarse en esos espacios de frontera desregulados en las que las instituciones tardan en posicionarse. Si esas fronteras están en continuo avance y el gap regulatorio se sitúa en el entorno de 10 años, el negocio consiste en la capacidad de moverse durante ese periodo en esos espacios sin ley.

Por si no le viene una imagen adecuada se la facilito: vaqueros expoliando a los indios otra vez.

https://economistasfrentealacrisis.com/la-gestion-de-perfiles-y-la-trazabilidad-de-la-mercancia-ciudadano-trabajador/

 

GALERIA DE BUITRES CDLXI

El negocio del grifo: uno de cada cinco euros del recibo municipal va a beneficios de las empresas

Uno de cada cinco euros que los ciudadanos pagan en el recibo del agua en las principales ciudades de España acaba en la cuenta de beneficios de las empresas que gestionan el suministro, con unas rentabilidades netamente superiores cuando esos servicios de suministro y depuración han sido privatizados que mientras se mantienen públicos, según revela una ponencia presentada por los profesores del Departamento de Análisis Económico de la Universidad de Alicante Martín Sevilla y Teresa Torregrosa en el Congreso Ibérico de Gestión del Agua celebrado esta semana en Coimbra (Portugal).

Los profesores han estudiado las cuentas oficiales de diez empresas públicas y siete privadas que gestionan el suministro de agua de boca y la depuración de las residuales en algunas de las principales ciudades españolas, entre ellas Madrid, Barcelona, Sevilla, Bilbao o Málaga, que suman 15,8 millones de habitantes.

Esas 17 sociedades “representan el 34% del total de la población, el 39% del total de los hectómetros cúbicos consumidos y solo el 13% de los kilómetros de las redes de abastecimiento siendo su cifra de negocios el 57% del total”, datos indicativos de que el negocio del grifo se concentra en las aglomeraciones urbanas, donde el cliente está concentrado y la infraestructura necesaria es mucho menor que en las zonas rurales.

La cifra de negocio conjunta de esas 17 empresas en 2016 sumó 2.041,9 millones de euros con los que obtuvieron un resultado de explotación o beneficio bruto de 392,6 millones; es decir, que prácticamente uno de cada cinco euros ingresados (el 19,2%) fueron ganancias brutas.

Sin embargo, esos resultados no fueron homogéneos sino que se observan grandes diferencias entre algunos de los capítulos de ingresos y de gastos según se trate de empresas públicas o de sociedades privadas: las segundas obtienen mayores rentabilidades que las primeras tanto por habitante atendido como por caudal suministrado, mientras que sus costes declarados de aprovisionamiento son claramente superiores.

Diferentes tarifas, distinto negocio

Así, resulta significativo que de las siete empresas privadas analizadas (Agbar en Barcelona, Emaem en Alicante, Emuasa en Murcia, Aigües d’Elx en Elche, Ematsa en Tarragona, Aguas de Albacete y Emagrasa de Granada), únicamente las dos últimas obtengan rendimientos de menos de dos millones de euros por hectómetro cúbico suministrado, lo que supone dos euros por metro cúbico, mientras que, por el contrario, y con la excepción de Emaya en Palma, que supera los 2,5 por las peculiares condiciones de abastecimiento de la isla y por gestionar también las basuras, ninguna de las sociedades públicas o mixtas del ciclo del agua analizadas alcanza los dos millones por hectómetro cúbico.

Así, el Canal de Isabel II madrileño se acerca con 1,75, mientras la sevillana Emasesa, el consorcio de Bilbao y la malagueña Emasa superan el millón; no alcanzan esa cifra las empresas de aguas de Gijón, Burgos y A Coruña y se quedan por debajo de los 500.000 euros las de Cuenca y Vitoria.

Las tarifas aplicadas por las empresas públicas son inferiores a las privadas

Esas diferencias, apunta el estudio, pueden indicar “que las tarifas aplicadas por las empresas públicas son, por media, inferiores a las privadas. En los casos de Gijón, La Coruña y Cuenca, bastante inferiores. Por el contrario, las de Tarragona y Murcia son muy superiores al resto”.

Las diferencias son también notables en los ingresos por habitante, en los que el nivel de las privadas comienza en 120 euros anuales y llega a 160, salvo en Granada por la escasa eficiencia y las elevadas fugas que registra la red, mientras el de las públicas va de 20 a 120 con las excepciones de Palma (más de 180) y Madrid (138).

Los costes de aprovisionamiento

También llama la atención la diferencia entre los costes de aprovisionamiento, compra de agua y consumo de energía para bombearla y transportarla que anotan unas y otras en sus cuentas. Esta partida consume entre el 30% y el 70% del volumen de negocio de los servicios privatizados, de nuevo con la excepción de Granada, mientras, entre las públicas, solo en Gijón (38%) se supera esa cota. Ese gasto resulta testimonial en Cuenca, Sevilla y Vizcaya, en este último caso a pesar de recibir parte del suministro a través de un trasvase del Ebro.

“En este apartado sería muy conveniente conocer cuáles de estos costes se deben a las compras mayoristas de agua”, anotan, y a “los importantes costes de electricidad para elevar o impulsar el agua en sus distintas fases”.

Sin embargo, “prácticamente ninguna empresa diferencia estos costes en los documentos presentados en el Registro Mercantil, por lo que no podemos saber cómo influye cada uno de estos apartados en los costes totales”. En cualquier caso, apuntan que “los mayores costes agregados de las empresas privadas pueden también deberse a estar estas situadas con mayores precios del agua (zona de la Mancomunidad de Canales del Taibilla) o con mayores accidentes geográficos que exigen mayores consumos eléctricos”.

Ajustar el nivel de costes con las tarifas dadas

No obstante, y pese a las limitaciones de su investigación, Sevilla y Torregrosa reseñan cómo “los resultados de explotación presentan también datos reseñables que marcan la diferencia entre lo público y lo privado”.

Así, “la cierta homogeneidad” de beneficios finales entre el 8% y el 15% de las segundas, aunque los mejores resultados los obtiene el Canal de Isabel II con un 27%, parece indicar, “en comparación de las oscilaciones en otros parámetros, que ha habido un ánimo de ajustar previamente la cuenta de resultados a un propósito definido (…), como si lo hubiesen configurado de antemano”.

“Con estas cifras, podemos considerar que sus cuentas se hacen al contrario, es decir, con las tarifas dadas, ajustar un nivel de costes que den como media, unos resultados de explotación alrededor del 8%”, indican.

Una táctica de ese tipo explicaría “que existan mayores o menores contrataciones externas de servicios en función de la situación de cada una de las empresas” privadas, aunque “difícilmente podemos saber con estos resultados si ellos son debidos a una buena gestión o a que no se han llevado a cabo las inversiones necesarias en las redes de suministro o alcantarillado para de esta forma no lastrar las cifras de resultados finales”.

También resultan netamente superiores las partidas que las sociedades privadas anotan como amortizaciones de material en relación con su cifra de negocios, aunque eso puede deberse a las exigencias contables, mientras que las de personal resultan claramente inferiores, lo que indica una productividad más elevada.

Un auténtico desbarajuste

Los profesores critican la dificultad para acceder a información sobre los costes de la gestión del ciclo del agua en España. “Nos encontramos con un auténtico desbarajuste que no permite tener una idea adecuada del funcionamiento económico de un sector que, aunque considerado clave, el agua, deja mucho que desear respecto a su trasparencia informativa y responsabilidad pública”.

En este sentido, destacan que preguntas como cuáles son los costes de suministro a las ciudades cuál es la eficiencia económica de las distintas empresas “están lejos de poder ser contestadas de una forma consistente con el consenso de investigadores y responsables de estos servicios”.

Esas limitaciones, añaden, “ponen en evidencia la necesidad de realizar cambios legales que nos permitan tener una información seria sobre un sector público tan relevante como es la gestión del agua en nuestras ciudades”.

https://www.publico.es/economia/consumo-negocio-grifo-cinco-euros-recibo-municipal-beneficios-empresas.html

 

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La estrecha relación entre los paraísos fiscales y el cambio climático

Un nuevo estudio de la Universidad de Estocolmo alerta sobre el papel de los paraísos fiscales en la destrucción del medio ambiente

La revista Nature Ecology & Evolution ha publicado un informe realizado por el Centro de Resiliencia de la Universidad de Estocolmo en el que analizan el uso de los paraísos fiscales por parte de los conglomerados agroindustriales que operan en la selva amazónica y las empresas pesqueras involucradas en actividades ilegales.

El estudio denuncia que el uso de los territorios con una fiscalidad laxa y el secreto financiero que les proporcionan ha reforzado las industrias vinculadas a la deforestación amazónica y al agotamiento de recursos naturales.

Afluente del Amazonas, cerca de Manaos,
dañado por los procesos de deforestación

En dicha investigación se han analizado los datos del banco central brasileño para poder determinar las relaciones de las principales multinacionales agroalimentarias que operan en el país y los paraísos fiscales. Los datos analizados, correspondientes al periodo entre 2000 y 2011 ya que no existen datos posteriores, revelan que al menos nueve de los mayores productores mundiales de soja y carne de vacuno, dos industrias consideradas como los principales impulsoras de la deforestación, utilizan subsidiarias en este tipo de territorios para financiar sus operaciones en la selva amazónica. Cerca del 70% del capital extranjero, unos 18.400 millones de dólares, llegó a las empresas que operan en Brasil tras pasar por complejos de ingeniería fiscal y flujos de capitales usando subsidiarias de las propias empresas en territorios donde la factura fiscal es prácticamente nula y que brindan a estas empresas opacidad en sus operaciones.

Según los investigadores, “la prueba directa de causalidad sigue siendo esquiva” ya que es imposible establecer un vínculo directo entre el flujo de capital procedente de los paraísos fiscales, el uso de la tierra y el daño ambiental, pero alertan que la falta de transparencia asociada a las operaciones en los paraísos fiscales dificulta a los organismos de control y a los investigadores el seguimiento de la forma en que la financiación extraterritorial puede afectar a las operaciones sobre terreno.

En cambio, para el economista e integrante de la Plataforma contra los Paraísos Fiscales, Walter Acis, la relación es clara ya que, como explica a El Salto, el que este tipo de empresas contaminantes aprovechen las ventajas fiscales y de opacidad que les ofrecen estos territorios al localizar sus subsidiarias en ellos “facilita una sobre acumulación (capitalización de beneficios que no rinden impuestos), lo que permite potencialmente aumentar su capacidad inversora en procesos que aceleran el cambio climático”.

Esta misma investigación también se ha adentrado en la estructura fiscal de las grandes empresas pesqueras. El informe descubre que el 70% de los buques identificados por la Interpol como responsables de llevar a cabo actividades de pesca ilegal o no regulada tienen, o han tenido, banderas de paraísos fiscales. Estas grandes empresas pesqueras usan, principalmente, los mismos países que utilizan las grandes multinacionales de cruceros para evadir impuestos y funcionar de una manera opaca a las regulaciones internacionales: Panamá y Belice.

Esta investigación, por el momento, solo abarca estos dos sectores, pero, según explica el responsable del área de Cambia Climático de Ecologistas Javier Andaluz a El Salto, hay que tener en cuenta que los principales sectores económicos responsables de las emisiones de CO², tales como el energético, minería o el transporte, “alcanzan su máxima expresión con el capitalismo globalizado”, y alerta que en este sentido “tienen relevancia todos los mecanismos que engrasan y facilitan el flujo global de recursos materiales y energéticos, como son los paraísos fiscales, pero también los tratados comerciales (llamados de ‘libre comercio’) que fomentan las inversiones y los flujos comerciales garantizando los intereses de las grandes firmas capitalistas y debilitando la capacidades de regulación de los estados nacionales”.

Los Papers  del cambio climático

Las investigaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ por sus siglas en inglés), conocidas como los Panama Papers o los Paradise Papers, sobre el uso de los paraísos fiscales por parte de miles de empresas y particulares, ya mostraron cómo las compañías de recursos naturales y agroindustriales a menudo se aprovechan del secreto que proporciona la industria offshore para varios propósitos, incluyendo la evasión de impuestos. 

Como ejemplo, en 2017, los medios colaboradores con el ICIJ Premiere Lignes en Francia y Poder360 en Brasil, publicaron, gracias a los Paradise Papers, que la empresa brasileña Amagi, comercializadora de granos, oleoginosas y sus derivados, y la multinacional suizo-francesa Louis Dreyfus crearon en 2009 una empresa conjunta para operar en Bahía y otras áreas de Brasil. Según la investigación, el verdadero propietario de la filial subsidiaria utilizada en las Islas Caimán era el actual Ministro de Agricultura de Brasil, Blairo Maggi. 

Otro informe de ICIJ publicado en noviembre de 2017 encontró que un productor de pulpa y papel con sede en Singapur utilizó una red de compañías ficticias para evitar el pago de impuestos retenidos sobre los préstamos y para expandir sus operaciones en Indonesia, al tiempo que supuestamente contribuyó a la destrucción de la frágil selva tropical del país. 

¿Y si no existieran esos paraísos fiscales?

Según la estimación de un informe elaborado por Amigos de la Tierra Internacional (ATI), con el dinero que los gobiernos pierden por culpa de la existencia de los paraísos fiscales, en los próximos 15 años se podría abastecer a África, América Latina y gran parte de Asia al 100% con energías renovables. En otras palabras, los ingresos públicos que se pierden a través de los paraísos fiscales alcanzarían para suministrarle en 2030 a la mitad de la población mundial 100% de energías renovables.

ATI estima que las inversiones adicionales requeridas para suministrarle a la mitad del mundo 100% de energías renovables ascenderían en promedio a 507.000 millones de dólares anuales en un período de 15 años. Esta cifra es muy inferior a las estimaciones de ingresos públicos perdidos a nivel mundial a través de los paraísos fiscales. Una investigación del Fondo Monetario Internacional (FMI) estima que la pérdida de ingresos fiscales del conjunto de los Estados como consecuencia del fraude fiscal, sin tener en cuenta las operaciones en paraísos fiscales que gracias a las regulaciones internacionales y la ingeniería fiscal son legales, se elevaría a los 600.000 millones de dólares anuales. La Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos estima que los países en desarrollo pierden cada año unos 200.000 millones de dólares debido a la evasión fiscal. Algunos cálculos, como la de los economistas Gabriel Zucman y Thomas Piketty, elevan esa cifra mucho más.

Uno de los autores principales del estudio de la Universidad de Estocolmo, Víctor Galaz, alertó, tras presentar el informe, de que es hora de “empezar a ver los costos ambientales de los paraísos fiscales y cómo los actores y los flujos financieros están dando forma al planeta de maneras muy profundas”. El Centro de Resiliencia ya ha anunciado que seguirá publicando nuevas fases de este estudio que abarcaran otros sectores, empresas y países.

https://www.elsaltodiario.com/paraisos-fiscales/la-estrecha-relacion-entre-los-paraisos-fiscales-y-el-cambio-climatico

17 - Sept.: Gobierne quien gobierne las Pensiones se Defienden

La discriminación laboral por edad en España

En España, los trabajadores por cuenta ajena “seniors”, de más de 50/55 años, sufren una doble discriminación laboral.

En primer lugar, los trabajadores desempleados de este rango de edad, salvo excepciones, tienen muy difícil volver a trabajar por cuenta ajena, al menos en un régimen “normal”. Las empresas no tienen interés en emplear a un senior que conoce sus derechos laborales, tiene una experiencia que tratará de que sea valorada y será, en general, más difícil de gestionar. En cambio, preferirán emplear a un junior, educado en una cultura más mercantilista, cuya falta de experiencia se puede compensar, en parte, por algún curso de formación y que no creará problemas ya que no se diferencia de otros cientos con su misma formación y capacidades.

No es rentable, para la mayor parte de las empresas, reintegrar a seniors en paro, pese a las ayudas que las Administraciones dedican a esta opción.

En segundo lugar, los trabajadores de este rango de edad con empleo, pese a estar en su momento más alto de productividad, sufren una presión creciente para que abandonen la empresa mediante distintos mecanismos, entre los cuales se encuentran las prejubilaciones, las bajas incentivadas, e incluso los despidos directos o el acoso laboral. Por el sueldo (y derechos adquiridos) de un empleado senior se pueden contratar 2 e incluso 3 empleados juniors, y de nuevo, la experiencia de los primeros se compensa teóricamente con formación, consiguiéndose a la vez un ambiente laborar más “dócil”. Además, la Reforma Laboral que tenemos en vigor en España desde 2012 (aunque el problema ya empezó con la reforma de 2010), ha fomentado este proceso al abaratar los costes del despido, con lo cual las negociaciones de salidas voluntarias y los despidos se han abaratado para la empresa.

Estos no son fenómenos que se produzcan sólo en España, por supuesto, como se puede ver en el siguiente gráfico (fuente: ODCE), pero es evidente que estamos a la cola de Europa, ya que países como Bélgica o Francia tienen sistemas de protección social mucho mejores que los nuestros y que palían en mayor o menor grado este problema.

Tampoco la discriminación por edad de trabajadores empleados es un invento español, al menos que yo sepa. En Estados Unidos, una conocida gran empresa trasnacional, con implantación en España, está siendo investigada por discriminación por edad.

La diferencia, en España, es que la legislación laboral existente favorece estas prácticas.

Y eso tiene un impacto en la economía nacional.

Los exempleados seniors que no tengan un gran capital que les permita ser rentistas hasta la edad de jubilación, tienen sólo tres alternativas, dando por supuesto que no van a volver a trabajar por cuenta ajena en condiciones “normales”:

• Trabajar en negro. Esta es la situación más frecuente para los profesionales de menor cualificación. Pueden trabajar incluso para sus antiguos empleadores, o independientemente, en una situación de gran precariedad personal, de ilegalidad y de alto riesgo laboral.
• Trabajar como autónomos: Es una versión más legal del caso anterior, que al menos es legal y segura, aunque igualmente precaria. Los falsos autónomos, contra los que se está empezando a actuar, tiene un respetable porcentaje de trabajadores seniors. Para los profesionales con más cualificación, la figura más habitual es la del freelance, aún más legal, pero precaria en cuanto a la continuidad.
• Emprender un negocio: Esta opción está al alcance de muy pocas personas, ya que requiere capital, además de una idea singular, y una asunción de riesgos elevada. Suele ser la escogida por profesionales muy cualificados y con un nivel económico elevado.

En todo caso, cualquiera de estas “soluciones” descapitaliza de conocimiento la sociedad y el propio tejido empresarial, además de los costes que suponen las actividades negras o grises desde el punto de vista fiscal.

¿Qué deben hacer las Administraciones ante esta situación? En mi opinión tienen muchas cosas que pueden y deben poner en marcha:

• Las ayudas a la contratación de mayores de 50 años (en realidad empiezan a los 45 años) son claramente escasas. Es necesario incrementarlas sustancialmente.
• La actual campaña para eliminar los falsos autónomos es útil, y debe de seguirse trabajando en esa línea.
• Es necesario crear nuevos organismos administrativos de control de malas prácticas empresariales en materia de Empleo. Los actuales son claramente insuficientes. En España no existe un organismo equivalente, en funciones y capacidades, a la Comisión de Igualdad de Oportunidades para el Empleo de Estados Unidos (https://www.eeoc.gov/spanish/), y debería haberlo.

Pero y, sobre todo, para que este fenómeno discriminatorio no siga adelante y se incremente, hay que atajar la causa raíz, que no es otra que la Reforma Laboral de 2012. Es necesario y urgente abolirla.

https://blogs.publico.es/econonuestra/2018/09/10/la-discriminacion-laboral-por-edad-en-espana/

La aviación comercial llega a los 4.100 millones de pasajeros en 2017

La aviación comercial ha vuelto a batir su propio récord: en 2018, 4.100 millones de pasajeros, un incremento de 300 millones sobre la cifra excepcional de 2016 de 3.800 millones. Las estadísticas, que aún no se han publicado pero que se han filtrado, significa un aumento del 7.8 por ciento en el volumen total de viajes, absolutamente espectacular.

El aumento del número de viajeros por avión se basa fundamentalmente en un aumento de la oferta y en una caída de los precios de los billetes aéreos. Igualmente, es el primer año en el que no ha habido ningún accidente con fallecidos en la aviación comercial tradicional. Todo un año de récords.

Igualmente, el número de aeropuertos conectados ha aumentado con más de 20.000 enlaces diferentes, más del doble que el número de conexiones existentes en 1995.

Como se imaginan, el mayor crecimiento tiene lugar en la región del Extremo Oriente, que además ya tiene la mayor cuota de operaciones de todas las regiones con el 36.3 por ciento. Europa tuvo 26.3 por ciento del mercado y Norte América el 23 por ciento. Latinoamérica supone apenas el 7 por ciento de todo el tráfico aéreo mundial.

Las cinco aerolíneas con más pasajeros/kilómetro volados son American Airlines (324 millones), Delta Airlines (316 millones), United (311 millones), Emirates (289 millones) y Southwest Airlines (207 millones). Cuatro de las cinco primeras, americanas.

Los más viajeros son los americanos, seguidos por los chinos. Los británicos hicieron 147 millones de viajes por 114 los alemanes, pese a que estos son 20 millones más que los primeros.

https://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/la-aviacion-comercial-llega-a-los-4-100-millones-de-pasajeros-en-2017-280034.html

España, a la cola de Europa en gasto público en transporte

El Estado español se sitúa en el cuarto puesto por la cola en gasto en administración, regulación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de transporte, según datos publicados por Eurostat

El Instituto Europeo de Estadísticas, Eurostat, ha publicado los datos de gasto público en referencia al PIB en transporte para todos los países de la zona euro para 2016. Durante ese año, el conjunto de los Estados miembro ha gastado el 1,9% de la suma del PIB de dichos países. Esta cifra es una décima inferior al gasto de 2015.

El gasto público en transporte que mide el Eurostat incluye los gastos de administración, regulación, construcción y mantenimiento de la infraestructura de transporte, incluido el transporte por carretera, fluvial, ferroviario y aéreo, así como cualquier infraestructura para el transporte de mercancías, como oleoductos. También incluye la explotación de empresas de transporte público por parte de las administraciones públicas y cualquier subvención a la inversión en el mercado del transporte o para la explotación del transporte público. 

El Estado español, según indican las cifras publicadas por la institución europea, ha gastado un 1,4% de su PIB en transporte, muy por debajo del 1,9% de la media del conjunto de la Unión Europea o del 1,75% de la media de los países de la zona euro. Tan solo Chipre (0,6 %), Irlanda (1,1 %) y Malta (1,2 %) gastan menos que España en transporte.

El mayor porcentaje del gasto público en transporte en 2016 se registró en Luxemburgo (3,7 % del PIB), Hungría y República Checa (ambos con un 3,5 %). 

AVE, pozo sin fondo

España destina gran parte de los fondos dedicados a infraestructuras a la construcción y mantenimiento de la Alta Velocidad (AVE). Asociaciones y sindicatos del sector llevan años denunciando el abandono de los trenes regionales y de Cercanías en favor del costoso y poco sostenible AVE. En los últimos años la Alta Velocidad se ha llevado, según datos de CGT, el 71% de los fondos dedicados al ferrocarril, mientras que los trenes convencionales y Cercanías, que acaparan el 94% de los pasajeros (en 2017 Cercanías contabilizó 420 millones de pasajeros frente a los 20 del AVE), solo han obtenido el 29%.

En los últimos presupuestos generales para 2018 la inversión en ferrocarril fue de 4.301 millones, de los cuales el AVE se lleva 2.713—un 16,4% más que el año anterior—, principalmente dedicados al corredor mediterráneo y a las conexiones con Asturias, Cantabria,  Extremadura, Galicia y País Vasco.

Por el contrario, Cercanías fue dotada en los últimos presupuestos con 576 millones para mejora de infraestructuras y compra de trenes. La red convencional, a pesar de seguir muy por debajo del AVE en cuanto a fondos e inversión, con 848 millones, obtuvo un importante incremento del 63,1% en sus fondos respecto a los anteriores presupuestos generales.

El nuevo ejecutivo ya ha anunciado que pretende revertir esta tendencia invirtiendo en 2019 en torno a 3.000 millones en la renovación de la flota e infraestructuras de Cercanías.

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8 - Sept.: En pie por el clima

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Un mercado en auge para el turismo de lujo: en España hay 579 ultrarricos

Los contribuyentes que declaran patrimonios superiores a los 30 millones de euros en España, más conocidos como ‘ultrarricos’, alcanzaron la cifra de 579 en 2016, según los últimos datos sobre declarantes del impuesto de patrimonio publicados por la Agencia Tributaria. Aunque dicha cantidad supone sólo el 0,29% de las declaraciones sujetas a este tributo su crecimiento es notable, casi se ha triplicado en diez años, en 2006 había sólo 200.

El impuesto de patrimonio se suprimió entre 2008 y 2010, pero el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lo restableció en 2011, en principio temporalmente hasta 2013, pero Mariano Rajoy lo mantuvo y en estos años se ha observado un constante crecimiento en la cifra de ultrarricos, hasta los 352 en 2011, 443 en 2012, 471 en 2013, 508 en 2014 y 549 en 2015.

El número de declarantes de ese tributo roza los 198.000, sólo 579 superan los 30 millones de euros y la mayor parte, el 68,5%, declara propiedades y bienes por importe de entre 300.000 euros y 1,5 millones de euros.

El segundo grupo más numeroso es el de los contribuyentes que declaran entre 1,5 y 6 millones de euros, que alcanzaron en 2016 los 51.077, frente a los 50.738 del año anterior.

A continuación se sitúan los declarantes con importes de entre 6 y 30 millones de euros, hasta los 6.053, un 2% más respecto a los 5.931 del ejercicio precedente.

Las fortunas obligadas a declarar el impuesto de patrimonio se concentran en Cataluña, el 37,5% del total; la Comunidad Valenciana, con el 11,1%; Andalucía, 9,2% y Comunidad de Madrid, 8,8%. No obstante, esta última región tiene el patrimonio medio declarado más alto de largo, con 9 millones de euros.

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