27 jul 2015

GALERIA DE BUITRES CCXXXVIII

La gran banca europea 'trasvasa' beneficios a paraísos fiscales para evadir cientos de millones a Hacienda
Los mismos grandes bancos europeos a los que Grecia ha de pagar principal e intereses religiosamente, porque la Troika prohíbe hacer quitas de la deuda pública, se dedican a trasvasar cientos de millones de euros de sus beneficios a paraísos fiscales para evadir los impuestos correspondientes a las Haciendas de sus respectivos países. Y los cinco primeros del ránking de esa elusión fiscal internacional (Royal Bank of Scotland, Deutsche Bank, Rabobank Group, Standard Chartered y Barclays) están entre los mayores beneficiarios de las descomunales primas de riesgo que se le han aplicado al Estado griego durante la crisis financiera global, en la que alguno de ellos tuvo que ser rescatado con decenas de miles de millones de las mismas arcas públicas a las que ahora defrauda.
Estas son las conclusiones del informe encargado a la consultora Richard Murphy FCA por el grupo de Los Verdes/ALE, tras una larga investigación efectuada por el Comité Especial sobre Impuestos del Parlamento Europeo (TAXE Committee), a cuyo contenido ha tenido acceso Público.
 
Maniobras de la 'Gran Coalición' para socavar el control a la banca europea
Los primeros indicios sobre estas prácticas defraudadoras, que detraen de las arcas públicas de cada miembro de la UE cantidades gigantescas en impuestos impagados, surgieron del escándalo LuxLeaks, filtración por la que salió a la luz que el Gobierno de Luxemburgo –cuya jefatura ostentaba entonces el actual presidente de la Comisión Europea (CE), Jean-Claude Juncker– cerró acuerdos secretos con más de 300 grandes multinacionales para que transfiriesen sus beneficios al Gran Ducado a cambio de abonar tipos impositivos incluso inferiores al 1%, frente al 20% o 30% que deberían abonar por impuesto de sociedades en los países donde en realidad hacían esos beneficios... incluida España, por supuesto.
A raíz de ese escándalo, los grupos de izquierda y ecologistas de la Eurocámara trataron de impedir la designación de Juncker como presidente de la CE (el ejecutivo de la Unión Europea) y de crear un Comité de Investigación sobre Impuestos para desentrañar esas maniobras secretas de ingeniería fiscal en Luxemburgo, Holanda e Irlanda que esquilman las haciendas públicas del resto de los países. Pero la Gran Coalición (populares, socialistas y liberales) impuso a Juncker al frente de la CE y "sólo permitió crear una comisión especial, que tiene muchas menos atribuciones que un comité de investigación", recuerda Ernest Urtasun, eurodiputado de ICV y uno de los 45 europarlamentarios de todos los países que trabajan ahora en ese comité.
"En realidad, tuvieron que acceder a que se crease un comité especial porque ocurrió algo parecido a lo del TTIP", el tratado de libre comercio UE-EEUU, explica Urtasun. "Hubo muchos socialistas que se descolgaron [de las órdenes de la cúpula de sus partidos], nos firmaron la propuesta y al final se logró formar el comité. Pero ahora hemos pedido las actas del grupo de trabajo sobre información fiscal, en el que los Estados miembros intercambian información a puerta cerrada, y no nos la quieren dar".
De hecho, muchos países no están colaborando con el comité, como la misma España, subraya Urtasun: "Los Estados que nos han pasado información son Finlandia, Luxemburgo, Reino Unido, Eslovaquia... y no todos los documentos. Por ejemplo, España aún no nos han mandado nada de lo que le hemos pedido. Si los Estados miembros siguen poniéndonos trabas para conseguir la información, volveremos a presentar en el Parlamento Europeo una solicitud de un comité de investigación, con autoridad para reclamar el material a cada Gobierno, y esta vez la presión política será mucho más fuerte".​
Vista de la sede de Deutsche Bank en Fráncfort. EFE/Christoph Schmidt
Vista de la sede de Deutsche Bank en Fráncfort
No obstante, el comité especial ya ha logrado reunir el suficiente material como para encargar el citado informe European Bank's Country-by-Country Reporting de Richard Murphy FCA Tax Research LLP Report, que muestra cómo la gran banca europea "ha estado sobrevalorando sus beneficios en jurisdicciones de bajos impuestos o en lugares identificables como paraísos fiscales, al tiempo que los infravaloraban en donde tienen sus mayores centros de operación". Hasta ahora, la investigación ha identificado un movimiento de evasión de beneficios superior a los 100 millones de euros, cantidad que parece pequeña sólo porque la mayor parte de los bancos no informan sobre las transacciones dentro de su propio grupo bancario, de forma que ocultan esa fuga de capitales a lugares donde tienen oficinas operativas propias.
Según las conclusiones preliminares del Tax Research LLP Report, los 26 mayores bancos de la Unión Europea hacen transitar sus ingresos a través de al menos 39 jurisdicciones nacionales para trasvasar sus beneficios hasta paraísos como Singapur, Hong Kong, Emiratos, Jersey, Malta, Curaçao, Mauricio o la Isla de Man. Pero también se los llevan a Estados de la UE que en realidad funcionan como tapaderas, ya que tienen regímenes fiscales especiales con tasas mínimas, como Irlanda, Holanda, Bélgica o el propio Luxemburgo.
"España no está colaborando con el TAXE Committee y debería hacerlo", insiste Urtasun, "porque los acuerdos que se han hecho en Luxemburgo y en Holanda han tenido un impacto sobre la Hacienda española que nos gustaría calcular, ya que todos esos son ingresos fiscales que España no ha recibido. Son multinacionales que venden productos aquí y que han derivado ingresos a Luxemburgo para pagar un impuesto de sociedades inferior al 3%. Es algo muy grave y tenemos presentada una moción en el Congreso que ni siquiera sabemos si dará tiempo a que se debata en esta legislatura".
Sorprende, por tanto, que los mismos gobiernos que se muestran implacables con la devolución de la deuda pública de países como Grecia, se dediquen a obstruir las investigaciones sobre las fortunas que esas mismas grandes entidades financieras, beneficiadas por dicha política económica, están defraudando a sus propias haciendas. Tal parece que los gobernantes de las potencias económicas de la UE no defiendan los intereses de sus ciudadanos y sus Estados, sino los de la gran banca y en detrimento de las arcas públicas.
Por ejemplo, el coloso financiero germano, el Deutsche Bank, con ingresos anuales de 33.000 millones de euros, deriva sus beneficios hacia la isla de Malta –un conocido paraíso fiscal de las corporaciones alemanas– y el informe estima que puede haber evadido así alrededor del 18% de sus ganancias, que rondan los mil millones de euros anuales. Este gigante bancario, con sede en Fránkfurt (igual que el BCE) y operaciones en 70 países, tuvo que abonar el año pasado multas por valor de 2.500 millones de euros, impuestas por las autoridades reguladoras de EEUU y del Reino Unido por haber manipulado las tasas de interés de referencia.
Tantos son los tejemanejes financiero/fiscales del Deutsche Bank, que lo que tiene que pagar luego en abogados, gastos judiciales y penalizaciones por sus infracciones y maniobras ilegales está empezando a socavar sus cuentas de resultados: según Bloomberg, en sólo tres años tuvo que gastarse 7.100 millones de euros en litigios.
Durante la crisis, el DB también engaño a los reguladores bancarios estadounidenses y europeos, ocultando pérdidas por valor de 12.000 millones de dólares en las operaciones con derivados que acabaron hundiendo el casino bursátil, según confesaron en EEUU tres exempleados del coloso financiero. Y su inmenso tamaño tampoco le salvó de la necesidad de ser rescatado con fondos públicos, ya que recibió 11.800 millones de dólares del rescate de la aseguradora AIG, hundida por el estallido de esa burbuja global. Aunque nunca se reconoció que la entrega de esa suma al Deutsche Bank constituyó un rescate del banco alemán, pese a que procedía de los más de 160.000 millones de dinero público con los que se rescató la AIG.
Pero el Deu​tsche Bank no es más que el segundo del ránking de defraudadores bancarios listados en el informe. El primero es el Royal Bank of Scotland (RBS), cuyos beneficios antes de impuestos se duplicaron hasta superar los 3.700 millones de euros sólo en los primeros seis meses de este año y que, según el informe, "redistribuye" cerca del 32% de sus ganancias en países inopinados, como Finlandia, para evadir impuestos.

Además, el caso del RBS es especialmente sangrante porque en 2008 tuvo que ser rescatado con el dinero de los contribuyentes británicos: el Gobierno de Cameron nacionalizó el 82% de la entidad pagando un precio elevadísimo por acción. Esos casi 54.000 millones de euros de dinero público están muy lejos de ser recuperados, ya que Reino Unido ha estado vendiendo paquetes de acciones a la mitad de lo que le costaron.

El tercer banco en esta clasificación de mega-evasores fiscales europeos es el gigante holandés Rabobank, que transfiere el 19% de sus ganancias a paraísos como Curaçao, donde declara altísimos beneficios que sin duda nada tienen que ver con la magnitud económica de la isla. Sus beneficios netos anuales rondan ahora los 2.000 millones de euros, pero es otra de las entidades financieras que recibieron parte del fabuloso rescate de la AIG y que fueron identificadas por una investigación del muy conservador The Wall Street Journal, que estimó en 50.000 millones lo que recibieron los bancos europeos y estadounidenses de esa operación encubierta con dinero público.
Más abajo se puede leer (en inglés) el informe completo European Banks’ Country-by-Country Reporting, que repasa prácticamente todos los grandes imperios financieros europeos, incluidos los españoles (el BBVA está sexto en la lista), y del que se extrae una conclusión general escandalosa: las mayores entidades bancarias de la UE están defraudando masivamente a las haciendas públicas, pocos años después de que los contribuyentes europeos tuvieran que sufragar con cientos de miles de millones de euros los rescates de muchos de esos bancos privados.
Eso sí, esas entidades financieras no pueden perdonar a los Estados ni un céntimo de los intereses que les cobran por su deuda pública. ¿Cómo pretenden convencernos de eso Merkel y Juncker?
​European Banks CBCR June 2015 Final
http://www.publico.es/internacional/gran-banca-europea-trasvasa-beneficios.html
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Las obsesiones del oligopolio eléctrico

El Ministerio de Industria, encabezado por el ministro José Manuel Soria y su secretario de estado de energía Alberto Nadal, ha desarrollado a lo largo de la legislatura que termina una larga batalla en defensa de los intereses de las grandes compañías eléctricas y contra el desarrollo de los sistemas de auto-producción y auto-consumo eléctrico renovable.
Muchas de las normas dictadas por este ministerio son atropelladas, injustas e indefendibles, repugnan al sentido común y contravienen las directivas europeas relativas al sector energético y a los objetivos de sostenibilidad ambiental. Y, aunque cuentan con la laxitud morosa de los tribunales españoles para salirse con la suya, difícilmente saldrán indemnes de los cientos de demandas planteadas en los tribunales internacionales. Lo saben. Saben que los intentos por impedir el desarrollo de las energías renovables están condenados al fracaso.
Entonces, ¿por qué ese empecinamiento, destinado a ser castigado en los tribunales? ¿Por qué hacer tanto daño a las personas, empresas y pequeños inversores que apostaron por las energías renovables?

Un sistema eléctrico corrupto

El sistema eléctrico español está dominado por un número muy pequeño de empresas transnacionales que explotan, en régimen de oligopolio, una necesidad básica. Sus clientes son la totalidad de la población, todos los hogares, empresas e industrias del país, consumidores cautivos que no pueden dejar de utilizar la electricidad para satisfacer sus necesidades. Esta es una situación inmejorable para cualquier empresa comercial.
Los privilegios del oligopolio se fundamentan en la connivencia con el poder político. Estas empresas obtienen una regulación favorable a sus intereses, en detrimento de los intereses de los consumidores, gracias a las influencias de algunos miembros de sus consejos de administración que, en un pasado reciente, ostentaron altos cargos políticos en el sector.
Esta práctica, conocida como "puertas giratorias", permite poner los contactos y la información privilegiada de los cargos políticos al servicio del oligopolio. La Fiscalía Especial Contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada ha respondido, a la denuncia presentada por la Plataforma por Un Nuevo Modelo Energético, que no ve indicios de delito en esta costumbre, pero para la ciudadanía es muy poco ética y nada estética, un caso evidente de mala praxis política.

Un error de cálculo

Fieles creyentes en el crecimiento infinito, durante los “años locos” de la burbuja las empresas del oligopolio apostaron muy fuerte por construir nuevas centrales de gas de ciclo combinado, seguros como estaban de que la progresión de la demanda era imparable. Un desatino. Sus grandes inversiones obedecían a un error de cálculo garrafal y vieron pronto amenazada su rentabilidad, porque apenas se utilizan. Menos mal que los amiguetes les ayudan a sobrellevar el mal trago con los pagos por capacidad.
Paralelamente, la generación renovable ha conocido una evolución imparable. La reacción del oligopolio a la implantación de estas tecnologías ha sido paradójica. Parecen estar asustadas ante la producción fotovoltaica, una tecnología muy flexible y escalable que, gracias a la impresionante caída de precios, permite abordar instalaciones de auto-producción de cualquier tamaño, con inversiones contenidas. Por otro lado, parecen ver con mejores ojos la tecnología eólica, mucho más exigente en capital. En cualquier caso, han señalado a las energías renovables como el enemigo a batir.
Son muchas las razones de esa enemistad manifiesta pero, la fundamental es el cuestionamiento de su modelo de negocio: venden un producto imprescindible, a un mercado cautivo y en las condiciones más ventajosas, gracias a su influencia casi mafiosa sobre el poder político.
Podríamos pensar, un poco ingenuamente, que esto es así por su incapacidad para adaptarse al nuevo paradigma industrial que surge con las tecnologías de producción renovable de electricidad. Pero no hay que dejarse engañar. Las grandes empresas energéticas no son dinosaurios industriales anclados en el pasado, no es que quieran aferrarse a las viejas y conocidas tecnologías fósiles y nucleares, que son muy sucias pero funcionan. Todas estas empresas tienen poderosos grupos de ingeniería y desarrollo. Todas han sido capaces de innovar en tecnologías de red para gestionar a distancia la facturación de sus suministros. La innovación tecnológica no les es ajena.

La guerra a las renovables

La estrategia industrial, compartida por los dos partidos que se han alternado en el poder desde 1982, ha sido la formación de grandes grupos empresariales. La formación del oligopolios es pues una consecuencia inevitable de la estrategia seguida en la larga reconversión industrial de la transición. Las soluciones que se salen de este esquema de concentración empresarial son consideradas contraproducentes y, en el terreno energético, las energías renovables han sido el enemigo a batir.
Durante el primer gobierno neoliberal, iniciado en 1996 y presidido por José M. Aznar, tuvo lugar la liberalización del sector eléctrico y de las telecomunicaciones, entre otros, pero también, en 2004, el primer decreto de estímulo a las energías renovables.
Durante este tiempo, una infinidad de regulaciones superpuestas han garantizado los beneficios de las empresas de producción eléctrica convencional, la llamada producción "de régimen general", favoreciendo las inversiones en ciclo combinado y racaneando el apoyo y los estímulos a la producción renovable. Sobran los ejemplos: los costes de transición a la competencia, el reconocimiento sin evaluación de los costes de producción alegados, el sistema marginalista de fijación del precio de la electricidad, la renuncia a reclamar la parte correspondiente a las concesiones hidráulicas, los pagos por capacidad, los incentivos por interrumpibilidad, la prolongación de los plazos de explotación nuclear, etc. El catálogo de abusos es muy largo pero se resume brevemente: su coste recae siempre sobre los consumidores, que difícilmente pueden defenderse en este galimatías, intencionadamente oscuro y alambicado.
La última escena de este sainete retrógrado es el Real Decreto con el que el Ministerio de Industria pretende regular el auto-consumo. Es una comedia negra porque esa regulación que pretende hace completamente inviable el auto-abastecimiento, bloquea los intentos de algunas comunidades autónomas para eludir el impuesto al sol y se enfrenta a las directivas europeas y al sentido común.

Las razones de este ensañamiento obsesivo

Para entender la estrategia del oligopolio y de la administración a su servicio hay que distanciarse un poco de las muchas batallas y litigios abiertos por el Ministerio, para situarnos en perspectiva: estamos iniciando un cambio de paradigma y lo que está en juego es la hegemonía en el nuevo mercado energético. Reemplazar un sistema eléctrico basado en la producción centralizada y el transporte a largas distancias en alta tensión por otro, en el que predomina la producción descentralizada y el consumo cercano, apoyado en una red inteligente que proporciona el equilibrio y la potencia de fondo, es una tarea gigantesca o, dicho de otro modo, es un gran negocio.
La transición hacia un modelo renovable y descentralizado abre un mercado muy goloso. Un mercado en el que pequeñas empresas, pioneras en el sector, tratan ya de abrirse un hueco en el diseño, la regulación y el control de estos sistemas de sistemas de generación de energía limpia. También hay conglomerados empresariales de tamaño importante, que tratan de crecer en los mercados termoeléctrico y fotovoltaico, que son terrenos mucho más exigentes en capital.
Pero nuestro voraz oligopolio lo quiere todo. No quiere dejar que ese mercado se desarrolle en sus narices sin quedarse con la mayor tajada. Pero sabe que, para tener éxito, necesita tener un producto competitivo para un mercado maduro. Veremos, sin duda, a las grandes compañías ofertando un producto que ahora demonizan. Tendrá gracia ver a Endesa, Iberdrola y Gas Natural ofreciendo instalaciones de auto-consumo, llave en mano, en uno o dos años. Y, para que la gestión técnica de la necesaria y gigantesca smart grid funcione, necesitarán incorporar a un socio tecnológico de primer nivel. Muy posiblemente, veremos a Telefónica en proyecto conjunto con las eléctricas, proporcionando la infraestructura de red de datos que haga posible la telegestión eficiente del balance neto.
El oligopolio sabe que la conexión a una red inteligente es la solución más viable para el almacenamiento de excedentes. La red es la mejor solución, no las baterías. Por eso es de esperar que finalmente sustituyan el antipático término fijo de la factura, en función de la potencia contratada, por una "Cuota de Conexión" fija. También los gigantes de la distribución están interesados en este suculento mercado: la megadistribuidora Walmart ya está instalando plantas fotovoltaicas en Latinoamérica, Ikea empezará a vender equipos fotovoltaicos en Reino Unido. Es muy posible que lleguemos a ver una guerra abierta entre nuestros gigantes tecnológicos y los paquidermos de la distribución. Una guerra de titanes en la que las eléctricas tienen un as en la manga: las redes de distribución.
El acceso a las redes de distribución es la clave para mantener su dominio. Si hay que cerrar las grandes plantas térmicas y nucleares, tan sucias como rentables, y la producción distribuida se generaliza, siempre les quedarán las infraestructuras de distribución, que consideran su monopolio natural.
Para democratizar el acceso a la energía, en el nuevo escenario de producción distribuida a partir de fuentes renovables, es vital recuperar el control público de las redes de transporte y distribución. Los nuevos actores políticos deben plantearse recuperar una posición dominante en Red Eléctrica Española, el gestor de la infraestructura de transporte. Por su parte, los gobiernos locales y autonómicos deben proponerse recuperar el control de las redes de distribución, que deben ser de titularidad pública para facilitar el acceso de las instalaciones de auto-producción a la red.
Por estas razones, la posibilidad de un cambio de ciclo político en España es visto como un desastre, que podría dar al traste con sus planes estratégicos. Por eso las empresas del oligopolio están obsesionados con controlar el desarrollo de el nuevo modelo energético en España. Por eso son tan agresivas.

Radiografía social del medio ambiente en España

Primer informe de Greenpeace que radiografía el medio ambiente en España y sus consecuencias sociales
Greenpeace realiza en este informe un diagnóstico de la situación medioambiental en España a través de un recorrido por las Comunidades Autónomas. Se identifican las principales problemáticas a la vez que se destacan iniciativas o aspectos positivos en términos de medio ambiente. Además, se analizan las consecuencias sociales que tienen tanto los aspectos positivos como los negativos.

Las Comunidades Autónomas aparecen ordenadas en el informe según la valoración que han obtenido en el Índice de Calidad Ambiental de Greenpeace. Este índice se ha elaborado a partir de una serie de indicadores que ofrecen un diagnóstico de la calidad ambiental de cada comunidad en los temas: agricultura, calidad del aire, costas, pesca, energía y cambio climático, protección y gestión del territorio y residuos.
http://www.greenpeace.org/espana/Global/espana/2015/Report/general/gp_radiografia_web.pdf

23 jul 2015

GALERIA DE BUITRES CCXXXVII

Anticorrupción se querella contra Matas y el presidente de OHL por un concurso amañado
El fiscal anticorrupción de Baleares Pedro Horrach acaba de presentar querella contra el expresidente regional, Jaume Matas, y el presidente de OHL, Juan Villar Mir, entre otros por el presunto amaño del concurso en 2006 para adjudicar el hospital mallorquín de Son Espases, el mayor del archipiélago. El fiscal entiende que existen indicios de los delitos de prevaricación, falsedad documental y fraude a la Administración pública.
Aunque finalmente OHL no obtuvo la adjudicación porque el proceso se paralizó tras publicarse las sospechas de amaño, la Fiscalía cree que Matas ordenó a sus subordinados favorecer a la empresa de Villar Mir.
La confesión de varios antiguos subordinados de Matas en el Govern balear, entre ellos la exconsellera de Sanidad, Aina Castillo, ha resultado clave para el avance de las investigaciones.
El presidente de OHL, Juan Miguel Villar Mir
En la querella, que se dirige en total contra ocho personas, entre ellas el exgerente del PP balear, Horrach define el concurso de Son Espases como "máximo exponente" de la "perversión de los procedimientos de contratación pública".
Aquel concurso, acusa en otro momento, fue "arquetipo del modelo de actuación del máximo representante institucional de las Islas Baleares [en referencia a Jaume Matas], que ejecuta sus decisiones a través de subordinados para ocultar quién maneja los hilos".
Y esos subordinados, escribe Horrach, desempeñaban el papel de "títeres complacientes que tras acabar su función como escudo protector son abandonados sin escrúpulos ni remordimiento a lo que la ventura provea".

La “indignación de Génova”
Según la Fiscalía, las cosas sucedieron así: el Govern balear contrató, a dedo y también con amaños, a una consultora para que analizase las ofertas para la construcción del hospital de Son Espases, cuyo presupuesto inicial superaba los 700 millones de euros.
Llegado el momento, la entonces consellera de Salud, Aina Castillo, comunicó a Matas que las ofertas de Dragados y OHL estaban prácticamente empatadas en puntuación. Y fue aquí –confesó la propia Castillo- cuando Matas le entregó un folio con instrucciones precisas –“los argumentos técnicos”– para favorecer a la empresa de Villar Mir.
“Resulta lógico inferir –escribe el fiscal– que si los fraudulentos ardides expuestos tenían copmo finalidad beneficiar a OHL, los representantes de dicha compañía no solo conocían dicha circunstancias sino que cooperaron a la misma”.
Horrach relata casi a renglón seguido cómo Aina Castillo confesó que el representante de OHL en las islas, José Magán, también querellado, se quejó de la marcha del concurso. Supuestamente, Magán le dijo a Castillo que “si bien sabía que la declarante no tenía nada que ver con el tema, le trasladase al presidente Matas la indignación de Génova por lo que estaba ocurriendo con el procedimiento de adjudicación de Son Espases”.  
OHL y su presidente, Juan Miguel Villar Mir, se cuentan entre los investigados en el caso de los papeles de Bárcenas. El empresario ha negado siempre haber efectuado donaciones al PP y, mucho menos, haber aportado dinero al partido a cambio de contratos públicos.

Preparando el pelotazo inmobiliario
El fiscal, que instruye el caso tras haber abordado la investigación sobre la trama Nóos, relata cómo en una cena celebrada en el reservado de un restaurante madrileño el 10 de abril de 2002, Matas, entonces ministro de Medio Ambiente con José María Aznar, desveló a empresarios baleares un suculento secreto: planeaba presentarse a las elecciones autonómicas de 2003 y uno de sus grandes proyectos pasaba por que el futuro gran hospital de referencia de Mallorca se alzase en la zona de Son Espases.
El Ayuntamiento de Palma, recuerda el fiscal, "no había iniciado el proceso de selección de los terrenos para la ubicación del nuevo hospital". Pero, continúa Horrach, "efectivamente la finca de Son Espases fue la elegida y adquirida" por el consistorio para el nuevo centro sanitario. "No sin antes –precisa la querella–, por motivos obvios, ser adquiridas absolutamente todas las fincas anexas a Son Espases por grandes compañías constructoras de esta comunidad".

EasyJet hace su agosto en Málaga y Alicante

Para quienes estéis acostumbrados a los lamentables resultados económicos que van acumulando las compañías aéreas españolas ¿qué os parece que uno de sus más feroces competidores aumente sus beneficios en un trimestre en nada menos que un 14 por ciento? EasyJet, la compañía naranja, está que se sale. Ha tenido un trimestre espectacular, que le permite vaticinar un ejercicio extraordinario.
 
¿Cuáles son las razones? Pues básicamente España. España está atrayendo más y más clientes, porque especialmente en relación con Gran Bretaña, estamos cada día más baratos. Eso ha disparado los niveles de ocupación, lo que como se sabe dispara los rendimientos económicos. El aeropuerto de toda la red que más aumenta para EasyJet es Málaga, seguido de Alicante y en tercer lugar Faro. España, la máquina de hacer dinero.
 
¿Cómo es posible que las compañías aéreas extranjeras tengan en nuestros aeropuertos una máquina de hacer dinero, mientras las nuestras, sin ir mal, no terminan de despegar?
 
Las razones son dos, inequívocas: por un lado, porque no tenemos presencia en los mercados internacionales. Air Europa apenas vuela a los países centro y noreuropeos, que han quedado totalmente en manos ajenas, mientras que Iberia, desde siempre, se ha centrado en los viajes de negocios. La segunda razón es que tanto EasyJet como Ryanair -cuyo avance de resultados se conocerá en breve, pero probablemente sea tan espectacular–, parte de costes bajos, ajustados, con lo que los márgenes cuando la demanda sube son impresionantes.
 
Atención a este dato: EasyJet y Ryanair sólo compiten en el cinco por ciento de todas sus rutas. Interesante ver cómo se han repartido Europa, donde hacen lo que quieren.
 
Jaime Amador

GALERIA DE BUITRES CCXXXVI

Los vínculos entre los negocios del marido de Cospedal y la construcción del cementerio nuclear
Según informa la Plataforma Contra el Cementerio Nuclear en Cuenca, el presidente del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), Fernando Martí Scharfhausen, ha colocado a la institución que preside en una difícil situación de falta de credibilidad. “Su trayectoria profesional y personal lo deslegitiman como servidor público independiente”, han denunciado.
En estos momentos, la empresa pública Enresa, responsable de construir el ATC, está en las primeras fases para licitar el servicio para la caracterización geotécnica dinámica para los estudios de interacción terreno-estructura de la Instalación Nuclear y complemento del análisis hidrogeológico en el ATC. Una concesión que tendrá un importe de unos 1.174.552,50 millones de euros (IVA no incluido) y cuyas ofertas se pueden presentar hasta el 18 de agosto, con un periodo de ejecución de 8 meses.
Este estudio, que implica sondeos de hasta 200 metros, es la respuesta de Enresa a la petición de información adicional del CSN ante sus dudas sobre los terrenos. Pero según ha explicado, el emplazamiento "tiene al menos tres problemas": el primero de ellos, la presencia de un acuífero "muy superficial y muy dinámico" que supone un "peligro de inundación" en la zona y de "extensión de la contaminación", en caso de producirse un escape en el almacén; el segundo, el hecho de que es un terreno "yesífero" en el que se pueden producir oquedades; y, en tercer lugar, la presencia de "arcillas expansivas" que, con la lluvia, aumentan de volumen y modifican el terreno.
Además, según indican también, este miércoles estaba prevista la reunión entre el Ministro de Industria, José Manuel Soria y el Presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page. En el orden del día figuraba el ATC, pero Soria, de forma unilateral, ha aplazado la reunión hasta septiembre. De esta manera, Soria desprecia las pretensiones de los castellano-manchegos, puesto que el nuevo Gobierno de Castilla-La Mancha, elegido por las urnas, ha expresado su rechazo a que se instale en su territorio el ATC.
Para este colectivo, en caso de que se apruebe el informe que daría luz verde a la ubicación del ATC en Villar de Cañas, llevaría aparejado un enorme descrédito del organismo público, quedando su presunta neutralidad por los suelos. Y señalan como principal responsable de la caída de credibilidad del CSN a su presidente, Fernando Martí Scharfhausen.
Martí y sus negocios con López del Hierro
Sobre Martí, hay varios hechos que establecen dudas sobre su imparcialidad para evaluar la idoneidad del ATC.
El primero de ellos es que Martí firmó en diciembre de 2011, como Secretario de Estado de Industria, la designación de Villar de Cañas para albergar el ATC. Por tanto, no parece adecuado que sea a la vez juez y parte.
El otro hecho destacable es que Comfia-CCOO interpuso en abril de 2014 una querella a varios directivos de Liberbank, entre los cuales se encuentran Fernando Martí, e Ignacio López del Hierro, marido de Cospedal, por cobrar del banco asturiano sin mediar contrato. No hay que olvidar que la empresa de López del Hierro (Iberinco), ha recibido de Enresa varios contratos relacionados con el ATC, directamente o de forma participada, por valor de más de 34 millones de Euros, durante la presidencia de Gil-Ortega, hombre de confianza de Cospedal.
Por otro lado, Liberbank es propietario de Banco CCM. Este banco, fruto de la reconversión de la Caja Castilla-La Mancha, tuvo en su directiva a López del Hierro antes de su intervención por el Banco de España.
En todo este entramado, tampoco se pude obviar que el presidente del Liberbank, Manuel Menéndez, lo es a su vez de "HC Energía", importante compañía eléctrica y gasística que posee numerosas centrales hidroeléctricas y una participación del 15,5% en la central nuclear de Trillo.

21 jul 2015

"CEOE, Banco de España y Gobierno quieren excluir a la empresa del control judicial para que haga lo que quiera"

A Joaquim Bosch, portavoz de la asociación Jueces para la Democracia –de ideología progresista–, no le tiembla la voz al acusar a organismos como la OCDE o el FMI de querer que los ciudadanos se olviden de que están "en un Estado social y democrático de derecho". Y es que el colectivo hizo público este lunes un duro comunicado para denunciar las "presiones" que, a su juicio, sufre la judicatura por parte de estos organismos y de otros como el Banco de España o la CEOE.
Estas organizaciones protestan por la interpretación que los magistrados hacen de la reforma laboral aprobada en 2012 por el Gobierno de Mariano Rajoy. La última fue, este mismo lunes, la patronal española, que denunció la falta de "seguridad jurídica" que, a su juicio, se produce cuando los jueces declaran nulos algunos despidos colectivos "por meros defectos formales", así como por su "valoración" sobre "la adecuación o no de la medida extintiva". Pero Bosch niega la mayor: "Que los despidos colectivos no estén ajustados a derecho no es culpa de los jueces".
 
PREGUNTA: ¿Por qué interpretan ustedes que existen presiones de la CEOE a la judicatura?

RESPUESTA: Hay una serie de entidades que pretenden generar un estado de opinión que culpe a los jueces españoles de que no se aplican las normas laborales en el sentido que convendría, según ellos, al país. Entendemos que no es una actuación aislada: ahora lo dice la CEOE, pero antes lo hizo el FMI, y también el Banco de España, y anteriormente la ministra de Empleo, Fátima Bañez. Esto va más allá de una opinión crítica con la labor de los jueces. Se trata de una descalificación muy peligrosa porque afirma que los jueces no cumplen su obligación de aplicar el ordenamiento jurídico. Es evidente que los jueces analizan cada caso concreto, no toman decisiones de acuerdo con una consigna general, y pensamos que se pretende influir en la judicatura para que se sienta culpable de no hacer lo que quieren determinados organismos muy influyentes.

P.: ¿Hay alguna crítica de la que se sientan objeto especialmente?

R.: Lo que estos organismos dicen es que la economía no crece lo suficiente, en parte, por culpa de los jueces de lo social que no aplican la reforma laboral. Es muy legítimo que esos organismos tengan sus intereses, pero nosotros no podemos entrar a valorar si una decisión mejora o no la economía, sino si las decisiones que se toman están ajustadas a Derecho. Ha habido resoluciones concretas de los tribunales con las que se han anulado decisiones de cierta entidad, como determinados despidos colectivos, y la CEOE o el FMI preferirían que el despido fuese lo más barato posible y que los jueces no hubiesen dictado estos autos. Pero es que, además, las cifras desmienten esta valoración de que los jueces están siempre a favor de los trabajadores, porque demuestran que más o menos en la mitad de los casos [de entre los judicializados entre 2012 y 2014] se da la razón a la empresa. Pero está claro que la CEOE, el FMI, el Banco de España y el propio Gobierno quieren excluir a la empresa del control judicial para que haga lo que quiera.

P.: ¿Estas presiones que usted denuncia están funcionando?
R.: En el Poder Judicial hay mucho malestar, pero por otro lado yo creo que los jueces no se van a dejar influenciar por estas cuestiones, porque tenemos una judicatura muy comprometida con los valores constitucionales. Pero estas descalificaciones están sugiriendo que los jueces no están cumpliendo con sus obligaciones, que están dictando resoluciones injustas, y eso es muy grave para un juez. No es lo mismo criticar al poder político que al judicial, porque el político está obligado a funcionar con el principio de oportunidad, a actuar con discrecionalidad conforme a las circunstancias. Por ejemplo, si un político va a realizar una obra y recibe críticas por ello, puede valorar si prefiere aguantarlas o cambiar de postura, pero un juez tiene siempre un funcionamiento reglado.

P.: Las acusaciones se refieren, especialmente, a la interpretación de la norma sobre despidos colectivos de la reforma laboral, y lo cierto es que en los últimos años ha aumentado la judicialización de estos casos...
R.: Es que es lógico que en una situación de fuerte conflictividad social, con una mayor tasa de desempleo provocada en parte por la realización de ERE en las grandes empresas, se judicialicen los casos. Pero eso no es culpa de los jueces, sino de la situación que existe actualmente, y de unas normas laborales que quizá no estén ajustadas a la situación del país. Es lógico que quien no esté de acuerdo con su situación pida el amparo de los tribunales. Que los despidos colectivos no estén ajustados a Derecho no es culpa de los jueces, y lo que debe de hacerse es practicarlos de acuerdo al orden legal.
P.: Pero este aumento, ¿puede tener también que ver con la confianza de los denunciantes en que exista una resolución favorable?
R.: Hay que fijarse en los datos. Por un lado, de los despidos colectivos que se han judicializado, sólo en poco más de la mitad se da la razón a los trabajadores: lo que dice la CEOE de que siempre se les favorece es un falso mito. Pero además, es que la inmensa mayoría de los despidos colectivos no se han llevado a los tribunales: del conjunto de los ERE, poco más del 1,2% han sido anulados: lo que no se puede pretender que, en la minoría de los casos en los que el despido es contrario a Derecho, los trabajadores no acudan al amparo judicial.
P.: ¿Le sorprende que las críticas de estos organismos vayan contra un colectivo con fama de conservador como el de los jueces?
R.: Más allá del perfil que pueda tener nuestro sector, es evidente que cualquier juez de lo social que deba tomar una decisión en materia de derechos no está ahí para proteger a la empresa o al trabajador, sino para valorar las alegaciones de las partes y conceder la razón a quien la tenga. Está en un plano diferente al de las cuestiones puramente ideológicas. Quienes aplican ideología son organismos como la OCDE o el FMI, que quieren que se resuelvan los casos a través de un dogma que está fuera de la Constitución, y que pretenden que nos olvidemos de que estamos en un Estado social y democrático de derecho. Pero mientras no se cambie la Constitución, este principio no se puede suplir por una concepción que parta de un modelo neoliberal en lo económico.
P.: Y normas como la reforma laboral, ¿podrían estar incumpliendo la Constitución?
R.: 
Al final, eso lo tendrá que decidir el Tribunal Constitucional. Lo que está claro es que la Constitución impone que determinadas cuestiones son indisponibles por el legislador: por ejemplo, ni siquiera una mayoría de la sociedad puede acordar una ley por la que se aplique la pena de muerte. Es en estos parámetros en los que se tiene que mover cualquier juez, y en cuestiones relativas a los derechos sociales o la negociación colectiva, por mucho que quieran el Gobierno o los organismos internacionales, hay decisiones que no se pueden adoptar. Con respecto a la reforma laboral, hay toda una serie de cuestiones –como los modelos de contrato de trabajo o la negociación colectiva– que tienen problemas de encaje constitucional, y por eso se están valorando en el TC. Pero cualquier conflicto de normas que exista quien tiene que resolverlo no es el FMI, sino un juez imparcial e independiente.

P.: ¿Existen otro tipo de presiones, más allá de las declaraciones públicas, por parte de las empresas y los poderes económicos contra la judicatura?
R.: Nuestra jurisdicción social se ha ganado un respeto importante de los sectores sociales. Por eso vemos importante que desde determinados organismos se quiera erosionar la imagen de la Justicia. Lo que deben hacer la CEOE o el Gobierno es acatar las resoluciones y ya está, y algunas pueden ser sometidas a crítica en el ejercicio de la libertad de expresión, pero la crítica debe ser argumentada y a ser posible con razones jurídicas. Si no se está de acuerdo con la decisión relativa a un despido colectivo, hay que explicar en qué se ha podido equivocar el tribunal, pero eso nunca lo hacen.

IAG recompra 402.785 acciones propias por 806.038 euros

IAG ha recomprado 402.785 acciones propias por 561.179,4 libras esterlinas (806.038 euros) en la operación del pasado viernes en la Bolsa de Londres, se enmarca dentro del programa de recompra de acciones propias autorizado por la junta de accionistas de IAG, celebrada el pasado 17 de julio.
   Dicho plan, que terminará no más tarde del 30 de abril de 2016, contempla la adquisición de hasta un máximo de 22 millones de títulos de IAG, en la Bolsa de Londres, representativos del 1,08% del capital social.
   El plan de recompra de acciones de IAG tiene como finalidad cumplir con las obligaciones de entrega de acciones en virtud de los planes de incentivos basados en acciones del grupo aéreo.
 
   Desde que iniciara el plan, IAG ha adquirido ya 3,15 millones de acciones propias por importe de 4,9 millones de euros en la Bolsa de Londres.

PLAN DE RECOMPRA DE ACCIONES

   Las acciones se comprarán a un precio que no excederá del que resulte inferior entre el resultado de incrementar en un 5% el valor medio de cotización de las acciones --determinado por la referencia a la cotización media de mercado de la acción según la Daily Official List de la Bolsa--- en las cinco sesiones bursátiles previas al día en que se realice la compra y el que resulte mayor entre el precio de la última operación independiente y el mayor precio independientemente ofertado en la Bolsa en el momento de la operación.
   El volumen máximo será el equivalente al 25% del volumen medio diario negociado en la Bolsa en las 20 sesiones bursátiles anteriores a la fecha de compra.

Deuda municipal por habitante en 2014

561 ayuntamientos de España deben más de 1.000 euros por habitante
¿Cómo ha evolucionado la deuda de tu municipio?
Deuda municipal por habitante y deuda total de los ayuntamientos de España en 2014
http://elpais.com/elpais/2015/07/17/media/1437145612_016052.html

Los grandes consultores usan las sentencias contrarias para crear el manual del buen ERE

Sagardoy, padre de los ERE de TVE, Coca-Cola e Indra, coincide con el despacho Baker&Mckenzie en que no hay que escatimar recursos para montar un despido colectivo que aguante la lupa de los tribunales
Viven del despido masivo. Y estos últimos años no les ha faltado trabajo. Todo lo contrario. Los grandes consultores, las cabezas pensantes de los principales ERE en España, reflexionan sobre los errores cometidos en los últimos meses y se prometen a sí mismos mejorar la técnica. La idea es tener éxito con las próximas empresas que se planteen mandar al paro grupos de trabajadores.
La técnica del despido masivo limpio no es fácil y así lo quieren transmitir a los directivos de las empresas españolas. Elaborar y justificar un expediente de regulación de empleo ante los tribunales es una labor complicada, más aún después de del revés en tribunales de los despidos de Coca-Cola y de los recortes salariales de Fnac.
David Díaz, de Baker&Mckenzie (centro)
comparte experiencias de despidos y recortes con la reforma laboral
"Defender un proceso de este tipo ante un tribunal es muy complicado. Los directores de recursos humanos deben conocer cuántos tienen dentro y cuántos tienen fuera. Tienen que saber la falsa laboralidad, el número de becarios, la composición sindical... Y que te digan cuántos delegados sindicales hay".
"Es un error no tener comprobado cuántos comités hay, con qué secciones hay que negociar", explica Jaime Gayarre, diseñador del ERE de Coca-Cola y socio de Sagardoy, ante una veintena de directores de recursos humanos, en una jornada organizada por la asociación Centro de Dirección de Recursos Humanos.

Los cambios de la reforma laboral

La reforma laboral del Partido Popolar, en la que se ha sustentado buena parte de los despidos colectivos, ha ocasionado una fuerte inseguridad jurídica, según explican los asesores de los grandes ERE. Los despidos masivos han terminado en manos de los jueces de lo social que, ante la duda, deben fallar a favor del trabajador.
El ideólogo del ERE de Coca-Cola reconoce que no sólo ha perdido ese caso sino "muchos otros". Pero los malos resultados, lejos de disminuirlo, lo han hecho más valioso. Ha aprendido de los errores y ahora sabe cómo deben actuar las empresas para no perder este tipo de casos en el futuro. 
"Un consejo para administración: debe saber qué coste significa perder en los tribunales. Un despido colectivo se puede ejecutar provisionalmente. Además, te montarán una huelga segura y habrá un importante daño reputacional. Todo eso hay que valorarlo", razona Gayarre. Su socio, Íñigo Sagardoy, reconoce las complicaciones de la judicialización de los despidos pero anima a las empresas a aplicar "la reforma laboral sin temor". Y a los sindicatos los invita a negociar.

La justificación

"Tienes que explicarle a la dirección que puedes tener que pagar a los despedidos sin que trabajen. Y como mínimo serán nueve meses pero luego tienes que pagar hasta año y medio. Te pueden obligar a readmitir y si no puedes, hay que pagar despido improcedente, más salarios de tramitación, más lo que decida el juez", explica Gayarre.
Pero todos los despidos, advierten los pensantes de los ERE, deben estar muy bien justificados. "En general la reforma estaba bien construida. El problema es que hay jueces que la aplican. Cuando la norma no es clara, queda la potestad del juez", explica ante el mismo auditorio David Díaz, socio director del área laboral de Baker&Mckenzie.

Malas justificaciones

Díaz advierte a las empresas que pretenden recortar o despedir de que deben echar un vistazo a las últimas experiencias como la de Cortefiel, cuya modificación de las comisiones ha sido anulada por los tribunales, algo similar a lo que ocurrió en Sanitas y Carrefour en 2013.
También recomienda elaborar un buen informe. "No hay que ser cicateros ni hay que dejar de poner recursos para que el informe sea bueno. Los autores técnicos tienen que ratificarlo en un juicio. Ahorrarse 4.000 euros en esto es un error. La medida de Fnac, la reducción de seguros médicos y los variables, se declaró nula porque "no se ha podido probar".
"El perito no aportó documentos sobre los que basaba su pericia", explica el experto del despacho de abogados contratado por el PP para la defensa en el caso Bárcenas.