GALERIA DE BUITRES CCCXLIII

Las empresas vinculadas a Morenés recibieron 115 millones del Gobierno durante su etapa como ministro

  El Gobierno adjudicó contratos por valor de 115 millones de euros a las empresas con las que Pedro Morenés, ya exministro de Defensa, estuvo vinculado antes de entrar al cargo. En total, las sociedades del Grupo Segur (Segur Ibérica, Segur Control y Consorcio de Servicios), Instalaza y MBDA han firmado 108 contratos con la Administración central mientras Morenés fue el titular de la cartera de Defensa, a la luz de los datos de la Plataforma de Contratación del Estado y el BOE recogidos y analizados por eldiario.es.

Pedro Morenés ocupó distintos puestos de dirección en esas empresas justo antes de ser nombrado ministro de Defensa. Desde entonces hasta su cese, el 4 de noviembre de 2016, los contratos del Gobierno a esas compañías suman 115 millones de euros. De esos, 22 fueron adjudicados directamente por el Ministerio de Defensa.

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El exministro presidió el consejo de administración del grupo de seguridad privada Segur entre noviembre de 2011 y enero de 2012, según datos del Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME). Mientras Morenés fue el titular de Defensa, Segur Ibérica se llevó más de 93 millones en adjudicaciones del Gobierno.

    Morenés fue también consejero en la empresa de armamento Instalaza, dedicada a la fabricación de municiones y granadas, desde junio de 2007 hasta octubre de 2011, dos meses antes de entrar al cargo. Instalaza recibió 23 adjudicaciones por 20,5 millones de euros durante su etapa como ministro. Todos los contratos fueron adjudicados por el Ministerio de Defensa.

La multinacional francesa MBDA, dedicada al diseño y fabricación de misiles, también contó con Morenés como director ejecutivo desde junio de 2010 hasta su llegada al Ministerio, en diciembre de 2011. La empresa de misiles recibió tres adjudicaciones de Defensa en julio de 2016 por 1,1 millones de euros mientras Morenés fue ministro. El extitular de la cartera Defensa tuvo que abstenerse en la compra de fragatas por sus vínculos con esta empresa de misiles,  tal y como adelantó El BOE nuestro de cada día.

Los datos señalan que Defensa fue el Ministerio que mayor número de contratos adjudicó a las empresas vinculadas a su exministro y el tercero en cuanto al montante de los contratos, por detrás de Fomento y Hacienda.

Instalaza, las opacas granadas del Ejército

La sociedad Instalaza, radicada en Zaragoza, está especializada en la venta de armas y municiones. Las granadas de mano Alhambra y los lanzagranadas que vende son los únicos homologados por Defensa. Estas homologaciones, que se renovaron de nuevo en diciembre de 2016 , sirven para “autorizar su uso” por parte del Ministerio.

Las autorizaciones del Ministerio se remontan a 1995, justo antes de la llegada del Gobierno de Aznar. Gracias a ellas, Instalaza se ha convertido en un suministrador de armamento habitual de Defensa, antes y después de la llegada del ministro, Pedro Morenés.

Instalaza es el tercer suministrador de armas y municiones del Ejército, según datos de una investigación de El Confidencial.  Por delante, solo están las gigantes armamentísticas Santa Bárbara Sistemas y Expal (Maxamcorp), cuyos consejos de administración también han contado con altos cargos del Ministerio de Defensa.

 Este suministro del Ministerio se hace en las condiciones más opacas. 21 de los 23 contratos adjudicados por Defensa mientras Morenés era ministro se hicieron a través del procedimiento negociado sin publicidad. De esta forma, la Administración elige sin concurso quién será la empresa adjudicataria tras hacer consultas con un mínimo de tres empresas.

Este procedimiento opaco se ha convertido en la regla habitual en los contratos de Defensa, según desveló una investigación de Quién Cobra la Obra, de la Fundación Civio: el 70% de las adjudicaciones de Defensa en 2014 se hizo a través de esa regla.

Segur Ibérica, beneficiada en vísperas de elecciones

Las sociedades del grupo Segur, una de las empresas de seguridad privada más grandes de España, recibieron 93 millones en contratos del Gobierno durante la etapa de Morenés como ministro. La mitad fue adjudicada en tres contratos celebrados en vísperas de elecciones generales de 2015.

Solo en diciembre de 2015, el último mes de la legislatura, Segur Ibérica recibió más de 37 millones en adjudicaciones del Gobierno. Esta cifra igualó todo lo que había recibido en el resto de la legislatura presidida por Mariano Rajoy,  tal y como adelantó eldiario.es.

  Dos adjudicaciones millonarias de Renfe y Hulleras del Norte encabezan los nuevos contratos del Grupo Segur a final de la anterior legislatura. El 1 de diciembre, la empresa estatal de ferrocarriles Renfe  repartió entre nueve empresas su macrocontrato de seguridad y vigilancia por 176 millones. Segur Ibérica se hizo con el lote de mayor importe, por 27 millones, por encima de Prosegur.

También en mayo de 2016, con el Gobierno en funciones y justo un mes antes de las segundas elecciones generales del 26J, la empresa que presidió Morenés tuvo su segundo mejor mes en adjudicaciones del Gobierno desde 2009. Un contrato de 11 millones de euros para vigilar los centros de la empresa pública Navantia, dedicada a la construcción naval civil y militar, fue la mayor adjudicación de Segur Ibérica en esas fechas.

Morenés y la industria de Defensa

Los vínculos de Morenés con la industria de armamento también se extienden a otras empresas de armas como Gamo o Construcciones Navales del Norte. Ninguna de las dos compañías recibió contratos del Gobierno ni antes ni durante su etapa como ministro.

Abandonada ya esa responsabilidad, las incompatibilidades de altos cargos dificultan la vuelta al sector privado durante los dos años tras su cese. Sin embargo, la ley permite que los altos cargos puedan reincorporarse a las empresas en las que hubieran trabajado antes de ocupar su puesto público, así que Morenés no tendría problema en volver a compañías como Instalaza o Segur Ibérica

  Dos adjudicaciones millonarias de Renfe y Hulleras del Norte encabezan los nuevos contratos del Grupo Segur a final de la anterior legislatura. El 1 de diciembre, la empresa estatal de ferrocarriles Renfe  repartió entre nueve empresas su macrocontrato de seguridad y vigilancia por 176 millones. Segur Ibérica se hizo con el lote de mayor importe, por 27 millones, por encima de Prosegur.

También en mayo de 2016, con el Gobierno en funciones y justo un mes antes de las segundas elecciones generales del 26J, la empresa que presidió Morenés tuvo su segundo mejor mes en adjudicaciones del Gobierno desde 2009. Un contrato de 11 millones de euros para vigilar los centros de la empresa pública Navantia, dedicada a la construcción naval civil y militar, fue la mayor adjudicación de Segur Ibérica en esas fechas.

Morenés y la industria de Defensa

Los vínculos de Morenés con la industria de armamento también se extienden a otras empresas de armas como Gamo o Construcciones Navales del Norte. Ninguna de las dos compañías recibió contratos del Gobierno ni antes ni durante su etapa como ministro.

Abandonada ya esa responsabilidad, las incompatibilidades de altos cargos dificultan la vuelta al sector privado durante los dos años tras su cese. Sin embargo, la ley permite que los altos cargos puedan reincorporarse a las empresas en las que hubieran trabajado antes de ocupar su puesto público, así que Morenés no tendría problema en volver a compañías como Instalaza o Segur Ibérica

  

http://www.eldiario.es/politica/Defensa-Morenes-empresas-armamento_0_590741787.html

Preparar el colapso

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No somos muchos los que pensamos que el capitalismo se adentra a marchas forzadas en una etapa de corrosión terminal que nos conduce, si nada hacemos por evitarlo, hacia el colapso. Ello es así en virtud, claro, de la locura del capitalismo financiero, pero también de la incapacidad del sistema para encarar el desastre social que crea y, en último término, de las secuelas insorteables de una crisis ecológica ante todo plasmada en el cambio climático y en la carestía de las materias primas energéticas. Importa subrayar que el colapso no es un riesgo que conviene remitir a dentro de un siglo o de un siglo y medio: aunque las certezas al respecto están de más, el horizonte parece mucho más cercano y nos habla de algo que podría revelarse en un par de décadas o tres.

Tiene su relieve subrayar que, aunque muchas veces se ha apuntado el horizonte, más o menos inmediato, de una corrosión terminal del capitalismo, las circunstancias del momento presente parecen singulares y justifican que se vuelva sobre el argumento. Al respecto no estoy pensando en una crisis, la financiera, de la que es posible que el capitalismo salga razonablemente indemne –tampoco me parece, con todo, tan evidente-, sino en las señales, cada vez más poderosas, de otra crisis, la ecológica, profusamente anunciadas por la comunidad científica internacional. Si en ésta parece existir un consenso abrumador en lo que se refiere al hecho de que es inevitable que la temperatura del planeta suba al menos dos grados con respecto a los niveles de 1990 –momento a partir del cual nadie sabe lo que viene a continuación-, el acuerdo es muy amplio, aunque no tan abrumador, en lo que atañe a la inquietante realidad de que el llamado pico del petróleo ha quedado ya atrás, con lo que se antoja inevitable que la producción de esa preciosa materia prima de reduzca y se eleven, en consecuencia, y notablemente, sus precios.

En los círculos en los que me muevo la perspectiva del colapso suscita dos grandes respuestas. La primera, crudamente realista, anota que no nos queda más remedio que aguardar la llegada del momento correspondiente: este último está llamado a permitir que la mayoría de nuestros conciudadanos tome nota, de forma acuciante, de sus deberes. Aunque esta perspectiva es, sí, crudamente realista, plantea, sin embargo, un horizonte nada esperanzador. No nos engeñemos: el colapso, por definición, se traducirá en una multiplicación espectacular de los problemas y en una reducción paralela de nuestra posibilidad de resolverlos.

La segunda de las respuestas anunciadas, que es la mía, nos dice que tenemos que apostar con urgencia por salir del capitalismo, y que al respecto lo que en este momento se halla en nuestras manos –tiempo habrá para hablar del futuro- es abrir espacios autónomos en los que se impongan la autogestión, la desmercantilización y la despatriarcalización. Estoy pensando en lo que, en tantos lugares, suponen incipientemente los grupos de consumo, muchas comunidades rurales, las cooperativas integrales, las formas de banca ética y social que han ido germinando, las actividades que despliega un sinfín de centros sociales o, en fin, y por dejarlo ahí, el emergente movimiento de trabajadores que, en régimen autogestionario-cooperativo, se han hecho con el control de empresas que estaban al borde de la quiebra. Importa subrayar que estos espacios no pueden ni deben responder a una vocación escapista. Tienen que trabajar, antes bien, por la fusión de sus iniciativas al tiempo que deben preservar una vocación de confrontación expresa con las reglas del juego que se nos imponen.

A mi entender, esos espacios de autonomía tienen que ser, por añadidura, el germen de una sociedad distinta marcada por la lógica de la autoorganización, de la autogestión, del decrecimiento, de la rerruralización, de la destecnologización y de la descomplejización de nuestras sociedades. No está claro, bien es cierto, que todo ello sirva para esquivar el colapso: como quiera que el tiempo nos va faltando, acaso nuestras posibilidades se reducen a mitigar algunos de los efectos más negativos de aquél y a postergar un tanto su manifestación en el tiempo. Queda por determinar, en este marco mental, cuál ha de ser la función mayor de esos espacios: pelear, pese a todo, para sortear el colapso o, por el contrario, prepararnos para afrontar éste, una vez verificado, de la mejor manera posible.

Carlos Taibo

http://www.elsalmoncontracorriente.es/?Preparar-el-colapso

GALERIA DE BUITRES CCCXLII

A veces Roma sí paga a traidores

Hay que afrontar los hechos que queman, que duelen. Algunos pueden pensar que la realidad se puede ignorar o enmascararse para que nadie la utilice en tu contra. Desgraciadamente las puertas giratorias están más extendidas de lo que parece y alcanzan alguna vez a las organizaciones obreras. Son ellas las que tienen que hacer el relato de lo sucedido, sin esperar a que otros lo hagan para desprestigiarlas. Repugna el arribismo, pero eso no es lo más importante; sí lo es llamar a las cosas por su nombre y sacar lecciones para el futuro. Hay que aprender a mirar lo que antes no se era capaz de ver. Y recordar, porque el olvido es la auténtica derrota. Por ello, hay que rasgar el velo y que se sepa la verdad.

La nota de la agencia oficial de noticias sobre el último Consejo de Ministros es muy lacónica: “El Gobierno ha nombrado nuevo director general de Ordenación de la Seguridad Social a Miguel Ángel García Díaz, a propuesta de la ministra de Empleo, Fátima Báñez, según publica hoy el Boletín Oficial del Estado (BOE). García Díaz formó parte del comité de expertos que designó el Gobierno cuando realizó la reforma de las pensiones en 2013 y, actualmente, era experto en políticas públicas y mercado de trabajo en la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF)”.

Lo que no dice la nota es que era el representante de un sindicato, CCOO, en aquel grupo de expertos que promovió la reforma de las pensiones hace tres años. Un grupo que estaba dominado por “expertos” con intereses nada asépticos, hasta el punto de que ocho de doce habían estado al servicio de las entidades financieras y compañías de seguros. Una reforma que significó importantes recortes al desvincular la subida de las pensiones del IPC y ligarla a las cuentas de la Seguridad Social; al reducir la pensión inicial con el argumento de considerar la esperanza de vida; y al adelantar los plazos de entrada en vigor del alargamiento de la edad de jubilación y de los nuevos sistemas de cálculo más lesivos para los trabajadores. Con el llamado ‘factor de sostenibilidad’ se reducían automáticamente las pensiones actuales y futuras en relación al salario medio: un robo enmascarado en una fórmula compleja.

Entonces, el ahora director general de Ordenación de la Seguridad Social, votó a favor de aquella reforma, a pesar de estar allí por ser el jefe del gabinete técnico del sindicato. El escándalo fue mayúsculo en su momento y algunos lo denunciamos, como el Sector Crítico de CCOO y el Gabinete Interfederal (los mismos compañeros de García) que criticaron en duros términos tanto el “paradójico y escandaloso” voto del director del gabinete económico como la tibieza de la primera respuesta de CCOO. A juicio de los miembros del Gabinete Interfederal (integrado por abogados, economistas y sociólogos), el voto de su compañero contradecía la posición oficial del sindicato y calificaban de “inconstitucional la supresión, a golpe de decreto ley, de la actualización automática de las pensiones según el IPC”. Finalmente CCOO no avaló aquella agresión a los trabajadores, como tampoco lo hizo UGT, pero el voto favorable del representante de CCOO manchó al sindicato y creó alarma social entre sus afiliados.

Es verdad que estas cosas le pueden pasar a cualquier organización, pero hay varios elementos para reflexionar. Por un lado, nunca quedó suficientemente claro cómo fue posible aquella firma de la vergüenza de un técnico del sindicato sin haber informado a sus superiores sindicales. Por otro, cómo no fue más contundente CCOO a la hora de defenestrar públicamente a quien había faltado a la debida lealtad a los trabajadores y a la organización. Por último, que la puerta giratoria se haga hacia el gobierno del PP es más grave aún que si se realiza hacia una empresa. Es, por ello, un elemento de provocación de la ministra Báñez y del propio Rajoy el nombramiento de un economista corriente -cuyo principal mérito era representar al sindicato- para que le tengan enfrente sus antiguos compañeros cuando vayan a negociar el presente y el futuro de las pensiones.

Este nombramiento se produce en vísperas de la movilización convocada por los sindicatos CCOO y UGT en contra de los recortes del Gobierno y por la recuperación de derechos. En mi opinión, no es una casualidad, sino un auténtico casus belli que expresa las auténticas intenciones del gobierno. Si empieza así, poco pueden esperar los sindicatos de cualquier proceso de negociación.

Los sindicatos son necesarios siempre. Más aún cuando aparece al desnudo la lucha de clases, y son tiempos de sobre explotación, paro, precariedad y desarticulación del Derecho del Trabajo y del Estado de Bienestar. Es repugnante la sistemática campaña antisindical que realiza el neoliberalismo, pero acaba calando en sectores de trabajadores al apoyarse en los errores que puedan comenter, su pasividad o impotencia. La única manera de conseguir avanzar en la restitución de derechos laborales y sociales es recuperando su prestigio y apostando por una potente movilización unitaria y sostenida, algo que apenas ha comenzado el 18 de diciembre. Para que tengan éxito, deben ser capaces de convencer y emocionar a los trabajadores y trabajadoras, obteniendo de nuevo su confianza. Para ello, un tema nada menor es practicar lo que decían los viejos revolucionarios: elegir para representar al sindicato a los más honrados y vigilarles como si fueran ladrones. La necesidad de la reconstrucción del sindicalismo de clase es una urgencia ética y política.

https://www.cuartopoder.es/laespumaylamarea/2016/12/20/veces-roma-paga/1762

Aer Lingus, con posibilidades de ser la marca low cost de IAG desde BCN

Tras el anuncio de IAG de operar vuelos low cost desde El Prat con una nueva marca, muchas han sido las conjeturas al respecto. Que si tendrá tiempo de crear una nueva marca al pensar vender billetes a partir de febrero, que si es más conveniente que opera con sus recursos propios… Al parecer, según el blog de Yovanna Blanco, especializada en aviación, es más factible la segunda opción y es Aer Lingus la aerolínea que más se ajusta a los intereses de Willie Walsh.

“Descartadas British Airways por razones sentimentales -revivir la oposición a lo inglés posterior a la fusión de la británica e Iberia no merece la pena- y de costes y Vueling porque ni es su especialidad ni su momento -aún tiene que demostrar que puede sobreponerse del todo a la crisis operativa de este verano-, la quiniela se reduce a dos”, señala Blanco.

La idea de Walsh, en principio, es empezar con dos aviones Airbus A330 y sólo dos aerolíneas de IAG operan este modelo: Iberia y Aer Lingus. Si es Iberia, ésta tendría que adaptar su estructura de costes y si hablamos de Express habría que formar a las tripulaciones y negociar con los sindicatos para poder volar desde Barcelona.

Así las cosas gana fuerza la opción Aer Lingus. La última en incorporarse a IAG, la que más crecerá del grupo en los próximos años y la que más ha sufrido al bajo coste, señala Blanco. “Porque comparte raíces con la líder por excelencia del low cost (Ryanair) y porque, en cualquier caso, ya va a tener que enfrentarse a Norwegianen Irlanda y España no sería nada más que otro mercado en el que medir fuerzas”.

http://www.preferente.com/noticias-de-transportes/noticias-de-aerolineas/aer-lingus-con-posibilidades-de-ser-la-marca-low-cost-de-iag-desde-barcelona-264120.html

GALERIA DE BUITRES CCCXLI

Los españoles pagaremos más de 2.600 millones a Florentino Pérez

El empresario español tiene la fortuna de ser rescatado por la Tesorería del Estado una y otra vez

El rescate de las autopistas de peaje es sólo el penúltimo episodio de la utilización del dinero público para sufragar las pérdidas de las grandes empresas españolas. Los cánones del liberalismo económico parece que no sirven para los “poderosos”. Entre todas ellas, destacan en los rescates las empresas de Florentino Pérez. El palco del Bernabéu parece que da más juego que aquel que puede verse sobre el verde tapete.

El emporio de Pérez controla construcciones y servicios en toda España. Le falta el sector energético y ahí está su lunar negro. No puede o no sabe entrar en ese mundo. Ni mediante la gestión, ni a través de la construcción. El gran fracaso en su intento de OPA de Iberdrola (lo intentó de la misma forma en que se hizo con Dragados), que contaba con la negativa de los March, le deja fuera del control total de los servicios en España. Y en la construcción energética no puede competir con Foster Wheeler, ni con Técnicas Reunidas porque lo importante no es tanto el precio como la calidad del proyecto. Y ahí ACS no tiene con qué competir.

¿Juega con red? Siempre se ha rumoreado que el equipo de la entretelas de Pérez tenía a su favor las bolas calientes de los sorteos UEFA. Pero, sin embargo, es en el mundo político-empresarial donde realmente Pérez utiliza toda su influencia para no perder nunca. Sus proyectos suelen estar protegidos por cláusulas de rescate o por primeras necesidades si no funcionan. Por este motivo, es el erario público o, lo que es lo mismo, el grueso de los españoles, el que acaba abonando sus errores.

El florentinato es mucho más amplio y poderoso en el mundo empresarial que en el mundo balompédico. Mas este poder podría costar a los bolsillos de los españoles cerca de 2.646 millones de euros que irían directos a pagar los errores de Florentino Pérez.

El caso Castor: 1.649 millones perdidos

Durante el mandato de José Luis Rodríguez Zapatero se fomentaron las vías alternativas de energía y almacenamiento energético. Una de ellas era la construcción de almacenes de gas aprovechando los pozos petrolíferos vacíos. A este respecto Miguel Sebastián, ministro de Industria, Turismo y Comercio de la época, concedió la construcción del complejo Castor a la empresa Escal UGS. Esta empresa estaba participada en un 66,6% por ACS y en un 33,3% por Dundee Energy (empresa petroquímica canadiense). Se suponía que los canadienses ponían el saber y la española la construcción.

En la concesión el ministerio de industria aceptó una cláusula por la que indemnizarían a la empresa si el negocio iba mal. Lo más asombroso es que en esa cláusula se afirmaba que la “indemnización sería equivalente al valor de las instalaciones, incluso en caso de dolo o negligencia imputable a la empresa adjudicataria”. Vamos que si el negocio iba mal, fuese de quien fuese la culpa, Escal UGS recuperaría su dinero totalmente.

El almacenamiento de gas Castor hubo de cerrarse por una serie de terremotos que se produjeron en la costa valenciana y catalana. Por este motivo se puso en marcha la cláusula de penalización al Estado con el primer rescate de 1.350 millones mediante el Decreto Ley 13/2014. Se supone fueron los gastos de construcción y de pérdida comercial los que se abonaron. Pero Esal UGS hizo una segunda petición por Operación y Mantenimiento.

ACS quiso inflar los costes

La segunda petición surtió efecto parcialmente. Los técnicos del ministerio de Industria analizaron al detalle la petición de esos sobrecostes no recogidos en el primer rescate y observaron que ACS intentó inflar los costes. Según demuestran los dictámenes del Ministerio, los procesos de Operación y Mantenimiento de la planta se habían concedido a la UTE ACS-Cobra. Es decir, a una UTE del mismo grupo empresarial por lo que fue desestimada esta parte de la petición. Este rechazo supuso un ahorro al Estado del 10% de la reclamación.

El segundo punto de intento de sobrecostes fueron mediante intentar “colar” los gastos de asesoramiento financiero que se utilizaron para que Esal UGS refinanciara el proyecto antes de que éste fuese paralizado. De esta forma eliminarían la emisión de bonos que se pretendía llevar a cabo.

Sin embargo, sí hubo generosidad en el ministerio de José Manuel Soria al conceder 77 millones de los 295 millones totales por remuneración financiera de los años 2012, 2013 y 2014. Esta remuneración supone una rentabilidad del 8.76%. Una rentabilidad superior al bono español de la época (1,69% a diez años) y a la rentabilidad de los bonos que ofrecía la propia empresa (5,75% a 21,5 años).

Los 1.649 millones de euros que se han abonado hasta la fecha serán pagados con el déficit del gas que se cobra cada mes en la factura de todos los españoles. Así que cada vez que se paga la factura del gas algunos euros van a los bolsillos de Florentino Pérez.

Desaladora de Escombreras (Murcia): 570 millones

En 2006 Ramón Luis Valcárcel, presidente de la Región de Murcia, concedió sin concurso público a la empresa Desaladora de Escombreras SA la construcción y gestión de la planta de desalación del mismo nombre que la empresa. La citada empresa se creó el 25 de enero de 2006 mediante la participación de un 80% del capital de Cobra y el 20% de Moncobra. Dos empresas del grupo ACS. Al día siguiente de constituirse se firmaron dos contratos de gestión con Hydromanagement, por arriendo de 25 años con opción de compra, y con Técnicas de Desalinización de Aguas (Tedagua). Ambas empresas igualmente participadas por ACS.

El 17 de febrero, apenas veinte días después de su constitución, Desaladora de Escombreras para a ser empresa pública al ser participada en un 51% Hidronosum (creación del Ente Público del Agua de la comunidad murciana). Queda el 49% restante repartido entre Cobra (39%) y Moncobra (10%). Hydromanagement solicita un crédito a Banesto por 116 millones para construir la planta. Algo que se encarga a Tedagua. Todo ello está bajo instrucción judicial. Pero la comisión de investigación que se ha llevado a cabo ha concluido que la creación de la planta se utilizó con el fin de recalificar terrenos y cambiar los planes urbanísticos de la zona.

Es Hydromanagement la empresa que requiere en la actualidad a la región de Murcia el pago de 570 millones de euros por lucro cesante. O lo que es lo mismo. El rendimiento del negocio ha bajado hasta el 20% del funcionamiento de la planta. Según los datos aportados por la Comisión de Investigación de la Asamblea de la Región de Murcia, el coste de construcción no habría superado nunca los 140 millones de euros. Según el acuerdo la comunidad murciana debería haber abonado 600 millones hasta 2034 en concepto de explotación, pero la empresa de Florentino Pérez se ha adelantado a solicitar la indemnización pues no ve futuro a la planta. Según algunas fuentes del grupo ACS, la empresa se contentaría con 210 millones de euros al menos.

El Túnel de Pertús: 288 millones

La comunicación mediante AVE entre España y Francia se previó hacerla a través del túnel de Pertús. Para ello Francia, España y la Unión Europea concedieron a la UTE TP Ferro la construcción y mantenimiento del túnel de 8,3 kilómetros y 44 kilómetros de vía férrea. Dentro de la UTE están al 50% la española ACS y la francesa Eiffage. Para la construcción se adjudicaron 600 millones de euros a la UTE por las administraciones públicas y la propia UTE consiguió 400 millones de préstamos bancarios.

El tráfico esperado ha sido menor (se pagaba un coste por tren que circulara) y la comunicación vía Alta Velocidad no ha concluido por la crisis económica. Esto ha provocado que la UTE TP Ferro se encuentre en administración concursal al no haber podido refinanciar la deuda de 570 millones. Serán, por tanto, Adif y SNCF Réseau quienes se hagan cargo de la empresa y la deuda financiera que mantiene la misma. En este caso Florentino Pérez no ingresa, pero se quita un pasivo de 288 millones de sus cuentas. Algo parecido a lo que ha sucedido con las autopistas de peaje.

Autovías Radiales y de Peaje: ¿700 millones?

Diario16 ya informó ampliamente del caso del rescate de las autovías radiales y de peaje. Dentro de todo este entramado de empresas Florentino Pérez controlaba directamente la R3, R5 y la Circunvalación de Alicante. Las empresas constructoras reclaman al Estado por la cláusula de Responsabilidad Patrimonial de la Administración entre 5.000 y 8.000 millones de euros, dependiendo de la solicitud de responsabilidad para la variación de esa cifra.

No se disponen de datos concretos sobre las deudas de cada una de las empresas adjudicatarias al haber entrado en fase concursal y no haberse entregado los informes. Pero haciendo una valoración de los préstamos solicitados por cada empresa y los posibles sobrecostes de expropiación según los datos judiciales. Se puede concluir que a Florentino Pérez se le rescatará con cerca de 700 millones de euros por su participación en las autopistas de peaje.

Esta cifra podría aumentar, incluso, porque los costes de construcción de la M50 acabarán viéndose reflejados en las cuentas. Ya que, cabe recordar, que toda la trama de la autopistas fue un invento de José María Aznar, Francisco Álvarez Cascos y Esperanza Aguirre para dotar a Madrid de unas entradas similares a Paris (obsesión de Aznar) y la construcción sin coste de la circunvalación madrileña M50.

http://diario16.com/los-espanoles-pagaremos-mas-de-2-600-millones-a-florentino-perez/

La letra pequeña del permiso de paternidad

La ley impide el permiso ampliado a los padres de los nacidos en 2016 pero que disfrutan de la baja desde ayer.

Se equipara el permiso de las familias numerosas y las que no lo son.

El pasado 1 de enero entró en vigor la ampliación del permiso de paternidad de 13 a 28 días. Si bien, la fórmula escogida para aprobar este cambio normativo tiene letra pequeña y deja fuera de este permiso a algunos casos concretos.

Así, el nuevo permiso de cuatro semanas de duración, ya fue aprobado en 2008 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, para que entrara en vigor el 1 de enero de 2009; pero sin embargo, no lo aplicó por falta de financiación. La ley daba margen hasta 2013 para poner en marcha el permiso ampliado, pero ese año, el Ejecutivo de Mariano Rajoy, también echó mano de la excusa presupuestaria y suspendió la medida por no disponer de dinero para costearla. En 2014, 2015 y 2016 se mantuvo esta suspensión.

Ahora, la ampliación a cuatro semanas se ha aprobado en la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado, por lo que no hay una ley nueva que regule la casuística del permiso de paternidad de 28 días.

Por este motivo, el Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) ha interpretado cómo debe aplicarse este permiso. Entre los detalles que precisa este organismo está que solo los padres de niños nacidos o acogidos desde el 1 de enero de 2017 podrán disfrutar de las cuatro semanas en lugar de dos.

La justificación jurídica para evitar la retroactividad de la medida es que el texto refundido del Estatuto de los Trabajadores recoge una disposición transitoria que establece que hasta la entrada en vigor del permiso de cuatro semanas previsto en la ley de 2009 --algo que ha ocurrido este 1 de enero de 2017--, el permiso será de 13 días, ampliables en dos días más por cada hijo a partir del segundo, o de 20 días cuando el nuevo nacimiento o adopción se produzca en una familia numerosa o cuando la familia adquiera dicha condición con el nuevo hijo  o cuando en la familia haya una persona con discapacidad.

Sin embargo, esta ley no especificaba si la referencia a tener en cuenta para disfrutar del permiso de paternidad ha de ser la fecha en que se produzca el nacimiento o consitución de la adopción o acogimiento. Por ello, el INSS recurre a "antecedente jurídico inmediato" que es la ley de Presupuestos Generales del Estado de 2009 en la que se amplió el permiso de paternidad en supuestos de familias nuemrosas a 20 días. En ese caso, sí se establecía que sería para "nacimientos, adopciones o acogimientos que se produzcan o costituyan a partir del 1 de enero de 2009".

No obstante, esta norma tampoco establecía un régimen jurídico transitorio para los casos en los que los trabajadores huberan comenzado a disfrutar del descanso con aterioridad al 1 de nero de 2009; ni cuando habíendose producido el nacimiento, adopción ao acogimiento con aterioridad a dicha fecha, el descanso se disfrutara después.

Por ello al ser esta norma la referencia para el nuevo permiso de cuatro semanas, surgía nuevamente la duda para los casos de nacidos o adoptados a finales de 2016, que empezaran a disfrutar del permiso a partir del 1 de enero de 2017. El INSS zanja cualquier duda al interpretar que el régimen jurídico aplicable es el vigente en el momento de acaecer el hecho que origina el derecho al descanso y motiva la suspensión del contrato de trabajo, estos es: la fecha del nacimiento, adopción o acogida y no el momento en el que se empiece a disfrutar del permiso, que puede ser en cualquier momento durante la baja de la madre.

Por otra parte, la ley de 2009 que amplía el permiso a cuatro semanas sí precisa que en el momento en el que esta ampliación entre en vigor --el 1 de enero de 2017-- queda sin efecto la disposición transitoria que amplíaba el permiso de 13 a 20 días en caso de familia numerosa.

Por ello, desde el MInisterio de Empleo entienden que desde el pasado1 de enero, la regulación defintiva del permiso de paternidad es la contendia en el artículo 48 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, "que no prevé la ampliación del permiso en los supuestos de familia numerosa o cuando en la familia haya una persona con discapacidad o sea el hijo adoptado o menor acogido el que la padezca".

De esta forma, se equiparan a 28 días los permisos de paternidad de cualquier tipo de familia independientemente de si estas son numerosas o no o tienen discapacitados entre ellos.

http://cincodias.com/cincodias/2017/01/02/economia/1483367358_712122.html#?id_externo_promo=15112013-home-lomasvisto-modulo-001-cds

GALERIA DE BUITRES CCCXL

Tillerson recibirá 180 millones de dólares por desvincularse de Exxon Mobil

Ante el inminente nombramiento como secretario de Estado, el ex presidente de Exxon Mobil ha acordado con la empresa liquidar sus intereses en la misma para evitar un posible conflicto de intereses. El ejecutivo tenía pendiente cobrar 182 millones de dólares en acciones y ahora los cobrará en metálico durante los diez próximos años.

El nombramiento de Rex Tillerson como futuro secretario de Estado en la nueva administración de Donald Trump está cargado de polémica por sus vínculos e influencia en Rusia. La última polémica se ha levantado por el acuerdo alcanzado por el ejecutivo y su empresa, Exxon Mobil, la mayor petrolera de Estados Unidos, para sortear la limitación en su designación por conflicto de intereses.

El empresario estaba pendiente de recibir 182 millones de dólares en acciones. Para evitar que tenga inversiones de la compañía durante su mandato público, Tillerson lo recibirá en metálico en un plazo de diez años, a través de un fondo independiente.

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El pago se depositará en un fondo administrado de forma independiente que realizará pagos periódicos Tillerson y que tendrá prohíbo invertir en Exxon.

En un comunicado, Exxon Mobil indica que el pago de acciones será cancelado y también la retribución de 4,1 millones de dólares durante los próximos tres años, al que tenía derecho Tillerson. También renuncia a la cobertura médica y dental, así como al asesoramiento fiscal.

Además, el ejecutivo se ha comprometido con el Departamento de Estado de vender todas las acciones de Exxon que tenga en cartera. Actualmente, posee 600.000 títulos, ha informado la compañía, que ascienden a más de 50 millones de dólares a precio de mercado.

Tillerson ha firmado un pacto con Exxon de no incorporarse en la industria del petróleo y el gas durante 10 años, aunque finalmente deje la Secretaria de Estado antes de este plazo. Es caso de incumplirse los fondos irán destinados a organizaciones benéficas, ha indicado la compañía.

Tillerson, que llevaba al frente de Exxon más diez años, tenía previsto jubilarse este año cuando cumpliera los 65 años. Pero la intención de Trump de nombrarle como secretario de Estado, ha precipitado la sucesión en la petrolera. Darren Woods, presidente de Exxon, ha asumido las funciones de consejero delegado.

http://www.eleconomista.es/economia/noticias/8063920/01/17/Tillerson-recibira-180-millones-de-dolares-por-desvincularse-de-Exxon-Mobil-.html

Iberia "libera obstáculos" para iniciar la negociación del nuevo ERE

Se espera un recorte de unos 1.000 empleados, el 7% de la plantilla

El sindicato de pilotos de Iberia, los del personal de cabina, mantenimiento y representantes de la plantilla de servicios en tierra esperan la inminente llamada de la dirección de la compañía para formar la mesa negociadora del nuevo expediente de regulación de empleo (ERE). El ajuste, de carácter voluntario, fue anticipado por la dirección en verano con la previsión de reducir la fuerza laboral en una cifra aproximada a los 1.000 trabajadores, lo que representa un 7% del total. Sin embargo, los contactos no han comenzado y, según distintas fuentes, se espera la formación de la mesa en la primera quincena de enero.

Iberia ha dilatado el arranque de las conversaciones a falta de un acuerdo de flexibilidad en el área de mantenimiento, al que se llegó el 12 de diciembre, con el objetivo de ganar el cuidado de toda la flota de IAG. Ese nuevo pacto, tal y como informó CincoDías, incluye medidas como la formación de una bolsa de horas para atender picos no previstos de trabajo, que suelen producirse en temporada baja al reducirse el número de vuelos. A cambio, la plantilla consigue un compromiso hasta finales de 2020 de no segregación de la actividad. Todo ello ligado a la consecución del encargo de la matriz para mantener 500 aviones.

El desbloqueo de la negociación del ERE ha pasado por el visto bueno de Asetma, sindicato mayoritario junto a UGT entre el colectivo de 3.000 personas de la dirección técnica de Iberia. Asetma se negó a firmar en 2014 el XX Convenio Colectivo que afecta a los talleres de la compañía, aunque el marco de relaciones laborales salió adelante con el 70% de representación que sumaban UGT y CC OO. Debido a su peso entre el personal de mantenimiento resultaba fundamental obtener su visto bueno al acuerdo de flexibilidad, que modifica un convenio que había rechazado.

“Con la modificación se eliminan algunas concesiones gratuitas que se habían hecho en el convenio”, aprecian desde Asetma, que sigue buscando cambios en el ordenamiento que rige en Iberia sobre esta actividad. “Hemos concedido mayor flexibilidad, pero se abren importantes oportunidades de trabajo en IAG”, observan. De tener excedente de personal en los talleres, “Iberia podría ponerse en posición de contratar”, afirman con optimismo fuentes sindicales.

Con el camino ya despejado, y tras elevar notablemente su producción especialmente en vuelos de larga distancia, Iberia tiene mayor visibilidad sobre sus necesidades de plantilla a medio plazo y puede iniciar el tira y afloja con sus sindicatos. Todo apunta a que la base, partiendo de la citada voluntariedad, volverá a ser el ERE marco 72/01 que rige en la compañía, favoreciendo prejubilaciones, recolocaciones y bajas voluntarias.

Iberia viene de un fuerte ejercicio de transformación iniciado en noviembre de 2012, cuando la compañía decía perder un millón de euros al día. Entonces contaba con 20.000 empleados, cifra que se ha recortado en unos 5.700 efectivos al tiempo que se han firmado nuevos convenios que han revestido a la empresa de mayor competitividad y han dado la vuelta a los resultados, hasta generar beneficios operativos por un millón diario.

http://cincodias.com/cincodias/2016/12/30/empresas/1483119398_946003.html

Huelga de “chaquetas verdes” en el aeropuerto de Madrid

Los trabajadores y las trabajadoras del servicio de información comenzaron una huelga indefinida el pasado viernes por la mejora de sus condiciones laborales y contra los despidos

Los llamados “chaquetas verdes”, los y las trabajadoras que ofrecen ayuda y atención a los pasajeros en los puntos de información de los aeropuertos, empezaban una huelga indefinida el pasado 30 de diciembre en el aeropuerto de Barajas de Madrid.

Los 111 trabajadores que componen la plantilla fueron convocados a secundar los paros por la Unión Sindical Obrera de Madrid (USO-Madrid) al enterarse que la empresa Multiservicios Aeroportuarios SA, que actualmente gestiona este servicio, haya cambiado el tipo de contrato de indefinido al de obra y servicio. Una decisión unilateral sin ningún tipo de negociación.

USO-Madrid declara que la empresa Multiservicios Aeroportuarios SA no reconoce el convenio de empresa en el que se habla de la subrogación de los trabajadores y advierte que tras la pérdida de la adjudicación del servicio en abril de este año, tal como les ha comunicado AENA, la plantilla está abocada al despido.

Muy oportuno el cambio de contrato en estas circunstancias en el que se abarata el despido al pasar de la indemnización de 45 días por año trabajado a 20 días.

Multiservicios Aeroportuarios SA está formada por una de la empresas de Florentino Pérez de la constructora ACS/CLECE y el operador de capital británico Iberia con el 49-51% respectivamente. Su adjudicataria del servicio de atención al público en el aeropuerto de Barajas a principios 2015 ya levantó el inconformismo de los trabajadores.

La rebaja del 10% en la puja y la no inclusión de la subrogación en el pliego de AENA dio como resultado el recorte de los salarios hasta cobrar 650 euros al mes y despidos del casi 20% de la plantilla al hacer una selección de personal en la que ya advirtieron que un 10% de los entrevistados no iba a pasar el filtro. Ante esto, AENA se lavó las manos.

Después de esto, la situación que les espera a los trabajadores es el despido y encima con una indemnización que se pasa por alto la antigüedad. Además de esto, la huelga también es promovida por sus condiciones de trabajo, tal como anuncia el cartel de convocatoria.

Han estado realizando concentraciones diarias a las puertas de las terminales 2 y 4 y avisan de seguir movilizándose si la empresa no se pronuncia o no se llega a un acuerdo con ella.

Otros sectores como los trabajadores en lucha de la planta de Coca-Cola de Fuenlabrada les han mostrado su apoyo en las redes sociales.

http://www.laizquierdadiario.com/Huelga-de-chaquetas-verdes-en-el-aeropuerto-de-Madrid?id_rubrique=2653

El Tribunal Supremo avala que todos los sindicatos puedan denunciar la vigencia de los convenios

CGT informa de una trascendente sentencia para toda la negociación colectiva que da la razón a la demanda interpuesta en solitario por  esta organización en cuanto al convenio de Contact Center

Hace más de dos años CGT denunció la vigencia del Convenio del Telemarketing. Un convenio que había tenido una vigencia de 5 años y que desde nuestro punto condenaba a los trabajadores de Telemarketing a la precariedad. Había llegado el momento de negociar un nuevo convenio y de cambiar nuestras condiciones laborales.

Aunque tras la denuncia de CGT se empezó a negociar el nuevo convenio el ministerio de trabajo no dio por válida nuestra denuncia. Dijo el ministerio de trabajo que para empezar a negociar el nuevo convenio tenía que haber acuerdo de la mayoría sindicatos de la mesa, no valiendo la denuncia de CGT, un sindicato con la representatividad suficiente para ello.

En esta sentencia del Pleno de la Sala de Social del TRIBUNAL SUPREMO (Sentencia núm. 1035/2016) nos da la razón y se declara la validez de la denuncia del II Convenio Colectivo de Contact Center promovido por CGT el 28 de octubre de 2014. Además se anula las Resoluciones administrativas impugnadas, de 5 de noviembre 2014 (Subdirección General de Relaciones Laborales) y de 16 de diciembre de 2014 (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, Subdirección General de Recursos) por lo que se reconoce el derecho de la CGT a que el Ministerio de Empleo y Seguridad Social registre su escrito de denuncia del II Convenio Colectivo de Contact Center.

La sentencia deja claro que  “limitar la posibilidad de denunciar un convenio colectivo negociado conforme al Título III del ET a quienes lo han suscrito resultaría poco compatible con su eficacia normativa y general (art. 82.3 ET) e incluso podría presentar problemas de compatibilidad con la libertad sindical (art. 28.1 CE).”

Además abunda recalcado que “El pluralismo sindical queda indirectamente socavado si se impone una unidad de acción para un acto cuyos efectos no son directamente normativos y cuyo alcance puede venir condicionado por el convenio a que se refiere. En suma: solo si los términos legales son inequívocos habríamos de restringir la legitimación para denunciar el convenio a quienes poseen legitimación plena para negociar. Y las previsiones normativas, lejos de ser inequívocas en tal dirección más bien abocan al resultado contrario.”

CGT se congratula de esta sentencia lograda en solitario contra el Ministerio de Trabajo, la patronal y el resto de sindicatos legitimados para negociar este convenio, de los que recuerda que ninguno se adhirió a esta demanda. Esta sentencia solo abunda en mejorar los derechos de los trabajadores ahora y en el futuro ya que CGT usara todos sus derechos para defenderlos, pese a quien pese.

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	Sentencia Tribunal Supremo Denuncia Convenio http://cgt.org.es/noticias-cgt/notas-de-prensa/el-tribunal-supremo-avala-que-todos-los-sindicatos-puedan-denunciar-la-