La reforma eléctrica del Gobierno entra en su última fase, en la que está atrayendo fuertes inversiones hacia las grandes compañías. ¿En qué afecta al consumidor esta última parte de la reforma?
El 22 de julio se convertía en
viral en el mundillo de las renovables la noticia del
'boom' de operaciones en el sector renovable tras la reforma. En ella se afirma que grandes grupos están invirtiendo en plantas de generación eléctrica solar y eólica y que se prevé que esta tendencia aumente.
La noticia no viene sola. Hace escasas semanas E.ON España retomaba el nombre de la histórica Viesgo, tras ser adquirida por dos grupos de inversión, uno chino y otro kuwaití.
El año pasado Qatar Holding se convirtió en el primer accionista de Iberdrola. Endesa es propiedad en un 70% de el grupo italiano Enel. A día de hoy y tras la gradual salida de las cajas y bancos españoles de los accionariados de las grandes eléctricas, por la reestructuración en la que se han visto inmersos, han sido los grandes grupos de inversión, especialmente árabes, quienes han ocupado ese vacío. El mercado eléctrico español parece que se ha convertido en una apuesta segura.
Estos movimientos han coincidido en el tiempo con la reforma eléctrica del gobierno español. Muy significativo es que desde distintas empresas de comunicación se asocie el 'boom' de inversiones renovables al final de esta reforma. ¿Qué tiene la reforma para atraer tanta inversión?
La reforma eléctrica se planteó desde 2011 como imprescindible para acabar con la "crisis" del déficit de tarifa, si bien ya se
habían tomado medidas en ese sentido.
El segundo paso de la reforma se ha ido dando gradualmente desde entonces y hasta hoy, cambiando la forma en que se comercializa la energía, especialmente para pequeños consumidores.
Se modificó el impacto de las subastas diarias de energía en el precio final, se eliminó la TUR y nació el
PVPC. Por último se aprobó la retribución a las empresas de distribución y transporte de electricidad, como ya obligaba el mismo decreto que eliminó de manera retroactiva las primas a la generación renovable.
Pero esto no es todo. A la vez se han dado otros tantos movimientos motivados por fuertes conflictos de intereses: la obligatoriedad del cambio de contadores, la aparición del bono social, cambios en los pagos por capacidad para los ciclos combinados, idas y venidas en torno al carbón y la nuclear… Conflictos que ni mucho menos han desaparecido.
Sin embargo, la reforma eléctrica por parte del Gobierno
se da por cerrada con los Proyectos de Orden con los que se podrá calcular la retribución a las empresas de distribución y de transporte de electricidad. Esto es comprensible por dos motivos: el primero que el déficit de tarifa
se cree desaparecido y, por tanto, la deuda del sector debería dejar de crecer, el segundo que ya se ha intervenido en todos los elementos del sistema eléctrico.
El sistema eléctrico español está
dividido en cuatro elementos: generación, transporte, distribución y comercialización-consumo.
En la generación se afectó principalmente eliminando las primas a la generación renovable, dejando prácticamente intacta la retribución al resto de fuentes de energía, que por supuesto también reciben subvenciones y ayudas. En la comercialización-consumo, con las modificaciones en los tipos de subasta y de generación de precios para pequeños consumidores.
Y ahora toca el turno de cerrar y concretar cuáles son los costes reconocidos que el gobierno nos cobra para pagar a las empresas de Transporte y Distribución de electricidad.
Por el momento, sólo tenemos un proyecto de Orden que ha estado en exposición pública durante estos días pero que ya ha tenido reacciones. Por un lado se ha señalado que con esos números
los pagos a las eléctricas aumentarán en un 2% -4740 millones de euros-. A la contra de momento sólo se ha pronunciado el regulador: la CNMC considera que
hay disparidad entre sus criterios y los del gobierno a la hora de hacer estos cálculos.
El resultado de esta última parte de la reforma tendrá un impacto seguro tanto en la factura eléctrica como en el sistema eléctrico en su conjunto al afectar de lleno al elemento que hace que la energía eléctrica sea tan utilizada: el hecho de que la electricidad es el vector energético más fácil de transportar de los existentes. Con un par de cables podemos llevar energía de alta calidad y con gran eficiencia enormes distancias.
Hay varias causas por las que esta última parte de la reforma nos va a afectar. Por un lado está la distribución de electricidad, que es la actividad de transportar la electricidad en pequeños circuitos, con poca tensión y con poca distancia. A día de hoy esta actividad la ejercen empresas privadas que son las propietarias de la red a nivel físico.
Si hay ese aumento en los pagos a "las eléctricas" es porque son las grandes empresas energéticas las propietarias de la red de distribución según la región.
Es cierto que aunque el sistema eléctrico está partido en los cuatro elementos ya vistos, "las eléctricas" suelen operar en todos los elementos con el mismo nombre y distintos apellidos, alimentando la complejidad que existe para entender el sistema eléctrico. Por ejemplo Iberdrola en realidad se divide en Iberdrola generación, Iberdrola distribución e Iberdrola comercializadora. Donde por ahora no pueden intervenir es en el otro elemento que se ve afectado ahora: el transporte.
El transporte es la actividad de transportar electricidad a alta tensión. En el Reino de España, por ley, sólo hay un transportista: Red Eléctrica Española.
Que esto sea así no podía pasar desapercibido para las grandes empresas españolas de infraestructuras que despegaron asfaltando la península ibérica. Entre otros, ACS, el grupo empresarial presidido por Florentino Pérez, interpuso una demanda al gobierno por esa exclusividad de REE sobre el transporte en alta tensión por ley, cosa que no ocurre por ejemplo en el mercado mayorista del gas.
A la vez, se da la situación de que el accionista mayoritario de REE es el Estado español, siendo este elemento del sistema eléctrico el único en el que interviene como actor. Desde la Comisión Europea se insta al gobierno a que elimine esa restricción sobre la alta tensión, aunque en la práctica en toda Europa sólo hay un operador de alta tensión por cada sistema eléctrico.
Que REE sea principalmente pública –en un 20%, hay otros accionistas como Iberdrola- es un obstáculo más para quienes, puestos a pedir, van a por todo. REE es quien tiene la capacidad de invertir 4400 millones de euros en conexiones internacionales de la red eléctrica, cosa que, por cierto, también se apoya desde el gobierno con este último paso de la reforma al eliminar la limitación de inversiones que REE puede acometer de aquí a 2020.
Parece que tenemos el tablero ya puesto para que haya movimientos en el transporte y la distribución de la electricidad, el eslabón de la cadena del sistema eléctrico menos penetrado por "los mercados" y del que menos molestia se percibe en la calle.
Será porque no es frecuente que haya cortes de suministro ni es la parte más cara e inexplicable de la factura. Esta falta de "molestias" también nos pone en la pista de la falta de alternativas. A día de hoy en la izquierda hay una fuerte apuesta por la descentralización, el autoconsumo, la producción renovable y otras medidas que "democraticen" la generación eléctrica a la vez que despuntan las cooperativas de consumo de electricidad como alternativas a las comercializadoras integradas y dirigidas por grandes compañías oligopólicas.
Mientras tanto, las propuestas del campo popular son simplemente conservadoras para una red de transporte y distribución que está en plena transformación.
A pesar de la reforma laboral de Rajoy
