Entre 2008 y 2019, más de 1,7 millones de personas fueron expulsadas de sus hogares en España, según un reciente informe del Observatori DESC, apenas una muestra de un “modelo que no funciona”, transformado en una “realidad permanente y sostenida a lo largo del tiempo”.
Doce años después del estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica que le siguió, una “situación inicial de emergencia” se transformó con los años en una “realidad permanente y sostenida a lo largo del tiempo”. Esta es la principal conclusión del informe publicado recientemente por el Observatori DESC, fundamental para entender la actual crisis habitacional, que no es otra cosa que una continuación de la crisis iniciada con la caída de Lehman Brothers, según sus autores.
Desde entonces, 1.710.963 personas han perdido sus hogares, según el análisis detallado que hace este centro de derechos humanos y políticos de los datos publicados por el Consejo General del Poder Judicial.
El análisis del Observatori DESC desentraña las consecuencias de “un modelo que no funciona”, en el que las leyes “sobreprotegen los intereses del mercado” y han provocado nada menos que 684.385 desahucios entre 2008 y 2019. Las cifras más altas de desalojos no se produjeron en los peores años de la crisis, sino entre 2012 y 2019, una paradoja que constata que “no hemos vuelto a la situación previa a la crisis económica, sino que esta se ha consolidado”. En 2008, primer año de la crisis, se produjeron 27.251 desahucios en todo el Estado. En 2019, un año en teoría de crecimiento económico, 54.006 familias tuvieron que abandonar su hogar por un procedimiento judicial.
Esta crisis permanente de la vivienda ha ido mutando. Entre los principales cambios, apunta este estudio, destaca el “crecimiento exponencial” de los desalojos por impago del alquiler, que han ido ganando terreno a los lanzamientos hipotecarios, una tendencia que esta organización identifica con la “desprotección y la precarización de los derechos de los inquilinos”. Según denuncia el informe, “las reformas regresivas de PSOE y PP” entre 2009 y 2013 condujeron al pico de lanzamientos de 2013 y prepararon la actual y “buscada” burbuja de precios de alquiler.
Otros cambios han sido impulsados por la emergencia de un poderoso movimiento social, encabezado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las asambleas barriales de vivienda, los grupos de Stop Desahucios y, desde 2014, los sindicatos de inquilinos. Las luchas de estas plataformas ciudadanas, que consiguieron reunir 1,5 millones de firmas para la ILP hipotecaria de 2013, han supuesto una mejora en la protección de las familias frente a los abusos bancarios a través de “importantes resoluciones judiciales que han sido auténticos reveses a leyes estatales que vulneran los derechos”, como las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre cláusulas abusivas.
Los “fuertes ciclos de movilización” de aquellos años también explican, para el Observatori DESC, la disminución de los desahucios a partir de 2013. Una consecuencia, explican, de la “alta sensibilización conseguida en la opinión pública, de las sentencias europeas y de los cambios legales impulsados por las organizaciones sociales”, como es el caso de la “tímida” moratoria de los desahucios aprobada por el PP en 2012 o la ley catalana de 2015, promovida por el propio Observatori DESC y la PAH, que prohíbe los desahucios de grandes tenedores sin alternativa habitacional y permite, al menos en teoría, poner a disposición de las administraciones locales los pisos vacíos de los bancos. Esta ley, tumbada un año después por el Tribunal Constitucional, fue finalmente restituida y ampliada en 2019.
La paralización de los plazos procesales decretada el 14 de marzo de 2020 por la crisis del coronavirus se ha traducido en la suspensión de miles de desahucios. Sin embargo, denuncian desde el Observatori DESC, esto solo ha escondido un problema que puede volver con más fuerza. Las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, indican, “no contemplan, ni siquiera en el caso de los grandes tenedores, la obligación de condonar la deuda” y no han hecho nada hasta ahora para evitar una “nueva ola de desahucios” a partir de la reactivación de los trámites en los juzgados, es decir, desde el pasado 4 de junio. Ni la suspensión de seis meses aprobada a finales de marzo para los desahucios de personas afectadas por el covid-19, ni la ampliación y mejora de la moratoria de los desahucios del 11 de marzo servirán para decenas de miles de familias que han visto caer sus ingresos o han perdido sus trabajos.
Otros cambios han sido impulsados por la emergencia de un poderoso movimiento social, encabezado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH), las asambleas barriales de vivienda, los grupos de Stop Desahucios y, desde 2014, los sindicatos de inquilinos. Las luchas de estas plataformas ciudadanas, que consiguieron reunir 1,5 millones de firmas para la ILP hipotecaria de 2013, han supuesto una mejora en la protección de las familias frente a los abusos bancarios a través de “importantes resoluciones judiciales que han sido auténticos reveses a leyes estatales que vulneran los derechos”, como las sentencias del Tribunal de Justicia Europeo sobre cláusulas abusivas.
Los “fuertes ciclos de movilización” de aquellos años también explican, para el Observatori DESC, la disminución de los desahucios a partir de 2013. Una consecuencia, explican, de la “alta sensibilización conseguida en la opinión pública, de las sentencias europeas y de los cambios legales impulsados por las organizaciones sociales”, como es el caso de la “tímida” moratoria de los desahucios aprobada por el PP en 2012 o la ley catalana de 2015, promovida por el propio Observatori DESC y la PAH, que prohíbe los desahucios de grandes tenedores sin alternativa habitacional y permite, al menos en teoría, poner a disposición de las administraciones locales los pisos vacíos de los bancos. Esta ley, tumbada un año después por el Tribunal Constitucional, fue finalmente restituida y ampliada en 2019.
La paralización de los plazos procesales decretada el 14 de marzo de 2020 por la crisis del coronavirus se ha traducido en la suspensión de miles de desahucios. Sin embargo, denuncian desde el Observatori DESC, esto solo ha escondido un problema que puede volver con más fuerza. Las medidas aprobadas por el Gobierno de coalición, indican, “no contemplan, ni siquiera en el caso de los grandes tenedores, la obligación de condonar la deuda” y no han hecho nada hasta ahora para evitar una “nueva ola de desahucios” a partir de la reactivación de los trámites en los juzgados, es decir, desde el pasado 4 de junio. Ni la suspensión de seis meses aprobada a finales de marzo para los desahucios de personas afectadas por el covid-19, ni la ampliación y mejora de la moratoria de los desahucios del 11 de marzo servirán para decenas de miles de familias que han visto caer sus ingresos o han perdido sus trabajos.
La desprotección hecha ley
El marcado incremento de los desahucios entre 2008 y 2012 se asentó, según recuerda este informe, sobre dos reformas del PSOE y otra del PP. Una ley del 23 de noviembre de 2009, lanzada por el ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, creó diez juzgados de primera instancia para “disponer de más medios materiales para facilitar los desahucios” y supuso una reducción de los plazos procesales y una aceleración de los trámites de desahucio.
Un mes antes de las elecciones que llevarían al poder a Mariano Rajoy, el Gobierno del PSOE aprobaba la ley 37/2011, que agilizaba aún más los desahucios permitiendo que estos se realizaran sin que mediara un juicio. Ya con el PP en La Moncloa, el Gobierno dio todavía más poder a los propietarios con la ley 4/2013, que permite desahuciar a los inquilinos que se retrasen en el pago del alquiler en el plazo de diez días desde la tramitación de la denuncia. Esta ley también reducía la prórroga de los alquileres de cinco a tres años a la vez que permitía establecer incrementos en el precio del alquiler superiores al IPC. Una medida que fue corregida el 6 de marzo de 2019 con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que volvía a situar la duración de los contratos en cinco años y en siete para las personas jurídicas.
También hay que remontarse a esta época para rastrear el nacimiento de las socimis. Estas sociedades fueron introducidas en 2009 por el PSOE para atraer flujos de inversiones internacionales hacia el sector inmobiliario, especialmente hacia las viviendas en alquiler, aunque sin mucho éxito: en tres años no se creo ni una sola socimi, recuerda Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos. En 2012, el PP reformó estas sociedades de inversiones y las dotó de “privilegios fiscales con los que no cuentan el resto de sectores económicos”: en adelante y hasta ahora, las socimis están exentas del pago del impuesto de sociedades, que hasta entonces era del 19%. Los intentos del Gobierno de “restaurar al sector financiero-inmobiliario como motor de la economía española”, explica Gil, no significaron la salida de la crisis de la vivienda, sino la entrada en una nueva fase: la burbuja del alquiler.
Esta batería de medidas hizo posible, según el informe, que el número de desahucios a partir de 2012 fueran superiores a los de los peores años de la crisis. Unas cifras que han mantenido una “tendencia estable” con la excepción de 2019, cuando bajaron ligeramente, todavía muy por encima de los números anteriores al estallido de la burbuja. “Constatamos no solo que no hemos vuelto a la situación previa a la crisis económica, sino más bien que se ha consolidado, e incluso normalizado, la vulneración diaria del derecho a la vivienda”, señala el informe.
Un mes antes de las elecciones que llevarían al poder a Mariano Rajoy, el Gobierno del PSOE aprobaba la ley 37/2011, que agilizaba aún más los desahucios permitiendo que estos se realizaran sin que mediara un juicio. Ya con el PP en La Moncloa, el Gobierno dio todavía más poder a los propietarios con la ley 4/2013, que permite desahuciar a los inquilinos que se retrasen en el pago del alquiler en el plazo de diez días desde la tramitación de la denuncia. Esta ley también reducía la prórroga de los alquileres de cinco a tres años a la vez que permitía establecer incrementos en el precio del alquiler superiores al IPC. Una medida que fue corregida el 6 de marzo de 2019 con una reforma de la Ley de Arrendamientos Urbanos, que volvía a situar la duración de los contratos en cinco años y en siete para las personas jurídicas.
También hay que remontarse a esta época para rastrear el nacimiento de las socimis. Estas sociedades fueron introducidas en 2009 por el PSOE para atraer flujos de inversiones internacionales hacia el sector inmobiliario, especialmente hacia las viviendas en alquiler, aunque sin mucho éxito: en tres años no se creo ni una sola socimi, recuerda Javier Gil, del Sindicato de Inquilinos. En 2012, el PP reformó estas sociedades de inversiones y las dotó de “privilegios fiscales con los que no cuentan el resto de sectores económicos”: en adelante y hasta ahora, las socimis están exentas del pago del impuesto de sociedades, que hasta entonces era del 19%. Los intentos del Gobierno de “restaurar al sector financiero-inmobiliario como motor de la economía española”, explica Gil, no significaron la salida de la crisis de la vivienda, sino la entrada en una nueva fase: la burbuja del alquiler.
Esta batería de medidas hizo posible, según el informe, que el número de desahucios a partir de 2012 fueran superiores a los de los peores años de la crisis. Unas cifras que han mantenido una “tendencia estable” con la excepción de 2019, cuando bajaron ligeramente, todavía muy por encima de los números anteriores al estallido de la burbuja. “Constatamos no solo que no hemos vuelto a la situación previa a la crisis económica, sino más bien que se ha consolidado, e incluso normalizado, la vulneración diaria del derecho a la vivienda”, señala el informe.
El caso catalán
También en el caso de Catalunya los gráficos permiten identificar un punto de inflexión a partir de 2012, aunque a diferencia del resto del Estado español el número máximo de desahucios llegó un año después, en 2013. En los siguientes años, según la interpretación de los datos que realiza el Observatori DESC, en Catalunya las cifras se mantuvieron estables en torno a los 16.000 desalojos anuales. Unos lanzamientos que empiezan a descender en 2015. La aprobación de la ley catalana de medidas urgentes en materia de vivienda y pobreza energética de 2015 tuvo mucho algo que ver con esto, señala el informe. La suspensión de esta medida por el Tribunal Constitucional entre junio de 2016 y febrero de 2019 coincide con un ligero repunte de los desahucios.
A pesar de los más de 684.385 desahucios y las 1,7 millones de personas afectadas, las cifras no recogen ni mucho menos todos los casos de familias que perdieron sus hogares. El informe del Observatori DESC habla de los “desahucios silenciosos”, aquellos que no figuran en las estadísticas del CGPJ, muchas veces derivados de la negativa de los propietarios a renovar los contratos o de su pretensión de subir tanto los precios del alquiler que los inquilinos se ven forzados a dejar la vivienda sin que medie un proceso de desahucio.
Para el Observatori DESC, los datos disponibles son solo una pequeña muestra de la “situación de emergencia permanente en la que estamos inmersos desde 2008”. Una crisis crónica que, a medida que va aumentando el precio de la vivienda y, en concreto, los precios del alquiler, ha provocado que “el concepto de familias vulnerables se aleje más de su sentido coloquial, tradicionalmente ligado personas con riesgo de exclusión social o marginales, y pase a ser una realidad aplicable a colectivos mucho más amplios de personas”.
Según el Observatori Metropolità de l’Habitatge, casi la mitad de los habitantes de la ciudad de Barcelona tienen que dedicar el 42% de sus ingresos al pago de la vivienda, una situación de precariedad constante que impide afrontar gastos extraordinarios.
De burbuja en burbuja
Resulta habitual asociar los desahucios con el impago de la hipoteca. Sin embargo, ya en tiempos del estallido de la burbuja, y mucho más en la actualidad, el principal motivo para perder una vivienda es no poder afrontar el pago del alquiler. En 2019, el 68% de los desalojos fueron de alquiler y solo un 26% estuvo vinculado a una compra-venta. Unas cifras que son aún más claras en Barcelona, donde el 80,6% de los desahucios son de alquiler, y en Madrid, donde apenas el 12,7% de los desalojos son hipotecarios.
Las medidas tomadas por el PSOE y el PP para resucitar el negocio de la construcción y el negocio inmobiliario dieron resultados y el mercado vivió una nueva burbuja, esta vez centrada en el alquiler. Una tensión que se tradujo en un aumento comparativo de los desahucios de alquiler frente a los hipotecarios. Mientras los desalojos vinculados con las hipotecas no dejaron de caer en cifras absolutas desde 2014, los del alquiler se mantuvieron estables en torno a los 37.000 anuales, con un ligero aumento desde 2016.
En el caso de Catalunya, este tipo de lanzamientos experimentó cierto descenso a partir de 2015. Una tendencia que el informe identifica con una creciente movilización social protagonizada por el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) y otros colectivos barriales, así como con la ley 24/2015.
En el caso de Catalunya, este tipo de lanzamientos experimentó cierto descenso a partir de 2015. Una tendencia que el informe identifica con una creciente movilización social protagonizada por el Sindicat de Llogaters (Sindicato de Inquilinos) y otros colectivos barriales, así como con la ley 24/2015.
El aumento de los precios del alquiler y la pérdida de derechos de los inquilinos, unidos a una precarización creciente del empleo derivada de los efectos de la Reforma Laboral, han supuesto, según el informe, “un cambio de paradigma”.
Una nueva cara de la misma crisis iniciada en 2008, que ha entrado en una nueva fase con la emergencia provocada por el coronavirus. Una situación que “ha dejado desamparada a gran parte de las trabajadoras y a la población más precaria, evidenciando una vez más las carencias de una sistema en el que no solo no partimos de posiciones iguales sino que excluye a una parte de la población y no contempla medidas que la protejan”, denuncia la investigación del Observatori DESC.
En este sentido, este organismo reclama reformas estatales urgentes que prohiban los desahucios sin alternativa habitacional y habiliten mecanismos como el realojo o el alquiler social, como ya ha hecho la ley 24/2015 de Catalunya.
El análisis de estos 12 años de historia en los que el estallido de la burbuja inmobiliaria se transformó en una crisis crónica en el acceso a la vivienda revela que la salida de la crisis iniciada en 2008 está lejos de superarse. Las cifras de desahucios son “la principal expresión de una situación de emergencia habitacional que se ha cronificado y que presenta signos de consolidarse en forma de crisis habitacional o residencial permanente”, concluye el informe.
https://www.elsaltodiario.com/vivienda/analisis-684385-desahucios-2008-hipoteca-alquiler-pah-observatori-desc-concluye-crisis-permanente-cronica
No hay comentarios:
Publicar un comentario