Coronavirus y sociedades tradicionales

Supongo que, mal que bien, a ustedes les pasa lo mismo: el alud de información, sesgada o no, y de opinión, fundamentada o no, que nos asalta no puede por menos que dejarnos medio atontadas. De vez en cuando, sin embargo, alguna noticia, o alguna interpretación, hace que a uno se le encienda una bombilla de entre las muchas que tiene apagadas.

Me pasó hace unas semanas cuando cayó en mis manos –lo he mencionado varias veces- un artículo de la revista Forbes. El texto en cuestión concluía que, por efecto de las significativas reducciones operadas en la contaminación en China, iban a salvar la vida nada menos que 77.000 personas, una cifra unas veinte veces superior a la de las fallecidas, en aquel lejano país, y según los polémicos cómputos oficiales, de resultas del coronavirus. El dato nada tiene de particularmente sorprendente, claro, a los ojos de quienes son conscientes de cuáles son las consecuencias de la locura que asalta a nuestra maltrecha civilización industrial. Ha pasado, de cualquier modo, más bien inadvertido.

Ayer se me encendió, con todo, otra bombilla. La espoleta fue un artículo publicado en La Vanguardia. El texto, de Joaquín Luna, procuraba explicar por qué Portugal y Grecia muestran niveles de incidencia del coronavirus sensiblemente menores que los registrados en otros escenarios. Al respecto se citaba un dato revelador: mientras en la Extremadura española, con 1.060.000 habitantes, habían muerto casi quinientas personas por efecto de la pandemia, en el vecino Alentejo, en Portugal, con 760.000 pobladores, se había computado un único fallecimiento. Da que pensar, verdad, tanto más cuanto que hablamos de dos espacios geográficos limítrofes y, por muchos conceptos, similares.

Confesaré que a la hora de encarar la discusión correspondiente no me interesan mayormente la habilidad y la sabiduría, presuntas o reales, de los gobernantes. Quiero prestar atención, antes bien, a dos hechos -intuyo que relacionados entre sí- que aparecen mencionados en el artículo que gloso y que a buen seguro merecen una reflexión más sesuda que la que yo acometo en estas líneas.

Entiendo que el primero de esos hechos se manifiesta por igual en Portugal y en Grecia, o al menos en buena parte de los territorios respectivos. Me refiero a la presencia, muy liviana, de un fenómeno, las residencias de la tercera edad, más bien desconocido, y en cualquier caso preterido, en las sociedades marcadas por códigos comunitario-tradicionales. En esas sociedades lo habitual es que ancianos y ancianas vivan y mueran en casa, junto a sus familiares, de tal suerte que el escenario –no creo que tenga que aportar más explicaciones- resulta mucho menos permeable a la catástrofe que se ha abierto camino en España, en Italia, en Francia o en el Reino Unido. Hace unas semanas un colega me contó que, según un estudio realizado en las residencias de la tercera edad de una zona de la comunidad de Madrid, en las navidades pasadas sólo un 17% de los viejitos y viejitas las habían abandonado para pasar las fiestas con sus familiares. El dato –me parece- es escalofriante. Y ojo que no quiero ignorar en modo alguno que las residencias que me ocupan desempeñan a menudo tareas muy honrosas, y que las personas que trabajan en ellas merecen todos los respetos. De los efectos, dramáticos, de la privatización de esas instancias habrá que hablar otro día.

El segundo de los hechos que anticipaba, muy llamativo, es el recelo que los hospitales suelen provocar en muchas de las personas que habitan, y singularmente entre la gente de edad, en esas sociedades comunitario-tradicionales que acabo de mencionar. Parece que, en virtud de una excelsa paradoja, cuanto más débil es un sistema sanitario –y el portugués y el griego lo son, al menos en términos comparativos-, mayor es la posibilidad de que la gente, espontáneamente, se autoconfine y reduzca, eficientemente, los riesgos. Entre tanto, y en paralelo, mayor se antoja la probabilidad de que los países que disponen de sistemas sanitarios más desarrollados presuman, con mal criterio, de sus ingentes capacidades para encarar sin mayores contratiempos problemas que, al cabo, y sin embargo, se desbordan.

En lo que hace a una discusión como la anterior ni puedo ni quiero llegar a ninguna conclusión definitiva. Mi intuición, aun así, es que los resultados, moderadamente halagüeños, que se han registrado en Portugal y en Grecia en relación con la pandemia tienen más que ver con el ascendiente de determinados elementos propios de las sociedades tradicionales que con la gestión de los gobernantes. Enuncio esa tesis, claro, con todas las cautelas. No sabemos, ciertamente, cómo terminará lo de Portugal y lo de Grecia. Tampoco me resulta evidente, por otra parte, que el escenario extremeño sea, en lo que hace a claves como las que aquí he manejado, diferente del alentejano. El único dato estadístico del que dispongo, en fin, en lo que hace a las residencias de la tercera edad en Portugal en su relación con el coronavirus señala que si la media planetaria de fallecimientos en esos recintos es de un 50% del total –seguro que la española es más alta-, en Portugal se revela un guarismo algo más bajo, de un 40%. En el buen entendido de que falta un desglose geográfico de este último dato, un desglose que probablemente arrojaría luz, en el sentido que fuere, sobre la tesis que estoy defendiendo.

Podría seguir acumulando incógnitas para, al cabo, reconocer que lo que me ha guiado a escribir estas líneas es el recuerdo de cómo mi madre, que falleció un par de años atrás, pujó reciamente, y con éxito, por morir en casa y por no pisar un hospital. Igual las suyas hubieran sido defensas nada despreciables frente al coronavirus. Dicho sea con toda la admiración por la gente que se ha partido el cobre para salvar nuestras vidas y desde la denuncia de la ignominia de quienes han dinamitado, con premeditación y alevosía, la sanidad pública.

Carlos Taibo

http://rojoynegro.info/articulo/ideas/coronavirus-sociedades-tradicionales

GALERIA DE BUITRES DLXXXII

UGT: un gran negocio de más de 40 millones para algunos

El exsecretario general de UGT Andalucía Francisco Fernández Sevilla, con otros cuatro excargos del sindicato y diez proveedores se sentarán en el banquillo, acusados de urdir una supuesta trama para financiarse de manera irregular.

El Juzgado de Instrucción número nueve de Sevilla ha ordenado la apertura de juicio oral contra el exsecretario general de UGT-Andalucía Francisco Fernández Sevilla, Federico Fresneda exsecretario general de Administración y extresorero de UGT-A, María Charpín secretaria de gestión económica y Enrique Goicoechea consejero delegado de Soralpe, por un presunto delito continuado de fraude de subvenciones concedidas por la Junta de Andalucía y el destino del cual fue la presunta financiación ilegal de sindicato.

Francisco Fernández Sevilla

Se los acusa de un delito continuado de falsedad en documento mercantil, derivado de la práctica de las supuestas facturas falsas, mediante las cuales habrían sido defraudados 40.750.047 de euros de subvenciones públicas destinados a la formación de parados y trabajadores.

Todos ellos tienen que hacer frente de manera conjunta a una fianza por responsabilidad civil de 40,7 millones, y compromete también las finanzas de la federación regional del sindicato, a la cual se le requiere la misma fianza de 40,75 millones de euros «en concepto de responsable civil subsidiaria

Federico Fresneda

En el banquillo de los acusados se sentarán, además, diez administradores de ocho empresas proveedoras del sindicato como «cooperadores necesarios» en el desvío de fondos públicos. Chavsa, Lienzo Gráfico, Publicar D.M., Siosa, Imprenta Pineda, Viajes Macarena, Caronte, y Carpetas Abadía, y se enfrentan a fianzas que suman mes de 4 millones de euros.

La manera de llevar adelante tales desfalcos eran: por un lado los llamados “rappel”, procedimiento mediante el cual el sindicato se beneficiaba de descuentos realizados por los proveedores sin que fueran declarados a la Administración, por otro se generaban pagos a proveedores mediante facturas simuladas que no se correspondían a ningún servicio prestado, y finalmente la cesión en usufructo de locales propios de UGT a la mercantil Soralpe, de la cual UGT-A era socio único, lo cual generaba un gasto en alquileres falso.

Lamentablemente no todo se cirscunscribe en Andalucía. Ya en marzo de 2019, el magistrado titular del Juzgado de Instrucción número 4 de las Palmas de Gran Canaria, Florencio Luis Barrera, dictó un auto de procesamiento contra 26 personas que irán a juicio por el llamado caso Fundescan (Fundación Canaria para el Desarrollo Social). De nuevo se investigan los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude por la adjudicación de subvenciones públicas a miembros de este patronato que también pertenecen a UGT Canarias y la finalidad de la cual era tapar agujeros del sindicato. Entre los investigados está el consejero de Ocupación del Cabildo grancanario, Gilberto Díaz y los exsecretarios generales de UGT Carlos Ucha y Juan Francisco Font

El fiscal Ricardo de Mosteyrín, encargado del caso Fundescan, en su escrito de acusación pide multas y responsabilidad civil que suman en total más de 40 millones de euros para los nueve acusados en este procedimiento, además de penas de prisión que van desde los tres hasta los nueve años por la presunta autoria de tres delitos contra la Hacienda Pública en la modalidad de fraude de subvenciones.

Una vez recibidas las subvenciones entre 2006 y 2009 , según el acto, en lugar de transferirlas directamente a la fundación, una parte de estas se desviaron a UGT Canarias y destinadas a cubrir gastos propios del sindicato.

por si no fuera suficiente, en diciembre del pasado año en Asturias, la jueza titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Oviedo dictó un acto por el cual acuerda el procesamiento de seis exdirigentes y técnicos de UGT Asturias y del propio sindicato como persona jurídica por su responsabilidad en cinco delitos de fraude de subvenciones en los cursos de formación por un importe de 1,46 millones de euros entre 2010 y 2014.

En este caso los procesados son: el exsecretario general Justo Rodríguez Braga, Manuel Díaz Cancio, exsecretario de formación, Alberto González Castaño, encargado de la contabilidad del sindicato y del control y justificación de las subvenciones, Silvia Sariego Ferrero, encargada de las mismas funciones en la delegación territorial del Instituto de Formación y Estudios Sociales (IFES), fundación del sindicato, que recibió más de 750.000 euros, Mónica Menéndez Vázquez, secretaria de administración desde 2002 a 2013 y María Jesús Ocaña Clemente, administradora única de Localmur, una de las tres organizaciones implicadas en la trama junto a Infastur y Formación 2020.

El procedimiento es el mismo básicamente. La presunta creación de un sistema de facturación de horas de alquiler de locales y aulas facturando un coste superior al valor de mercado, el alquiler de equipos didácticos sin que conste la adquisición de estos equipos, o la justificación de gastos de personal sin ninguna relación directa o indirecta con los cursos subvencionados.

No parece haber suficientes calificativos para estos “presuntos” defraudadores. Resulta impensable creer que desde las altas direcciones sindicales tales comportamientos pasen ocultos una y otra vez. Estamos hablando de unas cantidades de dinero inmensas. No están defraudando al Estado solo, nos están robando a todos el trabajadores apropiándose de partidas de dinero destinadas a la formación de trabajadores tanto activos como en situación de paro y que tienen el fin de mejorar el nivel de formación necesario que te permita acceder a un trabajo calificado en algunos casos o simplemente aspirar a una ocupación en el caso de otros muchos.

El sindicalismo hace años que está podrido. En las cúpulas como fieles servidores de las patronales y el capital, aceptando y donante por buena la política de ocupación precaria e insegura. Llevan décadas de un pactisme vergonzoso colocando a la clase trabajadora en un alambre de funambulista del cual te puedes caer en cualquier momento y debajo no hay red que te salve, y en las jerarquías intermedias porque estos tres ejemplos nos dan una idea de lo que se cuece aquí dentro.

Tenemos que luchar por organizaciones sindicales transparentes, que realmente estén junto a sus representados y sean capaces de dar el puñetazo en la mesa para decir basta!!!! y esto se consigue con una unidad de los y las  trabajadoras organizándonos en los propios centros de trabajo y haciéndole frente al sistema.

https://kaosenlared.net/ugt-un-gran-negocio-de-mas-de-40-millones-para-algunos/

Las aerolíneas reciben ayudas millonarias a la espera de reanudar vuelos

El transporte aéreo es un sector estratégicamente importante en la UE al representar un 3,3% del empleo y el 4,1% del PIB

El rescate del transporte aéreo, uno de los sectores más afectados por la crisis de la COVID-19, empieza a llegar a las aerolíneas en forma de ayudas estatales millonarias como la que recibirá Air France por 7.000 millones de euros y que acaba de obtener el visto bueno de Europa, tal y como publicó este diario en Francia podrá rescatar Air France con 7.000 M € públicos.

El transporte aéreo es un sector estratégicamente importante en la Unión Europea (UE) al representar un 3,3% del empleo y el 4,1% del producto interior bruto (PIB) europeo, y las previsiones para 2020 apuntan a un desplome en los ingresos de las compañías del 55% respecto al año anterior, como consecuencia de las restricciones a viajar decretadas por los gobiernos de todo el mundo.

De hecho, compañías que ya han presentado sus resultados del primer trimestre como Lufthansa, registra una pérdida operativa antes de extraordinarios de 336 millones de euros, mientras que IAG, integrado por British Airways, Iberia, Vueling y Aer Lingus, que lo hará este jueves, ya adelantó que, en su caso, la pérdida será de 535 millones.

Por ello, tras admitir que las aerolíneas necesitarán "refuerzo" financiero y "ayudas de tesorería" a futuro, el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana español, José Luis Ábalos, ha señalado este lunes que se trata de un problema en toda Europa y que todos los gobiernos trabajan en esta dirección.

Además de las medidas que ya se han puesto en marcha en España de apoyo a las líneas aéreas, a través de las líneas del Instituto de Crédito Oficial (ICO) y de instrumentos de financiación sindicada con el propio instituto público, "es posible" que necesiten refuerzo de esas mismas líneas a corto plazo, ha agregado en una rueda de prensa en Moncloa.

Iberia y Vueling han suscrito recientemente sendos contratos de financiación sindicada con el ICO por un importe que entre las dos asciende a 1.010 millones de euros (por un máximo de 750 millones de euros y 260 millones, respectivamente).

Según Ábalos, la situación del transporte aéreo es un problema que se extiende a todos los países europeos, por lo que los gobiernos están lanzado distintos tipos de ayudas de liquidez y España está trabajando de forma coordinada, especialmente con los Ejecutivos de Alemania, Italia y Francia.

Precisamente, en el caso de este último país, la Comisión Europea (CE) ha dado este lunes luz verde a una ayuda de 7.000 millones de euros a Air France consistente en una garantía estatal para los préstamos y uno de accionistas para proporcionar liquidez urgente a la compañía durante la crisis causada por la pandemia.

La CE consideró que, en ausencia de apoyos públicos, Air France "probablemente corría el riesgo de la bancarrota".

Alemania

También el Estado alemán está dispuesto a destinar ayudas por una cuantía de 10.000 millones de euros a Lufthansa, de los que aproximadamente la mitad serían a modo de participación en la compañía o con garantías de dividendos de un 9%. El resto se repartirá entre ayudas a cargo de un fondo de crédito avalado por el gobierno federal. (Ver Alemania prepara un rescate multimillonario a Lufthansa y una participación.).

El grupo de aerolíneas de Lufthansa negocia en paralelo ayudas parecidas con Austria, Bélgica y Suiza para sus filiales Austrian Airlines, Brussels Airlines y Swiss, respectivamente.

Lufthansa, que ya ha presentado sus resultados trimestrales, tiene 4.400 millones de euros de liquidez, pero negocia más ayudas estatales con los Gobiernos alemán, suizo, belga y austriaco para asegurar su solvencia.

Por su parte, la aerolínea de bajo coste Norwegian ha logrado el apoyo de más del 95% de los accionistas a su plan de rescate para convertir en acciones más de 10.000 millones de coronas noruegas (881 millones de euros) de la deuda con bonistas y empresas de alquiler de aviones, tal y como publicó HOSTELTUR en Norwegian acuerda con los tenedores de bonos convertir deuda en acciones.

Con este plan, Norwegian quiere acceder al segundo de los tres tramos de la ayuda al sector aéreo del Gobierno, un paquete con garantías de crédito por 6.000 millones de coronas (536 millones de euros), la mitad para la principal aerolínea noruega.

Ryanair

La irlandesa Ryanair, que podría eliminar hasta 3.000 empleos de pilotos y personal de cabina durante los próximos dos años por la caída de la demanda provocada por la pandemia, ha criticado las ayudas estatales recibidas por las antiguas compañías de bandera nacional para mantenerse a flote durante esta crisis, lo que la obliga a competir en desigualdad de condiciones.

Su consejero delegado, Michael O'Leary, ha pedido ayuda a las autoridades de la competencia de la UE y ha advertido de que llevará ante los tribunales comunitarios a los países que decidan rescatar a las antiguas aerolíneas públicas.

https://www.hosteltur.com/136453_las-aerolineas-reciben-ayudas-millonarias-a-la-espera-de-reanudar-vuelos.html

El coronavirus como teatro de la verdad

#Todoirábien es una mentira. #Yomequedoencasa es una condena. El confinamiento iguala porque introduce a todos en el tiempo de la espera, y a la vez, visibiliza las brutales desigualdades existentes.

¿Y si poner el Estado a la defensiva tuviera que pagarse con muertos? Durante estos días de confinamiento, por la noche, al bajar la basura a la calle aprovechaba para escuchar el silencio de la ciudad dormida. Creía que hundirme en una soledad casi absoluta me permitiría entender lo que estaba sucediendo. Sin embargo, no conseguía desprenderme de una pregunta obsesiva: ¿y si parar —relativamente— el mundo, si ridiculizar al poder, solo pudiera hacerse cuando la muerte se convierte en desafío?

Sé que esta pregunta es extemporánea. En el marco de los debates actuales —la economía o la vida, la adopción o no del control y la vigilancia como prácticas habituales— incluso parece absurda. Pero el esfuerzo del concepto es medirse con lo delirante, y si es necesario, inventar conceptos también delirantes. Nunca el Estado, mejor dicho, nunca tantos Estados se han hallado en una situación a la defensiva como la actual. ¿Quién podría negarlo?

 Basta analizar las ruedas de prensa que casi diariamente efectúan los presidentes de los gobiernos. En el caso español, la aparición de militares, médicos y políticos juntos, ejemplifica la cara terapéutica y militarizada del poder. “Estamos aquí para salvaros de vosotros mismos. No hay otra salida”, nos repiten insistentemente, mientras emplean las estadísticas —no olvidemos que “estadística” deriva de la palabra Estad— para objetivar sus decisiones. La representación no puede ser más patética ya que es la constatación de un poder agónico incapaz de prevenir ni de adelantarse. Recordar que Boris Johnson ha sido internado en una UCI, y que tantos políticos han sido infectados, es una metáfora siniestra pero muy real de esta agonía. Un poder, repito, enredado en sus contradicciones y falsedades, que ni sabe aún cuántos muertos se han producido, ni cuando llegará una normalidad que tampoco puede describir. Un Estado, en definitiva, incapaz de cumplir el contrato que según Hobbes lo fundamenta y legitima.

En este sentido existe un cierto paralelismo entre el acto terrorista y la acción del coronavirus. En ambos casos, y a pesar de la evidente diferencia de escala, se trata de una “prueba” para el Estado, una prueba fallida que implica directamente su cuestionamiento. No es de extrañar, pues, que la reacción sea la misma: declarar la guerra al enemigo interior, ya sea el terrorista, ya sea el coronavirus. Esta declaración de guerra es totalmente falaz. Es ridículo que un Estado proclame la guerra contra un grupúsculo terrorista o contra un virus. Y, sin embargo, hay una guerra en curso pero no es la guerra decretada por el Estado. Es la guerra social no declarada que el coronavirus ha sacado a la luz.

Por eso resultan lamentables por engañosas, las declaraciones de tantos personajes públicos que, de pronto, descubren nuestra vulnerabilidad e interdependencia. ¿Es que no sabían cuánto sufrimiento cabe en esta realidad? En España, cada día se suicidan diez personas; la gripe causa cada año entre 6.000 y 15.000 muertos; en Catalunya, 300.000 personas —mayoritariamente mujeres— están encerradas en su casa con fatiga crónica, fibromialgia, o sensibilidad química múltiple, y la última vez que pidieron ayuda, la respuesta de las autoridades sanitarias fue que, como no causaban alarma social, se aguantasen. Por cierto, ¿cuántos muertos se requieren para declarar el estado de alarma? ¿No son suficientes los cinco millones de niños que, según la FAO, murieron de hambre el año pasado?

La irrupción del coronavirus nos ha hecho olvidar que, a pesar de la brutal represión del Estado, un ciclo de lucha contra el neoliberalismo se estaba desplegando en muchos países del mundo. La emergencia climática también ha pasado a un segundo plano. El coronavirus impulsa, pues, una despolitización al cancelar las memorias de lucha y construir un simulacro de nosotros basado en un mismo miedo a la muerte.

Pero el coronavirus, en tanto que potencia oscura de la vida, es capaz de una acción politizadora cuya radicalidad se nos escapa. Decir, como ya he avanzado, que muestra la debilidad del Estado es muy insuficiente. El embate del coronavirus no es más que el efecto de una naturaleza maltratada por un capitalismo desbocado. No hace falta perder mucho tiempo para demostrar esta afirmación. El coronavirus constituye un acto de sabotaje de la vida contra una realidad que ya es plenamente capitalista y sin afuera. Vivimos dentro del vientre de la bestia y somos nosotros mismos quienes la alimentamos. ¿Es de extrañar que necesitemos aparatos de respiración asistida? El coronavirus ha abierto en canal esta maldita bestia y cuando el espacio de los posibles se ha venido abajo, entonces ha aparecido el teatro de la verdad.

En el teatro de la verdad no hay ruedas de prensa. Las representaciones y sus representantes no tienen ya cabida. Está el personal sanitario en su lucha abnegada y solitaria; están los ancianos cuya muerte en la soledad de las residencias constituye su particular modo de escupir contra esta sociedad —por favor, llamarles “abuelos” a estas alturas es aún peor que el insulto que ya era—; están las cajeras de los supermercados; y los riders corriendo en las calles vacías para complacernos; y los maestros que intentan acercarse a los niños y niñas enjaulados. Estamos los confinados que cada día a las 20h salimos a aplaudir y también el vecino que ha colgado un papel en la entrada pidiendo que la enfermera que vive en el edificio se marche porque puede contagiarnos. Están los que viven en locales sin ventanas a la calle y comparten un piso minúsculo con otra familia; están los que tenemos una buena conexión a internet y los que solo tienen un teléfono con tarjeta de pago. Los grupos de ayuda mutua que la policía multa. Y también muchas, muchísimas personas que no saben qué será de su vida.

La actual crisis sanitaria ha acelerado la deriva fascista inmanente al capitalismo en un doble sentido. En primer lugar, y su constatación supone ya una obviedad, por el aumento imparable de las formas de control y vigilancia mediante el uso de las nuevas tecnologías: geolocalización, reconocimiento facial, código de salud, etc. En segundo lugar, por la transformación que se está produciendo en la forma de trabajar. El capital, muy a su pesar, tuvo que admitir la existencia de la comunidad de los trabajadores dentro de la fábrica. Para poder controlarla, empleó las disciplinas, la vigilancia panóptica, y en particular, el secuestro del tiempo de vida. Ahora el capital tiene la posibilidad de deshacer lo que aún permanecía de dicha comunidad. El dispositivo de control ya no es el secuestro, es el teletrabajo. Internet y el teléfono móvil son los dispositivos que permiten hacer del trabajo una forma de dominio político. Ciertamente siempre ha sido así. La novedad reside en una progresiva indistinción: saber si trabajamos, si vivimos, o si sencillamente, obedecemos, resulta cada vez más complicado. Una teletrabajadora expresaba muy bien esta nueva situación: “Ahora duermo menos que nunca y me falta tiempo para todo”.

La crisis sanitaria se inscribe dentro de una operación política de readecuación interna del neoliberalismo. Más allá de los cambios geopolíticos que se avecinan y de una globalización mucho más sobredeterminada por el Estado nación, lo cierto es que se aproxima una sociedad de individuos cada vez más atomizados y cuya única conexión pasa por conformarse, en el sentido más propio de la palabra, como terminales del algoritmo de la vida, es decir, de ese mercado que se confunde con la vida. Sabemos que toda crisis consiste en una situación desfavorable para la mayoría que ha sido políticamente construida y que, sin embargo, se autopresenta como naturalizada. Pero si esta crisis sanitario-económica global tiene importancia es porque en ella —y gracias a ella— se pone además en marcha un nuevo contrato social basado en el control y la desconfianza.

Por eso hay que entender el confinamiento como una etapa en la construcción de una subjetividad impotente y desconfiada. Una subjetividad que suplica poder vivir y que se piensa a sí misma como víctima, aunque las víctimas evidentemente no son iguales ya que la división del trabajo las atraviesa. El trabajador intelectual está mucho menos expuesto que el trabajador manual como la misma pandemia ha mostrado.

#Todoirábien es una mentira. #Yomequedoencasa es una condena. El confinamiento iguala porque introduce a todos en el tiempo de la espera, y a la vez, visibiliza las brutales desigualdades existentes. El 62% de los muertos por coronavirus en Nueva York son negros y latinos. En Barcelona, un 0,5% —500/100.000, el índice más alto de la ciudad— de la población de Roquetes (Nou Barris) está infectado por Covid-19, en contraste con el 0,07% (76/100.000) de Sarrià-Sant Gervasi. La verdad se padece y se contagia. Por eso el Estado quiere clausurar el teatro de la verdad cuanto antes, pero la acumulación de muertos le impide cerrar la puerta. Su voluntad sería desplegar cuanto antes el espacio de los posibles, de unos posibles totalmente redimensionados y al alcance de unos pocos. Vivir la vida —permanentemente— en viaje, una vida aparentemente libre y desterritorializada, a partir de ahora, solamente podrá hacerlo quien tenga dinero. Los demás serán piezas fijas atadas a un deuda infinita.

A pesar de lo terrible que es no tener una ventana desde la cual ver el cielo, o estar completamente solo, el confinamiento supone una cierta desocupación del orden. Los balcones se hablan entre ellos. Rostros que nunca se habían visto, se reconocen. Por unos momentos, estamos juntos fuera de la máquina capitalista, y entonces, la fuerza de dolor recogida en ella misma se convierte en indestructible. Sería demasiado insensato afirmar que, habitando el confinamiento, hemos arrancado un espacio de libertad a esta realidad opresiva e injusta, pero cuando el querer vivir se separa de la vida movilizada por el capital, dejamos de ser víctimas. Son momentos de extraña libertad que aterran al poder. A nosotros, nos ponen ante un abismo, y entonces, se nos hace un nudo en el estómago. No es el abismo de la incertidumbre sino el de la verdad de una bifurcación que el teatro de la verdad nos recuerda a cada instante. Tenemos que escoger si queremos seguir siendo un terminal del algoritmo de la vida que organiza el mundo o bien un interruptor de la pesadilla que nos envuelve.

https://www.elsaltodiario.com/coronavirus/el-coronavirus-como-teatro-de-la-verdad

El “Pacto de la Reconstrucción” contra la Clase Trabajadora

Nuevamente, se prepara una “Gran Agresión” contra la Clase Trabajadora, igual que ocurrió con los Pactos de la Moncloa. Nuevamente, el trabajo sucio de disciplinarnos, para servir a los intereses del capital, de impedir las revueltas sociales que se intuyen cuando pase esta crisis sanitaria, vendrá de la mano de los llamados con insultante eufemismo “Agentes Sociales”, es decir, los Sindicatos del Régimen.

En el Estado español hay más de 200 sindicatos, pero solo se refieren a dos, UGT y CCOO, y no es que sean olvidadizos, al contrario, saben que son los que se van a aplicar con mayor contundencia y efectividad en la defensa de los intereses del Gran Capital y de sus siervos, este gobierno y los sucesivos, lo que claramente significa traicionar a quienes dicen representar, la Clase Trabajadora.

Este nuevo Pacto que, según parece, le van a llamar “Acuerdos de San Jerónimo” y lo van a llevar a cabo cuando la Clase Trabajadora está confinada en sus casas (quien tiene suerte de tener una), atemorizada por la crisis sanitaria, con los medios de comunicación y las calles tomadas por el ejército y las fuerzas de seguridad, en una exhibición de fuerza sin precedentes.

La Clase Trabajadora no va a estar representada en esos acuerdos, no va a ser consultada ni tenida en cuenta, como no lo ha estado nunca en este modelo de Pactos, en los cuales, siempre ha salido más desprovista de derechos y libertades, de capacidad de organización y de negociación, más empobrecida y embridada, menos protagonista de su propio futuro y más arrinconada al conformismo sumiso por la impotencia colectiva que generan.

CGT y las otras organizaciones sindicales invisibilizadas, los innumerables colectivos sociales que luchan por un mundo más justo e igualitario, debemos tomar conciencia del poder colectivo que tenemos y disponernos a recuperar las calles para defendernos y transformar el modelo social que nos tienen preparado.

Tenemos que recuperar los Servicios Públicos que regalaron a sus amiguetes, establecer una Renta Básica de las personas Iguales (RBis), universal e incondicional, para que el empleo asalariado no sea una condena bíblica sino una opción de vida elegible, desde las necesidades básicas vitales cubiertas, obligar a un verdadero reparto de la riqueza que generamos entre todas, tenemos que poder participar, de manera directa y no representativa, horizontal y solidaria, en todas las cuestiones que nos afectan para desarrollar un proyecto de vida digno.

Debemos obligar a la Banca a devolver el millonario rescate que les hicimos con nuestro dinero, a las grandes fortunas, a la monarquía, a la Iglesia, a los personajes que saquearon con la corrupción nuestra riqueza colectiva, debemos obligarles a que lo reviertan a la Comunidad.

Para impedir esto es para lo que pretenden este engañoso “Pacto de la Reconstrucción” o como quieran llamarlo. Para esto se van a conjugar el capitalismo, el gobierno y los llamados “agentes sociales”. Saben que nos van a machacar, ya lo están haciendo, y pretenden conservar sus inaceptables privilegios a costa de la mayoría social.

Colectivamente somos muy fuertes, imparables. Juntas podemos cambiar todo lo que nos propongamos. Pues estemos preparadas para ejercer con firmeza, coherencia y rebeldía, este potencial transformador que, si lo desarrollamos, debe conducirnos a un modelo de sociedad en Igualdad, Apoyo Mutuo, Autogestión y Justicia social.

Luchemos juntas contra la DESIGUALDAD

http://rojoynegro.info/articulo/ideas/el-%E2%80%9Cpacto-la-reconstrucci%C3%B3n%E2%80%9D-la-clase-trabajadora

1º de Mayo : Actividades alternativas

CGT convoca a los medios y periodistas para informar sobre las acciones y actividades organizadas para conmemorar el Día Internacional del Trabajo en unos momentos donde la población se encuentra cumpliendo medidas de confinamiento por la alarma sanitaria generada por la pandemia de Covid-19.

CGT dará más detalles sobre el concierto virtual que celebrarán a media mañana el 1º de Mayo y que retransmitirán en directo desde la televisión confederal, Rojo y Negro TV.

Fecha: jueves, 30 de abril de 2020.

Hora: 10:00 a.m.

Intervienen: José Manuel Muñoz Póliz (Secretario General CGT), Tomás Rodríguez (Secretario Acción Sindical CGT), con la participación de Fernando Madina (Reincidentes) y Natalia Pérez (Penadas por la Ley).

Lugar: Debido a la situación de confinamiento generada por el decreto de estado de alarma por Covid-19, realizaremos la rueda de prensa a través de videoconferencia.

A continuación facilitamos todos los datos y enlaces para conectarse a la misma. Haga clic en el enlace a continuación para unirse al seminario web: https://zoom.us/j/95486085911

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

http://rojoynegro.info/evento/acci%C3%B3n-sindical/cgt-conmemora-1%C2%BA-mayo-actividades-alternativas-debido-al-estado-alarma-%E2%80%9Ccoron

1º de Mayo : Ahora ,más que nunca, contra las desigualdades sociales

La Confederación General del Trabajo (CGT) ha emitido un comunicado conjunto, con otras organizaciones sindicales y colectivos sociales (COBAS, Confederación Intersindical, Estudiantes en Movimiento, Ecologistas en Acción, Coordinación Baladre, Coordinadora Estatal de Mareas Blancas y Fridays For Future) en el que llama a la conmemorar este 1º de Mayo reivindicando la lucha contra las desigualdades en nuestra sociedad. Estos colectivos exponen que este 1º de Mayo se aborda en unos momentos muy complicados, donde las exigencias a los Estados y a las patronales deben continuar siendo por el derecho a la salud, a la vida y a la protección del planeta por encima de cualquier otro tipo de interés económico.

Por todo ello, estas organizaciones realizan un llamamiento a la sociedad para seguir peleando contra el cambio climático, contra el terrorismo machista, y en defensa de unos servicios públicos de calidad, como la sanidad que en estos momentos está demostrando ser muy importante en la lucha contra la pandemia de Covid-19 que padecemos desde marzo. Según todas estas organizaciones, se hace imprescindible también recuperar las empresas regaladas a manos privadas, para que la propia ciudadanía participe de su gestión a través de la labor de las personas trabajadoras, sin riesgos de salud o seguridad para ellas.

Estas organizaciones también exigen unas pensiones dignas, derecho a una vivienda, transportes públicos accesibles, la protección de los cuidados de personas dependientes y diversas, sin olvidar la urgente derogación de las Reformas Laborales y de las Leyes Mordaza. Por otro lado, es igualmente importante exigir la puesta en marcha de una Renta Básica de las Iguales (RBis), así como unas garantías de protección de los derechos fundamentales para las personas migrantes, los jóvenes y la protección del Medio Ambiente, combatiendo el cambio climático.

En el Manifiesto de estas organizaciones tampoco quieren dejar atrás la exigencia de reconocer y reparar a las víctimas del franquismo, de plantear para su debate y reflexión el acceso a la alimentación y todo lo derivado del problema de la sobreexplotación de la tierra, la despoblación y el envejecimiento.

Especial interés han mostrado sobre la necesidad de estar preparadas y organizadas como personas trabajadoras ante la recesión económica que llegará a nivel mundial, y con la que gobiernos y patronales intentarán que cargue la clase trabajadora. Ante esto, estas organizaciones indican estar alerta ante los recortes y retrocesos en derechos fundamentales.

Gabinete de prensa del Comité Confederal de la CGT

http://rojoynegro.info/articulo/ideas/cgt-llama-conmemorar-el-1%C2%BA-mayo-luchando-las-desigualdades-sociales

GALERIA DE BUITRES DLXXXI

Amazon, Blackstone y BlackRock, los grandes beneficiados en la economía tras el covid-19

El 16 de marzo el Ibex tocó fondo. El cierre de la sesión a 6.107 puntos ha sido la bajada más importante desde el 1 de junio de 2012, a las puertas del rescate bancario aprobado por el Gobierno de Mariano Rajoy. Para profanos esto no significa gran cosa, puede sonar incluso como una buena noticia que las bolsas caigan. El capital, no obstante, lo ve desde el punto de vista la necesidad: si no hay rentabilidad en ese mercado, debe buscarse en otros lugares.

En 2012, la baja rentabilidad de la bolsa contrastaba con la rentabilidad que prometía la compra de deuda pública española. Esa espiral de desconfianza terminó en el rescate financiero y en las draconianas medidas de austeridad provocadas por el Mecanismo Europeo de Estabilidad (MEDE). En 2020, hay nuevos indicios de que puede estar en el mismo lugar, los bonos de deuda, pero en las primeras semanas, los mercados están apuntando a las oportunidades que ofrece la crisis de comprar barato y ocupar posiciones de poder en empresas con necesidades de oxígeno o en manzanas de edificios de los centros urbanos.

Unos sectores entran en situación de peligro inminente, como es el caso del turismo, y otros, como la logística o los servicios en la “nube” relanzan sus expectativas de rentabilidad. Tres nombres de tres compañías sobresalen entre todos: Amazon, que domina la “nube” de internet y se expande el mercado de la distribución, Blackstone, fondo volcado en la actividad inmobiliaria, y BlackRock, el fondo de inversiones más importante del mundo.

“Suspender el circuito de producción pero no el de realización de valor a través de las finanzas es un disparate”, expone Rubén Martínez, investigador de la cooperativa La Hidra, que explica cómo los mercados están en un momento en el que “pueden comprar activos a bajo precio, con estrategias de captación a escala planetaria, y especular con su futuro precio”. Para Erika González, militante del Observatorio de las Multinacionales en América Latina y coautora de A dónde va el capitalismo español, “antes de la crisis del coronavirus, y con mayor agresividad en el contexto actual, las grandes corporaciones están intentando sostener sus beneficios a través de la reducción de costes, la creación de burbujas especulativas para recuperar en el corto plazo altos niveles de rentabilidad y la mercantilización de nuevos sectores y servicios”.

Para Martínez es necesaria una mayor regulación, más profunda que las prohibiciones de las ventas a corto, para controlar el proceso de acumulación que se ha abierto a raíz de la crisis. El dinero se mueve rápido de unos sectores a otros y ya se destacan actores tradicionales en riesgo de colapso e inversores al alza.

Hibernación en el sector turístico

Una compañía en auge hasta el coronavirus como Airbnb ha visto reducida su valoración, según sus criterios internos, un 16% en el mes de marzo. Expedia, Hilton y Booking han caído entre un 38 y un 58%, según el diario Financial Times. En el sector convencional español, Meliá fue una de las primeras compañías en anunciar un ERTE para más de 8.000 empleados, Riu ha añadido otros 6.000 al mismo saco y NH a otros casi 4.000 trabajadores.

Martínez apunta que, pese a sus pérdidas, Airbnb cuenta con la ventaja de poder optar a rondas de liquidez por parte de inversores internacionales, lo que le sitúa en una posición de ventaja contra el resto de competidores una vez termine el periodo de incubación que provocará a la compañía una pérdida estimada de 322 millones para los primeros nueve meses de este año. “Firmas como Apollo Global Management, Owl Rock Capital, Silver Lake y Sixth Street ya han salido al rescate de Airbnb”, de modo que “lo que podría parecer una debacle para Airbnb puede que le haga salir más fuerte”, remarca.

Ganadores momentáneos

Entre las compañías que se han visto beneficiadas en una primera ronda por la crisis del coronavirus destaca Amazon. A pesar de las demandas que afectan a su reputación, especialmente sonadas en Estados Unidos, por prácticas antisindicales, y en Francia, donde un juzgado ha ordenado que limite su catálogo a los artículos considerados esenciales, la compañía de Jeff Bezos está en el momento más alto (por encima de 2.300 dólares la acción) de su cotización en el Nasdaq, el principal mercado internacional de alta tecnología, desde la fundación de empresa. También Netflix ha alcanzado en las últimas semanas su máximo histórico. 

La farmacéutica Gilead ha vivido un importante repunte como consecuencia de su dominio del mercado farmacéutico a la hora de colocar sus fármacos, especialmente el antiviral remdesivir, reutilizado para tratar la covid-19 que fue usado como tratamiento para el ébola y el VIH entre los años 2013 y 2017. Como ha publicado El Salto, analistas de Bank of America cifran en 2.500 millones de dólares los ingresos que Gilead tendrá por la venta de remdesivir para tratar el coronavirus. Por este motivo, en los últimos seis meses las acciones de Gilead han pasado de los 63 a los 73,5 dólares en Nasdaq.

Especulación con el parque inmobiliario: Blackstone

El sexto programa Blackstone Real Estate Partners Europa ha sido el más ambicioso de los que ha puesto en marcha hasta ahora este banco especializado en inversión inmobiliaria. El 8 de abril, Blackstone anunciaba que había captado en los mercados 9.800 millones de euros para invertir en el mercado. En la nota enviada a los medios, Blackstone se congratulaba de que algunos de los inversores del nuevo programa son “planes de pensiones del sector público que representan a millones de jubilados”. 

Javier Gil, investigador postdoctoral y portavoz del Sindicato de Inquilinos, enmarca el fondo en una serie de movimientos complejos, dado que, en el corto plazo, el sector inmobiliario se enfrenta a una caída de la vivienda comparable al pinchazo de la burbuja a partir de 2009,  “tanto por la caída del turismo como por los efectos de la propia crisis se va a dar una devaluación del parque inmobiliario de todo el país”, resume Gil.  

Con su capacidad para intervenir en el mercado, Blackstone se dispone ─aunque de momento no se sabe cuánto destinará a cada país─ a invertir estratégicamente en el mercado, tanto para acumular nuevas propiedades como para evitar, en una primera instancia, una devaluación del suelo y los inmuebles que ya controla. 

Gil recuerda que Blackstone ya destacó en 2008 por sus compras en las subastas judiciales de personas desahuciadas en Estados Unidos y cree que pueda repetir el mismo esquema de inversiones oportunistas en los próximos meses, en los que se puede producir esa caída aguda de entre el 8 y el 9% de los precios, con vistas a un repunte en el medio plazo. 

Mediante “inversiones masivas y tan grandes”, concluye Gil, actores como Blackstone funcionan como palanca para la revalorización de activos devaluados, activos que a raíz de la crisis “sólo pueden comprar actores que concentran una gran cantidad de capital”. De este modo, el conjunto de la población no sale beneficiada de la caída de precios, dado que quien mueve el capital domina la compra en posiciones bajistas, y es directamente perjudicado, o queda al margen, de la recuperación prevista e inducida por actores como Blackstone.

Este fondo ha sido objeto de protestas y campañas en contra por el movimiento de la vivienda, que en septiembre de 2019 denunciaron los incrementos del alquiler de hasta el 100% en bloques de vivienda de Carabanchel, Torrejón, Vallecas, Tres Cantos y Getafe (Madrid).

BlackRock, situación privilegiada

El 10 de abril se conoció públicamente el sueldo que Larry Fink obtuvo en 2019. Fueron 25,3 millones de dólares que se corresponden, según defendió el propio Fink, con los beneficios que BlackRock obtuvo el año pasado, cuando este fondo de inversiones manejó una cartera de 7,4 billones de dólares, según la fórmula de contabilización española, no la americana.

Pero, independientemente de que como compañía BlackRock sea menos “valiosa” que Amazon, el papel que este fondo de inversión tiene en todo el mundo es determinante. Pedro Ramiro, autor junto con Erika González de A dónde va el capitalismo español, recuerda la participación muy importante que Blackrock tiene en las grandes empresas españolas cotizadas del Ibex 35, y también en grandes empresas alemanas y francesas.

A principios de año, BlackRock había anunciado “un giro verde” de sus inversiones en sintonía con las preocupaciones del Foro de Davos sobre la crisis climática. Este giro ha sido una de las claves para que, a raíz de la crisis del coronavirus, la Unión Europea haya podido situar a este fondo de inversión como comisario de las políticas del llamado Green New Deal. Concretamente, BlackRock asesorará a la UE sobre cómo integrar la sostenibilidad en la regulación bancaria en el plan de reconversión “verde”, para lo que el fondo de inversión ha presentado su estrecha relación con los responsables políticos de todo el mundo.

Tanto Rubén Martínez como Pedro Ramiro subrayan el papel de BlackRock en empresas de combustible y de algunas de sus participadas, por ejemplo el Santander, del que posee el 5,9% de las acciones, en el mercado de los combustibles fósiles, el principal foco de emisiones de gases de efecto invernadero. “Tiene a medias con Naturgy (Gas Natural Fenosa) el 49% del gasoducto Medgaz, para traer gas de Argelia a España”, recuerda Ramiro.

Martínez abunda en el hecho de que “controla acciones en compañías de combustibles fósiles por valor de 87.300 millones de dólares y también está en primeras posiciones como inversor en las ocho compañías petroleras más grandes del mundo”. Pero, más que un lavado de imagen ─greenwashing─, Ramiro insiste en que hay un acoplamiento a una realidad cambiante que hace menos rentable la inversión en hidrocarburos.

Para Pedro Ramiro, BlackRock se sitúa en el comienzo de la crisis provocada por el coronavirus en una situación óptima, ya que será un actor clave a la hora de decidir cómo se dirigen las inversiones europeas bajo unos criterios que, en cualquier caso, deben prestar la rentabilidad deseada a la propia BlackRock. Rubén Martínez explica que, con el movimiento de BlackRock, “la reducción de emisiones o la descarbonización, más que objetivos pasarán a ser la excusa con la que cerrar acuerdos donde, de nuevo, las grandes infraestructuras las pagan los Estados y los beneficios van al sector privado”. 

Ese control por parte del principal fondo de inversiones del mundo del tablero en el que se va a jugar la crisis del coronavirus ha quedado refrendado por la autorización de la Reserva Federal estadounidense (FED) para la administración de activos por parte de BlackRock. En una profundización de las medidas que se tomaron a partir de la crisis de 2008, la gestora de inversiones capitaneará tres “programas de estímulos” de la Reserva Federal. A esto se une el acuerdo del fondo con China para la gestión de los instrumentos de inversión colectiva, ETF, que han sido aprobados recientemente por el Gobierno de Xi Jinping.

BlackRock sufrió las críticas por parte de Occupy Wall Street y en la Unión Europea ha sido objeto de una campaña en Francia que lo denunció “como cómplice de la inacción climática”.

Trasladar la crisis

Rubén Martínez piensa que en estas últimas semanas estamos asistiendo “a una destrucción de antiguos capitalistas y la entrada apoteósica de nuevos capitalistas”. Para este investigador “todo apunta a que el arreglo o la solución, sea verde o rosa, va a estar diseñada bajo una gobernanza capitalista”. Todo esto, concluye Martínez, recuerda a aquello de que “el capitalismo no resuelve sus crisis, las desplaza espacial o temporalmente”.

Ramiro destaca que el proceso de reordenación del poder corporativo se traducirá en una nueva fase de concentración y acumulación en la que “lo más probable es que se vayan dando una serie de quiebras, de fusiones y de absorciones, una reestructuración del mercado mundial y por supuesto también del del mercado español”. En ese marco, BlackRock, por su posición en el Ibex, tiene un lugar privilegiado para operar en España.

“Lejos de plantear algún tipo de límites a la acumulación por desposesión, la UE y el gobierno español están favoreciendo la centralización y concentración del poder y las ganancias por parte de las grandes corporaciones”, denuncia Erika González, quien cree que las medidas puestas en marcha por el Banco Central Europeo para la compra de bonos corporativos amplían la capacidad especulativa de los inversores, que no tienen prohibido trasladar ese “dinero barato” puesto en circulación por el BCE a la llamada “banca en la sombra”. 

En España, recuerda González, las medidas para afrontar la crisis de vivienda han favorecido a Blackstone y otros fondos de inversión, agrupados en la Asociación de propietarios de vivienda en alquiler (ASVAL). Para Erika González, los movimientos que se han dado en las últimas semanas en los mercados suponen el peligro de que los mercados “nos sigan expropiando nuestros derechos y el acceso a los recursos, bienes y servicios esenciales para una vida digna”. Como en 2012, por ajenas que suenen las noticias económicas, estas indican que el dinero está inquieto y se mueve en busca de una rentabilidad que cada vez es más difícil de encontrar.

https://www.elsaltodiario.com/crisis-economica/amazon-blackstone-blackrock-crisis-oportunidad-acumulacion-poder-economico

GALERIA DE BUITRES DLXXX

El sector privado del agua manipula la crisis sanitaria en favor de sus intereses

 

En plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

La Red Agua Pública (RAP), en la que participa Ecologistas en Acción, demanda el apoyo a ayuntamientos y operadores públicos en su compromiso con la defensa del derecho humano al agua y al saneamiento, y denuncia la justificación de cortes de suministro y las modificaciones legislativas que promueve el lobby privado de los operadores de los servicios de agua para mantener sus beneficios.

La RAP pone de manifiesto la necesidad de promover y acometer la remunicipalización de los servicios privatizados para priorizar la función social y ambiental del agua.

 

La RAP ¹, de la que forma parte Ecologistas en Acción, rechaza y califica de egoísta, insolidaria y mezquina la actitud del sector privado que ha solicitado al gobierno reanudar los cortes de agua y ampliar la duración de sus concesiones. El pasado 3 de abril, el presidente de la Asociación Española de Empresas Gestoras de los Servicios de Agua Urbana (AGA) envió una carta dirigida al gobierno donde se argumenta, sin aportar datos ni tener en cuenta que las medidas de los decretos ley emitidos en relación al suministro de agua son circunstanciales mientras dure la pandemia, que, en aras a mantener la sostenibilidad del servicio, es necesario poder realizar cortes en el suministro ya que, de lo contrario, (sic) se aumentará la morosidad a muy corto plazo ocasionando un déficit financiero estructural. También plantean la necesidad de modificar la duración de los contratos concesionales para poder asumir las pérdidas ocasionadas por la disminución del consumo que creen que se producirá por la crisis sanitaria; es decir, aprovechan la crisis sanitaria para pedir modificaciones legislativas, que afectan a la Ley de Contratos del Sector Público, no avaladas por datos sino tan solo por expectativas, evadiendo la transferencia de riesgos que está implícita en los contratos de concesión.

AGA, que junto con la Asociación Española de Abastecimientos de Agua y Saneamiento (AEAS), conforman el lobby defensor de los intereses de las empresas privadas del agua en España, no ha dudado en aplicar la doctrina del shock, aprovechando la situación actual de crisis sanitaria, para intentar sacar provecho para sus intereses empresariales.

El 17 y el 31 de marzo, el gobierno aprobó sendos decretos ley en los que se concretaban medidas extraordinarias en el ámbito económico y social para hacer frente a la crisis sanitaria motivada por coronavirus, y específicamente las destinadas a garantizar, en este contexto, el suministro de los servicios públicos de agua. En el primer decreto ley (8/2020), se establecía la obligación de garantizar el acceso al agua a los colectivos con la condición de vulnerables, vulnerables severos o en riesgo de exclusión social, mientras que en el segundo (11/2020), la obligación se ampliaba al conjunto de los hogares, mientras dure el estado de alarma, dado que la condición de vulnerabilidad es previsible que se amplíe sustancialmente.

Estas medidas son coherentes con el derecho humano al agua, que establece la obligación de disponer un suministro continuo y la prohibición de cortes por motivos de vulnerabilidad económica o social. Además, en plena crisis sanitaria, se pone de manifiesto la importancia del agua, en tanto que su disponibilidad es fundamental para la vida, la higiene personal y doméstica y, en consecuencia, para la salud.

Al contrario que el sector privado, los operadores públicos de agua han estado garantizando el suministro en las condiciones establecidas en ambos decretos ley adelantándose, incluso, a su aplicación en tanto que asumen las obligaciones del derecho humano al agua de respetarlo, protegerlo y cumplirlo.

En el contexto de crisis sanitaria, y ante la actitud de AGA, la RAP reivindica los puntos siguientes:

• Suprimir las vigentes limitaciones y condicionalidades a la gestión y financiación pública de los servicios de agua previstos en la Ley de Racionalización y Sostenibilidad de la Administración Local, como paso previo a su derogación. Establecer nuevos enfoques y líneas de financiación que favorezcan la gestión pública de estos servicios públicos esenciales vinculados a derechos humanos.
• Dotar de financiación suficiente a todos los servicios públicos, en particular la sanidad y los servicios de agua, intrínsecamente relacionados al tener ambos la consideración de derechos humanos y, como se pone continuamente en evidencia durante la pandemia, ser garantes del mantenimiento de la salud humana.
• Facilitar procesos de remunicipalización que asuman la gestión no lucrativa, pública, transparente y con rendición de cuentas acorde con el paradigma definido por el marco conceptual del derecho humano al agua.
• Tras diez años del reconocimiento del derecho humano al agua por parte de la Asamblea General de Naciones Unidas, es necesario reconocerlo y regularlo formalmente, con objeto de que no se manipule su alcance y contenido en relación con sus criterios y principios definitorios, y específicamente los relativos a la no discriminación, universalidad, asequibilidad y disponibilidad, con la expresa prohibición de cortes de suministro.

Notas:

1. Red Agua Pública (RAP), es un espacio que aglutina a decenas de plataformas, organizaciones sociales, ambientales, sindicales y políticas del Estado español que promueven una visión del agua como bien común y servicio público, y luchan por la defensa de la gestión pública, sin ánimo de lucro, transparente y participativa de los servicios de abastecimiento y saneamiento. https://redaguapublica.wordpress.com

https://www.ecologistasenaccion.org/141538/el-sector-privado-del-agua-manipula-la-crisis-sanitaria-en-favor-de-sus-intereses/

28 - Abr.: Día Internacional de la Seguridad y Salud en el Trabajo

Porque la salud debe estar siempre por encima del negocio

La crisis del Covid-19 está dejando al descubierto la falta de escrúpulos de la patronal de nuestro país. En muchos casos, la salud de las personas ha sido la última prioridad, ya que se ha tratado de mantener la producción contra toda lógica, sin dotar a los trabajadores y las trabajadoras de los medios necesarios para evitar los contagios.

La siniestralidad laboral, que no ha dejado de crecer durante los últimos años, con incrementos de hasta doble dígito en algunos de los sectores más precarios, tendrá en 2020 datos todavía más trágicos.

Los políticos tampoco han estado a la altura. Y es que donde hay muertos suele haber buitres. Lejos de trabajar para que el Covid-19 no incrementase sus terribles efectos sobre la población, hemos asistido a un debate diario tan repugnante como estúpido.

La externalización de servicios públicos y, en concreto, el aniquilamiento de la sanidad pública en beneficio de unos pocos intereses privados, ha acelerado el colapso de nuestro sistema sanitario. Ambulancias que llegaban demasiado tarde, hospitales sin los medios necesarios, donde el colapso ha dado lugar a un triage escandaloso para decidir qué vidas se salvaban y cuáles se daban por perdidas.

Las personas que trabajan en los hospitales han hecho y siguen haciendo todo cuanto han podido. Pero se han tenido que enfrentar a este terrible virus sin las más elementales protecciones de seguridad. La salud de estas personas no ha importado, ni tampoco las de sus familiares.

Cuando el pico de muertes diario no dejaba de aumentar, se recurrió a una paralización de trabajos no esenciales que terminó siendo un nuevo paso en falso, ya que un número exagerado de empresas consideraron su actividad como crítica y esencial. Ni la inspección de trabajo ni las consejerías de salud de las distintas comunidades autónomas hicieron nada por evitar la imposición del criterio empresarial.

Este 28 de abril debemos recordar el valor que tiene la salud laboral dentro del mundo del trabajo. Nuestras vidas valen más que los intereses de unos pocos. Si la siniestralidad laboral derivada de accidentes de trabajo ya era insostenible, la realidad vivida a raíz del Covid-19 demuestra que el problema no estaba en la falta de previsibilidad de los hechos: se trata de un problema mucho más profundo, de un problema moral que procede de la imperdonable deshumanización del mundo del dinero.

Si esta crisis nos está enseñando algo es que no podemos vivir el primer día después del confinamiento como si no nos hubiéramos enterado de nada. Porque exigir medidas preventivas es defendernos en el sentido más literal de la palabra. Defendernos a nosotros y nosotras y a nuestras familias.

Por el cumplimiento del RD sobre COEFICIENTES REDUCTORES

http://rojoynegro.info/evento/acci%C3%B3n-sindical/28-abril-d%C3%ADa-internacional-la-seguridad-salud-el-trabajo