GALERIA DE BUITRES CXXX

33 de las 35 empresas del IBEX mantenían en 2012 su presencia en paraísos fiscales

El 94% de las empresas que forman el IBEX35 tenían presencia en paraísos fiscales en 2012. Desde el año 2010 hasta entonces, las sociedades participadas por estas empresas domiciliadas en estos territorios habían aumentado en un 31,9%, hasta las 467 empresas. Son algunos de los datos que se concluyen del informe la 10ª edición del informe La Responsabilidad Social Corporativa en las memorias anuales de las empresas del IBEX35, que el Observatorio de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) ha presentado hoy en Madrid.

“Ninguna empresa aporta información detallada sobre la actividad de estas sociedades y solamente una empresa aporta información desglosada por país sobre los impuestos pagados, aparte de España”, señalan desde el Observatorio de RSC, que subraya que, a pesar de “la creciente demanda en la sociedad para que las empresas informen en detalle de aspectos económicos en todos los países donde operan”, la información facilitada “hace pensar que las empresas o bien omiten esta información de forma premeditada o no están realizando de manera correcta los estudios” sobre estos aspectos. La temática de la corrupción, otra de las enfocadas por el informe, no es mucho más favorable en cuanto a la información que ofrecen las empresas: sólo cuatro empresas del IBEX35 aportaron información sobre políticas, procedimientos y mecanismos sobre contribuciones o presión política, y sólo 3 empresas han dado información de las donaciones realizadas a instituciones y partidos políticos.

El estudio hace hincapié también en las cláusulas de blindajes a directivos de estas empresas, blindajes que se dan en el 88% de las empresas pero de las que sólo 3 de las mismas han dado información detallada sobre quienes son sus beneficiarios, y tan sólo en una de las 35 empresas éstas cláusulas dependen de la decisión de la junta general de accionistas.

Derechos humanos, laborales y medioambientales

A pesar de que en 2012 y 2013 se contaron graves incidentes relacionados con los derechos laborales que costó la vida de más de un millar de personas, “los Derechos Humanos es uno de los aspectos sobre el que menos información se aporta y se sigue considerando como una materia de desempeño voluntario y de autorregulación”, lamentan desde el Observatorio RSC, que apunta que, durante este año, los compromisos internacionales obligaran a regular la responsabilidad empresarial en materia de Derechos Humanos. Por lo pronto, en 2012, sólo una de las 35 empresas del IBEX35 incluyó en su memoria anual de responsabilidad social corporativa un apartado sobre Derechos Humanos.

Poco mejor son los datos referentes a derechos laborales: cinco empresas han expresado su compromiso con la protección de los derechos de los trabajadores en países en los que no se aplica totalmente la normativa internacional y sólo dos de estas empresas han dado información sobre empleados afiliados a sindicatos o cubiertos por convenios colectivos.

https://www.diagonalperiodico.net/global/23045-33-35-empresas-del-ibex-mantenian-2012-su-presencia-paraisos-fiscales.html

U€ : la fábrica de generar pobreza, precariedad y exclusión

Esta U€, es una “fábrica” de generar pobreza, precariedad y exclusión. El estado español juega un papel destacado

La políticas de ajuste, robo y expoliación que desde el 2008 toda la clase política vienen imponiendo con saña y crueldad a las poblaciones de la U€ de los mercaderes, es decir, de las grandes corporaciones y multinacionales, ha supuesto no sólo echar al “cubo del desperdicio” su “estrategia europea 2020”, que preveía reducir en 20 millones las personas con riesgo de pobreza y/o exclusión social para el 2010, sino que han sumado 9 millones de personas más, encontrándonos que en el 2012, el 24,8% de las personas que “vivimos” en la U€ 28, se encontraban en riesgo de pobreza y/o exclusión, es decir nada menos que 124,2 millones de personas.

En el Estado Español, fuera del “país de las maravillas de Rajoy y de los grandes empresarios de las empresas del Ibex 35 o el Club de la Competitividad que venden marca “España”, la población en riesgo de pobreza y/o exclusión en el 2013 se sitúa en una tasa del 27,3%, es decir, más de 12 millones de personas.

La crueldad de la cifra, se hace aún más dramática porque no todas las personas son echadas al “cubo de los desperdicios” por igual: los menores de 16 años, es decir, niños y niñas, sufren más pobreza y más exclusión (el 31,9%), que las personas entre 16 y 64 años (el 29,5%), y quienes menos pobreza y exclusión soportan son los mayores de 65 años (el 14,5%).

¿Cómo es posible que los mayores de 65 años sean los “menos pobres”, cuando más del 51% de los casi 9 millones de pensionistas tienen pensiones por debajo del Salario Mínimo Interprofesional (8.826€ anuales)?

Porque las políticas de ajuste, robo y expoliación, permiten bajar los salarios, es más, lo exigen; permiten reducir las prestaciones de desempleo; encarecen la sanidad pública y encarecen la educación, obligando a las personas a incrementar sus gastos en cubrir necesidades básicas para la vida, detrayéndoselo de recursos escasos (rentas de trabajo muy disminuidas y prestaciones sociales exiguas y cortas en el tiempo), siendo los pensionistas quienes han sufrido menores recortes, y siendo éstos quienes se están convirtiendo en la única “red solidaria” ante la desaparición y desmantelamiento del “estado asistencial”.

A pocos días del “circo de las elecciones a esa U€”, los poderosos, los políticos y, sobre todo las grandes patronales europeas, no han variado ni un ápice sus políticas de “robo por expropiación de derechos y libertades” y así, para los estados del sur, España entre ellos y de manera muy destacada, se le dice lo que debe seguir haciendo: bajar más los salarios, subir el IVA super-reducido, bajar a los patronos sus cotizaciones sociales y sus obligaciones con la hacienda Pública, al disminuir sus impuestos de los negocios (Impuesto de Sociedades).

La realidad es “asquerosamente real”: cada vez más empobrecidos/as y cada vez más millones de personas condenadas a la exclusión y a la miseria.

La “alegría en las calles de Rajoys y Sorayas” y de que “ahora las poblaciones vuelven a sentir que sus sacrificios tienen recompensa”, no sólo es mostrar el más absoluto desprecio por las personas (millones y millones) que lo pasan muy mal, material y anímicamente, sino que se convierte en la burla más despreciable y la violación más “criminal” contra la ética, la inteligencia y la vida de todos nosotros y nosotras.

Sus reglas jurídico formales, las del estado español y las de esa U€ de los mercaderes y los poderosos, no pueden ser modificadas desde el “hecho del voto”, como ha sucedido hace pocos días y como ha venido sucediendo históricamente.

Sus reglas formales sólo avalan un orden social basado en la barbarie, pues construyen un mundo de exclusión de la mayoría social y avanzan a pasos agigantados hacia la destrucción de las bases de la convivencia social y medioambiental.

La mayoría social de esta U€ tiene que romper con esas reglas formales y, la lucha, la movilización social, lo mismo que logró derechos sociales en esa Europa antigua, ahora tenemos que dar un paso adelante y hacer del conflicto social y generalizado, la única política. Nos va en ello la vida a nosotros y nosotras y al planeta.

http://cgt.org.es/noticias-cgt/comunicados/esta-u%E2%82%AC-es-una-%E2%80%9Cfabrica%E2%80%9D-de-generar-pobreza-precariedad-y-exclusion-el-esta

Iberia podría centralizar en una única mesa el nuevo ERE gracias a la actual reforma laboral

Las negociaciones entre Iberia y sus trabajadores se han realizado en las últimas muchas décadas en tres mesas diferentes, una por cada colectivo laboral: pilotos, TCP y personal de tierra. No obstante, de cara al nuevo Expediente de Regulación de Empleo en la aerolínea, avanzado por preferente.com, la reforma laboral permite a la compañía centrar el proceso en una sola mesa.

Cinco Días publica hoy de fuentes cercanas a la dirección que Iberia se va a aproximar, en principio, a las condiciones de la reforma del mercado laboral aprobada por el Gobierno de Mariano Rajoy. Sin embargo, los sindicatos confían en un ERE muy similar al último, el 72/01, con indemnización de 35 días por año y salidas por prejubilación, bajas incentivadas, despidos diferidos y recolocaciones.

El Boletín Oficial del Estado ha publicado ya los nuevos convenios colectivos de tierra y tripulantes de cabina de pasajeros. En los próximos días se espera que salga también el de los pilotos. En los tres casos ha habido reducción salarial, aumento de productividad y modificación de los niveles de entrada en la compañía del grupo IAG. Tras ello, los representantes de los trabajadores calculan que hay un excedente de más de 2.000 personas de la plantilla de 16.600, sobre todo por los actuales niveles de producción.

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/246849-246849.html

Por el cierre y desmantelamiento de los CIE

http://www.cgt.org.es/por-el-cierre-y-desmantelamiento-de-los-cie

8-Junio: CONTRA LA IMPUNIDAD FINANCIERA

http://afectadosporlahipotecamadrid.net/2014/05/23/2a-marcha-contra-la-impunidad-financiera-8j/

GALERIA DE BUITRES CXXIX

Los bancos se quedaron con mas de 50.000 viviendas por impago en 2013 

La peor crisis que ha sufrido España en más de medio siglo deja un reguero de historias con nombre propio entre las que los desahucios ocupan un lugar destacado. Durante el pasado año, 38.961 familias perdieron su vivienda habitual por no pagar la hipoteca, según los datos que publicó este lunes el Banco de España. La cifra, que se incluye dentro de otra más amplía que son las cerca de 50.000 viviendas, incluidas segundas residencias, que han pasado a manos de la banca en 2013 por los mismos motivos, constata que, de momento, ni la nueva ley hipotecaria ni el fin de la recesión han atajado por ahora el fenómeno.

Frente a 2012, el balance del organismo que dirige Luis Linde muestra un avance del conjunto de las entregas del 11%. En el caso de los desahucios realizados sobre primeras viviendas, la cifra revelada por las propias entidades al supervisor prácticamente iguala a la de un año antes. Y eso pese a que desde mayo está en vigor la nueva ley hipotecaria que, en teoría, iba a frenar las ejecuciones al aplazar los lanzamientos en las familias más vulnerables.

A este respecto, la nueva normativa tampoco ayudó a fomentar los acuerdos entre hipotecados y entidades y que concluyen en lo que el Banco de España denomina entrega voluntaria. Según la estadística, bajan un 9,1% hasta los 17.907 procesos, con lo que su peso relativo frente al total de desahucios de primera vivienda baja del 50% de 2012 al 46% a lo largo de 2013. El resto fueron las 21.054 ejecuciones dictadas por la justicia. En la mayor parte de los casos, los hipotecados habían dejado ya vacía la vivienda en el momento de la entrega judicial, pero en 1.668 desalojos de la vivienda habitual (y en 392 de otras viviendas) aún estaba ocupada. La policía solo intervino en 147 casos (93 de ellos correspondientes a vivienda habitual), menos de la mitad que en 2012.

Una de las opciones reclamadas desde colectivos como la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) y otros movimientos sociales, ha sido la dación en pago, que tampoco avanza al quedarse fuera de la ley y ser una mera recomendación tras los cambios normativos del Ejecutivo. Así, la posibilidad de saldar la deuda con la entrega de la vivienda solo se alcanzó en una de cada tres ejecuciones (33%), menos que el porcentaje del 38% computado en 2012.

Desde el sector financiero, un portavoz de la patronal AEB destacó precisamente la capacidad de acuerdo que ha demostrado la banca pese a la escalada de la morosidad en las hipotecas, que está en el 5,67%.

Frente a esta cifra, recordaron que los desahucios apenas representan el 0,77% de las hipotecas, lo que significa que “las entidades facilitan soluciones a ese 5% de deudores” que no pagan. Entre ellas, desde la asociación aseguran que los bancos y antiguas cajas “están dejando vivir por un módico alquiler” a las familias desahuciadas, aunque todavía no cuentan con estadísticas que refrenden esta tesis.
Desde la PAH, sin embargo, no ven ningún motivo para el optimismo. “Son unas cifras alarmantes sin comparación en toda la UE”, denunció Lucía Martín, una de las portavoces de la plataforma. En su opinión, el hecho de que no se hayan reducido de forma drástica los desahucios constata que la nueva norma “no ha tenido ningún efecto positivo” ya que, según argumentó, “solo busca las refinanciaciones”. La PAH, asimismo, arremetió contra el fiasco que, para ellos, ha supuesto el fondo social de viviendas y que, frente a un parque de 6.000 casas vacías apenas ha dado alojamiento a unas 800 familias.
La asociación de usuarios de banca Adicae, por su parte, puso el foco en que “un 26% de las 17.907 entregas voluntarias de viviendas en 2013 conllevan el mantenimiento de deudas perpetuas tras la pérdida del inmueble”, lo que condena a los afectados de por vida.
http://economia.elpais.com/economia/2014/05/19/actualidad/1400489518_865125.html

No a esta U€

Boletín Informativo nº143

Desde sus orígenes, año 1957, la CEE tiene como ideal “un mercado común”, para garantizar la libre circulación de personas, servicios y capitales, donde la libertad absoluta del mercado en ese juego de la oferta y la demanda, sea una “libertad fundamental”, donde la “cuestión social”, no interfiera en ese mercado común y, sean los propios estados quienes resuelvan esta cuestión social.

http://in-formacioncgt.info/juridico-sind/boletines/bi-143.pdf

Estadios y hospitales. El Mundial contra el pueblo

Para albergar un Mundial de fútbol hacen falta estadios, no hospitales. Esa frase, que puede parecer una obviedad, cobra mayor significado al haber sido expresada por el futbolista brasileño Ronaldo, al referirse a las protestas de sus compatriotas contra el Mundial de fútbol que comenzará en poco más de un mes en su país. Si además escuchamos a Pelé respondiendo a una pregunta acerca de la muerte de trabajadores/ as en la construcción de esos estadios con “Eso es normal, son cosas de la vida. Fue un accidente, nada que asuste” y afirmando que “volví recientemente a Brasil y el aeropuerto es un caos. Esa es mi preocupación” vamos entendiendo qué es lo que se jugará en los campos de fútbol este verano: negocio.

Y para que el negocio sea perfecto, el Estado brasileño, la FIFA y las empresas que se lucrarán no dejarán que nadie se ponga en su camino, echando mano de desalojos de barrios enteros, de represión, de manipulación mediática…, todo para que ruede el balón (y los dólares).

Los Comités Populares del Mundial

Desde el año 2009, se han organizado en cada una de las ciudades que serán sedes del Mundial, Comités Populares del Mundial, coordinados a nivel estatal, con el fin de denunciar las consecuencias que tendrá entre la población brasileña la celebración del Mundial de 2014, denuncia que se ha hecho extensiva a las Olimpiadas que Rio de Janeiro acogerá en 2016. Desde estas organizaciones de base, creadas desde las favelas y los barrios, se busca la participación y la formación política de personas directa o indirectamente afectadas, a fin de extender los argumentos contrarios a estos megaeventos y organizar mejor las luchas de oposición, motivos por los cuales para el mes de mayo, la coordinadora estatal de los Comités, ha convocado un Encontro dos atingidos o Encuentro de los afectados por los megaeventos.

Esta coordinadora ha editado un dossier (que puede descargarse de su web en inglés o portugués, www.portalpopulardacopa.org.br) en el que se expone cómo estos campeonatos suponen un atropello a los habitantes de Brasil, debido a los desalojos de barrios enteros para la construcción de infraestructuras, precarización de empleos y abusos laborales, grave impacto ambiental, represión y militarización de barrios enteros, elitización de las ciudades y desvío de fondos públicos para intereses privados, además de suponer un negocio únicamente para las clases altas.

El negocio del Mundial

Una de las críticas más extendidas a la celebración del Mundial es el coste que va a suponer su organización, las obras de los estadios, de las infraestructuras construidas únicamente para el evento y de los gastos en seguridad. Según los cálculos oficiales más conservadores, el Mundial y la cita olímpica requerirán un gasto total de unos 19.000 millones de euros, cifra que otros estiman en más de 30.000 millones de euros, ambas cifras muy por encima de los presupuestos iniciales.

De estos gastos, una parte importante se la llevan la construcción de los nuevos estadios, que con un coste inicial de 800 millones de euros, superan ya los 2.700, más de lo que se gastó en los Mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010 juntas.

Obras que, como bien conocemos en el Estado español, llevan aparejadas siempre sobresueldos, corrupción, financiación ilegal de partidos políticos, etc. De esto es un buen ejemplo el proceso de renovación y privatización del mítico estadio de Maracanã de Rio de Janeiro: entre 1999 y 2006, el gobierno de Rio de Janeiro invirtió unos 153,9 millones de euros en adaptar sus instalaciones a las exigencias de la FIFA, inversión que sólo cuatro años más tarde se demostraría inútil, dado que el campo se cerró para iniciar un Nuevo Maracanã con obras por valor de unos 310,9 millones de euros. Tras estas obras, la gestión del estadio fue adjudicado a un conglomerado empresarial, calculándose que en treinta y cinco años los beneficios duplicarían la inversión realizada. Esta adjudicación fue suspendida tras grandes protestas (duramente reprimidas) por las sospechas de corrupción, dado que las empresas adjudicatarias habían sido las grandes financiadoras de la campaña electoral del actual Ministro de Deportes.

Como se ha ido demostrando a lo largo del tiempo, todos los macroeventos (Expos, Olimpiadas, Fórmula 1, Cumbres Mundiales de cualquier cosa) dejan a su paso toneladas de hormigón y kilómetros de carreteras infrautilizados, cuando no directamente derruidos. No hace falta irnos a las infraestructuras desechadas tras las Olimpiadas de Atenas en 2004, más cerca, en Madrid, tenemos el Estadio Olímpico de La Peineta, cerrado desde hace más de diez años, la Caja Mágica, que tras unos gastos de 300 millones de euros se encuentra prácticamente sin actividad, o los terrenos y obras abandonadas de las Expos de Sevilla ´92 o Zaragoza 2004, que a día de hoy siguen sumando pérdidas.

Pero incluso de las infraestructuras que sobreviven a los eventos, hay que preguntarse a quiénes sirven. Los trenes de alta velocidad, las grandes autopistas o las ampliaciones de los aeropuertos, sólo benefician a esa minoría que necesita esa rapidez en los desplazamientos y que puede permitirse el lujo de pagarla, y las nuevas viviendas construidas en lo que fueron las villas olímpicas en zonas residenciales o en hoteles céntricos destinados inicialmente para turistas, sólo serán habitadas por esa misma clase social que hará negocios del Mundial. Esas mismas personas son las que podrán permitirse pagar los casi cien euros que cuesta la entrada más barata para los partidos con menos tirón del torneo.

En todo megaproyecto, las críticas suelen ser silenciadas con la cantinela de la creación de empleo, por lo que el Mundial y las Olimpiadas no iban a ser la excepción. La respuesta también suele ser la misma, el empleo creado es de mala calidad y sobre todo, limitado en el tiempo a las obras de construcción o a la duración del evento, pero en Brasil, se puede añadir que en los cómputos optimistas oficiales no se tiene en cuenta todo el empleo destruido en trabajos tradicionales o de la economía informal, constantemente reprimido pues los mandatos de la FIFA no permiten que nadie discuta el monopolio económico impuesto. Además, las condiciones laborales en la construcción de las infraestructuras están provocando importantes huelgas y manifestaciones en demanda de subidas salariales y principalmente de mejoras en las medidas de seguridad.

A todo ello, como en todos los grandes eventos que desplazan a miles de turistas, hay que sumarle el ascenso de la explotación sexual. Si en el Mundial de Alemania la prostitución aumentó un 30% y en el de Sudáfrica un 40%, qué no puede ocurrir en Brasil, que sufre tradicionalmente un importante turismo sexual y de explotación de menores.

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El Supremo actualiza y amplía el concepto de accidente laboral

El Alto Tribunal incluye en estos siniestros aquellos supuestos en los que el trabajador tiene que desplazarse desde su domicilio familiar hasta su lugar de residencia habitual por razones laborales.

Crece el número de ciudadanos que trabaja lejos de su vivienda habitual. Los avances en infraestructuras y el incremento de la movilidad laboral que genera la crisis son algunas de las razones que explican un cambio que acaba de asumir el Tribunal Supremo (TS) en una sentencia que amplía el concepto de accidente in itinere.

El fallo, de Sala General, sienta doctrina e incluye dentro de este tipo de siniestros aquellos supuestos en los que el trabajador tiene que desplazarse una larga distancia desde su domicilio familiar hasta su lugar de residencia habitual por razones laborales.

Esta nueva doctrina ampliará las prestaciones que deben cubrir las mutuas y la Seguridad Social, pero no afectará a las empresas salvo que el vehículo siniestrado les pertenezca.

Hasta ahora, el accidente in itinere era aquél que ocurría en un desplazamiento del domicilio (personal o de la pareja o un familiar) hacia el trabajo. El fallo incluye el que tiene lugar entre dos domicilios en fin de semana, el de arraigo y el nuevo cercano al lugar de trabajo.

El Supremo anula una sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Castilla y León de julio de 2012 que estimó el recurso interpuesto por Ibermutuamur contra una sentencia anterior de un Juzgado de lo Social de León. El juez de instancia había dado la razón a un trabajador que sufrió un accidente de tráfico un domingo de marzo de 2009 por la noche, cuando se desplazaba desde su domicilio en Puente Almluhey (León) hasta Almazán (Soria), donde residía debido a su trabajo.

La mutua rechazó la contingencia profesional de la baja que sufrió este trabajador, que manipulaba maquinaria pesada, al no considerar que el accidente se hubiera producido in itinere. La demanda del trabajador se estimó en primera instancia, si bien posteriormente fue anulada por el Tribunal Superior de Justicia.

El Supremo confirma la sentencia inicial al estimar que la interpretación de las normas "debe adaptarse a la realidad social", tal y como establece el artículo 3 del Código Civil y considera que debe resolverse "a la vista de la evolución de las nuevas formas de organización del trabajo y de la propia distribución de éste en el hogar familiar" que está imponiendo "unas exigencias de movilidad territorial que obligan a los trabajadores a ajustes continuos en el lugar de trabajo que no siempre pueden traducirse en un cambio de domicilio y que tienen en muchos casos carácter temporal".

Todo ello, según el Alto Tribunal, determina que, "si se quiere respetar la voluntad del legislador en los tiempos presentes", habrá que reconocer que en supuestos como el presente "a efectos del punto de partida o retorno del lugar del trabajo puede jugar, según las circunstancias del caso, tanto el domicilio del trabajador en sentido estricto como la residencia habitual a efectos de trabajo".

El TS considera que concurren los elementos que definen el accidente in itinere porque la finalidad principal del viaje sigue estando determinada por el trabajo, "puesto que éste fija el punto de regreso y se parte del domicilio del empleado".

David Díaz, socio director de laboral de Baker & McKenzie, apunta que esta sentencia entiende que el "accidente laboral es un concepto dinámico que debe adecuarse a los hábitos y prácticas del momento. Hoy ya es normal que se trabaje lejos de la residencia de arraigo por diversas razones y el Supremo considera que esta realidad debe tener cobertura", constata. "Máxime, en el caso del accidente in itinere, en el que la legislación es muy parca y es la jurisprudencia la que establece las pautas a seguir", añade Díaz.

http://www.expansion.com/2014/05/19/juridico/1400519124.html?cid=SMBOSO22801

Libertad detenidos 22-M

Sueldos, dietas, gabelas y ventajas fiscales de los eurodiputados

Palabras de una mujer que fue eurodiputada hasta ayer: “El principal privilegio en Bruselas son las ventajas fiscales porque la vivienda no forma parte de la base imponible y no tienes que declarar las cuentas bancarias”. Por esta razón muchos eurodiputados nuevos, convenientemente informados por sus colegas y asesores fiscales, dedican sus primeros esfuerzos a buscar residencia fija y trasladar su domicilio fiscal. Lo saben bien el candidato del PP, Miguel Arias Cañete, que fue eurodiputado durante doce años (1987-1999), y su contrincante socialista Elena Valenciano, que también lo fue por nueve años (1999-2008). También lo saben los jefes de filas de los distintos grupos parlamentarios y quienes, como el candidato y exminsitro de Fomento José Blanco, tienen allegados en la capital comunitaria.

Comentan sus señorías que el mejor negocio que pueden hacer es comprar un apartamento en Bruselas o en sus aledaños, pues aunque las viviendas son muy caras, tienen un tratamiento fiscal muy favorable, nada que ver con España en materia de IVA y, además, la demanda de alquiler es elevadísima, lo que les reporta una renta de por vida. Esto lo sabían bien el actual ministro de Exteriores, José Manuel García Margallo, y su amigo y secretario de Estado para la UE, Iñigo Méndez de Vigo, noveno barón de Claret, quienes compartieron destino y negocios en la Eurocámara durante casi dos décadas. No obstante, el jefe de filas del PP mejor informado de las ventajas fiscales y obtención de gabelas y subvenciones era Gerardo Galeote, imputado en la trama Gurtel y tan alérgico a pagar impuestos como la gran mayoría de sus correligionarios, incluido Cañete, cuya habilidad para montar empresas de bunkering o suministro de carburantes en zonas libres de impuestos o con trato fiscal especial es indiscutible.

Más allá de los personajes mayoritariamente conservadores que aprovechan cada resquicio para descontar impuestos al tiempo que repiten: “España, una gran nación” y dicen que nos llevan En la buena dirección, los eurodiputados (54 españoles en una Cámara de 766 procedentes de 28 Estados) cobran un sueldo bruto mensual de 8.020,53 euros (cifra de mayo de 2014). Esta cantidad está sujeta a un impuesto de la UE, que la reduce a 6.250,37 euros netos. Los españoles suelen pagar a la Seguridad Social 843 euros al mes y han de descontar 63 euros de un seguro privado, por lo que el sueldo neto queda en 5.344 euros mensuales.

Después de muchos estudios, la retribución básica quedó fijada en el Estatuto del Eurodiputado que se elaboró en 2005, con Josep Borrell de presidente, en el 38,5% del sueldo básico de un juez del Tribunal de Justicia Europeo. De este modo, los eurodiputados no pueden decidir directamente su aumento de sueldo. Con ello evitan el deterioro ante la opinión pública que para la Cámara supondría el aumento de unos salarios que sextuplican la media de algunos Estados donde la pobreza insiste en expresarse y los recortes a los sistemas de solidaridad social afectan al pan nuestro de cada día. Así pues, si a los magistrados no les suben el sueldo, a los eurodiputados tampoco. Cierto es que los complementos como presidentes y vicepresidentes de las mesas de la Cámara y sus distintas comisiones reportan a casi un centenar de euroseñorías unos importes que oscilan entre 2.000 y 5.000 euros netos al mes sobre el sueldo base y, por otra parte, las dietas no son grano de anís.

Tienen una dieta fija de 304 euros al día para alojamiento y condumio. La mayoria almuerza en la taberna de la Eurocámara o en esos autoservicios que Ramón Gómez de la Serna llamaba tranvías de condumiantes. Para cobrar esa intereante cantidad han de fichar, aunque luego no participen ni estén presentes en las actividades, reuniones o sesiones. Como abundaba el escaqueo, se decidió que firmaran en las listas de asistencia. Pero entre listas y listos, el resultado sigue siendo el mismo: hacen acto de presencia, firman para cobrar y se van. Sólo en los días de votación nominal en el pleno se penaliza la ausencia, de modo que si un diputado falta a más de la mitad de las votaciones le reducen la dieta a la mitad: 152 euros. Esta mima cantidad es la que perciben de dieta diaria cuando las reuniones se celebran fuera de la UE. En estos casos les pagan aparte las facturas de hotel.

La parte del león, la que generalmente se queda el partido mediante cesión voluntaria de los concernidos, es la dieta de 4.299 euros mensuales que reciben para cubrir los gastos de alquiler, administración de oficinas –el Parlamento les proporciona despachos equipados gratis–, teléfono, correo y ordenadores. Esta dieta puede ser reducida a la mitad cuando sus euroseñorías falten de forma injustificada a la mitad de los plenos. También tienen derecho a que les reintegren dos terceras partes de los gastos médicos, lo que algunos españoles aprovechan para que les arregluen la dentadura, pues aquí los odontólogos son de pago.

En cuanto a los viajes a las sedes de Bruselas y Estrasburgo, a sus señorías se les reintegra el coste del billete con una tarifa máxima equivalente a clase business en avión, primera en tren o 0,50 euros por kilómetro en coche. La mayoría de los derechistas y algunos socialdemócratas pasan billetes en primera. Otros son conscientes del sacrificio de la gente y viajan, como decía el general José Miaja, donde van las ideas por las que vale la pena luchar en este mundo. Tienen derecho, asimismo, a una compensación variable en función de la distancia, la duración del viaje, los gastos de reserva de billetes, los peajes, el exceso de equipaje y otros que puedan justificar documentalmente. Ya en Bruselas o Estrasburgo, los jefes de filas y los miembros de las mesas pueden utilizar los vehículos del Parlamento si andan en misión oficial.

El enchufismo de cónyuges, hijos, hermanos, sobrinos y demás familia como “asistentes” de sus señorías alcanzó cotas tan escandalosas que la presidencia de la Cámara prohibió la incorporación de parientes, lo que no ha evitado la presencia de familiares de dirigentes de los distintos partidos. Así, por ejemplo, en vez de asesores en una materia como la organización del mercado con Japón, al diputado responsable de la negociación le asignan a una becaria que es novia de un sobrino de un ministro o a un dirigente de las Nuevas Generaciones del PP andaluz o a la dirigente de la juventud socialista internacional, Beatriz Talegón, que bastante trabajo tiene con la dirigencia que brillantemente ejerce.

La casuística es muy amplia y el capítulo presupuestario de los asistentes es otro de los que beneficia del modo más claro a los partidos, pues cada diputado tiene asignada una cuantía de 21.209 euros al mes (la cifra se mantiene desde 2011) para contratar al menos dos asistentes. Al quedar demostrado que algunos eurodiputados se embolsaban el dinero y explotaban vilmente a los asistentes, a los que pagaban poco y tarde, la Cámara acordó pagar la cantidad correspondiente de cada señoría a los grupos y delegaciones parlamentarias, lo que explica la influencia de los dirigentes de los distintos partidos en la contratación de ayudantes y produce situaciones tan chocantes como la del exjefe de filas del PP, Jaime Mayor Oreja, quien contaba con ocho personas a su servicio. Puesto que la mayor parte de los asistentes son enchufados por vínculos familiares, afectivos (generalmente amorosos) y políticos, el Parlamento autoriza a que una cuarta parte del dinero equivalente a cada diputado se pueda destinar a pagar estudios e informes especializados externos sobre las distintas materias.

La penúltima pincelada de este cuadro (rococó) es otro privilegio empastado: los eurodiputados se pueden jubilar a los 63 años y tienen derecho a una pensión equivalente a la acumulación del 3,5% del sueldo de cada ejercicio anual completo sin rebasar el 70% de la retribución bruta. De este modo, un diputado con una legislatura completa (cinco años), a razón de 96.246 euros por año, recibe una pensión de 16.843 euros anuales. Y el doble o el triple si hubiese estado dos o tres legislaturas, respectivamente. Esa pensión cubre el tramo hasta la jubilación oficial, que en España se ha elevado a los 67 años. Después se le restará la cantidad que exceda de la pensión contributiva máxima. Luego ya, al acabar su mandato reciben una indemnización transitoria equivalente a su salario, a razón de un mes por cada año de ejercicio, con un límite de dos años. Esta indemnización no es compatible con la pensión ni con otros sueldos oficiales, aunque sí con los ingresos por actividades privadas. Con todo, sería aventurado decir que sus euroseñorías no han sido sensibles a la situación económica: su gran aportación solidaria ha sido la congelación de las dietas en los tres últimos ejercicios.

http://www.cuartopoder.es/laespumadeldia/2014/05/11/sueldos-dietas-gabelas-y-ventajas-fiscales-de-los-eurodiputados/

Meritando

Francia distingue a Toxo con la "Orden Nacional del Mérito"

La medalla es una consideración a su trayectoria sindical en España y en Europa por su defensa de la cohesión social y el diálogo, y un reconocimiento al papel de los sindicatos en nuestro país y en la Unión Europea.

El viernes, 9 de mayo, el secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo recibió de manos del Embajador de Francia en España, Jerôme Bonnafont, la Medalla de “Commandeur de la Orden Nacional del Mérito, con la que la República Francesa reconoce el papel del sindicalismo español y del mundo del trabajo en la construcción europea y en la defensa del estado social. El acto de entrega de la medalla tuvo lugar en la Embajada de Francia en Madrid.
La Medalla es una condecoración creada por Charles De Gaulle para reconocer a personas de la sociedad civil y del mundo del trabajo. Se creó para diferenciarla de la Legión de Honor, que en su origen tenía un marcado carácter militar. No existe jerarquía entre esta y la Orden Nacional del Mérito.
En el discurso de entrega de la Medalla, el embajador destacó la defensa de la Europa social, la capacidad de tender puentes y de llegar a consensos no solo en España sino también en Europa, en un momento especialmente difícil para los trabajadores y las trabajadoras.
Por su parte, el secretario general de CCOO, siguiendo el protocolo, enfatizó que si bien el reconocimiento era personal, el trabajo sindical era una tarea colectiva y que sin la colaboración de la afiliación y de las estructuras del sindicato –al acto asistieron numerosos dirigentes sindicales- no sería posible dar respuesta a los retos del sindicalismo y del mundo del trabajo. Toxo lamentó que no tengamos líderes europeos con la visión de Schumann, Jean Monet o Jacques Delors, para renovar la arquitectura europea, avanzando hacia una Europa de las personas, más social y democrática. Toxo elogió la larga tradición francesa de reconocimiento al sindicalismo y al mundo del trabajo, algo que la joven democracia española tiene que aprender.
Numerosas personalidades del mundo académico, político y empresarial, y compañeras y compañeros del sindicato, además de su familia, acompañaron a Toxo este 9 de mayo, Día de Europa, una fecha por tanto, muy oportuna para la entrega de esta medalla y que coincide con el inicio de la campaña para las elecciones europeas, en las que se decide el futuro de la Unión y el bienestar de la ciudadanía.
Por otro lado, la ministra de Empleo y Seguridad Social, Fátima Báñez, y la secretaria de Estado de Empleo, Engracia Hidalgo, manifestaron su reconocimieno a la distinción a Fernández Toxo y la consideraron muy positiva para CCOO y para España.

http://www.ccoo.es/csccoo/Inicio:631174--Francia_distingue_a_Toxo_con_la_Orden_Nacional_del_Merito

20 de Mayo: CONTRA LA PRIVATIZACIÓN AENA/RENFE

http://rojoynegro.info/articulo/acci%C3%B3n-sindical/unos-servicios-p%C3%BAblicos

Por la boca muere el Walsh

El holding británico IAG, que aglutina a British Airways, Vueling e Iberia, +Iberia Express, desvelaba ayer que en el primer trimestre del año las pérdidas después de impuestos se habían ido a 184 millones de €, frente a los 630 del mismo período del año anterior, resultando que las pérdidas de Iberia se habían reducido a la mitad. Es decir un 42,3% menos según información de la CNMV. Pero entonces, cuando los cuartos se los juegan los trabajadores con el patrón inglés hay que empezar a puntualizar. Primero, el año anterior los resultados de Vueling, la lowcost estrella de IAG no se contabilizaban, dado que se integró en el Grupo en abril de 2013. Aquí comienza a cambiar la "película". Vueling arrojaba números rojos hace un año. ¿Ahora?. Pero lo más interesante del análsisis es actualmente lo que afecta a Iberia.

A Iberia por ejemplo se le han recortado un 10,5% de ingresos debido a la eliminación del handling y mantenimiento que venían prestando a Vueling. Iberia por otra parte habría reducido sus pérdidas a la mitad frente al primer trimestre de 2013, y sus ingresos habrían crecido al 7,6%, y sus costes habrían aumentando, se encargan de señalar, excluyendo el combustible (que suele ser entorno al 30%) del 4,8%. De esta manera las pérdidas en lo que son las operaciones se situarían en los 111 millones de euros, frente a los 202 del anterior año. Todo esto en pleno recorte de operaciones, teoricamente debido a la situación laboral. Pero he aquí que BA "sólo" perdía 5 millones de euros, o lo que es lo mismo un 93% menos que el trimestre igual del año anterior, en que había acomulado unas pérdidas de 72 millones. Y aquí es donde actúa el "milagro". Pues BA ha ido incorporando sus flamantes A380 y B787, mientras Iberia tenía que conformarse con los A330 que pausadamente iban llegando, para sustituir a sus A340, que inciden muy negativamente en sus coste de operación, y por lo tanto en sus pérdidas.  Pero de los datos que fluyen de la propia boca de Mr.Walsh, tambien se deduce otra importante partida desaparecida en la facturación de Iberia. Su carga aérea, cuya facturación bajó a nivel del Grupo un 7,2%, pero con una incidencia mucho mayor a nivel de Iberia. Y dónde se preguntarán está el nudo gordiano. Pues evidentemente en los costes de personal, que se sitúan entorno a un 11,7%, y que afectan fundamentalmente a las compañías que operan desde España como son Iberia y Vueling como ha sucedido de forma "casual". Si la deuda neta ajustada se sitúa el 31 de marzo en el Grupo en 5.508 millones de euros, y sus ingresos unitarios se mantendrán según estima el Sr.Walsh "relativamente planos", tenemos un horizonte que evidentemente y en cualquier momento nos podría dar un buen susto. Aunque contablemente dentro se apunte un efectivo de caja de 4.004 millones, entre los que se incluye la Caja de Pensiones de BA, que según parece se encontraría bastante saneada. Este es el panorama. http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=22945&NotDesignId=4

Continúa la expansión de CGT Málaga en el sector aéreo

Un grupo de trabajadores/as del Air Europa ha decidido organizarse en CGT para la defensa de sus intereses laborales y procedido a legalizar la Sección Sindical.

 Una de las demandas de los compañeros es poder participar en un proceso electoral para la elección de sus nuevos representantes sindicales, cuestión que les viene siendo negada por quienes actualmente ocupan los cargos de representación, por ello CGT ha procedido a presentar preaviso de elecciones sindicales en Air Europa en su centro de trabajo de Málaga.

 Desde CGT damos la bienvenida a esta nueva Sección Sindical animando a los/as compañeros/as a trabajar en pos de la mejora de sus condiciones sociolaborales y económicas, para lo que contarán con el apoyo de toda nuestra Organización.

 CGT en defensa de los servicios públicos, del empleo estable y con derechos, contra los abusos de la clase política y el desmantelamiento de los servicios básicos para la ciudadanía.

http://www.cgtmalaga.org/sindicatos/transportes-y-comunicaciones/392-continua-la-expansion-de-cgt-malaga-en-el-sector-aereo

IBERIA XX CONVENIO: ccoo-ugt-uso LIQUIDAN TUS DERECHOS

http://fetyc.cgt.es/wp-content/uploads/2014/05/PORTADA-marzo-2014.pdf

Rojo y Negro, 279, Mayo-14

http://rojoynegro.info/sites/default/files/rojoynegro279.pdf

Especial 1º de Mayo: http://rojoynegro.info/sites/default/files/1%20mayo.pdf

Suplemento Cultural: http://rojoynegro.info/sites/default/files/separata%20cultura_2.pdf

14 DE MAYO: ABSOLUCIÓN DETENIDXS 22-M

https://www.facebook.com/plataformalibertadisma

GALERIA DE BUITRES CXXVIII

El presidente de Indra se garantiza un finiquito de más de 16 millones de euros en caso de despido

El presidente ejecutivo de Indra, Javier Monzón, se ha garantizado un blindaje millonario que podrá cobrar en caso de despido o en concepto de "prejubilación", una vez que, en 2018, cumpla los 62 años. 

El consejo de administración de Indra, empresa cuyo mayor accionista es desde agosto pasado el Estado (20%) a través de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI), aprobó en diciembre pasado sustituir el marco contractual de sus consejeros y ejecutivos y altos directivos vigente hasta entonces por un "plan de prejubilación y ahorro a largo plazo" al que ha dotado, de momento, con 21,11 millones de euros, de los que 11,5 millones corresponden al presidente.

Indra asegura que, con este nuevo sistema, "ni para los consejeros ejecutivos ni para los nuevos directores generales, se contemplan cláusulas específicas de indemnización o blindaje por el cese de su relación contractual". 

Así, el antiguo "sistema de compensación para finalización de la relación laboral de los altos directivos" que permitió al anterior vicepresidente y consejero delegado de Indra, Regino Moranchel, llevarse una indemnización de 9,1 millones de euros tras su dimisión en noviembre de 2012, ha dado paso al citado "plan de prejubilación y ahorro a largo plazo", que a la vista de las cifras, deja a Monzón más o menos como estaba, aunque fuentes próximas a Indra aseguran que su retribución ahora en caso de despido será menor.

Hasta ahora, el ejecutivo, que en 2013 cobró 3,35 millones de euros y el próximo diciembre cumplirá 24 años al frente de Indra, empresa que preside desde desde su creación (en estos años, el grupo ha multiplicado su tamaño por diez), tenía derecho a tres anualidades por su eventual cese, más una compensación, que mantiene con el nuevo sistema, de 0,75 veces su salario durante dos años en concepto de cláusula de no competencia.

Esos 11,5 millones son una suma inicial que va a ir creciendo en los próximos años. A las partidas que ya ha dotado, Indra irá añadiendo a partir de ahora una aportación anual para cada alto directivo que, en el caso de Monzón, será del 15% de su salario. "Las aportaciones se realizarán mientras esté vigente su relación con la Sociedad y hasta que alcancen la edad de sesenta y dos años", momento en el que "el alto directivo percibirá el fondo acumulado", algo que en el caso de Monzón (nacido en 1956) ocurrirá en el año 2018, explica Indra. 

Así, para 2014, la compañía prevé dotar 600.000 euros al fondo para la prejubilación de Monzón, por lo que de mantener el ejecutivo su retribución hasta 2018 y de seguir entonces en la empresa, se llevaría unos 14,5 millones de euros. No obstante, en caso de despido antes de esa fecha, su finiquito superaría los 16,5 millones: los 11,5 millones del fondo de prejubilación y la indemnización por no competencia (5 millones por dos años).

El plan establece que cada beneficiario podrá cobrar el fondo acumulado antes de esa fecha en caso de cese "por causa no imputable al alto directivo". En el caso de Monzón y del consejero delegado, Javier de Andrés (no así del resto de beneficiarios), este supuesto incluye el de un cambio de control de la compañía.

Además, los consejeros ejecutivos (Monzón y de Andrés) y los directores generales de operaciones mantienen las cláusulas de no competencia vigentes hasta ahora en Indra, que en el caso de los dos principales ejecutivos les permite cobrar una indemnización anual de 0,75 veces su retribución total durante dos años.

Indra también explica que, en el caso de los actuales directores generales, "para la adecuada transición al nuevo sistema atendiendo a sus derechos adquiridos, seis de ellos mantienen durante un periodo transitorio un derecho indemnizatorio decreciente" de entre uno y dos años de sueldo en caso de despido.

El nuevo sistema se aprobó en la junta de accionistas de Indra celebrada en junio de 2013, dos meses antes de que Bankia vendiera a la SEPI su 20% de la compañía, movimiento tras el cual el hólding público nombró consejeros a dos personas de confianza del Gobierno, el exministro de Trabajo Juan Carlos Aparicio y el abogado del Estado en excedencia Adolfo Menéndez, ex consejero de varias empresas públicas con el PP y exalto cargo en Fomento y Defensa con Aznar.

Con la llegada de la SEPI, se especuló con la salida de la presidencia de Monzón, un ejecutivo muy bien relacionado con la Casa Real y que es considerado próximo a los socialistas

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/42663-el-presidente-de-indra-se-garantiza-un-finiquito-de-mas-de-16-millones-de-euros-en-caso-de-despido

Protesta de la CGT en Barajas contra la privatización de Aena

Miembros de la Confederación General del Trabajo (CGT) y trabajadores de Aena han protagonizado en la mañana del martes una protesta en la T2 del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, contra las "políticas laborales" del Gobierno así como contra la "privatización de Aena", ha informado el colectivo en un comunicado.

   Según explica la CGT, esta protesta viene motivada por el despido de una trabajadora de Aena en el Aeropuerto de Alicante por "determinada acumulación de bajas laborales". De esta forma, con gritos de "no a la privatización" y "contra la reforma laboral", han protestado a las puertas de la Terminal 2 del aeropuerto madrileño.

   Además de los motivos anteriores, la CGT incluye entre sus reivindicaciones la "erradicalización de la temporalidad", así como de la "precarización creciente" entre los trabajadores del colectivo. De igual forma piden que se recupere "la calidad y seguridad del servicio" en el aeropuerto

http://www.europapress.es/turismo/transportes/aeropuertos/noticia-protesta-cgt-barajas-contra-privatizacion-aena-20140506170319.html

La quiebra de aerolíneas y el ‘abandono’ de aviones convierte a los aeropuertos en vertederos

¿Existen en los aeropuertos españoles los 17 aviones abandonados que reconoce Aena, o esta cifra asciende a los 70 aparatos que calculan las empresas que aspiran a quedarse con el negocio de su desguace? Aunque resulte sorprendente, ambas cifras resultan compatibles y forman parte de un grave problema ecológico, no sólo en España, sino en todo el mundo, al que hasta la fecha ni las autoridades aeroportuarias, ni los fabricantes de aviones, ni las compañías aéreas han sabido o querido dar una solución de acuerdo con criterios de sostenibilidad medioambiental.

La Asociación Carbon Composites e.V. prevé que 8.500 grandes aviones comerciales, con una media de 20 toneladas de composites por unidad, se retirarán del servicio desde hoy hasta el año 2025. Las técnicas de obsolescencia programada aplicadas a las aeronaves, su fabricación intensiva en materiales compuestos (CCeV) para aligerar peso y las exigencias de reducción del gasto de combustible para lograr rentabilidad, vaticinan que el calculo de CCeV se verá superado por la realidad.

 Esta descomunal operación de relevo tendrá como consecuencia la producción de 495.000 toneladas de chatarra compleja, que incluye cantidades ingentes de componentes tecnológicos y un volumen de 170.000 toneladas de fibra de carbono, que solo se puede reciclar con procedimientos específicos.

Pero la falta de sensibilidad ecológica de los responsables políticos, la ingeniería financiera que se han extendido a las fórmulas de adquisición de aparatos por las aerolíneas (que dificulta la identificación de sus propietarios reales) y la ausencia obligaciones y sistemas reglados de desguace, han provocado que nos encontremos con una práctica demasiado común en el final de la vida útil de las flotas: el abandono de aviones que convierte a muchos aeropuertos en basureros improvisados de chatarra y materiales compuestos.

Encadenamiento de quiebras 

A lo largo de los últimos cinco años de crisis económica un número superior a 20 compañías aéreas han ido a la quiebra en España. En la lista se encuentran, entre otras, Air Madrid, Air Comet, Spanair, Futura, Quantum (anteriormente había quebrado como Aebal), Andalusair, Air Almería, Pronair, South Atlantic, Regional Wings, Vising Operaciones, Air Asturias, Lagunair, Air Catalunya, Prima Air, LTE, Bravo Arlines, Gadair, Hola Airlines, Air Class Airways o Girjet.

La flota de aviones comerciales en España con más de 50 plazas ha quedado reducida hoy a unos 350 aparatos, cuando en los días de gloria llegó a acumular unas 450 unidades. El brutal encadenamiento de quiebras de aerolíneas durante el último lustro y la vejez de los aparatos que operaban ha provocado que un 20% de este parque se haya visto involucrado en situaciones concursales, de ejecuciones por impago, tutelas judiciales, sin que sus activos voladores pudieran venderse para saldar deudas pendientes.

En el terreno práctico ese largo e intrincado laberinto legal se traducido en una larga colección de aeronaves que, en los estados y colocaciones más extrañas, permanecen aparcados indefinidamente en plataformas y en pistas secundarias de buena parte de los aeropuertos españoles, sufriendo un lamentable proceso de deterioro.

Aviones sin dueño

Fuentes de Aena han informado a eldiario.es que los aviones oficialmente abandonados en los aeródromos de red pública española oscilan entre 15 y 18. Esta cifra es compatible con la de 70 aparatos indefinidamente aparcados en sus instalaciones que manejan fuentes del sector del reciclaje de materiales compuestos. La página web de la propia Aena nos da una pista sobre las causas que provocan la diferencia entre los registros oficiales de aviones abandonados y las estimaciones empresariales.

En un apartado dedicado a responder preguntas frecuentes, aena.es informa de que en España no existe ningún cementerio de aviones y que tampoco hay un censo de aviones abandonados. Reconoce, no obstante, que una serie de aparatos que llevan varios años sin moverse del mismo lugar en los aeropuertos de su red no pueden calificarse como ‘abandonados’ porque "pertenecen a distintas empresas, ya sean compañías aéreas, empresas de leasing, bancos, intervenciones judiciales, compañías de seguros, acreedores, etc". Fuentes de Aena dijeron que mientras que el responsable de una aeronave aparcada en sus instalaciones "pague las tasas de estacionamiento" o, en su defecto, justifique el impago por estar inmersa en un procedimiento judicial, no se puede considerar que se trate de un avión abandonado.  

Aena recuerda que está obligada a seguir un procedimiento específico (artículos 137 y siguientes de la ley de Navegación Aérea que se remonta a 1960) para proceder a retirar un avión de sus instalaciones. La norma establece que "ante el presunto abandono de una aeronave" puede darse la circunstancia que el titular sea conocido o desconocido. En ambos casos se intenta identificar y localizar al propietario mediante edictos. "Transcurrido un año desde la fecha de inicio del expediente sin que el propietario la reclame, se estima la presunción de abandono y entonces la aeronave puede ser vendida en pública subasta".

Ante la laxitud de esta normativa parece que a los titulares de los aviones obsoletos les trae a cuenta desentenderse de sus aviones.  

Aeropuertos vertedero

De acuerdo con testigos e informaciones de prensa, podemos afirmar que al menos en tres de los aeródromos más importantes de la red pública existen situaciones de aparatos manifiestamente abandonados que llevan años sin que se haya producido su retiro.

En Madrid-Barajas cualquier pasajero puede contemplar en las pistas auxiliares el estado de ruina de tres aparatos de hélice Beagle, de un anciano DC3, de cuatro aeronaves de negocios y de un aparato McDonnell Douglas de Spanair.

En El Prat de Barcelona están a la vista un aparato de la empresa Pronair, un McDonnell Douglas de Iberia y cuatro aviones de hélice de Seur.

En Valencia, cinco Airbus 300 de Iberia y un Jumbo pintado con los colores rosa de Pronair han constituido más de diez años el particular cementerio del aeropuerto de Manises. Ahora solo quedan dos A-300 y el Jumbo.

El aeropuerto de Sabadell, con una actividad operativa menguante, es de hecho un vertedero de aviones con más de 20 aparatos abandonados producto de la quiebra de empresas de escuelas de pilotos.

http://www.eldiario.es/economia/aerolineas-abandono_de_aviones-Aena-Spanair-Air_Madrid-Air_Comet_0_255824588.html

Diez razones que pueden llevar al fracaso a Fomento en la privatización de Aena

El secretario de Estado de Infraestructuras del Ministerio de Fomento reconoció el martes último en Barcelona que la privatización de Aena ha encallado. Rafael Catalá utilizó una formulación equívoca para constatar que el enésimo intento de vender la empresa propietaria de la red de 48 aeródromos públicos nacionales, más otros 18 internacionales, está al borde del fracaso, como consecuencia de la frontal oposición al plan del sector aeroportuario privado español, del equipo económico del Gobierno y de los Ejecutivos autonómicos.  

Fomento “no tiene una decisión tomada” sobre el modelo de venta, que tendrá que ser el que “genere el mayor valor”, afirmó Catalá, quien añadió que el Ministerio “está estudiando alternativas como la salida a Bolsa, un sistema mixto o la entrada de inversores institucionales”.

Con esta pirueta verbal, el secretario de Estado intentó obviar que esas supuestas tres alternativas son una sola y coinciden precisamente con los tres pasos del modelo que, como si le fuera algo personal en el intento, viene promocionando de forma reiterada el actual presidente de Aena, José Manuel Vargas.

La fórmula, de aplicarse, tendrá como resultado la entrega, a bajo precio y a grupos de capital riesgo, del patrimonio aeroportuario público español acumulado durante un siglo.

Estos son los diez puntos negros de la privatización estrella de la actual legislatura, que está a punto de naufragar.

1. Modelo presentado por la puerta falsa. El Consejo Consultivo de Privatizaciones dio su visto bueno en octubre de 2013 a un modelo para poner en manos privadas el 60% de Aena en tres fases. Primera, venta institucional del 30% del capital a un “núcleo estable” de cuatro o cinco  accionistas financieros y sin aspiraciones de gestión. Segunda, OPV para colocar entre accionistas minoritarios otro 30%. Y tercero, el Estado, ya en minoría, conserva la gestión de la empresa. ¿Será el propio José Manuel Vargas, gestor de la enajenación, el elegido para presidir la nueva Aena privatizada?

2. El Consejo de Ministros no aprueba el modelo. El Consejo de Ministros es el único organismo que tiene potestad para autorizar cualquier enajenación en Aena. Su última decisión sobre el asunto se remonta a enero de 2012 cuando el gabinete de Rajoy frenó el proceso concesional de Barajas y El Prat del último Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, pero mantuvo la autorización para la venta de una “participación minoritaria de hasta el 49%” del capital de Aena Aeropuertos.

En enero de 2014 el Ministerio de Fomento intentó llevar a Consejo de Ministros su nuevo modelo privatizador de la mayoría (el 60%) de la propiedad de los aeropuertos, pero no logró el visto bueno por la oposición del equipo económico del Ejecutivo. Como consecuencia, el plan quedó bloqueado.

3. Valoración menguante. Las insistentes tasaciones del 100% de la propiedad de Aena realizadas en los distintos intentos de privatización no han hecho más que encoger. En 2007 Mckinsey calculó un valor de 31.000 millones en el momento de mayor pujanza del transporte aéreo en España. En 2011 el Ejecutivo socialista de Zapatero contrató una nueva valoración a At Kearney, que rebajó el precio a 19.000 millones. En 2013, ya en este último intento por privatizar Aena, los nuevos asesores Lazard y N+1 han situado el valor de la totalidad de las acciones de la empresa en una horquilla entre 12.000 y 16.000 millones.

4. La mayor red mundial de aeropuertos, en saldo. La tasación menguante fija el valor de lo que desde Fomento se insiste es “la mayor red de aeropuertos que existe en el mundo”. El paquete en venta incluye 48 terminales en España, más otras 18 instalaciones repartidas por el planeta. El resultado de todas las valoraciones recientes es significativamente inferior a los 17.000 millones invertidos durante las últimas dos décadas únicamente en la renovación de terminales y pistas. Con la enajenación en marcha se quiere entregar a las firmas de capital riesgo un patrimonio de 66 aeropuertos por una valoración real de cero euros.

5. Los mismos asesores que en la salida a bolsa de Bankia. La atascada privatización de Aena eligió hace casi dos años a los asesores del proceso mediante concurso. Los elegidos fueron Lazard y N+1. Sorprendentemente Lazard es la misma entidad a la que en 2011 eligió Bankia, por un importe de 10,6 millones, para que condujera su salida a Bolsa. El desastre de esta operación que llevó a la entidad a la quiebra y a la sociedad española a tener que embarcarse en un multimillonario rescate está siendo ahora investigado por los tribunales.

6. Rechazo del sector aeroportuario español. En España se ha desarrollado un sector importante de empresas que han conseguido un significativo protagonismo en la gestión de aeropuertos en todo el mundo. Ferrovial, OHL, Abertis (que ha abandonado recientemente el negocio) y Acciona han tomado posiciones importantes. Junto a otras firmas internacionales como el Aeropuerto de Frankfurt, han mostrado su interés por participar en el proceso de venta de Aena. Ahora, el modelo impulsado por Fomento, las deja completamente al margen.

7. Aversión a la constitución de un monopolio privado. Los departamentos del área económica del Gobierno son contrarios a los planes de Fomento para Aena. Los Ministerios de Economía, Hacienda y el nuevo regulador CNMC (Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia) esgrimen como argumento central de su oposición que el proyecto de privatización diseñado por Vargas anulará la competencia y dejará a los principales clientes de los aeródromos, aerolíneas y pasajeros ante el peor de los proveedores de servicios aeroportuarios imaginable: un monopolio privado.

Apuestan por una enajenación en la que la red se trocee y venda en tres o cuatro lotes equilibrados. A cada uno de estos lotes se incorporarían algunos aeropuertos de gran tirón de tráfico, combinados con otros de carácter turístico y algunos de actividad deficitaria.

8. Guerra con las autonomías. Los ejecutivos autonómicos de Cataluña y Canarias capitanean un movimiento de reivindicación para conseguir la propiedad y las competencias sobre gestión de los aeródromos que están ubicados en sus respectivos territorios. Estas demandas les convierten en opositores cerrados del plan de privatización de Aena en marcha.

9. Un calendario que no cuadra. Durante el pasado invierno el presidente de Aena y destacados miembros de Fomento han anunciado varias veces el "inminente" proceso de lanzamiento de la privatización de Aena. Ha llegado la precampaña de las elecciones europeas y han recibido la orden de paralizar cualquier iniciativa conflictiva que pueda restar votos a la candidatura del Partido Popular. La última posibilidad de hacer una colocación en Bolsa en esta legislatura queda limitada al próximo otoño. 2015 será año de comicios generales, incompatible con cualquier proyecto de privatización.

10. La compra de Luton, en el aire. El pasado verano Aena participó en una operación para tomar el control del cuarto aeropuerto de Londres, como parte de la estrategia para hacer atractiva la participación de inversores privados en la prevista privatización. El equipo económico del Gobierno ha vetado la culminación de esta adquisición por una empresa que todavía es pública, con lo que, si el proceso de desinversión estatal en Aena no se culmina, la compra de Luton permanecerá en el limbo.

http://www.eldiario.es/economia/Fomento-malvender-Aena-Jose_Manuel_Vargas-Ferrovial-OHL_0_255124728.html

La presión fiscal a los trabajadores españoles, por encima de la media de la OCDE

El trabajador promedio en España se enfrentaba a una presión fiscal sobre las rentas del trabajo (brecha fiscal) del 40,7 por ciento en 2013 en comparación con el promedio de la OCDE de 35,9 por ciento. España ocupaba el puesto 14 de los 34 países miembros de la OCDE a este respecto. Algunos ejemplos de los resultados para España representan una carga impositiva para el trabajador promedio, que sólo aumentó en un 2,1 por ciento, del 38,6 al 40,7 por ciento entre 2000 y 2013 y entre 2009 y 2013, se registró un aumento de 2,4 por ciento.

El IRPF ha sido el principal contribuyente al incremento de la presión fiscal media total de la OCDE en 2013, con aumentos de los costes laborales totales en 20 países. Los mayores de ellos se han registrado en Portugal -(3,5 por ciento) debido al aumento de los tipos- y Luxemburgo -(1,1 por ciento) debido a un plan de impuestos sobre las rentas congeladas-.

La carga fiscal que soportan los contribuyentes del IRPF ha aumentado en 25 de los 34 países de la OCDE en los últimos tres años, puesto que se han reducido las exenciones fiscales y créditos fiscales y se ha sometido una mayor proporción de los ingresos a impuestos, según los nuevos datos en la publicación anual de la Ocde sobre los Impuestos sobre salarios. Y con respecto a las rentas del trabajo, la presión fiscal en la OCDE aumentó un 0,2 por ciento en 2013, hasta situarse en una media del 35,9 por ciento. Aumentó en 21 de los 34 países, cayó en 12, y se mantuvo sin cambios en uno, según los datos del informe de la organización internacional.

Los aumentos de la presión fiscal sobre las rentas del trabajo en el pasado ejercicio fueron más grandes en Portugal, en Eslovaquia -debido al aumento de las cuotas empresariales a la seguridad social- y en Estados Unidos -porque han desaparecido las reducciones de las cotizaciones sociales de los empleados que existían hasta ahora-. Este ascenso sigue al aumento sustancial registrado en 2011 y a otro más moderado en 2012. Desde 2010, la carga fiscal se ha incrementado en 21 países de la OCDE y han caído un 9 por ciento, revirtiendo parcialmente las reducciones tributarias que se produjeron entre los ejercicios de 2007 y 2010.

Un capítulo especial del informe es el que evalúa la progresividad de los sistemas fiscales de los países de la OCDE -el papel que desempeñan los impuestos sobre la renta para lograr una distribución más equitativa de los ingresos- que ha cambiado desde 2000. El diseño y la interacción de los sistemas de impuestos sobre la renta personal, las contribuciones a la Seguridad Social y los sistemas de prestaciones han crecido más para los hogares de ingresos bajos por hijos en toda la OCDE, sobre todo desde el inicio de la crisis económica.

Por el contrario, se han producido escasos cambios en la progresividad sobre los impuestos para los trabajadores solteros y sin hijos o los que están en los niveles de ingresos más altos, aunque es destacable que existen amplias diferencias entre países. De esta forma, Irlanda, Suecia y Eslovenia representan el mayor aumento de los impuestos progresivos para los contribuyentes solteros y sin hijos, mientras que la caída más grande de progresividad para contribuyentes solteros y sin hijos se ha dado en Alemania, Hungría e Israel.

La carga de la contribución fiscal y de la Seguridad Social se mide por la brecha fiscal como porcentaje de los costes laborales totales -total de impuestos pagados por los empleados y los empleadores, menos las prestaciones familiares recibidas, dividido por los costos laborales totales de la empresa-.

Se han contemplado las cargas impositivas medias más altas para los trabajadores solteros sin hijos que ganan el salario promedio en Bélgica (55,8 por ciento), Alemania (49,3), Austria (49,1), Hungría (49,0), Francia (48,9 por ciento). España se encuentra en el 40,7 por ciento, mientras que Reino Unido (31,5) e Irlanda (26,6) son los que menor carga soportan en la OCDE. Las cargas más bajas se dan en Chile (7 por ciento), Nueva Zelanda (16,9) y México (19,2).

En algunos países, una serie de beneficios relacionados con los seguros que se proporcionan a través de los pagos obligatorios a fondos de pensiones de administración privada o compañías de seguros en lugar de a través de los pagos de las cotizaciones al gobierno. Las cifras para la OCDE supusieron una caída del 0,8 por ciento, desde el 36,7 al 35,9 por ciento entre 2000 y 2013 y un incremento de 0,8 entre 2009 y 2013.

El panorama para un solo trabajador

La brecha fiscal entre los costos laborales totales para el empleador y el correspondiente salario neto promedio para los trabajadores solteros sin hijos en los países de la OCDE varió entre Bélgica (56 por ciento) y Chile (7 por ciento) en 2013. La brecha fiscal fue de alrededor del 50 por ciento en Alemania (49,3), Austria (49,1), Hungría (49,0) y Francia (48,9) y menos del 20 por ciento en México (19,2) y Nueva Zelanda (16,9). La brecha fiscal media de la OCDE era del 35,9 por ciento del coste laboral en el 2013.

El porcentaje de los costes laborales pagados en impuestos sobre la renta varía considerablemente dentro de los países de la OCDE. Las cifras más bajas se encuentran en Chile (cero) y Corea (4,6 por ciento). Los valores más altos se registran en Dinamarca (35,8 por ciento) y Australia. Bélgica e Islandia más del 20 por ciento. El porcentaje de los costes salariales de los empleados pagados en cuotas de la Seguridad Social, también es muy variable que va desde cero en Australia y Nueva Zelanda hasta el 17,1 por ciento en Alemania y 19 en Eslovenia.

Los empleadores en Francia pagan el 28,7 por ciento de los costes laborales totales de las cargas sociales. El más alto entre los países de la OCDE. Las cifras correspondientes son también más del 20 por ciento en otros diez países -Austria, Bélgica, la República Checa, Estonia, Grecia, Hungría, Italia, Eslovaquia, España y Suecia-.

Como porcentaje de los costes laborales, el total de las contribuciones a la Seguridad Social de los empleados y de los empleadores no supere el 20 por ciento en más de la mitad de los países de la OCDE. También es superior a un tercio de los costes laborales totales en ocho de estos países: Alemania, Austria, Bélgica, República Checa, Francia, Grecia, Hungría y Eslovaquia.

Cotizaciones sociales de empresarios

La brecha fiscal media de la OCDE aumentó del 35,7 al 35,9 por ciento entre 2012 y 2013 debido a las subidas de los impuestos sobre la renta personal (0,12 por ciento) de aportes y contribuciones a la seguridad social (0,08 por ciento). En contraste, el promedio de cotizaciones sociales de los empleadores de la OCDE disminuyó en un 0.06 por ciento.

El impuesto sobre la renta personal media como porcentaje de los costos laborales totales se incrementó en 20 países -Australia, Austria, Canadá, Estonia, Finlandia, Francia, Alemania, Islandia, Israel, Italia, Corea, Luxemburgo, México, Nueva Zelanda, Polonia, Portugal, Turquía, España, Suecia y Suiza-. Aumentó la mayor cantidad en Portugal (3,54 por ciento), debido a mayores tasas del impuesto sobre la renta personal por cambios legislativos, y en Luxemburgo (1,09 por ciento), como consecuencia de lo previsto de impuestos congelados.

Las cotizaciones medias de seguridad social de los empleados como porcentaje de los costes laborales totales se incrementaron en 11 países -Bélgica, Canadá, Dinamarca, Francia, Grecia, Irlanda, Japón, Corea, Holanda, Noruega y Estados Unidos-. El mayor crecimiento se sufrió en los Estados Unidos (1,82 por ciento), como la reducción temporal de la tasa de contribución a la pensión que se introdujo en 2011 terminó en 2013.

Por el contrario, las contribuciones del empleador a la Seguridad Social media como porcentaje de los costes laborales totales se redujeron en 10 países (Bélgica, Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Islandia, Países Bajos, Noruega, el Reino Unido y Estados Unidos). Disminuyó la mayoría en Francia (1,92 por ciento), debido a la introducción de un crédito fiscal relacionado -Cice - Crédit d' Impôt pour la Compétitivité et l' Emploi- en 2013. También hubo una disminución de más de 1 punto porcentual (1,35) en Holanda debido al descenso de las cotizaciones para el fondo general de desempleo e invalidez.

Tendencias marcadas para los trabajadores

La brecha fiscal promedio de la OCDE como porcentaje del coste laboral para los que ganan el salario medio se ha incrementado en 0,2 por ciento, desde 35,7 por ciento hasta 35,9 por ciento entre 2012 y 2013; además, se ha incrementado en 0,8 por ciento, desde 35,1 hasta 35,9 por ciento entre 2010 y 2013, previamente se había reducido en un 1 por ciento, del 36,1 por ciento a 35,1 por ciento entre 2007 y 2010. Entre 2007 y 2010, la presión fiscal disminuyó en 23 países de la OCDE y aumentó en 10. Los mayores descensos fueron en Hungría (7,9 por ciento), Turquía (4,8), Israel (4,2) y Nueva Zelanda (4,1 por ciento).

En 2013, las brechas impositivas más altas para una pareja con dos fuentes de ingresos y con dos hijos en el salario medio se encontraban en Grecia (44,5 por ciento), Francia (41,6) y Bélgica (41,0). Nueva Zelanda tenía la brecha fiscal más pequeña para estas familias (2,4 por ciento), seguido de Irlanda (6,8), Chile (7) y Suiza (9,5 por ciento). Los ahorros realizados por una pareja casada con una fuente de ingresos en comparación con un trabajador sólo fueron mayores que el 20 por ciento de los costes laborales en República Checa y Luxemburgo, y superior al 15 por ciento de los costos laborales en otros tres países - Alemania, Irlanda y Eslovenia-. En el otro extremo, las cargas fiscales eran iguales en Chile y México y diferente por menos de tres puntos porcentuales en Grecia, Corea y Turquía.

En 2013, la presión fiscal de pareja casada con una fuente de ingresos y con dos hijos aumentó en 21 y cayó en 12 países de la OCDE. En el 80 por ciento de los países el cambio no excedió de más o menos un punto porcentual. Además, se registraron aumentos de más del 1 por ciento en cuatro países - Nueva Zelanda y Portugal (1,9), Eslovaquia (1,8) y Estados Unidos (1,6)-. La brecha fiscal se redujo en un 1,5 por ciento en Francia y Holanda; y por menores cantidades en otros diez países: Bélgica, República Checa, Dinamarca, Estonia, Alemania, Hungría, Italia, Eslovenia, Suiza y el Reino Unido. La preferencia fiscal para las familias en comparación con los solteros creció en siete países: Alemania, Bélgica, República Checa, Francia, Italia, Luxemburgo, Portugal y Suiza.

Además, los efectos de los cambios en el sistema impositivo sobre la presión fiscal fueron independientes del tipo de familia en Chile, Dinamarca, Irlanda, Japón, México y Turquía. La reducción de las tasas impositivas obligatorias se registró en un total de cinco países (Israel, Finlandia, Canadá, Austria y Noruega).

La carga fiscal para la pareja de una sola fuente de ingresos con 2 niños aumentó un 2,5 por ciento, del 32,3 al 34,8 por ciento entre 2000 y 2013. Entre 2009 y 2013, hubo un aumento del 2,4 por ciento. En el caso de la OCDE hubo una disminución del 1,3 por ciento, del 27,7 al 26,4 por ciento entre 2000 y 2013 y un incremento del 1,4 por ciento entre 2009 y 2013. Muy grandes fueron en la República Checa, Luxemburgo, Alemania, Irlanda y Eslovenia.

La obligación de tributar se extendió a niveles de ingresos más bajos con tasas de impuestos crecieron en Grecia, Nueva Zelanda y México. El tramo impositivo medio se suspendió en Dinamarca. En Australia, los umbrales de ingresos se incrementaron y en consecuencia con escalas de nivel de ingresos ampliadas. La brecha fiscal promedio de la OCDE para una pareja con una fuente de ingresos y dos hijos fue del 26,4 por ciento del coste laboral en 2013. Esta cifra fue un 9,5 por ciento inferior a la observada para el individuo sin hijos. Muchos países de la OCDE proporcionan un beneficio fiscal a través de un tratamiento fiscal ventajoso y transferencias de efectivo.

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