7 abr 2015

Salas VIP's Barajas , Remodelación : ¿mamoneo?

ACS vuelve a tirar de bajas temerarias (51%) para llevarse el contrato de las salas VIP de Barajas
Florentino Pérez ha vuelto a recurrir a la estrategia de contratos a pérdidas para hacerse con una adjudicación en territorio español. A través de su filial Vías y Construcciones, ACS ha conseguido el contrato para la remodelación cinco salas VIP del aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas al realizar la mejor oferta económica, que incluye una espectacular baja del 51% en relación con el presupuesto contemplado en el pliego del concurso convocado por AENA, lo que hace prácticamente imposible que la empresa haga rentable la adjudicación.
En concreto, Vías y Construcciones llevará a cabo los trabajos para poner a punto las salas VIP del aeropuerto madrileño por 4,43 millones de euros, mientras que la cantidad de referencia presupuestada se iba hasta los 9,16 millones. El empeño de ACS para hacerse con el contrato ha quedado de manifiesto por la vuelta de tuerca que dio a su oferta, toda vez que procedió a revisar aún más a la baja la propuesta que planteó al principio del proceso.
Así, la primera oferta de la filial de ACS para conseguir el contrato ya presentaba una notable baja, por encima del 37%, pero no era la más económica. Tanto la de OHL como la de Grupo Ortiz contemplaban descuentos por encima del 39% para realizar las obras.
Dada la escasa distancia entre las propuestas económicas, AENA dio una segunda oportunidad para obtener un precio aún más favorable. Pero mientras que OHL y Ortiz optaron por no modificar sus propuestas, Vías elevó su baja inicial 14 puntos, hasta el 51%, con lo que ha terminado por llevarse el gato al agua.
Un alto directivo, contra las bajas
Ninguna de las otras ofertas que competía con la de Vías se aproxima a esta cantidad, hasta el punto de que Dragados, también filial de ACS y que igualmente concurrió a la licitación, presentó una propuesta económica que incluía una baja del 20%.
Paradójicamente, Antonio García Ferrer, ex presidente de Dragados y actualmente vicepresidente de ACS, arremetió hace unos días contra las bajas excesivas en las licitaciones de construcción. Durante su intervención en el V Foro de Infraestructuras organizado por la consultora KPMG, el ejecutivo llegó a asegurar que estas prácticas terminarían por hacer desaparecer a las empresas que las ponían en práctica, al tiempo que criticó el hecho de que, en la mayoría de los procesos, el criterio económico tuviera mucho mayor peso que el técnico.
Sin embargo, pese a las afirmaciones de García Ferrer, el episodio de la remodelación de las salas VIP de Barajas no es el primero que protagoniza ACS en los últimos meses, lo que deja bien a las claras que se trata de una estrategia definida para incrementar la cartera del grupo en España, aún a costa de sacrificar márgenes y resultados.
La pista de Barajas y las basuras de Madrid
Antes
Entre los últimos ejemplos se encuentra uno también relacionado con el aeropuerto madrileño. Se trata del contrato para la renovación de la pista más larga de la infraestructura, la denominada 18R/36L. Igual que ha sucedido con el concurso de las salas VIP, que recibió hasta 18 ofertas, la remodelación de la pista de Barajas movilizó a todos los grandes grupos constructores para hacerse con un contrato presupuestado en algo más de 24 millones de euros. A través de Dragados, ACS se lo llevó por 14,1 millones, con una baja del 40%.
Ahora
Antes de que finalizara el año, el grupo que preside Florentino Pérez también sembró de polémica el contrato para la recogida de basuras en los barrios periféricos de Madrid. La UTE de su filial Urbaser y Cespa (Ferrovial) se llevó la licitación con una baja efectiva cercana al 15% en relación con un presupuesto más que ajustado, que había hecho que muchas empresas rechazaran presentar una oferta ante la práctica imposibilidad de hacer rentable la licitación.
Ambos procedimientos vinieron acompañados de consecuencias poco ortodoxas. En el primero de los casos, ACS trató de compensar el bajo precio ofrecido con reclamaciones por sobrecostes incluso antes de iniciar los trabajos.
Mientras, la puesta en marcha del servicio de recogida de basuras en Madrid fue caótica debido a la escasa inversión que la UTE adjudicataria estaba dispuesta a hacer dado lo exiguo de la propuesta económica. Esta circunstancia hizo que un buen número de ciudadanos vieran cómo en sus calles la basura se recogía dos días por semanas durante al menos un par de meses.

Rajoy malvendió Aena por 58 €, hoy pagan por Aena 100€ por cada acción

Desde su privatización (58€), el 11 de febrero de 2015, las acciones de Aena se han revalorizado en bolsa un 72.4% (100€) en casi dos meses de cotización. El patrimonio público aeroportuario, hoy administrado por el gobierno del PP, se ha visto minorado en la parte privatizada y que ahora prospera en bolsa. Hoy está casi perdido el control de los Aeropuertos Españoles por parte del estado, y por supuesto esa escandalosa revalorización en bolsa, ahora principalmente en favor de los grandes fondos y bancos de inversión. Recordemos que el gobierno no quiso la presencia de los pequeños inversores, con la excusa del caso Bankia, en una empresa con dividendo seguro.
El dividendo es la clave. Antes el estado con el 100% de Aena, solo tenía un socio, que no son otros que los tenedores de la deuda. Los gobiernos gastaban a lo loco para mejorar los aeropuertos, las constructoras ganaban, los bancos cobraban sus intereses, la economía se movía, todos contentos. Cuando ya no queda en que gastar, e incluso cuando gastar está mal visto, el estado empieza a ser un estorbo. El gobierno asesorado por la “UTE de Lazard y N+1” desde el principio, puso en marcha el proceso de privatización y la busca de nuevos socios, terminando malvendiendo las acciones, por aquello de que a la acción le quede recorrido. Se vende barato, y se promete el pago de la deuda, y se reparten dividendos, otra vez todos contentos (los de siempre).

Todo controlado, los silenciosos medios de comunicación pues se presupuesta un gasto de 8 millones de euros en publicidad para alentar a los minoristas para una ridícula reserva de la emisión(5.2%), los bancos coordinadores con la opción “green shoe” (ganancia mínima de 150 millones) y además su “pequeña comisión” de colocación, y finalmente los accionistas (hoy un 72.4% de ganancia). Sin olvidar la tan necesaria paz social, para poder poner en marcha una “operación” de este calado y dimensiones. Pero y el ciudadano, ¿qué gana el ciudadano?. Y los trabajadores ¿Qué ganamos los trabajadores?
La fórmula que ha sido un fracaso para los ciudadanos, triunfa en el palacio de la bolsa. El oscurantismo sobre la gestión y el proceso de privatización de Aena ante los representantes parlamentarios de los españoles, se torna en transparencia para los señores inversores en la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV). Ver [ “Informe de Resultados Aena Enero – Diciembre 2014 a la CNMV” ]
Nos gustaría no llevar razón, que la idea machacona de que la privatización de Aena era “un robo y un fraude”, pero no, los hechos, los resultados de Aena, y su cotización en bolsa son incuestionables.
La venta parcial de Aena ha generado una minusvalía patrimonial del Estado en solo dos meses de 3000 millones de euros. Y al paso que vamos, la transferencia de riqueza de manos públicas a privadas puede convertirse en uno de los mayores escándalos de la legislatura y de la historia de la democracia en este país. Ganancias que disfrutarán mayoritariamente quienes generaron la crisis: los especuladores financieros.
Es decir, se ha producido lo que la sociedad civil lleva denunciando desde el 15M: las pérdidas se socializan (para salvar a las grandes empresas), y los beneficios se privatizan. Es momento de que los partidos políticos incluyan en sus programas electorales, propuestas para devolver a la ciudadanía todo lo que casta política y financiera están robando. CGT trasladó la inquietud a grupos políticos contrarios a la privatización de lo que a todas luces parecía un robo y un fraude, mantenemos el contacto, también con los que se incorporarán próximamente al arco parlamentario, para seguir luchando por una Aena totalmente pública.
Asimismo, denunciamos que una empresa que se jacta de pingües beneficios y de un aumento del resultado bruto de explotación (hasta los 1872 millones de euros), haya llevado a cabo un ERE para 1260 empleados, al tiempo que pactó el despido de temporales, que cubrían futuras plazas fijas, amortizando éstas; o no cumplir los acuerdos de “garantías”, suscritos: plantillas, trabajo en propio, etc. Los beneficios de la empresa se deben en parte a la precarización de las relaciones laborales, a la congelación salarial que padecemos, (por otro lado ya insultante), a la no reposición de vacantes, la no cobertura de puestos de trabajo, externalizaciones de servicios, entre otros. Cuestiones todas que directamente padecemos el conjunto de trabajadores de esta empresa
Estamos convencidos de que la movilización de los trabajadores y trabajadoras en los diferentes centros de Aena es vital en esta lucha. Entendemos que es difícil conciliar el “NO a la Privatización de Aena” con un pacto laboral de paz social, tras una huelga fantasma. Pero es el momento como trabajador y como trabajadora de asumir la responsabilidad de hacer ver a quienes ignorantes o a sabiendas, por activa o por pasiva, actúan con mezquindad y alevosía, a espaldas de los representados y en perjuicio de la inmensa mayoría social, decirles que acabó.
CGT participó el 21 de Marzo, en las Marchas de la Dignidad, por una Aena pública y social. Entendiendo que ningún cambio real es posible sin el concurso y la movilización de los trabajadores. Nos movilizamos por dignidad, porque se está demostrando que la lucha es el único camino.
 

4 abr 2015

GALERIA DE BUITRES CCXVI

Felipe González se habrá embolsado 566.000 euros cuando deje Gas Natural en mayo
El balance del ex presidente del Gobierno, Felipe González, a su paso por el azaroso sector energético no puede ser más positivo para él. El ex jefe del PSOE, que ya trabaja en la defensa de los líderes opositores venezolanos encarcelados por Maduro, saldrá del consejo de administración de Gas Natural Fenosa (GNF) el próximo 14 de mayo, cuando la junta de accionistas del grupo renueve parte del máximo órgano de decisión.
González habrá estado de consejero independiente cuatro años y medio en total. Llegó en diciembre de 2010 y ha percibido desde entonces unos emolumentos anuales brutos de 126.500 euros, de forma que cuando abandone el cargo el mes que viene habrá ingresado más de medio millón de euros: en concreto, unos 566.000 €.
Felipe González, ex presidente del Gobierno y consejero independiente de Gas Natural.Fue 'fichado' en diciembre de 2010 por sus buenos contactos internacionales y sus conocimientos de la política latinoamericana y europea, según se dijo en su día. Pero González no tardó en perder el supuesto interés que en su momento manifestó por un sector tan apasionante como el energético, sometido tradicionalmente a vaivenes regulatorios y en el que un buen juego de lobby puede salvar más de una cuenta de resultados.
A principios de 2014, el ex presidente 'explotó' y dijo públicamente que se aburría en el consejo de la gasista catalana. Su salida parecía cantada para la junta de accionistas de ese año, pero una triquiñuela legal le ha permitido seguir cobrando un año más. Su mandato como consejero independiente vencía tres días después de la celebración de la junta, de forma que la compañía hizo una componenda para no cesarle.
González, en lugar de pedir su relevo en alguno de los consejos posteriores a la junta, prefirió seguir en el cargo, aunque según fuentes cercanas al accionariado de Gas Natural poco o nada se ha dejado ver, en los últimos tiempos, en los consejos que cada mes celebra la compañía.
El político andaluz se ha centrado en los últimos meses en seguir muy de cerca los vaivenes de la política venezolana y finalmente ha aceptado asumir la protección legal del líder opositor, Leopoldo López, y del alcalde de Caracas, Antonio Ledezma, actualmente encarcelados.
Durante casi dos meses, González va a compaginar su nuevo rol con el de consejero de Gas Natural, una compañía que no tiene intereses en Venezuela. Sin embargo, uno de sus dos accionistas de referencia, Repsol (La Caixa es el otro), sí que cuenta con importantes activos petroleros en el país, valorados en unos 2.500 millones.
Este hecho ha provocado cierto nerviosismo en la cúpula directiva de ambos grupos energéticos, si bien González ya no ejerce desde hace meses como consejero y en breve ya no contará con esta atadura al dejar el puesto.

El movimiento libertario como "enemigo interior"

La Operación Piñata se saldó ayer (30-III-15)  con 38 detenciones. Trece de las personas detenidas ayer, durante la Operación Piñata, salieron la pasada noche en libertad con cargos de resistencia y desobediencia. Según explica a Diagonal Daniel Amelang, abogado de algunos de ellos, sus detenciones tuvieron lugar durante los registros realizados por la Policía Nacional pero no entran en el marco de la Operación Piñata, ordenada por la Audiencia Nacional. La policía acusa a otros once detenidos más de usurpación. Amelang señala que hoy pasarán a disposición judicial.
De las otras trece personas detenidas, éstas con cargos de pertenencia a “organización criminal con fines terroristas”, aún hay poca información. Eduardo Gómez Cuadrado, abogado de uno de ellos, explica que “en principio, hoy harán la declaración en comisaría y mañana pasarán a disposición judicial”.
La Policía Nacional, en colaboración con las Brigadas de Información de Madrid, Barcelona, Palencia y Granada, detuvieron ayer a 13 personas por “pertenecer a un grupo criminal con fines terroristas” en el marco de la Operación Piñata, ordenada por el Juzgado de Instrucción 6 de la Audiencia Nacional, según las últimas informaciones emitidas desde el cuerpo. La nota de la policía afirma que los detenidos formarían parte de los Grupos Anarquistas Coordinados (GAC). Durante la operación, la Policía realizó registros en 17 puntos, entre otros en los centros sociales madrileños La Quimera, en Lavapiés, y 13-14, en Vallecas, en donde requisaron material informático. Varias fuentes señalan que, finalmente, durante los registros, la policía detuvo a otras 25 personas, 14 de ellos acusados de resistencia y desobediencia y otros once acusados de usurpación.
Desde La Quimera afirman que la policía “se ha negado a mostrar ningún tipo de orden o dar alguna explicación de lo que estaba sucediendo”. El centro social señala en un comunicado que “esto no es más que otro ataque al movimiento anarquista, con la intención de criminalizar y represaliar nuestra lucha”. Durante el registro del centro social 13-14, la policía detuvo a seis personas, a las que acusa de resistencia a la autoridad.
El Juzgado de Instrucción Número 6 de la Audiencia Nacional, con el magistrado Eloy Velasco al frente, es el mismo que, en noviembre de 2013, ordenó la detención de M.C.S. y F.S.D. Velasco les acusó de colocar una bomba, un mes antes, en la Basílica de El Pilar, en Zaragoza. La explosión del artefacto causó algunos daños en los bancos y escayola del templo, pero no provocó ningún herido. En el auto de procesamiento, Velasco les acusaba también de planear la colocación de otro artefacto explosivo en la Basílica de Montserrat, en Barcelona, a la que, afirma el juez, fueron de visita. “Del abundante material intervenido a los imputados se deduce la ideología anarquista de los mismos, difícilmente compatible con las creencias de la fe católica o el interés por el arte sacro”, rezaba el auto de procesamiento, fechado en julio de 2014, del juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco. “Tómese en consideración que, en las imágenes obtenidas delante de la Virgen de Montserrat, los acusados no muestran interés alguno en la figura de la Virgen, y sí en el resto del templo”, insiste el escrito. Los dos detenidos en noviembre de 2013 siguen a día de hoy en prisión preventiva, según confirmó a Diagonal su abogada, Amelia Alexandre. Este caso fue el primero en el que se mencionó a los GAC, el cual, según el juez, estaría relacionado con otro grupo desconocido, el Comando Mateo Morral.
La Operación Pandora, que tuvo lugar en diciembre de 2014 en Barcelona, volvería a hacer mención a los GAC. En este caso, la operación fue ordenada por el magistrado del Juzgado de Instrucción 3 de la Audiencia Nacional, Javier Gómez Bermúdez. Terminó con la detención de 11 personas, también acusadas de pertenecer a los GAC. El uso de un servidor de mail seguro -RiseUp-, algunas actas de asambleas y tener el libro 'Contra la Democracia', supuestamente elaborado por los GAC y en el que se hace un recorrido sobre la historia del sistema democrático y las relaciones actuales entre poder económico y político, son pruebas, para la Guardia Civil, de que los detenidos en la Operación Pandora forman parte de una supuesta plataforma que hace de “punto de encuentro de grupos violentos con fines terroristas”. Más adelante, el escrito de procesamiento señala que sus acciones se limitan a lanzar bengalas, petardos y quemar contenedores. El 30 de enero, el juzgado ordenó la puesta en libertad bajo fianza de 3.000 euros de los detenidos en la Operación Pandora, al tiempo que los Mossos d’Esquadra hicieron públicas -a través de los medios de comunicación- las acusaciones contra ellos.

Criminalizando el anarquismo

Ya en junio de 2014, el director general de la Policía Nacional, Ignacio Cosidó, afirmó ante los medios de comunicación que el “terrorismo anarquista se ha implantado en España”. En la misma intervención aseguró la “firmeza” de la policía frente a manifestantes violentos y que “nadie podría alterar la paz social en las calles”. La lucha contra el “terrorismo anarquista” es, según palabras de Cosidó, “una prioridad para la policía”.
Las prioridades de la policía contrastan con el recién aprobado Pacto Antiterrorista, supuestamente enfocado en la lucha contra el terrorismo yihadista. Impulsado por el Partido Popular y el PSOE, el pacto, supuestamente enfocado a la lucha contra el terrorismo yihadista, contempla una serie de reformas en el Código Penal que incluyen la criminalización de las visitas a páginas webs de colectivos calificados como terroristas, el aumento de la pena por enaltecimiento del terrorismo y la ampliación del mismo concepto de terrorismo, calificativo que ahora pasa a incluir cualquier delito grave contra los bienes jurídicos cuando se lleve a cabo con el objetivo de “subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas”.

Impunocracia

España no es una democracia. No es posible democracia en total impunidad, en compadreo y generalización de unas prácticas que acaban por ser toleradas por un demos desprovisto de armas políticas para repudiar lo infecto de un sistema de corrupción institucionalizada.  La impunidad ha sido generalizada entre las oligarquías plutócratas que han seguido gobernando tras la muerte del dictador.  De ahí que podamos denominar a este espantajo de sistema como una casi perfecta “impunocracia“.
Aunque la cultura oficial dominante se resista a reconocer lo obvio (mucha gente todavía alaba aquella etapa en la que se fraguó la traición desde arriba) lo cierto es que vivimos en un régimen de poder escasamente representativo y, lo que es más importante, en el que los partidos políticos triunfantes tras el proceso de Transición, consiguieron meter sus narices en la justicia hasta controlar su órgano de gobierno y, por tanto, el nombramiento de los tribunales superiores, justo esos ante los que sus representantes deben rendir cuentas cuando, en ocasiones muy particulares, son imputados por delitos flagrantes.
España es una “impunocracia”,  neologismo que puede servir para definir bastante bien en lo que se acabó convirtiendo este país, en el que gobierno y poder es igual a impunidad. De ahí arranca nuestra actual crisis política que, hoy por hoy, se muestra irresoluble, precisamente por la persistencia de dicho régimen de impunidad que difiere muy poco del que puede presentarse en algunas dictaduras (no hay que olvidar que venimos de una) y aquello que alegremente bautizamos como “repúblicas bananeras”.
Solo de esta manera se puede comprender que  el cuñado del Jefe del Estado, Urdangarín, actuara como lo hizo. La falta de recato, las entrevistas públicas, los correos bochornosos. En definitiva, el saqueo del dinero de todos, con la complicidad de la clase política hegemónica.  Complicidad e impunidad, falta de controles democráticos. La corrupción se da en cualquier democracia, la simple y llana corrupción. Nosotros hemos logrado llegar mucho más lejos que cualquier otro país similar hasta crear un modelo propio, el del reinado de la impunidad.
Se puede robar, se puede evadir dinero a Suiza o a paraísos exóticos varios, pero que lo hagan con el descaro que lo hacen solo se explica porque han gozado y gozan de total impunidad, tanto judicial como, no nos olvidemos, mediática, al menos en los grandes medios de comunicación de masas.  Se me podría refutar con la nómina de políticos imputados, procesados y, finalmente, condenados.
Algunos hasta se dan por satisfechos viendo que algunos políticos y empresarios importantes han pisado la cárcel. Algunos la ridícula cifra de algunas  horas, liquidando por ello al malvado juez que se atrevió a ello. Y yo digo que también en las dictaduras más corruptas (véase China) muchos que son descubiertos robando acaban con sus huesos entre rejas. La cuestión no es el número de chorizos que en España, tras años y años de abandono y triquiñuelas judiciales previas, que es parte de la impunidad, acaban durmiendo en una prisión, muchos por cierto indultados o sometidos a un régimen carcelario de risa. No, ese no es el problema. El drama de este país es mucho más siniestro.
La clase política de raso, sabedora de la impunocracia en la que habita, roba y dilapida sin pudor. Los mecanismos de control, creados por su propia organización criminal, solo controlan a las moscas del café.   El Tribunal de cuentas es un ejemplo simbólico pero sencillo de entender. Fiscalizan las cuentas algunos lustros después de que hayan sido saqueadas. Si son tan amorales como el cuñado del Rey y alardean de sus saqueos comprándose mansiones en barrios de la jet, coches de lujo o áticos varios , ocasionalmente, alguna pieza menor se ve sometida a un proceso judicial en el que el fiscal, marioneta del poder, directamente no acusa.  En el caso de un pata negra, es decir, de un diputado,  si hacienda se ve perjudicada, es decir, si todos nos vemos perjudicados (que es siempre por cierto) puede aparecer un documento de la administración que demuestre que el robo fue pequeño o que no hubo delito fiscal o bien directamente que unas facturas falsas demuestren que todo está en regla con el fisco.
No deberíamos obviar que en gran medida la impunidad asienta sus bases en la tolerancia y permisividad de una sociedad vulgar y amoral, tras décadas de educación primero en una dictadura y  después en una partidocracia coronada, fuente inequívoca de corrupción por su propia esencia. Los españoles han visto como el ejemplo, el espejo en el que mirarse era una persona que despreciaba la cultura, que alardeaba de su virilidad y que amontonaba suculentas comisiones. Y todo jaleado por una prensa vulgar y adocenada. De esta manera se  ha visto desprovista de los mecanismos más básicos para conformar el pensamiento crítico necesario en toda sociedad democrática. En correspondencia con todo ello muchos han visto con admiración, en algunos casos, al trincón cotidiano, pensando aquello de “si yo pudiese también robaría”.
La cuestión a dilucidar no es como se ha llegado a la impunidad como forma de gobierno. Muchos  conocen y otros van conociendo, poco a poco, el pacto de silencio y compadreo que supuso la Transición, con partidos del gobierno financiados por Persia (hoy Irán) y partidos de la oposición financiados por la CIA vía Alemania. Lo importante es saber si una minoría puede variar el curso de la historia, es decir, si hay posibilidad de cambio real y no puramente estético. Si más allá de abrir un tiempo nuevo tenemos las agallas de abrir en canal el cadáver que nos ha arrojado sobre la mesa la sacrosanta Transición y conseguimos establecer no una nueva clase política o un simple cambio generacional, sino un sencillo sistema de democracia: representatividad y separación de poderes, ya saben.

3 abr 2015

STOP TTIP - CETA - TISA

Campaña contra el Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones¿Qué es el TTIP?


El Tratado Transatlántico de Comercio e Inversiones (TTIP por sus siglas en inglés) entre EE.UU. y la UE es un tratado de libre comercio que se está negociando de espaldas a la ciudadanía, sin consultar a la sociedad civil, entre las grandes empresas multinacionales y las élites políticas de ambas regiones, con el objetivo de constituir la mayor zona de libre comercio del mundo. Tiene como objetivo real  desregular y eliminar derechos sociales, laborales, normativas medioambientales, etc... así como  privatizar los servicios públicos: la salud, la educación, el agua, los transportes, la gestión de residuos, etc…) para conseguir cada vez más y más beneficios y aumentar constantemente la tasa de ganancia.
Para ello se deben garantizar las inversiones de las empresas por encima de las leyes de los Estados, a los que éstos tendrán que indemnizar si ven disminuido el nivel previsto de sus ganancias, a través del Instrumento de Resolución de Conflictos entre Inversores y Estados (ISDS), los famosos tribunales de arbitraje, no sometidos a la justicia ordinaria de los Estados.
El TTIP es una vuelta de tuerca más para intentar acabar con los derechos de la ciudadanía y disciplinar a los trabajadores y trabajadoras, al acentuar los procesos de recortes, privatización y liberalización de flujos de capitales, aumentando todavía más el poder del gran capital, tal como ha sucedido con otros tratados (un ejemplo claro es el Tratado de Libre Comercio de Norteamérica entre EE.UU., Canadá y México). Desde esta perspectiva, si se firma, sus consecuencias van a ser muy negativas para  los derechos sociales y laborales, el empleo, la agricultura, la alimentación, el mundo rural y el medio ambiente.
¿Qué supondrá para los trabajadores y trabajadoras?
Consecuencias para el empleo
Según informes favorables a la firma del TTIP, se crearían dos millones de puestos de trabajo en EE.UU. y la UE y un aumento del Producto Interior Bruto (PIB) en la UE entre el 1% y el 0,5% hasta 2027, pero la misma Comisión Europea lo reduce al 0,1%. Se destruirían empleos en la industria cárnica, el sector de los fertilizantes, el bioetanol, el azúcar, bienes de equipo  el sector metalúrgico y en la agricultura, destruyendo la vida rural y la industria local.
Un estudio alternativo y crítico con el TTIP, con una metodología (Modelo de las Naciones Unidas de Política Global) utilizada por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), realizado por la Universidad de Tufts, concluye, entre otras cosas, que se perderían 600.000 puestos de trabajo en la UE, las rentas de trabajo se reducirían en su participación en el PIB y se perderían ingresos públicos.
Las conclusiones favorables a la creación de empleo debido al TTIP, son negadas por la experiencia de otros tratados como el Acuerdo de Libre Comercio de Norteamérica (NAFTA), firmado en 1994, donde se afirmaba que se crearían un total de 20 millones de empleos, sin embargo, lejos de esto, hubo una pérdida de un millón de empleos y se destruyó el subsector del maíz mexicano por la invasión del maíz transgénico estadounidense con precios muy bajos.
Impacto en los derechos laborales
En lo que se refiere a los derechos laborales, hay que tener en cuenta la “armonización” de la regulación, la igualación a la baja. Se rebajarán los derechos laborales de la UE al nivel existente en EE.UU.
Así, en  EE.UU. los derechos laborales brillan por su casi total ausencia y en la Unión Europea por ahora están garantizados, pero no armonizados, al menos formalmente, pero se conculcan cada vez más.
EE.UU. no ha firmado los convenios de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) relativos a la negociación colectiva y al derecho de organización y asociación, así como los que se refieren a la igualdad de remuneración entre hombres y mujeres, al apoyo a los trabajadores y trabajadoras con responsabilidades familiares, el trabajo doméstico, así como el convenio sobre la protección de la maternidad (regulan los permisos, prestaciones, derecho a la lactancia…).
Tampoco ha ratificado la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación de la mujer (CEDAW por sus siglas en inglés), que fue aprobado el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas, el cual entró en vigor el 3 de septiembre de 1981;  ni el Pacto Internacional de Derechos Económicos (incluidos los derechos laborales y de salud), Sociales y Culturales, adoptado por dicha Asamblea, mediante la resolución 2200 A (XXI) de 16 de diciembre de 1966 y que entró en vigor el 3 de enero de 1976.
Además, entre los Estados de la Unión existe una gran competitividad por atraer inversores, tanto de otros Estados como de países extranjeros, para lo cual en 24 de ellos han rebajado los salarios y recortado derechos en seguridad y salud laboral. La negociación colectiva y la libertad sindical no están reconocidas, por consiguiente el derecho de huelga y la libertad sindical han desaparecido del mundo laboral.
Se dan “facilidades para trabajar” (disponibilidad para el empleo o empleabilidad) en lugar de  trabajo. Se ha implantado la aceptación de cualquier puesto de trabajo bajo presión por parte de las personas paradas, que se denomina paradójicamente right to work (derecho a trabajar). No está establecido el salario mínimo, ni la seguridad y la salud en el centro de trabajo.
Los trabajadores y trabajadoras de algunas multinacionales, como Wal-Mart y McDonal´s, cobran salarios de hambre y, tanto es  así, que tienen que solicitar los bonos de alimentación que concede el gobierno estadounidense a las personas pobres.
Esta es la situación laboral que muy probablemente podría implantarse en los países de la UE, en aras de la competitividad, si llegara a firmarse el TTIP.

Madrid , Sábado 18 de abril de 2015 Día de acción Global contra los Tratados de Libre Comercio #18AnoalTTIP
18:00 Manifestación desde la Plaza de Neptuno a la Puerta del Sol

http://noalttip.blogspot.com.es/
 

2 abr 2015

10 estrategias de manipulación mediática

El lingüista estadounidense Noam Chomsky, célebre por su militancia política progresista, elaboró una lista de las “10 estrategias de manipulación” a través de los medios. Prescindiendo de las consideraciones ideológicas que Chomsky agrega, las fórmulas de manipulación que sintetiza son, en líneas generales,en forma alternativa y a veces simultánea.
1- La estrategia de la distracción.
El elemento primordial del control social es la estrategia de la distracción que consiste en desviar la atención del público de los problemas importantes y de los cambios decididos por las elites políticas y económicas, mediante la técnica del diluvio o inundación de continuas distracciones y de informaciones insignificantes. La estrategia de la distracción es igualmente indispensable para impedir al público interesarse por los conocimientos esenciales, en el área de la ciencia, la economía, la psicología, la neurobiología y la cibernética. “Mantener la Atención del público distraída, lejos de los verdaderos problemas sociales, cautivada por temas sin importancia real. Mantener al público ocupado, ocupado, ocupado, sin ningún tiempo para pensar; de vuelta a granja como los otros animales (cita del texto Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
2- Crear problemas, después ofrecer soluciones.
Este método también es llamado “problema-reacción-solución”. Se crea un problema, una “situación” prevista para causar cierta reacción en el público, a fin de que éste sea el mandante de las medidas que se desea hacer aceptar. Por ejemplo: dejar que se desenvuelva o se intensifique la violencia urbana, u organizar atentados sangrientos, a fin de que el público sea el demandante de leyes de seguridad y políticas en perjuicio de la libertad. O también: crear una crisis económica para hacer aceptar como un mal necesario el retroceso de los derechos sociales y el desmantelamiento de los servicios públicos.
3- La estrategia de la gradualidad.
Para hacer que se acepte una medida inaceptable, basta aplicarla gradualmente, a cuentagotas, por años consecutivos. Es de esa manera que condiciones socioeconómicas radicalmente nuevas (neoliberalismo) fueron impuestas durante las décadas de 1980 y 1990: Estado mínimo, privatizaciones, precariedad, flexibilidad, desempleo en masa, salarios que ya no aseguran ingresos decentes, tantos cambios que hubieran provocado una revolución si hubiesen sido aplicadas de una sola vez.
4- La estrategia de diferir.
Otra manera de hacer aceptar una decisión impopular es la de presentarla como “dolorosa y necesaria”, obteniendo la aceptación pública, en el momento, para una aplicación futura. Es más fácil aceptar un sacrificio futuro que un sacrificio inmediato. Primero, porque el esfuerzo no es empleado inmediatamente. Luego, porque el público, la masa, tiene siempre la tendencia a esperar ingenuamente que “todo irá mejorar mañana” y que el sacrificio exigido podrá ser evitado. Esto da más tiempo al público para acostumbrarse a la idea del cambio y de aceptarla con resignación cuando llegue el momento.
5- Dirigirse al público como criaturas de poca edad.
La mayoría de la publicidad dirigida al gran público utiliza discurso, argumentos, personajes y entonación particularmente infantiles, muchas veces próximos a la debilidad, como si el espectador fuese una criatura de poca edad o un deficiente mental. Cuanto más se intente buscar engañar al espectador, más se tiende a adoptar un tono infantilizante. ¿Por qué? “Si uno se dirige a una persona como si ella tuviese la edad de 12 años o menos, entonces, en razón de la sugestionabilidad, ella tenderá, con cierta probabilidad, a una respuesta o reacción también desprovista de un sentido crítico como la de una persona de 12 años o menos de edad (ver Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
6- Utilizar el aspecto emocional mucho más que la reflexión.
Hacer uso del aspecto emocional es una técnica clásica para causar un corto circuito en el análisis racional, y finalmente al sentido crítico de los individuos. Por otra parte, la utilización del registro emocional permite abrir la puerta de acceso al inconsciente para implantar o injertar ideas, deseos, miedos y temores, compulsiones, o inducir comportamientos…
7- Mantener al público en la ignorancia y la mediocridad.
Hacer que el público sea incapaz de comprender las tecnologías y los métodos utilizados para su control y su esclavitud. “La calidad de la educación dada a las clases sociales inferiores debe ser la más pobre y mediocre posible, de forma que la distancia de la ignorancia que planea entre las clases inferiores y las clases sociales superiores sea y permanezca imposibles de alcanzar para las clases inferiores (ver ‘Armas silenciosas para guerras tranquilas)”.
8- Estimular al público a ser complaciente con la mediocridad.
Promover al público a creer que es moda el hecho de ser estúpido, vulgar e inculto…
9- Reforzar la autoculpabilidad.
Hacer creer al individuo que es solamente él el culpable por su propia desgracia, por causa de la insuficiencia de su inteligencia, de sus capacidades, o de sus esfuerzos. Así, en lugar de rebelarse contra el sistema económico, el individuo se autodesvalida y se culpa, lo que genera un estado depresivo, uno de cuyos efectos es la inhibición de su acción. ¡Y, sin acción, no hay revolución!
10- Conocer a los individuos mejor de lo que ellos mismos se conocen.
En el transcurso de los últimos 50 años, los avances acelerados de la ciencia han generado una creciente brecha entre los conocimientos del público y aquellos poseídas y utilizados por las elites dominantes. Gracias a la biología, la neurobiología y la psicología aplicada, el “sistema” ha disfrutado de un conocimiento avanzado del ser humano, tanto de forma física como psicológicamente. El sistema ha conseguido conocer mejor al individuo común de lo que él se conoce a sí mismo. Esto significa que, en la mayoría de los casos, el sistema ejerce un control mayor y un gran poder sobre los individuos, mayor que el de los individuos sobre sí mismos.

1 abr 2015

Régimen de Mutuas e incapacidad temporal

Boletín 148: Modificación del Régimen de Mutuas e incapacidad temporal en los primeros 365 días de su duración

1.1. Objeto del presente boletín: Ley de Mutuas (Ley 35/2014 de 26 de diciembre) y RD por el que se
regulan determinados aspectos de la gestión y control de los procesos por incapacidad temporal en los
primeros trescientos sesenta y cinco días de su duración (RD 625/2104 de 18 de julio).
1.2. Breve antecedente normativo de las Mutuas.
1.3. Entidades y funciones tradicionales en la gestión de las contingencias de la Seguridad Social.
http://www.cgt.org.es/sites/default/files/BOLETIN%20148%20MODIFICACION%20REGIMEN%20MUTUAS%20E%20INCAPACIDAD%20TEMPORAL_2.pdf

13ª Paella Republicana - Vallecas





Ya somos delito: los juegos del hambre

A punto de entrar en el cuerpo a cuerpo electoral que dibujara el nuevo mapa político nacional, regional y municipal de los próximos cuatro años, el Partido Popular en el gobierno acaba de lanzar un órdago para contentar a los halcones de la formación. Pero no se trata solo de una concesión para consumo interno. Con la aprobación de las “leyes mordaza” (son tres en esencia y una en persona) el ejecutivo manda también un mensaje a los poderes fácticos compinchados (económicos, financieros, mediáticos, empresariales e institucionales) que sentían amenazados sus privilegios. El relanzamiento del activismo social, la disidencia pública y las movilizaciones ciudadanas de rechazo por los ajustes y recortes impuestos por la Troika inquietaban su statu quo. De esta forma culmina el ciclo que caracteriza a todos los periodos reaccionarios: a las involuciones sociales y económicas siguen graves afrentas en derechos y libertades.
Ley de Protección de la Seguridad Ciudadana, la última reforma del Código Penal y la modificación del Pacto Antiterrorista (este último en comandita con el PSOE), los tres rejonazos aprobados a iniciativa del rodillo popular, constituyen la herencia que dejará Mariano Rajoy a las nuevas generaciones. Seguramente en penitencia por haber vivido por encima de sus posibilidades, a decir de los grandes figurantes. A partir de ahora el Estado de Derecho estará a lo que mande el Estado Policial que lleva dentro, confirmando que lo “llaman democracia y no lo es”.
El atropello que acaba de cometer Moncloa abusando de la mayoría absoluta de que dispone es un cruel gesto de debilidad dirigido contra la generalización de las protestas. Cuando estas agresiones adquieran naturaleza legal a partir del próximo uno de julio, los sectores que se han caracterizado por llevar a la calle su crítica contra las políticas austericidas y hacer de la solidaridad con los damnificados una forma avanzada de habitar la sociedad civil, verán aún más difícil ejercer como ciudadanos responsables y no como simples replicantes.
Las nuevas disposiciones anuncian disparates jurídicos como la “prisión permanente revisable”, una contradicción en sus términos (“permanente” y “revisable”) que ya en su orweliano nominalismo denuncia la flagrante vulneración del derecho constitucional a la reinserción y el carácter vengativo de la norma sin excusa de base real, porque como es sabido España es uno de los países de la Unión Europea con menor índice de criminalidad. Posiblemente debido a que la alta corrupción de cuello blanco e institucional, aquella que precisamente practican a manos llenas los representantes del duopolio dinástico dominante y sus acólitos, se ha convertido en una rapiña de suma cero, donde los capos de cabecera se lo llevan todo.
De parecida calaña es la medida para frenar las llamadas “entregas en caliente” de inmigrantes pobres retornados a la fuerza de las vallas de Ceuta y Melilla y sus afiladas cuchillas, que hasta ahora se saldaban con consecuencias penales para la policía y guardia civil que las realizaban sin soporte legal. España y la UE en la que está insertada se suman así al club de territorios bunker para tratar de fidelizar a ese bloque social fanatizado por la crisis que busca refugio en los partidos xenófobos que se presentan como alternativa ultranacionalista al sistema. Con ello, el derecho a la libre circulación de personas que consagran las normativas europeas se somete al número clausus que discrimina los juegos del hambre entre un norte opulento y un sur necesitado.
Sin embargo es en las reformas introducidas en el ámbito de la denominada “seguridad ciudadana” donde se ha hecho más flagrante la deriva autoritaria y cainita del PP. Legislar contra las movilizaciones ante el Congreso de los Diputados, impedir grabar las actuaciones de la policía en la vía pública y frenar gestos de solidaridad con las víctimas de los desahucios, supone un golpe de mano a la participación democrática a través de la recuperación del viejo concepto franquistas de “orden público”, que consideraba el ejercicio de derechos y libertades una excepción graciosa. De ahí el que la tutela judicial efectiva por parte de tribunales (delitos) sea sustituida por un régimen de sanciones económicas (faltas) sometido a la discrecionalidad de los órganos de la Administración (gubernativa). Montequieu ha muerto de nuevo y la separación de poderes se ha convertido en una concentración de poderes (mafiosos). El poder corrompe y el poder absoluto, como el que disfruta el PP, no digamos.
Dicen los progresistas con carnet que esta nueva reforma degrada el “código penal de la democracia”, aquel que parió en 1995 el ministro con dos carteras y poca cabeza, Juan Alberto Belloch, para significar el retroceso que la variante de los genoveses introduce en el ordenamiento legal. Pero se olvida que aquel texto también hacia de las suyas. Por ejemplo, introdujo el blindaje ante delitos de expresión de toda la Familia Real en línea ascendente y descendente, y legalizó ciertas formas de esterilización terapéutica, algo que el siquiatra Enrique González Duro ha calificado como una suerte de eugenesia de aquella manera. Lo que ocurre es que la andanada reaccionaria del PP se supera, porque a las leyes mordaza se ha sumado la aprobación de clases de religión católica en la Educación Primaria que enseñan la aceptación del “creacionismo” como condición para ser feliz. O sea, que además de delito no somos nadie, a Dios gracias.
Los juegos del hambre
Rafael Cid