El Gobierno reducirá en 2018, por tercer año consecutivo, la proporción de Producto Interior Bruto (PIB) que destina a Sanidad, Educación y Protección Social. En los dos primeros casos el gasto caerá en dos décimas, con lo que la partida destinada a Educación pasa del 4% al 3,8% del PIB, y la de Sanidad se contraerá del 6% al 5,8%. Por su parte, en la partida destinada a pensiones, servicios sociales y políticas de fomento del empleo, entre otros aspectos, la reducción será incluso mayor: pasará de recibir el 16,5% del PIB a quedarse en el 16,2%.
Esta rebaja, que ya se apuntó en el Programa de Estabilidad 2017-2020, fue confirmada por el Gobierno en el Plan Presupuestario para 2018 que remitió a Bruselas el pasado 16 de octubre. Desde el Ejecutivo se defiende la reducción argumentando que, en términos absolutos, la inversión en estos conceptos aumentará. Y esto es cierto pero sólo en parte porque no se cumple en todos los casos. En Educación, y teniendo en cuenta los datos de PIB estimados por el propio Gobierno, se producirá una caída efectiva de 567 millones. En Sanidad y Protección Social, en cambio, sí se producirá un leve incremento gracias a que el Producto Interior Bruto crecerá de 1,167 a 1,213 billones de euros.
Pero, en todo caso, y más allá de las variaciones gracias al notable crecimiento de la economía, lo que resulta indudable es que el Ministerio de Hacienda destinará una menor proporción de los recursos económicos del país a estas tres partidas tan sensibles, tal y como viene haciendo desde 2015. En ese ejercicio, el gasto destinado a Educación estaba en el 4,1% del PIB y durante los años sucesivos la cifra ha ido disminuyendo hasta el citado 3,8%. Además, la previsión del departamento dirigido por Cristóbal Montoro es que la tendencia continúe durante los próximos años.
Lo mismo sucede con Sanidad, aspecto para el que se ha pasado de destinar una partida que suponía el 6,2% del PIB a otra que se queda en el 5,8%. Y la cifra en 2020, según el Plan Presupuestario, será incluso inferior al 5,6%. La inversión en Protección Social, por su parte, superaba el 17% en 2015, pero este año ha caído al 16,5%, retrocederá al 16,2% durante el próximo ejercicio y apenas superará el 16% en 2019.
Todas estas caídas se contextualizan en el paulatino proceso de reducción de gastos que está llevando a cabo el Ejecutivo de Mariano Rajoy. El gasto total más alto desde que el líder del Partido Popular llegó a La Moncloa se alcanzó en 2012, cuando superó el 48% y a la Protección Social se le asignó una partida que alcanzó el 17,5% del Producto Interior Bruto. El año pasado, cuatro ejercicios después del pico, el gasto total ya había caído al 42,4%, cifra que este año se quedará en el 41% y que en 2019 ni siquiera llegará al 40%.
«Esta contención del gasto se basa en medidas de eficiencia, que permiten seguir reduciendo la ratio de gasto respecto al PIB, pero con ligeros aumentos de gasto nominal. Ello también redunda en el cumplimiento de las recomendaciones efectuadas a España de aumentar la eficiencia del gasto, en particular en el sector sanitario y farmacia», explicó el Gobierno sobre este punto en el Plan Presupuestario que redactó el pasado mes de abril.
Las partidas que crecen y las que se mantienen
A pesar del mencionado recorte de los gastos, hay partidas presupuestarias que sí crecen y que lo harán en 2018. Es el caso de Defensa, que recibirá una décima más y alcanzará el 1% del PIB, por lo que el gasto destinado a este aspecto será de algo más de 12.000 millones de euros. A los Asuntos Económicos también se dedicará una décima más, mientras que las partidas para Protección al Medio Ambiente y Vivienda y servicios comunitarios se quedarán con el mismo gasto. En el primer caso, el Plan Presupuestario contempla una inversión del 0,8% del Producto Interior, y en el segundo la cuantía será del 0,4%.
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