4-M: Homenaje a Salvador Puig Antich

El 4 de marzo se celebrará el homenaje a Salvador Puig Antich con motivo del 42 aniversario de su muerte, un vil asesinato mediante la aplicación del garrote vil el 2 de marzo de 1974 por parte de las fuerzas represoras de la criminal dictadura franquista. Todas/os juntas/os recordaremos a Salvador, su valentía y su lucha contra la opresión.
Nos vemos en la Nave terneras, Centro Cultural Casa del Reloj, en el Paseo de la Chopera 10, a las 19:00 horas.

http://rojoynegro.info/evento/memoria/4-m-homenaje-salvador-puig-antich-madrid

GALERIA DE BUITRES CCLXXXVII

Las sicav se han ahorrado tributar más de 600 millones en sólo en 3 años

El vehículo de inversión preferido de los ricos pagó por Impuesto de Sociedades 24 millones entre 2012 y 2014, pese a proporcionar unos beneficios cercanos a los 5.400 millones

Las sociedades de inversión de capital variable (sicav) ganaron 5.384 millones de euros entre 2012 y 2014, últimos ejercicios completos de los que existe información. Por esos beneficios tributaron sólo 24 millones; es decir, menos del 0,5%, según la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Gracias al privilegiado régimen fiscal que disfrutan, las sicav se ahorraron en dicho periodo 637 millones de euros respecto de lo que hubieran pagado a Hacienda con el tipo medio efectivo del Impuesto de Sociedades (IS).
El tipo nominal del IS era entonces del 30% (el año pasado bajó al 28% y ahora se encuentra en el 26%), pero las empresas suelen aligerarlo de forma sustancial aprovechando el amplio abanico de deducciones previsto en la ley reguladora del impuesto. Los datos en poder de la Agencia Tributaria revelan que, debido a ello, el tipo medio efectivo fue en 2012 del 10,2%; en 2013, del 12,4%, y en 2014, del 13,8%. En el caso de las sicav, los beneficios derivados de sus inversiones están gravados sobre el papel al 1%.

Estas sociedades, que son utilizadas por los altos patrimonio para ahorrarse impuestos, deben tener un capital inicial igual o superior a 2,4 millones y al menos cien partícipes. La segunda de ambas condiciones suele ser burlada con la colaboración de personas captadas a tal efecto y a las que en Hacienda se conoce con el apodo de mariachis.

Las principales fortunas de España, desde los March a la familia del Pino, pasando por Alicia Koplowitz o la hija mayor de Amancio Ortega, entre otros, tienen parte de su patrimonio en sicav.
Según la Asociación de Instituciones de Inversión Colectiva y Fondos de Pensiones (Inverco), al cierre de 2015 había 3.372 sicav registradas, la cifra más alta de la serie histórica, por encima incluso de las 3.290 de 2007. Su patrimonio conjunto ascendía 34.082 millones de euros, frente a los 31.492 millones del último ejercicio previo al estallido de la crisis. Los síntomas de recuperación económica y el dinero aflorado como consecuencia de la amnistía fiscal de 2012 explican esos números, en opinión de los técnicos.
El mejor año de la legislatura para las sicav fue sin lugar a dudas 2013, pues sus beneficios rondaron los 2.400 millones de euros. En 2012 ganaron 1.333 millones y otros 1.656 en 2014.
De haber estado sujetas al mismo régimen que el común de las empresas, y teniendo siempre en cuenta el tipo medio efectivo, ese año habrían debido tributar 661 millones de euros en concepto de IS. Aplicando el tipo nominal, la factura fiscal se hubiera elevado a 1.615 millones.

http://www.publico.es/economia/sicav-han-ahorrado-tributar-mas.html

27 F : LOS DERECHOS SE DEFIENDEN

Con motivo del 23 F, los sucesivos golpes que han supuesto para el conjunto de la población, trabajador@s, migrantes, ciudadanía, tanto en lo político, lo laboral, lo social como en el recorte de derechos y libertades, las sucesivas reformas, políticas de austeridad, recortes y en especial en esta última legislatura.

Ante la nueva coyuntura política, entendemos como necesarios, cambios legislativos, derogación de las principales leyes lesivas y represivas, actuaciones inmediatas ante la urgencia de colectivos especialmente vulnerables y afectados (migrantes, infancia y juventud, mujeres…), así como la necesidad de atender a la sanidad, la educación, la cultura…, Llegamos a la necesidad de hacer un llamamiento específico a todos y a todas, de forma individual y colectiva, entendiendo que nos llamamos a todos los movimientos sociales, desde nuestra especificidad, para construir entre todos y todas una movilización, para trabajarla , sumar fuerzas, y desde el compromiso.

El análisis de la actual situación política nos sitúa ante un cambio incipiente, pero entendemos la necesidad de poner en valor las luchas sociales, de exigir echar abajo la reformas laborales, el artículo 135 de la constitución, parar el TTIP, paralizar desahucios, eliminar los recortes sociales, y recuperar y mejorar los derechos y garantías políticos y económicos. En la línea que se ha trabajado en Mareas Ciudadanas, pensamos que no es una lucha individual de cada colectivo, sino que es una lucha que nos impulsa desde lo que tenemos en común, y por ello se acuerda:

Convocarnos a las organizaciones, colectivos, partidos políticos, sindicatos con el fin de realizar una movilización con motivo del 23 F y construirla desde nuestra multiplicidad como colectivos, organizaciones y movimientos sociales.

http://mareaciudadanademadrid.blogspot.com.es/p/27f-adhesiones-y-apoyos.html

TTIP vs Privilegios

280 organizaciones de Europa, Canadá y EEUU denuncian la inclusión de privilegios a los inversores extranjeros en el TTIP

Ante la duodécima ronda de negociaciones del TTIP, 280 organizaciones de la sociedad civil europea, con el apoyo de grupos canadienses y de los EE.UU., han reclamado a la Comisión Europea y al Representante de Comercio de los EE.UU. la eliminación del Mecanismo de Resolución de Disputas entre Inversores Extranjeros y Estados (ISDS por sus siglas en inglés), y también, la eliminación de su sustituto, el llamado Sistema Judicial de Inversiones (ICS por sus siglas en inglés), del TTIP, del CETA y de cualquier otro tratado de comercio. Esta cuestión vuelve a la mesa de negociaciones después de un compás de espera de dos años.

Los firmantes de esta declaración condenan ‘la redenominación’ de la Comisión Europea del viejo ISDS, ya que el ICS también confiere un enorme poder para sancionar a los gobiernos nacionales cuando legislen con la intención de proteger la salud pública, el medio ambiente y la sociedad.

Las principales preocupaciones que motivaron a 145.000 encuestados a decir no al ISDS en la consulta abierta por la Comisión Europea sobre el TTIP permanecen sin resolver con el ICS:

• Tanto el ISDS como el ICS dan derechos exclusivos a los inversores extranjeros discriminando a los inversores nacionales y a la ciudadanía, sin que se haya demostrado que esto beneficie a la sociedad en su conjunto.
• Tanto el ISDS como el ICS pueden forzar a los gobiernos a gastar miles de millones de euros de los contribuyentes para compensar a los inversores extranjeros por decisiones gubernamentales e incluso sentencias judiciales tomadas en beneficio de la salud pública, de los trabajadores, del medio ambiente y de cualquier otra política de interés público. Ni el ISDS ni el ICS permiten que prevalezca el interés público sobre el privado.
• Ni el ISDS ni el ICS están sometidos a principios democráticos ni a control público, ni tampoco los parlamentos podrán legislar en contra de las decisiones que adopten a través de estos mecanismos.
• Tanto el ISDS como el ICS socavan la jurisdicción de los tribunales de los estados europeos, ya que los inversores extranjeros pueden saltárselo
• Ni el ISDS ni el ICS tienen en cuenta que los sistemas legales europeos, canadiense y de los EE.UU. son perfectamente capaces de resolver las disputas con los inversores extranjeros aplicando las mismas leyes que se aplican al resto de la sociedad,

Fundamentalmente, el ICS es peor para los Estados miembros que la actual práctica impuesta por los tratados de inversión, de los cuales un Estado miembro puede retirarse, no afectando al resto de la Unión Europea, para la cual seguiría siendo vigente el tratado. Con el TTIP y con el CETA esto no sería posible para un Estado miembro, a no ser que decida abandonar la Unión Europea.

Si se firma el TTIP, el mecanismo de resolución de disputas entre inversor extranjero y Estado (ISDS/ICS) permitirá que, entre 47,000 y 51,495 filiales estadounidenses en Europa ataquen las políticas sociales de la UE y de sus estados miembros.

http://rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/280-organizaciones-europa-canad%C3%A1-eeuu-denuncian-la-inclusi%C3%B3n-privilegios-los-inve

http://www.noalttip.org/280-organizaciones-de-europa-canada-y-eeuu-denuncian-la-inclusion-de-privilegios-a-los-inversores-extranjeros-en-el-ttip/

27-F: Concentración de apoyo a las personas refugiadas

http://rojoynegro.info/evento/agitaci%C3%B3n/27-f-concentraci%C3%B3n-apoyo-las-personas-refugiadas-madrid

8 de Marzo: Día Internacional de la Mujer Trabajadora.

El día Internacional de la Mujer Trabajadora nace de la situación de explotación laboral, del abuso, de la situación de precariedad de unas mujeres valientes que, allá por el año 1911, se plantaron para decir ¡¡BASTA!! y sufrieron la respuesta del empresario que las encerró en una fábrica de Nueva York, para que no crearan "desórdenes". Prendiendo fuego a la fábrica, asesinaron a 146 jóvenes trabajadoras.

Cada 8 de Marzo conmemoramos el Día de la Mujer Trabajadora y todas las reivindicaciones legítimas, históricas y actuales, contra el patriarcado y el sistema capitalista.

Desde la CGT, denunciamos las situaciones de doble discriminación que sufrimos las mujeres, una como clase trabajadora (ya sea remunerada o sin remuneración a través de los trabajos reproductivos y de cuidados) y otra como mujeres. Las sucesivas "crisis" económicas, en las que nos sitúan periódicamente la clase dominante político-financiera, siguen manteniendo un sistema social, político y económico de progresiva desprotección y precarización hacia las personas que desarrollan la mayor parte de las tareas productivas y reproductivas del país y hacia las personas que no pueden trabajar, mientras que incrementan los arcos salariales a favor de los equipos directivos, juntas de accionistas y demás atracadores y corruptos que desde la política, la patronal y las instituciones públicas y privadas, saquean el país.

Y así, año tras año, nos encontramos nuevamente resistiendo a las agresiones brutales de la misma política neoliberal contra la clase trabajadora en general, pero que pega más fuerte en nosotras, las mujeres, marginándonos en trabajos precarios, con peores sueldos que los hombres, mayor temporalidad en los contratos, en los que se nos exige completa disponibilidad para jornadas parciales, contratos por horas, exigiéndonos una sobrecualificación, cuestionando nuestra profesionalidad si queremos compatibilizarla con un proyecto de maternidad, engrosando las listas del paro o trabajando en condiciones de esclavas en la agricultura, en fábricas, hostelería, falsas autónomas, servicios públicos, profesoras interinas, sanitarias y un largo etc.

No nos acomodemos aunque nos auguran tiempos de cambio. En el movimiento libertario hemos aprendido que las transformaciones sociales que queremos no vendrán de la mano del mundo político, sino de la conciencia y movilización social. Si las mujeres no luchamos por nuestros derechos, nadie lo va a hacer por nosotras.

Utilizando viejos discursos recurrentes, se afirma que nuestro bienestar depende del "clima político" de la "estabilidad institucional", estructuras del capitalismo que sólo persiguen la perpetuación del estatus de sus privilegios a costa del sometimiento y la explotación de las demás. Sin embargo, nosotras tenemos otros intereses opuestos a estos actores que quieren imponer las condiciones de nuestras vidas.

Compañeras, lo poco que se está avanzando está siendo fruto exclusivamente de la lucha sindical y social alternativa que tenemos abierta contra este patriarcado que, a través del machismo, perpetúa la desigualdad en todos los órdenes de la vida.

Puesto que nuestra vida y dignidad es lo único que poseemos, vamos a defenderlas, luchando. Organizadas construiremos nuestro destino a través de nuestra propia acción frente a los gestores del estado capitalista.

Si nadie trabaja por ti, que nadie decida por ti 

JUNTAS TRABAJANDO POR NUESTRA REVOLUCIÓN

http://www.rojoynegro.info/articulo/agitaci%C3%B3n/8-marzo-d%C3%ADa-internacional-la-mujer-trabajadora

GALERIA DE BUITRES CCLXXXVI

Las socimis, la última moda entre las grandes fortunas y las empresas en España

Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario, o socimis, son el nuevo vehículo de inversión de moda entre grandes empresas y patrimonios. Estas entidades, cuyo régimen fiscal permite no tributar por los beneficios, están viviendo un auténtico boom y ya hay registrados al menos 60 en España.

La última moda entre los grandes patrimonios y las empresas españolas de cierto volumen es fundar una socimi. Las Sociedades Anónimas Cotizadas de Inversión en el Mercado Inmobiliario están proliferando en España al calor de la revitalización del mercado inmobiliario, la llegada de inversión extranjera y las ventajas fiscales de estos vehículos a raíz de la reforma aprobada por el Gobierno en 2013. Dicha nueva legislación permite a estas entidades cotizar en los mercados, y a la vez no pagar impuestos por los beneficios generados. Están obligadas, asimismo, a repartir el 80% de las ganancias en forma de dividendo, lo que las hace especialmente atractivas en un momento en el que otros sectores (como el bancario) han venido sufriendo restricciones en este sentido.

Tal y como señalan fuentes del sector a Vozpópuli, es tanto el movimiento que está produciéndose entorno a las socimis, que "hay decenas" de las mismas en lista de espera para salir al mercado de forma oficial. El último caso, de esta misma semana, es Hispania Activos Inmobiliarios, la compañía con la que el magnate George Soros entró en el mercado español. Este mismo jueves la entidad anunció su transformación en una socimi (hasta ahora operaba a través de una filial), que cotizará en Bolsa. 

Tarjar Xairo Socimi, VBA Real Estate, Jaba I Inversiones Inmobiliarias... el panorama de las socimis no hace sino crecer en España. Tal y como muestran los datos del Registro Mercantil, en España ya están fundadas 62 socimis, si bien la mayoría están todavía a la espera de autorización para cotizar en los mercados. La cifra es más del doble de las que había constituidas a mediados de 2015. Tener una de estas sociedades especializadas en el alquiler de inmuebles no es precisamente barato, ya que el capital mínimo es de 5 millones de euros. Y es que a la adquisición de activos del ladrillo hay que sumar gastos por la salida al mercado, el auditor... pero no todas las socimis han de cumplir estos requisitos, ya que a las entidades extranjeras (conocidas como REIT) se les permite operar en España sin necesidad de cotizar.

¿Y qué buscan estos grandes invesores? Las más grandes, cotizadas en Bolsa, se apuntaron en un primer momento a las promociones de vivienda, a los centros comerciales y los edificios de oficinas, sobre todo. "En el mercado inmobiliario se han acabado prácticamente esas opciones, o los activos singulares del estilo el Edificio España o el ABC Serrano", explican fuentes del sector. "Ya todo lo que había de ese segmento se ha comprado ya". Ahora, están surgiendo socimis especializadas en todo tipo de activos inmobiliarios que se puedan alquilar posteriormente: "hoteles, hospitales, residencias de estudiantes... todo lo que se pueda comprar y alquilar después.

Especial movimiento está habiendo, según estas mismas fuentes, en relación con activos del turismo de negocios. En concreto, socimis de aparthoteles. "La clave, para no ser un mero servicio hotelero, es que han de ser activos principalmente vivienda, pero con cierto servicios", señalan. En Madrid, por ejemplo, ya ha habido operaciones de compra en zonas como Chueca y Fuencarral.

Un mercado con 17 entidades cotizando

En España hay ya 17 socimis cotizando en los mercados. Cuatro de éstas, las más grandes, ya lo hacen en Bolsa: Merlin Properties, Lar, Hispania y Axiare. Entre las cuatro acumulan unos 8.000 millones de euros en activos inmobiliarios y más de 2.560 millones de euros en capital inicial.

Pero al margen de éstas, hay otras 13 entidades cotizando en el llamado Mercado Alternativo Bursátil (MAB): Autonomy, Corpfin, Entrecampos, Fidere, Heref Habaneras, Mercal Inmuebles, Obsido, Trajano... Con capitalizaciones que oscilan entre los 4,3 millones de Promorent y los 572 millones de Zambal, muestra un sector en movimiento, impulsado por los precios al alza y la llegada, a lo largo de 2015, de una inversión inmobiliaria extranjera de récord.

http://vozpopuli.com/economia-y-finanzas/76392-las-socimis-la-ultima-moda-entre-las-grandes-fortunas-y-las-empresas-en-espana

Servicios Públicos en los tratados de libre comercio e inversión CETA, TTIP y TISA

Se negocian en secreto, proponen un nuevo modelo económico, afectarán a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y, en este proceso de mundialización, modificarán incluso la economía de muchos países que no están en las negociaciones. Son nuevas vueltas de tuerca en esta fase devoradora del capitalismo que hemos dado en llamar neoliberalismo. Con la firma y connivencia de las élites políticas, se proponen garantizar los privilegios de las grandes multinacionales por encima de los derechos sociales de la mayoría de la población. Estamos hablando de los tratados de libre comercio e inversión (TLC).

Hay varios TLC en la agenda del comercio mundial: el Tratado Transpacífico (TPP ) lo acaban de firmar EEUU y varios países de ambos lados del Pacífico. El Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), cuya negociación acabó en septiembre de 2014, está en la fase de revisión jurídica, pendiente de ser ratificado por los parlamentarios en Europa y Canadá. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que se negocia entre las dos potencias económicas mundiales, los Estados Unidos y la Unión Europea, pretende fijar normas del comercio mundial armonizando a la baja cualquier normativa que proteja los derechos de los ciudadanos, consumidores o trabajadores. Normas y leyes que los representantes del poder corporativo consideran burocracia y costes innecesarios. Y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA),  que se negocia aún en mayor absoluto secreto por representantes de 50 países, (incluidos los 28 de la UE representados por la Comisión Europea), pretende la desregulación absoluta del mercado de servicios. Todos ellos tratan de una forma u otra del acceso al mercado de los servicios públicos por inversores extranjeros.

Esta creciente ola de acuerdos comerciales es una amenaza directa para la prestación de servicios públicos de calidad. Los nuevos acuerdos fomentan la privatización, restringen la capacidad de los gobiernos para regular en interés público y su fin principal es crear nuevos y poderosos derechos para los grandes inversores multinacionales.

Antecedentes

El neoliberalismo propone convertir en mercancía cualquier experiencia o actividad del ser humano y por eso desde siempre ha pretendido apartar de la gestión pública la salud, la educación, la asistencia social o la administración de factores esenciales como vías de comunicación, suministro de energía o el agua. Los predicadores de esa teoría eximen al Estado de cualquier responsabilidad en la gestión del bien común y en la corrección de desigualdades con mejor reparto de la riqueza, deja al individuo solo para solucionar sus problemas, lo convierte en gestor de su economía como si fuera un empresario y le hace culpable de su pobreza. Su mejor representación ha sido en los últimos años el empeño de los poderes públicos en culpabilizar a la ciudadanía de la crisis económica.

Durante años, el imperante discurso neoliberal ha introducido la necesidad de rentabilidad en toda gestión pública y, desde los años 70 y 80 del pasado siglo, proponen la gestión privada como mejor que cualquier administración pública, aduciendo que ésta no es capaz de hacer rentables esas empresas. Así se consumaron las privatizaciones de telecomunicaciones o la energía.

Esta tendencia ha crecido y ya en los años 90 se materializa en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) que bajo el paraguas de la OMC propugna liberalizar los servicios por “la eficacia en la prestación de los servicios por la mayor competitividad; mayor grado de desarrollo; ahorro de los consumidores; más innovación; transparencia y previsibilidad de las empresas; y transferencia de tecnología por la inversión directa extranjera.” Similares planteamientos se pueden ver en la “Directiva de Servicios” o directiva Bolkestein que pretende desregular los servicios en el ámbito europeo.

Consecuencia de lo anterior, en los últimos años los gestores neoliberales han visto una maravillosa oportunidad en la crisis financiera global y, con la excusa de reducir el sacrosanto déficit, han aprovechado la tendencia ya marcada de privatizar los servicios públicos imponiendo medidas que empeoran las condiciones de jubilación para favorecer los planes de pensiones privados y limitando la inversión pública en educación, servicios sociales, dependencia o sanidad. Una estrategia calculada para socializar las perdidas y privatizar las ganancias, pero sobre todo para cumplir con la agenda neoliberal.

En la actualidad, cuando las reglas del mercado forman parte de la gestión de la mayoría de servicios públicos por la llamada “externalización de servicios” o “colaboración público-privada”, la Unión Europea se enfrasca en negociaciones de tratados que pretenden no solo desregular los servicios públicos, sino impedir que futuros gobiernos puedan revertir esas medidas y recuperar la gestión por parte del Estado de los servicios anteriormente privatizados.

Los tratados en el proceso de privatización

El TTIP y el CETA son propuesta similares, ambos pretenden garantizar los derechos de los inversores extranjeros por encima de cualquier derecho ciudadano. El TISA va mucho más allá y “los mejores amigos de los servicios”, como se autodenominan los negociadores de esos tratados, proponen desregula todos los servicios, poniendo en manos del mercado y sus leyes cuestiones y derechos tan esenciales como la sanidad, educación, agua, sostenibilidad del planeta, los derechos laborales, etc.

Sabemos que el neoliberalismo pretende que “el mercado se autorregula” … O no. La forma como han regulado para traspasar las pérdidas del capital a las arcas públicas hace pensar que no se fían tanto de esa autorregulación del mercado y ahora con los tratados de libre comercio e inversión pretenden fijar reglas que protejan y garanticen como sea el beneficio de los inversores.

Los defensores de los tratados juran y perjuran que los servicios públicos no están en juego en estos tratados, pero, como se ha visto, no necesitamos nuevos acuerdos internacionales para que la privatización sea una realidad. Entonces ¿qué novedades introducen estos tratados?
Durante las negociaciones del CETA y el TTIP ha sido evidente la colaboración entre grupos de presión como Business Europe o el Foro Europeo de Servicios y los negociadores. Algo que nos hace dudar de sus buenas intenciones, porque en realidad los inversores extranjeros ven los servicios públicos como gran catálogo de compras y es evidente que han tenido mucho éxito si vemos los resultados en el texto consolidado del CETA que se aplican prácticamente a todos los servicios.

Tanto en el mandato de negociación de la comisión para el TTIP, como en el texto consolidado del CETA se propone una excepción general que excluye solamente los servicios “prestados en el ejercicio de una autoridad estatal”, pero solo en el caso de que el servicio lo preste en exclusiva el Estado, aunque nunca si este servicio se presta “sobre una base comercial o en competencia con uno o más operadores económicos”. Sin embargo, la realidad nos dice que prácticamente todos los servicios públicos prestados por el Estado coexisten y compiten con empresas privadas prestadoras de los mismos servicios, por lo que esa exención se limita prácticamente al sistema judicial y al orden público.

Indicada esa excepción general, prácticamente ningún servicio público se libra de poder ser privatizado. Debemos recordar, por ejemplo, cómo la seguridad privada ha sustituido a las fuerzas de seguridad del Estado en ámbitos donde el Estado debería ser el único proveedor, como son las cárceles españolas. EE UU es un claro ejemplo de esa deriva.

El empeño de los negociadores por garantizar el lucro de las grandes empresas multinacionales llega mucho más allá con la llamada cláusula “trinquete” que, aunque el documento publicado por la Comisión Europea niegue su existencia, el propio gobierno canadiense la cita en su página web. Esa cláusula bloquea cualquier posibilidad de recuperar para la gestión pública alguno de los servicios anteriormente privatizados, lo que impediría a futuros gobiernos elegidos democráticamente recuperar para la gestión pública el agua, la sanidad, la educación..., aunque incluso se haya demostrado la ineficacia de la gestión privada.

El objetivo de estos tratados no es privatizar los servicios públicos en sí, pues ya hay múltiples acuerdos internacionales que permiten tal objetivo. El fin es impedir que los inversores corran riesgo alguno en sus inversiones y garantizarles jugosos beneficios. Para conseguirlo estos tratados se han dotado de uno de los elementos más dañinos para la democracia y los derechos de la mayoría: el Mecanismo de Resolución de Conflictos Inversor-Estado (ISDS). Este artilugio secuestra el derecho de cualquier gobierno elegido democráticamente a legislar, con la amenaza permanente de demandas multimillonarias de las multinacionales. Así cualquier modificación de la norma existente que aumente la protección en un servicio público, regule el mercado financiero, proteja el medio ambiente o garantice los derechos de los trabajadores podrá ser cuestionada y sancionada por un pretendido tribunal privado sin posibilidad de recurso por parte del Estado demandado.

En resumen la vieja aspiración neoliberal de minimizar el Estado como prestador de servicios se cumple con estos tratados. Pero no quieren la desaparición del Estado. Las empresas multinacionales en connivencia con las élites políticas necesitan un Estado que proteja sus beneficios y financie sus riesgos empresariales, y para ello se dotan de estas superestructuras de los tratados internacionales donde el interés general queda subordinado a su lucro.

https://www.diagonalperiodico.net/global/29420-servicios-publicos-tratados-libre-comercio-e-inversion-ceta-ttip-y-tisa.html

AENA : CGT reclama a Fomento la igualdad de oportunidades de las embarazadas al acceso al empleo público

Aena.S.A. y ENAIRE su matriz, son sociedades estatales dependientes del ministerio de fomento y convoca unas bolsas de empleo público para el 27 de febrero de 2016, la comisión de valoración no da respuesta a la protección de las mujeres embarazadas, ya que en las solicitudes admitidas hay varias mujeres embarazadas y el silencio es por ahora su respuesta. El examen se va a producir el 27 de febrero de 2016. 

CGT tiene constancia que al menos dos mujeres embarazadas, concurrirán a las pruebas de selección de las bolsas de empleo. También, que se han dirigido a las sociedades de FOMENTO solicitando medidas que concilien el derecho de la mujer embarazada al trabajo, y por lo tanto a presentarse a las pruebas de selección que lo facilitan.

A la fecha, siguen esperando algún tipo de respuesta y el tiempo apremia, pues como se les transmito por los afectados, el examen de las pruebas de selección y el nacimiento esperado de los bebés coinciden en las mismas fechas. En el caso de insularidad, las compañías aéreas y navieras no van a permitir el transporte de la viajera, alegando el avanzado estado de embarazo de la mujer, y por lo tanto la imposibilidad de alcanzar por los aspirantes las sedes de examen, es nula.

Las mujeres embarazadas tienen derecho a la igualdad de acceso en las oposiciones y bolsas de empleo público. El Tribunal Supremo ha reconocido el derecho de las mujeres que estén próximas a dar a luz a lograr que los tribunales de oposición les ofrezcan condiciones que hagan efectiva la igualdad para el acceso a las pruebas previstas para lograr una plaza pública. Asi se reconoce en una Sentencia de 14 de marzo de 2014, en la que se ampara a una mujer que tuvo su hijo un día antes de la fecha fijada para la prueba en la oposición por una plaza de enfermería y que pidió sin éxito hacer el examen en su domicilio o en el hospital.

Se trata del Recurso de Casación número 4371/2012, cuyo Magistrado Ponente es D. Pablo Lucas Murillo de la Cueva, quien considera que la maternidad está protegida constitucionalmente en el artículo 23.2 de la Constitución Española, en el artículo 14 mediante la prohibición constitucional de discriminación por razón de sexo y también está protegida por el texto fundamental en su artículo 39.2. Estas normas constitucionales que se proyectan sobre la protección de la maternidad, dicen:
Artículo 14: Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social.
Artículo 23.2: Los ciudadanos tienen derecho a acceder en condiciones de igualdad a las funciones y cargos públicos, con los requisitos que señalen las leyes.
Artículo 39.2: Los poderes públicos aseguran, asimismo, la protección integral de los hijos, iguales éstos ante la ley con independencia de su filiación, y de las madres, cualquiera que sea su estado civil.
La maternidad, además, está expresamente tutelada por la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres, ya que en su artículo 8 se refiere a la discriminación por embarazo o maternidad: Constituye discriminación directa por razón de sexo todo trato desfavorable a las mujeres relacionado con el embarazo o la maternidad.

También se encuentra protegida la maternidad por la doctrina del Tribunal Constitucional a que hace referencia la sentencia de instancia. Todos estos fundamentos jurídicos ofrecen apoyo positivo para fallar en protección de la maternidad y en la igualdad de acceso en las oposiciones.

Por todo lo anterior, CGT ha solicitado en el ministerio de FOMENTO, se faciliten un alternativa real a lo solicitado por las trabajadoras, y les sea permitido realizar las pruebas de selección en unas condiciones que GARANTICEN su derecho efectivo y la igualdad para el acceso a las pruebas previstas.

http://www.aviaciondigitalglobal.com/noticia.asp?NotId=25166&NotDesignId=4

Todos somos 8

La CGT celebra la absolución de "los 8 de Airbus" pero recuerda que cientos de personas han sido procesadas por luchar por sus derechos

Sindicalismo alternativo, plataformas por una vivienda digna, movimientos sociales y colectivos libertarios siguen siendo las víctimas propiciatorias de la represión institucional

Desde la Confederación General del Trabajo (CGT) no podemos dejar de celebrar la noticia, que se ha conocido hoy, de la absolución de los 8 trabajadores de Airbus, a los que se pedía varios años de prisión por su participación en un piquete en la Huelga General de 2010. Pero la alegría por que se haya hecho justicia en el caso de estos trabajadores injustamente procesados, no puede hacernos olvidar que más de 200 personas han sido condenadas (con desorbitadas sanciones económicas o incluso varios años de cárcel) por actos muy similares a los que motivaron el procesamiento de 8 de Airbus. Decenas de sindicalistas y activistas sociales siguen todavía pendientes de juicio, con abultadas peticiones de condena por parte de fiscales y acusaciones particulares.

Por otro lado, no hay que dejar de recordar aquí y ahora casos como los de Alfon (ocho meses ya en prisión), el de los dos titiriteros de Granada (puestos en libertad, tras varios días encarcelados) a los que se les mantienen todos los cargos o los de los diversos jóvenes que han sido detenidos y mandados a prisión como resultado de rocambolescas operaciones policiales para desmontar inexistentes grupos armados de orientación anarquista o internacionalista (Pandora, Mateo Morral, Kurdistán, etc.).

En ningún caso creemos que la absolución de estos ocho sindicalistas deba interpretarse como la evidencia de que existen los derechos plenos de libertad sindical o el mismo derecho de huelga. Sabemos que todos los días se están produciendo despidos de sindicalistas y personas que se atreven a denunciar su explotación, y que se siguen poniendo el máximo de trabas al pleno ejercicio del derecho de huelga (servicios mínimos abusivos, represalias a los huelguistas, entorpecimiento a la labor de los piquetes informativos, etc.)

La CGT, en este día en que celebramos la absolución de estos ocho trabajadores injustamente acusados y procesados, y en el que se cumplen los ocho meses del encarcelamiento de un joven activista social como Alfon, quiere dejar muy patente su compromiso solidario con todas las personas y colectivos que se ven perseguidos y reprimidos por su participación en luchas sociales y laborales. Al mismo tiempo que insiste en su apuesta por la movilización y la solidaridad como las únicas vías para frenar la ofensiva represora de Estado y Capital.

En esa línea la Confederación General del Trabajo va a seguir ejerciendo el derecho a la libertad sindical, la libertad de expresión y todos los derechos que garantizan (o deberían garantizar) las legislaciones más avanzadas. Al mismo tiempo que ratificamos nuestro compromiso solidario con todas las personas represaliadas por defender su derecho a una vivienda digna, a un puesto de trabajo y a unos servicios sociales universales y de calidad.

Gabinete de Prensa CGT

Madrid, 17 de febrero de 2016

http://rojoynegro.info/articulo/ideas/la-cgt-celebra-la-absoluci%C3%B3n-los-8-airbus-pero-recuerda-cientos-personas-han-sido-pro