27 - Sept.: Huelga Mundial por el Clima

Trabajar más por menos: nuestro capitalismo

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), el número total de horas extraordinarias semanales realizadas en el segundo trimestre de 2019 ascendieron a más de seis millones, de las cuales el 52% han sido pagadas y el 48% restante no han recibido ninguna retribución. Si se compara este dato con el del mismo trimestre de 2018, la cifra se ha reducido en un 12%; reducción que, sobre todo, corresponde a las pagadas, un 19%. Se llega a la misma conclusión cuando se comparan los dos trimestres de este año con los de 2018.

Una evolución sin duda positiva, posiblemente influida por la aprobación por parte del gobierno socialista de un decreto que obliga a las empresas a registrar la jornada laboral y a guardar ese registro durante cuatro años. En todo caso, con ciertas fluctuaciones, el volumen de horas extraordinarias se ha mantenido en niveles altos. Y eso que el dato real de las no pagadas es, con toda seguridad, mucho peor; ante la amenaza y la posibilidad cierta del despido, muchos trabajadores no tienen otra alternativa que someterse a este atraco.

Trabajar más horas por el mismo salario significa una reducción sustancial del mismo. En cuanto a las pagadas, habría que saber, y el INE no proporciona esa información, cuántas de esas horas se abonan al salario normal, sin el plus que corresponde a su carácter extraordinario.

Además, asistimos a una prolongación de la jornada y más intensidad en la realización de las tareas y en el cumplimiento de los objetivos establecidos por la empresa, a través del aumento de los ritmos de trabajo y de la reducción o eliminación de los tiempos muertos. El European Working Conditions Survey de 2015 señalaba que más del 60% de las personas encuestadas decía realizar su trabajo a un ritmo elevado y con plazos muy ajustados.

Con todo, la economía española ha generado cerca de dos millones entre 2014 y 2018: un crecimiento acumulado en el período del 12%. Pero la precarización se impone. La suma de los contratos temporales y a tiempo parcial superó ampliamente en este último año los 7 millones, lo que supone el 37% del empleo total. Han crecido, muy especialmente, los primeros, en 2,8 puntos porcentuales. Destaca, asimismo, que una parte importante de las personas contratadas a tiempo parcial (el 56% en 2018) desearía trabajar más horas.

En ese período, 2014-2018, la compensación real por empleado -en un contexto de crecimiento del Producto Interior Bruto (PIB) y de acelerada creación de empleo; es decir, en un escenario donde parecería lógico que aumentaran los salarios de la clase trabajadora- retrocedió un promedio de un 1,5%, según la Oficina Estadística Europea, con el resultado de que su peso en la renta nacional disminuyó en un punto porcentual. No es, pues, de extrañar que el porcentaje de trabajadores pobres haya seguido creciendo; se encontraba en esta situación en 2018 el 13% del empleo. El INE informa de que cerca de 5 millones de trabajadores, el 30% del total, percibía en 2017 ingresos inferiores a 1.200 euros mensuales; más de 3 millones, el 20%, no llegaba a los 1.000 euros; y 1,6 millones, el decil inferior, ganaba menos de 500 euros.

Esta dinámica ha podido contribuir a mejorar las cuentas de resultados de las empresas a corto plazo, pero tiene costes muy elevados. Supone una importante merma de capacidad recaudatoria, especialmente perjudicial para las cuentas de la seguridad social y el sostenimiento del sistema público de pensiones; lastra la creación de empleo decente y de calidad; da por buenas las prácticas empresariales más conservadoras basadas en la sobreexplotación de la fuerza de trabajo; hace muy difícil compatibilizar los trabajos de cuidados y abordar proyectos personales de vida; y explica el avance de diversas patologías cuyo origen se encuentra en el estrés laboral.

Estamos asistiendo, en consecuencia, a una profunda degradación de las condiciones de vida de la mayoría de los trabajadores, las relaciones laborales y los espacios de negociación colectiva, reflejo de un profundo cambio en las relaciones de poder en beneficio del capital y las elites empresariales. Todo un símbolo de un capitalismo y un proceso de acumulación crecientemente depredadores y extractivos que ha venido para quedarse. En un contexto de débil e insuficiente crecimiento del PIB y de avances moderados en la productividad del trabajo, se impone la confiscación de renta, riqueza y recursos. Es en esta perspectiva, en clave de economía política, donde mejor se entiende el panorama laboral que emerge de la crisis.

https://www.lamarea.com/2019/09/13/trabajar-mas-por-menos-nuestro-capitalismo/

Llegar a los 65

Cuando vas cumpliendo años te planteas varias cuestiones. Estas dependen de tu situación social, familiar, económica, territorial… incluso de si eres hombre o mujer.

Vamos a centrarnos en el aspecto económico. Quizá en otra ocasión abordemos el afectivo.

Si has estado trabajando y cotizando durante toda tu vida y la base de cotización ha sido alta, tendrás una pensión digna que te permitirá cubrir tus necesidades básicas.

Pero, según los datos publicados por la SS, las pensiones medias en España rondan los 1000 euros (con una gran diferencia si calculamos esa media diferenciando mujeres y hombres).

Lo que ocurre es que, según las propias estadísticas publicadas por la Seguridad Social, esta situación se da en un pequeño porcentaje. Los mayores de 65 años que han llegado a esa edad cotizando hasta el último día, son muy pocos. Poquísimos.

La mayoría llevan unos años sin empleo, por lo tanto, sin cotizar. Eso afecta, y mucho, al cálculo de su pensión.

Otros, sobre todo otras, o no han cotizado o han cotizado poco, a pesar de haber trabajado toda su vida. Son las personas, en su mayoría mujeres, que se han dedicado a las llamadas, comúnmente, labores del hogar (hoy se llaman los cuidados).

Esa palabra que comienza a coger importancia, sobre todo entre los movimientos sociales y es el eje principal de la Economía feminista.

Efectivamente, se refieren a: tener hijos, cuidarlos, educarlos, gestionar la casa, la economía doméstica, ejercer de enfermera, de psicóloga, de maestra… Todos esos trabajos imprescindibles para el buen funcionamiento de la familia, base de la sociedad, y que no se tienen en cuenta a la hora de calcular la pensión que te corresponde por tu dedicación (en muchos casos exclusiva).

Vamos a lo que hoy quería explicar:

Si llegas a viejo y tu pensión es de 1000 euros, tienes tu casa en propiedad, no tienes más deudas que las generadas mes a mes (luz, agua, comunidad, etc.) puedes arreglártelas, incluso si sois dos personas las que tenéis que vivir con ese dinero. Pero si uno de los dos, o tú si estás solo, eres dependiente, es decir, no te las apañas solo, sino que necesitas ayuda para la limpieza de casa, gestiones en bancos, incluso tu aseo personal… ya tenemos un problema.

Lo primero, siempre, es recurrir a la familia. Familia que tiene su propia vida y que se ve alterada por tener una nueva tarea. Familia que ya se verá bastante apurada (no necesitamos estadísticas para saber que esto es así) para llegar a fin de mes y para conciliar vida laboral y familiar. Aun así, algunas consiguen hacer malabares y te echan una mano. Claro que siempre hasta que no necesitas la ayuda de alguien con más conocimientos sobre el cuidado de los mayores.

La segunda opción es contratar a un auxiliar (chica para todo, que esa es otra). Es evidente que con 1000 euros no puedes ni darle un salario digno ni pagar una seguridad social completa.  O sea que, sin remedio, contribuimos a la precariedad laboral.

Y la tercera opción es la residencia de la tercera edad. Si tu grado de minusvalía te hace merecedora de una ayuda, estás de “enhorabuena”, claro que para cobrar esa lotería tendrás que esperar, a veces, hasta después de muerta, dadas las demoras en aplicar la Ley de Dependencia y su falta de fondos económicos.

Vamos a suponer que tienes suerte y enseguida te admiten en una. Si estás al tanto de las últimas noticias publicadas y de los movimientos sociales hiperactivos últimamente en torno a este tema, verás que las residencias, sobre todo las de la Comunidad de Madrid, no se lucen precisamente ni por el buen trato, ni por los buenos cuidados, ni por los medios humanos y materiales empleados en el bienestar de sus “inquilinos”. Tanto es así que en vez de residencias ya se les llama, coloquialmente, MORIDEROS.

Y hay que añadir que no son gratuitas, ya que se quedan con casi toda tu pensión para “sufragar” los gastos que les ocasionas. Por tanto, tampoco es tan “social y altruista” su labor.

¿Y si, por la causa que sea, te incapacitan? Entonces ya tendríamos que hablar del AMTA, pero esas son palabras mayores y merecen otro artículo aparte.

Evidentemente envejecer en este país, y concretamente en esta comunidad, es harto difícil, pero sobre todo es por el trato INDIGNO por parte de la administración pública. Administración que intenta, con la vergüenza que le queda, mantener vivos a los que ya no producen para el esclavo-capitalismo en el que estamos inmersos.

Es por ello, y más, que esta generación que ha estado en las calles durante décadas, vuelve de nuevo para defender lo público y la DIGNIDAD.

Nos vemos el 16 de octubre, a las 11 de la mañana, en la Puerta del Sol. No faltes. Esta guerra también es tuya.

https://contrainformacion.es/llegar-a-los-65/

Rojo y Negro Nº 337, septiembre 2019

rojoynegro 337 septiembre.pdf

Addenda, suplemento cultural:

addenda 72 septiembre.pdf

El despido por absentismo podría ser declarado inconstitucional

Un juez lleva al TC la norma que admite el despido por absentismo laboral

El despido objetivo por absentismo podría desaparecer de la legislación española y será el Tribunal Constitucional (TC) el que lo decida. El pasado 27 de julio el Boletín Oficial del Estado (BOE) publicó la decisión de este tribunal de admitir a trámite una cuestión de inconstitucionalidad presentada por el Juzgado de lo Social número 26 de Barcelona. Dicho recurso solicita que los magistrados del Constitucional se pronuncien acerca de si la regulación del despido por absentismo en España es lícita o no. Y en el caso de resultar contraria a la Constitución debería desaparecer de la normativa laboral.

En concreto, el Juzgado barcelonés solicita que el Constitucional se pronuncie sobre si el despido por absentismo contraviene los artículos de la Carta Magna número 15 –que garantiza la integridad física y moral–; el 35.1 –que recoge el derecho al trabajo, libre elección de oficio y a una remuneración suficiente sin discriminación por sexo–; y el 43.1, que recoge el derecho de protección a la salud.

El despido por absentismo está regulado en el artículo 52.d del Estatuto de los Trabajadores. Permite al empresario extinguir el contrato de un trabajador por causas objetivas (con una indemnización de 20 días por año trabajado y un máximo de una anualidad), ante faltas de asistencia al trabajo, que aunque estén justificadas sean intermitentes. Si bien estas ausencias deben alcanzar el 20% de las jornadas hábiles en dos meses consecutivos, siempre que el total de faltas de asistencia en los doce meses anteriores alcance el 5% de las jornadas hábiles, o el 25% en cuatro meses discontinuos dentro de un periodo de doce meses.

No obstante, para justificar un despido por absentismo la ley excluye que computen las ausencias por huelga legal; por actividades sindicales; accidente de trabajo; cualquier baja relacionada con la maternidad; permisos y vacaciones; bajas por enfermedad o accidente no laboral cuando dure más de veinte días consecutivos; las derivadas por violencia de género acreditadas; o las ausencias por tratamiento médico de cáncer o enfermedad grave.

Esta regulación se endureció, además, en la pasada reforma laboral de 2013, con la intención de facilitar a la empresa la utilización de este tipo de despido. Si bien, distintas fuentes jurídicas consultadas aseguran que en la práctica, no es nada común que los empresarios recurran a esta modalidad de despido.

“El cómputo de las ausencias es extraordinariamente complicado, lo que hace que rara vez salga adelante”, aseguran estas fuentes. De hecho, recientemente, el Tribunal Supremo tuvo que unificar doctrina en torno al cómputo de las faltas para justificar estos despidos. En su sentencia –donde reiteraba lo fallado en diciembre de 2010– indicaba que los cuatro meses han de computarse de fecha a fecha, no por meses naturales.

Si el Constitucional decidiera que el despido por absentismo es contrario a los derechos fundamentales consultados por el Juzgado de Barcelona, podría anular directamente la regulación de este tipo de extinción laboral. Aunque no parece que la resolución del Constitucional vaya a ser pronta, dado que no es probable que esta cuestión se considere como urgente.

En cualquier caso, si el despido por absentismo desapareciera de la normativa laboral, las empresas podrían utilizar otra vía para extinguir el contrato de un trabajador con elevadas ausencias reiteradas injustificadas. Lo explica el socio del Área Laboral de Pérez-Llorca, Daniel Cifuentes: “Si el Constitucional llegase a anular el despido por absentismo, el empresario podría recurrir al artículo 52.1.a que justifica un despido objetivo por ineptitud del trabajador conocida o sobrevenida con posterioridad a su colocación efectiva”.

Asimismo, Cifuentes explica que si se anulara este despido, los trabajadores afectados, que hayan sido objeto de una extinción objetiva por absentismo, podrían llegar a reclamar en los tribunales la responsabilidad patrimonial del Estado.

https://cincodias.elpais.com/cincodias/2019/08/09/economia/1565364275_225177.html

Los perdedores silenciosos de la recuperación económica

Hace unos días conocíamos datos que apuntan a una desaceleración del crecimiento de la economía en un contexto de turbulencias y guerra comercial entre las dos principales economías del mundo, Estados Unidos y China, y de salida del Reino Unido de la Unión Europea. Así pues, parece que a los trabajadores nos toca volver a preocuparnos por nuestros puestos de trabajo en el enésimo avatar al que nos somete el capitalismo, después de un periodo de bonanza generalizada.

Pero, ¿ha percibido usted esa bonanza? Las cifras macroeconómicas indican que la economía ha ido a mejor desde que tocamos fondo en 2012-2013 y que se han recuperado muchos de los indicadores, que han alcanzado o superado las cifras previas a la crisis. Quizás usted ha sido uno de esos afortunados que ha mejorado su situación, pero aunque ello no ocupe portadas en los medios de comunicación, no todo el mundo se ha recuperado del golpe. Nadie habla de los que se han quedado atrás, quizás porque supondría quebrantar el relato oficial de la economía con viento en popa, pero allí están, silenciosos, sufriendo todavía las consecuencias de una crisis que, a lo mejor, nunca se fue. Hay varios indicadores que nos permiten saber quiénes son esas personas, y en esta ocasión nos centraremos en los datos que nos proporciona la Encuesta anual de estructura salarial a través del INE para el periodo 2008-2016.

Efectivamente, si observamos dichos datos podemos afirmar que, en general, los asalariados españoles cobramos más ahora que antes de la crisis en términos absolutos. Así, el salario mediano bruto anual (es decir, aquel punto en el que se sitúan por debajo el 50% de salarios y por encima el otro 50%) pasó de 18.244,40 euros en 2008 a 19.432,62 euros en 2016, esto es, un incremento interanual acumulado del 6,4% (1.188,22 euros más al año). La recuperación, pues, habría llegado a los salarios. Sin embargo, si ahondamos en los datos y observamos su evolución en los distintos niveles salariales veremos que este incremento no ha sido, ni mucho menos, homogéneo
Así, tras la crisis y varios años de recuperación económica, los datos muestran que el 10% de trabajadores con un salario bruto más bajo tuvieron un descenso salarial interanual acumulado del 9,1% entre 2008 y 2016, o lo que es lo mismo, pasaron de tener un salario de 8.903,52 euros a uno de 8.095,44 euros (808,08 euros menos al año). Aunque entre 2014 y 2016 este grupo de trabajadores tuvo un aumento salarial de casi 470 euros anuales, este incremento no fue suficiente para compensar las pérdidas que acumularon entre 2008 y 2014, que fueron de unos 1.277 euros. Así pues, durante el periodo 2008-2016 los salarios de estos trabajadores descendieron, como decíamos, un 9,1%; si a ello sumamos que durante el mismo periodo el crecimiento acumulado de la inflación fue del 7,6%, nos daremos cuenta de la magnitud del desastre que están sufriendo los trabajadores con salarios más bajos.
Pero las complicaciones no terminan aquí, no al menos para el resto de asalariados. Si observamos qué ha ocurrido en otros niveles salariales, podemos ver que el 25% de los trabajadores con salarios brutos más bajos han experimentado un crecimiento salarial interanual acumulado de solamente el 0,3% durante el periodo 2008-2016. Esto equivale a un incremento de 27,21 euros (de 13.342,53 a 13.369,74 euros anuales). Al mismo tiempo, y como ya habíamos indicado anteriormente, el salario bruto mediano creció un 6,4% durante el mismo periodo. Con todo ello podemos concluir que entre 2008 y 2016 la mitad de los trabajadores (es decir, los que tiene salarios por debajo de la mediana) tuvieron pérdidas en su poder adquisitivo (con las distintas intensidades que hemos observado), ya que la inflación acumulada (7,6%) fue superior a las ganancias o pérdidas que tuvieron sus respectivos salarios.

Pero, efectivamente, no todo el mundo ha perdido entre 2008 y 2016. Mientras el 10% de los trabajadores con salarios más bajos han visto como su salario descendía en 808,08 euros anuales, el 10% de trabajadores con salarios brutos más elevados han experimentado un incremento salarial de 3.297,09 euros anuales, ya que su salario ha pasado de 38.558,29 a 41.855,38 euros. Esto representa un aumento interanual acumulado del 8,3%, con lo que este 10% de trabajadores ha ganado poder adquisitivo a pesar de la crisis, a diferencia de la mitad de los trabajadores con salarios más bajos. Como último apunte cabe resaltar que este escenario de ganancias reales también ha sido experimentado por el 25% de trabajadores con mayores salarios brutos anuales, los cuales han visto como su salario crecía en 2.317,54 euros entre 2008 y 2016, con un aumento interanual acumulado del 8,4%.
Podemos ver, pues, que a pesar del discurso oficial la recuperación económica en términos salariales sólo ha existido y ha sido tangible para una parte, seguramente minoritaria, de la ciudadanía. Ello hace que sea todavía más preocupante imaginar el escenario que podría producirse a nivel social si los tambores de recesión que resuenan ahora acaban concretándose en el futuro, ya que lo más probable sería que la nueva contracción económica se cebara sobre la clase trabajadora en general y, más concretamente, sobre sus estratos más débiles. Ante este panorama se hace patente que sólo con un giro de 180º en las políticas económicas y laborales de los poderes públicos se conseguirá proteger a estos trabajadores. Medidas como por ejemplo el aumento de la productividad, el incremento del salario mínimo, la mejora en la redistribución de las plusvalías entre capital y trabajo, o la orientación de la economía hacia la competitividad en calidad y no en salarios se convierten en esenciales para garantizar el progreso del conjunto social y de la clase trabajadora en particular.

https://www.cuartopoder.es/economia/2019/09/08/los-perdedores-silenciosos-de-la-recuperacion-economica/

 

 

 

11 - Sept.: Defender el Sistema Público de Pensiones

La regulación actual sobre contratación temporal favorece el abuso e incentiva el fraude

Sale barato defraudar en la contratación temporal. La regulación actual sobre contratación temporal favorece el abuso de la misma e incentiva el fraude. Y esto es así por tres motivos:

1.- El carácter confuso y laxo de la regulación.  La normativa debería ir más allá tasando con absoluta claridad las causas de forma que no haya lugar a confusión, ni ambigüedad.

Los casos más extendidos de mala utilización y fraude en la contratación temporal son:

• Cuando se utilizan contratos, mayoritariamente, eventuales para trabajos de carácter estacional (temporadas estivales, campañas, etc.). La función de los contratos eventuales no es esa, sino dar respuesta a incrementos inesperados o no previsibles de los niveles de demanda o actividad de la empresa. Un fraude muy habitual en el sector de educación o en la hostelería, entre otros muchos.
• Cuando se utilizan contratos de obra (amparados a veces en denominaciones tales como proyectos o programas) para cubrir trabajos de carácter permanente o actividades habituales y ordinarias en la empresa.
• Cuando a los trabajadores y trabajadoras de contratas y subcontratas se les realizan sucesivos y continuados contratos por obra vinculados a cada contrato mercantil entre las dos empresas.
• Primer contrato laboral. Utilización prácticamente en todos los casos de contratos temporales, lo cual es contrario a la Ley. Además, en muchas ocasiones, la contratación temporal se dilata en el tiempo a pesar de que la actividad es obviamente de carácter permanente.
• Cuando no se precisan y especifican o incluso directamente no se determinan las causas en los contratos temporales de trabajos concretos. No se justifica, de manera adecuada, la naturaleza temporal de las tareas que dan lugar al contrato. Esto motiva de nuevo un fraude: contratos temporales que cubren trabajos de carácter fijo.

2.- Las escasas consecuencias cuando la actuación judicial declara un contrato en fraude de ley. Cuando esto se produce y el contrato temporal en fraude se convierte en indefinido la empresa puede optar por dos opciones: reincorporar al trabajador al puesto de trabajo, algo que extrañamente se produce, o el despido improcedente e indemnizarle, con una cuantía económica, algo que al empresario le resulta barato dada la escasa antigüedad de los trabajadores temporales.

Pero es que, además, al transformar en indefinido el contrato temporal fraudulento, ese fraude empresarial carece de consecuencias económicas, ni de otro tipo: todo se reduce simplemente a corregir la decisión del empresario, pero sin sanción alguna. El fraude tiene el mismo coste y las mismas consecuencias que el cumplimiento de la ley.

Así, el fraude en la contratación temporal, reconocido judicialmente es, en definitiva, gratis o muy barato. Sería como si al que defrauda los impuestos, judicialmente solo se le pudiera obligar a pagarlos sin recargo ni sanción alguna, lo que en realidad crea un incentivo al fraude (aunque le ‘pillen’ no le cuesta nada, y si no le pillan, se ahorra cumplir la ley).

Desde el punto de vista económico, también, es imprescindible acabar con los alicientes al fraude en la utilización de los contratos temporales. ¿Cómo? Estableciendo, por ejemplo, que el coste económico de extinguir un contrato temporal en fraude sea más caro que el coste de extinción del contrato indefinido que habría correspondido hacer. Así podría evitarse que el fraude en la contratación temporal continuara siendo masivo.

Con la actual regulación, a los trabajadores no les merece la pena reclamar judicialmente que ocupan un contrato temporal que en realidad no lo es. Los costes de las reclamaciones son muy superiores a lo que un trabajador temporal medio podría obtener (pierde dinero y no compensa), y la sentencia de fraude no conlleva la estabilidad en el empleo, sino el despido.

En conclusión, para eliminar el fraude en la contratación temporal se necesita la protección judicial de los trabajadores que denuncien (lo que requiere la necesaria articulación legal) y unas consecuencias económicas más disuasorias para el empresario que hace el fraude. Mientras la ley no sea más estricta y tenga previsiones y consecuencias que sean garantía para su cumplimiento (algo que no ha ocurrido en los últimos 30 años) continuará el fraude masivo.

3.- Los insuficientes medios y recursos que se destinan a perseguir este fraude por la vía de la Inspección de Trabajo y la limitada eficacia de los mecanismos sancionadores. Independientemente del número de trabajadores afectados por el fraude (sean uno o más de 5.000, por ejemplo) la multa no supera los 6.250 euros. Así el artículo 7.2 sobre la transgresión de la normativa sobre modalidades contractuales, contratos de duración determinada y temporales mediante su utilización en fraude de ley (…) contempla que van de 626 a 1.250 euros, en su grado mínimo, 1.251 a 3.125 euros en su grado medio y 3.126 a 6.250 euros en su grado máximo. Por tanto, resulta barato infringir la ley.

https://contrainformacion.es/regulacion-actual-sobre-contratacion-temporal-favorece-el-abuso-e-incentiva-el-fraude/

La generación de la crisis permanente

Crecieron cuando empezó lo que en España se llamó durante un tiempo “recesión económica” y algunos no habían cumplido ni diez años cuando estalló la burbuja inmobiliaria y la crisis se empezó a cobrar presas destruyendo miles de empleos. Son la generación Z, a quienes el futuro ya les nació secuestrado

Muchos superan por poco la veintena o ni siquiera han llegado a ella. La mayoría ha entrado en la universidad hace poco, sufriendo en carne propia las consecuencias de lo que en 2012 se llamó “tasazo”. Fue la firma de un real decreto que consiguió hacer de la universidad pública un proyecto de élites. Con esta legislación el precio de las matrículas se incrementó hasta en un 40 % de media. Pero esto solo es un step de lo que les aguarda fuera de las aulas. A la llamada Generación Z no se lo han puesto fácil. En España la cifra de desempleo entre los menores de 25 años alcanzaba un 33,14 % en la última Encuesta de Población Activa (EPA) de julio. La juventud más castigada es la que vive en Melilla (71,15 % de desempleo juvenil), Ceuta, Canarias o Extremadura.

Es miércoles y acaba de empezar septiembre. La asamblea de Fridays for future (también llamada Juventud por el clima) se reúne en el Centro Social La Ingobernable en Madrid para dar la bienvenida a los estudiantes universitarios que comienzan año escolar organizados en esta asamblea. Es el pistoletazo de salida de un curso académico que estará marcado por las movilizaciones del denominado 15M climático. “Nos parecía bonito que se llamase 15M. Yo cuando ocurrió este movimiento estaba en bachiller, era menor de edad, y no podía participar en condiciones. Hay gente que ni siquiera había llegado a la adolescencia cuando se ocuparon las plazas. Pero coger ese nombre es muy simbólico, quiere decir que estamos sentando un precedente de lucha y de indignación frente a una inacción de los partidos políticos”, cuenta Javier Pamplona, de 24 años.

Su generación tiene asumido que el camino hacia el mundo laboral no será nada sencillo. “A veces nos empieza a preocupar un poco menos el tema de encontrar trabajo, porque ya tenemos asumido que no vamos a tener un futuro igual que el que ha tenido la mayor parte de la población actual”, dice Marta Macías, con la frescura que te da haber cumplido los 20 años. Cuando se le pregunta por sus experiencias laborales, no duda en afirmar que eran “muy precarias y en ocasiones me querían pagar en negro. No he conseguido encontrar ninguna oportunidad laboral con unas condiciones dignas”. Su sector, el periodístico, sufre una de las peores crisis que se recuerdan. “Es muy típico ver a gente ejerciendo el periodismo en condiciones de falso autónomo. Siempre se habla de los riders, pero no de otros sectores, como el de los medios de comunicación”, recuerda Marta.

En el caso de Javier Pamplona, él cree que “la crisis ecológica, el sistema de producción que tenemos, el sistema de consumo y el económico, determinan nuestra vida. El ámbito laboral está ligado a eso. Somos una generación que se supone que ha hecho lo que tenía que hacer para poder tener una vida digna y nos encontramos con que no podemos pagarnos ni siquiera un alquiler para independizarnos”.

La dificultad de la independencia económica supone que se dependa de padres o familiares para poder garantizarse el sustento a largo plazo. “Yo soy ingeniero en energías renovables, con máster e idiomas. Con toda esa formación laboral actualmente solo puedes aspirar a ganar poco más de 1.000 euros al mes, a veces incluso trabajando 12 horas. Con esas perspectivas laborales lo que haces es desmotivar a toda una generación”. Le pregunto si su generación está, entonces, desmotivada. “Mi generación está resignada, que es mucho peor. Resignada a un estilo de vida que va a llevar. Aun así, es una generación que por un lado está resignada y por el otro no deja de luchar”, contesta.

En cuanto a un posible “tapón generacional” a la hora de encontrar un empleo, Marta cree que “el problema no es una persona que no se jubila y que no me está dejando trabajar, sino cómo el propio sistema organiza a sus trabajadores”. Otra cuestión es la de los empleos verdes. ella cree que “es un tema de discurso que queremos desarrollar mucho. Aunque yo evitaría términos del Green New Deal, lo llamaría crear empleos para que la gente se sienta en paz donde habita. Empleos que se engloben en un sistema mucho más respetuoso con el medio ambiente”.

Las prioridades también han cambiado. “En mi generación ya no estamos deseosos de sacarnos el carnet de conducir en cuanto cumplimos los 18 años. Ya no es una prioridad, porque no somos una generación que aspire a tener una casa, un coche y una familia perfecta. Está claro que eso no lo vamos a tener”, afirma Javier.

El hecho de haber crecido a la vez que se producía la crisis económica de 2008, hace que estos jóvenes cataloguen su mayor prioridad como “vivir el día a día. La inestabilidad es una norma en nuestra vida. Eso es un drama por un lado, pero por otro lado nos da mucha más fuerza para luchar por lo que queremos conseguir en nuestra vida”. Javier también augura un futuro de lucha social y política. “Nuestra generación pondrá en el tablero político a las generaciones precedentes, que nos han impedido tener una vida digna”.

Marta cree que la cuestión climática es “una cuestión de clase. Una persona que tenga recursos va a poder aguantar mejor las consecuencias. Un simple ejemplo sería la gente que puede tener acceso a sistemas de climatización y la que no. Aunque en este sentido, los países del sur ya sufren las consecuencias climáticas que aquí todavía auguramos. Esto es una lucha transversal”.

Lo que se necesitaría para conseguir este sistema más respetuoso medioambientalmente sería “una inversión pública muy fuerte, que no se está dando. Desde las instituciones todo se enfoca en un ámbito de Green New Deal o capitalismo verde. Esto lo que busca es perpetuar el crecimiento infinito en un planeta finito. No tiene sentido”, explica Marta.

“Estamos en contra del sistema económico, en tanto que no es posible físicamente, no porque nos empeñemos”, dice Javier. “Como cualquier movimiento estamos sujetos al peligro del llamado greenwashing, es decir, multinacionales que intentan hacerse un lavado de cara poniéndose los logos verdes y vendiendo productos bio que para ser producidos contaminan igual o más”. Sobre estos alimentos ecológicos opina que “siempre nos cuentan que son más caros, pero es que algunos de ellos no son más verdes ni más saludables. Eso se llama estafa y hay que ponerlo en el centro del debate. Nos hacen creer que el consumidor es el culpable”.

Javier, como ingeniero en energías renovables, pone este ejemplo: “Las renovables son ecológicas hasta cierto punto, cuando haces una energía renovable de proximidad y dimensionada. Pero cuando fabricas los molinos eólicos en China y los traes en trasatlánticos aquí, eso deja de ser ecológico. Incluso puede contaminar más que una central térmica, y eso la gente lo tiene que saber. No es volver a lo fósil, es usar renovables cuidando lo local y adaptadas económicamente a lo que necesitamos”.  

Por eso, ambos creen que la solución no es poner impuestos indirectos a los bienes de consumo o a cosas como los viajes en avión. “Al final acabaría volando la gente que tiene dinero para pagar por contaminar y no es justo. Para disuadir, un gobierno responsable tendría que hacer una buena red de transporte ferroviario e invertir ahí mucho más dinero de lo que se está invirtiendo ahora en AVE o trenes de Alta Velocidad y eliminar los puentes aéreos”. Y no dudan del papel de la economía. “Debe servir para garantizar el bienestar de la población. Deberíamos incluso trabajar menos horas para poder dedicarnos a otras facetas de nuestra vida”.

El movimiento Juventud por el Clima afronta su próxima gran cita. Será la huelga general por el clima del 27 de septiembre. Para ello, han convocado mundialmente una semana de acciones, que empezará el próximo día 20. “Esta huelga será diferente. No solo estamos convocados los jóvenes, sino toda la sociedad civil. El 27 de septiembre queremos estar acompañados por abuelos, padres, por toda la gente que esté preocupada por este tema. Nos atañe a toda la sociedad”.

https://www.elsaltodiario.com/desempleo-juvenil/la-generacion-de-la-crisis-permanente

¡Por el derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y nuestras vidas!.

El 28 de septiembre movilización mundial por el derecho a abortar

Como todos los años, éste 28 de septiembre seguiremos sumándonos a la movilización mundial por el derecho al aborto.

Porque:

• En el Estado Español a pesar de las actuales leyes, las mujeres seguimos sin tener derecho a decidir sobre nuestros cuerpos y sobre nuestro futuro. Seguimos teniendo una Ley de plazos que ni nos garantiza el derecho a abortar libremente ni de forma gratuita en el sistema de Sanidad Público.
• Nos tememos que el actual panorama político ataque los tímidos derechos alcanzados con esta ley de plazos y el espíritu del exministro “Fachardón” vuelva al debate público sobre el derecho a abortar.
• Las menores de 18 años continúan sin tener derecho a interrumpir un embarazo no deseado. Exigimos que ni su familia ni sus tutorxs legales  puedan decidir sobre su maternidad. ¡Aborto libre también para ellas!
• Además, más del 80% de los profesionales sanitarios de la Sanidad Pública se declaran objetores en la mayor parte de las Comunidades Autónomas, lo que provoca que se subcontraten a la sanidad privada más del 80% de los abortos cada año. Ginecóloga, ginecólogo, si no estás de acuerdo con las leyes que rigen tu profesión, ¡no ejerzas en la Sanidad Pública, no sigas obstaculizando nuestro derecho a abortar!
• El sistema capitalista necesita mano de obra y consumidorxs para perpetuarse, por eso se aferra a decidir por nosotras. ¡Por una maternidad libre y consciente!
• La Educación Pública sigue sin garantizar el derecho a la Educación Sexual, ni la promoción de una sexualidad libre no necesariamente hetero-normativa, la anticoncepción y la prevención de las infecciones de transmisión sexual.  Denunciamos que la Educación Sexual de nuestras hijas e hijos siga estando en manos de la industria del porno mainstreaming.
• La ilegalización también condena a las y los profesionales de la salud que defienden el derecho a abortar libremente en condiciones de seguridad. ¡Fuera el aborto del código penal!
• En el resto del mundo, la situación no mejora. La ilegalización del aborto ocasiona que mueran muchas mujeres a causa de los abortos clandestinos o que sufran complicaciones después de éstos que las incapaciten de por vida.
• Es por ello que nos sumamos a la campaña internacional por el derecho a abortar en Argentina y en el resto de países donde esta cuestión no se pueda ni plantear.

La Confederación General del Trabajo se suma al llamamiento de movilización mundial este 28 de septiembre por la despenalización del aborto, llenemos las calles por nuestros derechos, que sea Ley!

¡Por una  Educación Sexual en las Escuelas Públicas!

¡Por el aborto libre, seguro y gratuito en la sanidad pública!

¡Hasta que seamos todas libres!

http://rojoynegro.info/articulo/eje-violeta/%C2%A1-el-derecho-decidir-sobre-nuestros-cuerpos-nuestras-vidas