Se negocian en secreto, proponen un nuevo modelo económico, afectarán a todos los aspectos de nuestra vida cotidiana y, en este proceso de mundialización, modificarán incluso la economía de muchos países que no están en las negociaciones. Son nuevas vueltas de tuerca en esta fase devoradora del capitalismo que hemos dado en llamar neoliberalismo. Con la firma y connivencia de las élites políticas, se proponen garantizar los privilegios de las grandes multinacionales por encima de los derechos sociales de la mayoría de la población. Estamos hablando de los tratados de libre comercio e inversión (TLC).
Hay varios TLC en la agenda del comercio mundial: el Tratado Transpacífico (TPP ) lo acaban de firmar EEUU y varios países de ambos lados del Pacífico. El Acuerdo Integral de Economía y Comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA), cuya negociación acabó en septiembre de 2014, está en la fase de revisión jurídica, pendiente de ser ratificado por los parlamentarios en Europa y Canadá. El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversión (TTIP) que se negocia entre las dos potencias económicas mundiales, los Estados Unidos y la Unión Europea, pretende fijar normas del comercio mundial armonizando a la baja cualquier normativa que proteja los derechos de los ciudadanos, consumidores o trabajadores. Normas y leyes que los representantes del poder corporativo consideran burocracia y costes innecesarios. Y el Acuerdo de Comercio en Servicios (TISA), que se negocia aún en mayor absoluto secreto por representantes de 50 países, (incluidos los 28 de la UE representados por la Comisión Europea), pretende la desregulación absoluta del mercado de servicios. Todos ellos tratan de una forma u otra del acceso al mercado de los servicios públicos por inversores extranjeros.
Esta creciente ola de acuerdos comerciales es una amenaza directa para la prestación de servicios públicos de calidad. Los nuevos acuerdos fomentan la privatización, restringen la capacidad de los gobiernos para regular en interés público y su fin principal es crear nuevos y poderosos derechos para los grandes inversores multinacionales.
Antecedentes
El neoliberalismo propone convertir en mercancía cualquier experiencia o actividad del ser humano y por eso desde siempre ha pretendido apartar de la gestión pública la salud, la educación, la asistencia social o la administración de factores esenciales como vías de comunicación, suministro de energía o el agua. Los predicadores de esa teoría eximen al Estado de cualquier responsabilidad en la gestión del bien común y en la corrección de desigualdades con mejor reparto de la riqueza, deja al individuo solo para solucionar sus problemas, lo convierte en gestor de su economía como si fuera un empresario y le hace culpable de su pobreza. Su mejor representación ha sido en los últimos años el empeño de los poderes públicos en culpabilizar a la ciudadanía de la crisis económica.
Durante años, el imperante discurso neoliberal ha introducido la necesidad de rentabilidad en toda gestión pública y, desde los años 70 y 80 del pasado siglo, proponen la gestión privada como mejor que cualquier administración pública, aduciendo que ésta no es capaz de hacer rentables esas empresas. Así se consumaron las privatizaciones de telecomunicaciones o la energía.
Esta tendencia ha crecido y ya en los años 90 se materializa en el Acuerdo General sobre Comercio de Servicios (AGCS) que bajo el paraguas de la OMC propugna liberalizar los servicios por “la eficacia en la prestación de los servicios por la mayor competitividad; mayor grado de desarrollo; ahorro de los consumidores; más innovación; transparencia y previsibilidad de las empresas; y transferencia de tecnología por la inversión directa extranjera.” Similares planteamientos se pueden ver en la “Directiva de Servicios” o directiva Bolkestein que pretende desregular los servicios en el ámbito europeo.
Consecuencia de lo anterior, en los últimos años los gestores neoliberales han visto una maravillosa oportunidad en la crisis financiera global y, con la excusa de reducir el sacrosanto déficit, han aprovechado la tendencia ya marcada de privatizar los servicios públicos imponiendo medidas que empeoran las condiciones de jubilación para favorecer los planes de pensiones privados y limitando la inversión pública en educación, servicios sociales, dependencia o sanidad. Una estrategia calculada para socializar las perdidas y privatizar las ganancias, pero sobre todo para cumplir con la agenda neoliberal.
En la actualidad, cuando las reglas del mercado forman parte de la gestión de la mayoría de servicios públicos por la llamada “externalización de servicios” o “colaboración público-privada”, la Unión Europea se enfrasca en negociaciones de tratados que pretenden no solo desregular los servicios públicos, sino impedir que futuros gobiernos puedan revertir esas medidas y recuperar la gestión por parte del Estado de los servicios anteriormente privatizados.
Los tratados en el proceso de privatización
El TTIP y el CETA son propuesta similares, ambos pretenden garantizar los derechos de los inversores extranjeros por encima de cualquier derecho ciudadano. El TISA va mucho más allá y “los mejores amigos de los servicios”, como se autodenominan los negociadores de esos tratados, proponen desregula todos los servicios, poniendo en manos del mercado y sus leyes cuestiones y derechos tan esenciales como la sanidad, educación, agua, sostenibilidad del planeta, los derechos laborales, etc.
Sabemos que el neoliberalismo pretende que “el mercado se autorregula” … O no. La forma como han regulado para traspasar las pérdidas del capital a las arcas públicas hace pensar que no se fían tanto de esa autorregulación del mercado y ahora con los tratados de libre comercio e inversión pretenden fijar reglas que protejan y garanticen como sea el beneficio de los inversores.
Los defensores de los tratados juran y perjuran que los servicios públicos no están en juego en estos tratados, pero, como se ha visto, no necesitamos nuevos acuerdos internacionales para que la privatización sea una realidad. Entonces ¿qué novedades introducen estos tratados?
Durante las negociaciones del CETA y el TTIP ha sido evidente la colaboración entre grupos de presión como Business Europe o el Foro Europeo de Servicios y los negociadores. Algo que nos hace dudar de sus buenas intenciones, porque en realidad los inversores extranjeros ven los servicios públicos como gran catálogo de compras y es evidente que han tenido mucho éxito si vemos los resultados en el texto consolidado del CETA que se aplican prácticamente a todos los servicios.
Durante las negociaciones del CETA y el TTIP ha sido evidente la colaboración entre grupos de presión como Business Europe o el Foro Europeo de Servicios y los negociadores. Algo que nos hace dudar de sus buenas intenciones, porque en realidad los inversores extranjeros ven los servicios públicos como gran catálogo de compras y es evidente que han tenido mucho éxito si vemos los resultados en el texto consolidado del CETA que se aplican prácticamente a todos los servicios.
Tanto en el mandato de negociación de la comisión para el TTIP, como en el texto consolidado del CETA se propone una excepción general que excluye solamente los servicios “prestados en el ejercicio de una autoridad estatal”, pero solo en el caso de que el servicio lo preste en exclusiva el Estado, aunque nunca si este servicio se presta “sobre una base comercial o en competencia con uno o más operadores económicos”. Sin embargo, la realidad nos dice que prácticamente todos los servicios públicos prestados por el Estado coexisten y compiten con empresas privadas prestadoras de los mismos servicios, por lo que esa exención se limita prácticamente al sistema judicial y al orden público.
Indicada esa excepción general, prácticamente ningún servicio público se libra de poder ser privatizado. Debemos recordar, por ejemplo, cómo la seguridad privada ha sustituido a las fuerzas de seguridad del Estado en ámbitos donde el Estado debería ser el único proveedor, como son las cárceles españolas. EE UU es un claro ejemplo de esa deriva.
El empeño de los negociadores por garantizar el lucro de las grandes empresas multinacionales llega mucho más allá con la llamada cláusula “trinquete” que, aunque el documento publicado por la Comisión Europea niegue su existencia, el propio gobierno canadiense la cita en su página web. Esa cláusula bloquea cualquier posibilidad de recuperar para la gestión pública alguno de los servicios anteriormente privatizados, lo que impediría a futuros gobiernos elegidos democráticamente recuperar para la gestión pública el agua, la sanidad, la educación..., aunque incluso se haya demostrado la ineficacia de la gestión privada.
El objetivo de estos tratados no es privatizar los servicios públicos en sí, pues ya hay múltiples acuerdos internacionales que permiten tal objetivo. El fin es impedir que los inversores corran riesgo alguno en sus inversiones y garantizarles jugosos beneficios. Para conseguirlo estos tratados se han dotado de uno de los elementos más dañinos para la democracia y los derechos de la mayoría: el Mecanismo de Resolución de Conflictos Inversor-Estado (ISDS). Este artilugio secuestra el derecho de cualquier gobierno elegido democráticamente a legislar, con la amenaza permanente de demandas multimillonarias de las multinacionales. Así cualquier modificación de la norma existente que aumente la protección en un servicio público, regule el mercado financiero, proteja el medio ambiente o garantice los derechos de los trabajadores podrá ser cuestionada y sancionada por un pretendido tribunal privado sin posibilidad de recurso por parte del Estado demandado.
En resumen la vieja aspiración neoliberal de minimizar el Estado como prestador de servicios se cumple con estos tratados. Pero no quieren la desaparición del Estado. Las empresas multinacionales en connivencia con las élites políticas necesitan un Estado que proteja sus beneficios y financie sus riesgos empresariales, y para ello se dotan de estas superestructuras de los tratados internacionales donde el interés general queda subordinado a su lucro.
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