24 dic 2014

Convenio muerto, ánima viva

Uno de los elementos clave de la reforma laboral de 2012 ha sido la nueva regulación aplicable a los convenios cuya vigencia concluye, sin lograrse pacto para su renovación. La novedad consiste en que, salvo pacto en contrario, el convenio colectivo denunciado pierde su eficacia al cabo del año de terminación de la duración pactada; en la jerga habitual, una ultraactividad de un año. La importancia es tal que desde los inicios de la crisis económica y, sobre todo, a partir de la reforma los convenios vienen siendo denunciados por las empresas en la expectativa de poder reducir costes laborales, mientras que antes eran los sindicatos quienes los denunciaban con la pretensión de mejorar condiciones. De este modo, esta nueva regla de la ultraactividad ha tenido un importante impacto sobre la denominada devaluación salarial.
La regulación prevé que la pérdida de ultraactividad provoca la aplicación del convenio de ámbito superior, pero dejaba una importante laguna sin concretar. No determina qué sucede cuando no existe convenio de ámbito superior. De ahí que la sentencia dictada por el pleno del Tribunal Supremo sea de enorme trascendencia al resolver esta cuestión. Al fallar el Tribunal que, a pesar de que el convenio ya está derogado, su contenido sigue siendo exigible automática e inmediatamente porque son condiciones pactadas individualmente a través del contrato desde el mismo momento de su celebración, le está otorgando una importante eficacia refleja al convenio ya derogado.
El convenio no se mantiene ultraactivo, pero es una especie de zombi, con una importante capacidad de resistencia a la reducción salarial y de condiciones laborales. Eso sí, la sentencia recuerda que el Estatuto de los Trabajadores contempla un canal específico que permite esa reducción, que previa consulta y concurriendo causas posibilita que unilateralmente lo imponga el empleador. La sentencia resulta razonable desde el punto de vista de que otro criterio colocaría en posición de enorme debilidad a ciertos trabajadores y, además, proporciona seguridad jurídica en el asunto resuelto, hasta ahora muy incierto.
Sin embargo, quedan todavía importantes flecos por resolver, que serán igualmente influyentes. Tres flecos principales: primero, saber cuáles son las condiciones aplicables a los trabajadores que son contratados después de la pérdida de vigencia del convenio y si ello va a provocar un escenario de dobles escalas salariales o de segmentación laboral entre nuevos y viejos; segundo, qué tipo de causas pueden justificar que el empresario utilice el procedimiento legal de modificación de las condiciones de los convenios ya derogados; tercero, qué materias de las contenidas en el convenio derogado se incorporan al contrato y cuáles no.
Jesús Cruz Villalón es Catedrático de Derecho del Trabajo y de la Seguridad Social de la Universidad de Sevilla.

22 dic 2014

¿Saliendo de la crisis? Los salarios más bajos y desiguales desde 1992

El Gobierno insiste en la salida de la crisis mientras los datos estadísticos muestran un aumento de la desigualdad y una merma del poder adquisitivo de la población asalariada.
La Agencia Tributaria acaba de publicar los peores datos sobre monto y distribución de salarios desde 1992. Las rentas del capital cada vez se apropian de un mayor porcentaje de la renta nacional a costa de la población asalariada.
La Agencia Tributaria publicó el pasado 20 de noviembre la Estadística de salarios(1) correspondiente a 2013, la última de una serie que se inició en 1992 con el fin de dar a conocer el registro de los salarios que los empleadores están obligados a declarar a la Hacienda pública (modelo 190). Por definición esta estadística no incluye el empleo sumergido pero tiene la ventaja de recoger a todas las personas con contrato formal a lo largo de cada año, sea cual sea la rama laboral o la duración de su empleo. El Barómetro Social de España utiliza esta fuente como la más completa para conocer la evolución y distribución de los salarios. Otras estadísticas de salarios, como la de Costes Laborales (encuesta trimestral a las empresas) o la de Estructura Salarial y la de Decil de salarios del empleo principal (ambas asociadas a la Estadística de Salarios de la Agencia Tributaria) presentan importantes limitaciones de cobertura del empleo eventual y de franjas laborales como la agricultura, el servicio doméstico, etc., con el resultado de que algunos de los sectores más precarios del mercado laboral quedan invisibilizados.(2)
La Estadística de salarios de la Agencia Tributaria ha registrado en 2013 el salario medio más bajo de los últimos 22 años. El pico más alto corresponde a 1993 cuando se alcanzó un salario medio que, en euros constantes, superaba en un 14% al de 2013; el segundo pico corresponde a 2009, con un salario medio un 13% mayor que el último publicado.
La evolución del salario medio en las dos últimas décadas no ha sido lineal sino que ha oscilado recorriendo tres etapas: descenso de 12 puntos porcentuales de poder adquisitivo entre 1993 y 1999, a caballo entre la crisis de 1992-93 y el inicio del largo ciclo expansivo que le siguió; subida de 13 puntos entre 1999 y 2009, coincidiendo con la última etapa del ciclo expansivo y los primeros años de la crisis; y nueva bajada de 11 puntos entre 2009 y 2013. Los perceptores de salarios han pasado, según la Agencia Tributaria, de 19,3 millones de personas en 2007 a 16,7 millones en 2013, es decir, se han reducido en un 13,5% en la reciente etapa de crisis; sin embargo, la masa salarial (la suma de todos los salarios) se ha reducido mucho más (-19,6%), dando lugar a una caída importante del salario medio.
Los salarios reaccionan con retraso a las fluctuaciones de los ciclos económicos y con tendencia general a la baja, a diferencia del capital accionarial de las empresas, que es hipersensible a las coyunturas económicas y con tendencia general al alza. Así, el resultado final para el período cubierto por el Barómetro social de España (1994-2013), es el que se recoge en el Gráfico 2: mientras el PIB ha experimentado un crecimiento global del 45% (de 0,7 a 1 billón de euros constantes de 2013), el valor del capital en acciones se ha revalorizado en un 371% (de 0,4 a 2 billones) y el salario medio se ha depreciado en un 8% (de 20.100 a 18.500 euros, en cómputo anual). Como consecuencia la participación de los salarios en la renta nacional es cada vez menor, perpetuando la tendencia a la redistribución regresiva de la riqueza y la desigualdad social.
Una caída salarial desigualmente repartida
Si observamos la evolución salarial por tramos de edad en el último ciclo de crisis (2007-2013), resulta sorprendente que la bajada por tramos haya sido mucho mayor que la reflejada por el salario medio, debido a que la mano de obra ocupada juvenil (menos de 26 años), con salarios mucho más bajos, se ha reducido en un 46%, mientras las personas asalariadas mayores de 35 años, con salarios más altos, han aumentado casi un 4%, escorando hacia arriba el valor del salario medio. Al comienzo de la crisis se destruyeron los empleos más precarios, lo que impulsó en 2008 y 2009 una ligera subida del salario medio y una disminución del abanico salarial, pero a continuación se produjo un deterioro de las retribuciones de la mayoría de la población asalariada, sobre todo de los segmentos más precarios, volviendo a ampliar las diferencias y bajar los valores promedio. El Gráfico 3 recoge la bajada salarial en el último ciclo de crisis por tramos de edad, que ha sido casi tres veces mayor en la juventud que entre los mayores de 35 años.
Nivel récord de desigualdad salarial
La polarización entre los salarios altos y bajos se ha incrementado de forma importante en la última etapa de crisis: el año 2013 registra la mayor desigualdad de la serie estadística iniciada en 1992 (Gráfico 4). Este indicador se obtiene dividiendo el salario medio de quienes ganan por encima de cinco veces el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) y el de quienes ganan por debajo del SMI en cómputo anual. En 2013 el salario medio del primer grupo (6,2% de la población asalariada, 1 millón de personas) fue 19,2 veces mayor que el del segundo (34,5% de la población asalariada, 5,7 millones de personas). El grupo con mayores ingresos percibió una media anual de 69.389 euros mientras que el segundo percibió 3.617 Euros.(3)
Desigualdad salarial
La polarización entre los salarios ha sido siempre muy elevada en España, con una ratio de distancia entre los salarios altos y bajos de entre 16 y 20 veces, experimentando también oscilaciones relativas en función del ciclo económico, tal como se recoge en el Gráfico 4. En 2013 nos encontramos en el pico de desigualdad más alto –por ahora- de la actual etapa de crisis, aunque esta situación se produjo también en 1996. La diferencia es que en aquella fecha el deterioro salarial se producía principalmente en base a un fuerte incremento del empleo temporal; en cambio, en la actualidad la tasa de temporalidad se encuentra en valores mínimos y el deterioro de las retribuciones afecta también al empleo indefinido, debido a la presión combinada del desempleo y de las reformas laborales que han debilitado enormemente la capacidad de negociación y defensa de la población asalariada.
Las ganancias del capital se recomponen, mientras los salarios se hunden
Según la Contabilidad Nacional de España la participación de los beneficios de las empresas en el reparto de la renta ha experimentado un continuo crecimiento relativo entre 2010 y 2013 (+2,4 puntos del PIB), en paralelo con una continua pérdida de peso de los salarios (-3,4 puntos del PIB)
Un indicador parcial de este proceso es la evolución opuesta del valor patrimonial del capital en acciones que en el mismo período (2010-2013) ha aumentado el 3,6%, según el Banco de España, mientras el volumen anual de la masa salarial se ha reducido en un 16,4% (todo en euros constantes).
Los avances de la Contabilidad Trimestral de España registran un crecimiento extraordinario del 23% del valor de las acciones entre el segundo trimestre de 2013 y el mismo período de 2014, lo que ha generado en tan corto espacio de tiempo un plusvalor de 418.000 millones de euros. El discurso gubernamental que afirma que “la crisis ha quedado atrás” sólo es coherente con la situación de estos capitalistas, pero suena a broma pesada para quienes viven de un salario y, más aún, para los millones que no encuentran empleo y han sido abandonados por las políticas públicas. El Gobierno busca apuntalar la ingenua creencia de que “a todos nos irá mejor si los ricos hacen negocio”, pero su política se basa precisamente en lo contrario: en empobrecer a la población asalariada en pos de recomponer la ganancia de una clase social que vive de espaldas a las expectativas e intereses de la mayoría.

Notas

1. Según la metodología de esta fuente, se incluyen todos los trabajadores por cuenta ajena cuyas percepciones, dinerarias o en especie, han sido satisfechas por la persona o entidad declarante en concepto de rendimientos del trabajo. El País Vasco y Navarra no se recogen en esta estadística, de la que no se publicaron datos en 1997 y 1998.
2. No obstante, la evolución negativa de las percepciones salariales se confirma, tanto en la Encuesta de Costes Laborales como en la de Estructura Salarial o la de Decil de salarios del empleo principal.
3. Por comunidades autónomas la mayor desigualdad en el reparto de los salarios corresponde a Madrid (ratio de 19,9 entre los salarios altos y bajos) y la menor a Cantabria (ratio de 16,5).

19 dic 2014

España, a la cabeza en horas trabajadas entre las grandes economías de la Eurozona

La oficina estadística europea, Eurostat, ha detallado que en 2012 el número de horas trabajadas en España alcanzó una media de 1.719 horas, lo que representa un descenso medio de 19 horas respecto al dato de 2008.
Bajan las horas trabajadas, pero España sigue siendo el país donde más tiempo se trabaja de entre las grandes economías de la zona euro, muy por encima de las 1.555 horas de Francia, de las 1.565 horas de Italia y de las 1.641 de Alemania.
En el conjunto de la zona euro, la media de horas trabajadas al año en 2012 alcanzó un total de 1.629 horas, un descenso de 32 horas al año respecto a 2008, mientras que en el conjunto de los Veintiocho, la media se situó en 1.735 horas, 15 horas menos que en 2008.
El mayor número de horas trabajadas al año correspondió a Malta (1.961 horas), por delante de Rumanía (1.850 horas) y Chipre (1.794 horas), mientras el menor número de horas se registró en Bélgica (1.462 horas), Francia (1.555) e Italia (1.565).
Eurostat también arroja que el coste laboral medio por hora trabajada en España se situó e 2012 en 21,1 euros, una cifra un 28% inferior a los 29,3 euros de media en el conjunto de la zona euro y un 12,8% por debajo de la media de 24,2 euros de la Unión Europea, según ha informado la oficina comunitaria de estadística, Eurostat.
Los costes laborales de España son un 28% inferior a los de la media de la zona euroDe este modo, España se situaría como el octavo país con menores costes laborales por hora de la eurozona, y muy por debajo de los niveles registrados entre las grandes economías del bloque, ya que en Francia alcanzaron 34,6 euros, 31,6 en Alemania y 28 en Italia.
De este modo, el coste laboral medio por hora experimentó en España un incremento del 9% entre 2008 y 2012, con un alza de 6,9 puntos del componente salarial y de 2,1 puntos del extrasalarial.
En el conjunto de la zona euro, este incremento fue del 11,8%, con un avance de 9,1 puntos de los salarios y de 2,7 en el componente extrasalarial. En la UE, el incremento medio observado fue del 10,9%, con un alza del 8,2% de los salarios y del 2,7% en el componente extrasalarial.
Entre los países de la eurozona, los mayores costes laborales medios por hora se registraron en 2012 en Bélgica (38 euros), por delante de Francia (34,6) y Luxemburgo (34,1), mientras los menores correspondieron a Letonia (6), Estonia (8,6) y Eslovaquia (9).
Los mayores costes laborales medios por hora están e Dinamarca: 40,1 euros por horaEn el conjunto de los Veintiocho, los mayores costes laborales medios por hora correspondieron en 2012 a Dinamarca (40,1 euros), por delante de Bélgica (38) y Suecia (37,3), mientras los más bajos se registraron en Bulgaria (3,4 euros), Rumanía (4,1) y Lituania (5,9).
Atendiendo a los diversos sectores, en España los menores costes laborales medios por hora se registraron en 2012 en alojamiento y actividades de servicio de alimentación, donde alcanzó los 13,8 euros, por debajo de los 17,9 del comercio y los 20,9 en la construcción.
Por su parte, en el sector de cuidados sanitarios y trabajo social el coste fue de 22,3 euros, por debajo de los 22,4 en las manufacturas, los 23,7 euros en el sector educativo y los 24 en actividades técnicas y científicas. Por su parte, el sector financiero y asegurador registró los mayores costes laborales por hora al llegar a 39,6 euros.
En todos los sectores, los costes laborales medios por hora de España se situaron por debajo de la media de la eurozona, donde los más elevados correspondieron al sector financiero (48,5 euros) y el más bajo al sector de alojamiento y servicios de alimentación (16,9 euros).
Por países, el mayor coste medio correspondió en 2012 al sector financiero belga (67 euros), mientras que el menor se registró en el sector de alojamiento y servicios de alimentación en Bulgaria (2,2 euros).

El TS restituye la ultraactividad de los convenios eliminada por la reforma laboral

El Tribunal Supremo ha rectificado uno de los puntos más nucleares de la reforma laboral, al sentenciar que los derechos recogidos en los convenios colectivos seguirán vigentes a pesar de que estos acuerdos hayan caducado y haya transcurrido el año de prórroga que recoge la ley, según ha avanzado elpais.com y confirmado el Alto Tribunal.
De esta forma, en contra de lo que persigue la ley y el espíritu de la reforma laboral, los trabajadores no perderán sus derechos si su convenio ha caducado y los trabajadores no consiguen pactar un nuevo acuerdo en el año siguiente al término de su vigencia. Es más, el Supremo va más allá al asegurar que "las condiciones pactadas en el contrrato de trabajo desde el momento mismo de su constitución, sea directamente o por remisión a lo establecido en el convenio colectivo de aplicación, tienen naturaleza jurídica contractual y por ello siguen siendo exigibles entre empresa y trabajador (...) aunque haya expirado la vigencia del convenio colectivo de referencia".
Dicho esto, el Supremo emplaza a las empresas a que si quieren cambiar estas condiciones contractuales lo hagan a través de su modificación "si concurren circunstancias económicas, técnicas, organizativas o productivas", según establece el artículo 41 del Estatuto de los Trabajadores. Y añade que todo ello "sin perjuicio de que continúe la obligación de negociar un nuevo convenio"
Según Elpais.com la Sala de lo Social del Supremo ha considerado por ocho votos frente a seis, que aunque un convenio colectivo termine su vigencia, sea denunciado y pasen doce meses sin lograr pactar uno nuevo, los derechos colectivos de dicho acuerdo se contractualizan, es decir, pasan a ser individuales de cada trabajador afectado, que no los pierde.
La sentencia, que aún no se ha publicado, se refiere al caso de la empresa balear ATESE que terminó la vigencia de su convenio el 7 de julio de 2013, justo el día en el que según la ley, vencían los convenios caducados un año antes y no renovados. Los trabajadores de esta empresa, recibieron el sueldo de ese mes con dos fórmulas de cálculo: hasta el día 7 según lo recogido por el convenio vencido y a partir de ese día con lo que marca el Estatuto de los Trabajadores.
La decisión de la empressa provocó la demanda de la Unión Sindical Obrera (USO), a la que posteriormente se adhirieron después el resto de sindicatos con representación en la empresa (UGT, CC OO y CSI-F). El Tribunal Superior de Justicia de Baleares ya consideró que los trabajadores debían de cobrar su sueldo íntegro tal y como está recogido en el convenio a pesar de que éste hubiera terminado su vigencia y agotado su prórroga automática de un año. Así, este tribunal declaró no ajustada a derecho la conducta empresarial ante lo que la compañía interpuso un recurso de casación que ahora ha sido desestimado por el Supremo.

18 dic 2014

Una ley de mutuas hecha para los empresarios

Bajo la promesa de “modernizar su funcionamiento” se oculta la intención de perpetuar estas entidades privadas.
El 5 de diciembre la Comi­sión de Empleo y Segu­ridad Social remitió su dictamen al Congreso de los Dipu­tados, tras la oportuna deliberación sobre el Proyecto de Ley por la que se modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico de las Mutuas de Accidentes de Traba­jo y Enfer­me­dades Profesio­nales de la Se­guri­dad Social, y una vez aprobadas las enmiendas que han considerado pertinentes. En breve, con el apoyo básicamente de PP y CiU y el rechazo del resto de fuerzas políticas, se aprobará dicha norma con rango de ley.
Aunque la Exposición de Mo­tivos viene a señalar que el objetivo de la reforma es “modernizar el funcionamiento y gestión de estas entidades privadas, reforzando los niveles de transparencia y eficiencia”, a renglón seguido viene a remarcar cuál es el verdadero fin de la nueva regulación de las mutuas de accidentes de trabajo –a partir de ahora, bajo la nueva denominación de Mutuas Colaboradoras de la Segu­ridad Social– y que no es otro que “la lucha contra el absentismo laboral injustificado y la sostenibilidad del sistema de la Seguridad So­cial”. O, lo que es lo mismo, agilizar la finalización de los procesos de incapacidad temporal por enfermedad común y accidente no laboral e introducir mecanismos que permitan a las mutuas presionar a los trabajadores para, por una parte, atemorizarlos para que no causen procesos de baja médica y, por otra, fiscalizarlos desde el primer momento en que acceden a la prestación económica de incapacidad temporal.
Pero, vayamos por partes. Antes de analizar los derechos de las personas trabajadoras que se ven afectados por esta nueva regulación de las mutuas, recordemos que bajo la promesa de “modernizar su funcionamiento” se oculta la verdadera intención, que es la de perpetuar esta institución. Como señaló el diputado de ERC Albert Bosch, “en el resto de países las mutuas desaparecieron hace ya medio siglo, quedando con carácter general estas competencias en manos de la Adminis­tra­ción Pública. Sin embargo, aquí, al igual que sucedió con otras instituciones franquistas, las mutuas siguieron campando a sus anchas y eso, al entender de Amaiur y de muchos especialistas en la materia, tiene bastante que ver con el crónico puesto de cabecera que el Estado español ocupa en la Unión Europea en materia de accidentes de trabajo y ocultación de enfermedades profesionales”.
En la nueva regulación se siguen definiendo como en la anterior, es decir, asociaciones de empresarios, de naturaleza privada, sin ánimo de lucro, cuyo objeto exclusivo es la colaboración en la gestión de la Seguridad Social y cuyo ámbito de actuación se extiende a todo el territorio nacional. Son, mejor dicho, siguen siendo, la privatización de una parte importante de nuestra Segu­ridad Social, por cierto, cada vez menos protectora y cada vez menos pública.

Bajas médicas

Entrando en materia, esta reforma, además de perpetuar estas trasnochadas entidades, establece una nueva regulación que supone un ataque frontal contra los derechos de las personas trabajadoras.
Así, la nueva redacción de la Dis­posición Adicional Undécima de la Ley General de la Seguridad Social permite a las mutuas, con respecto a la prestación económica de incapacidad temporal por contingencias comunes –básicamente, enfermedad común–, su denegación, suspensión, anulación y, ahora también, su extinción –que podría llegar a producirse incluso aunque el trabajador continuase en situación de baja médica, desligando la necesidad de asistencia sanitaria de la necesidad económica, lo cual es simplemente aberrante–. Y es que la norma permite ahora a las mutuas que efectúen el control, también sanitario, de las altas y bajas médicas por parte de los servicios públicos de salud, desde que reciban el parte médico de baja, que será de inmediato –“a partir del día de la baja médica”, se señala literalmente–, toda vez que las empresas comunican las mismas a la Seguri­dad Social por vía telemática.
Tampoco puede obviarse que se establece un sistema de “propuesta motivada de alta” que permite a las mutuas acudir a Inspección Médica y al INSS para que emitan inmediatamente altas médicas y poder declarar la extinción de la prestación económica. Peor aún, además están legitimadas para suspender cautelarmente la prestación hasta que se resuelva sobre la procedencia de la extinción, en un claro intento de presionar al trabajador para que voluntariamente cause alta médica.
Y lo anterior sin olvidar que, desde ahora, se permite, en una clara y grave intrusión ilegítima en el derecho a la integridad física y moral de los trabajadores y con una absoluta falta de respeto hacia su intimidad personal, que las mutuas puedan realizar pruebas diagnósticas y tratamientos terapéuticos y rehabilitadores “con la finalidad de evitar la prolongación ­innecesaria de los procesos”. En vez de atacar la raíz del problema, que son las listas de espera, y los recortes en sanidad pública, se ataca al ciudadano, al que se obliga a ser tratado por servicios facultativos que en muchas ocasiones no cumplen con los parámetros de calidad en la asistencia sanitaria. Recor­demos que sus servicios médicos son privados y prima la reducción económica de la prestación del trabajador sobre su derecho a la salud, que en modo alguno está garantizado con este sistema de control. Si el trabajador se niega a recibir el tratamiento, la mutua podrá suspender la prestación e incluso instar la propuesta motivada de alta.
En definitiva, no se modifica realmente la regulación de las mutuas, sino que exclusivamente se “maquilla” a las mismas para que continúen siendo asociaciones de empresarios “sin ánimo de lucro” que persiguen a los trabajadores enfermos para que no puedan percibir las prestaciones de bajas médicas por enfermedad común. Un nuevo ataque a los derechos de las personas trabajadoras. Otro más.

Los directivos de mutuas suben su límite de sueldo

El 15 de diciembre, el Senado dio el visto bueno a la revisión de los límites que se habían impuesto a los ejecutivos de las mutuas. De este modo, según resaltó Europa Press, los ejecutivos de las mutuas podrán cobrar más que el ministro de Empleo.
 2015
Es el límite que el Gobierno ha puesto para una de las únicas condiciones puestas a las mutuas: la venta de sus filiales de prevención de riesgos. A cambio, las mutuas podrán alquilar sus inmuebles a precio de mercado.

STOP LEY MORDAZA

15 dic 2014

IBERIA: ERE 187/14

ERE 187/14:Consecuencias de la sentencia s/ denuncia CGT a la

Disposición Final Quinta

- La sentencia limita la duración del ERE a 31/12/2015 por lo que se logra la no aplicación, durante el periodo 2016-2017, de la disposición final quinta. La cual contempla despidos con 21 días por año en caso de que el trabajador se niegue a novación de contrato con reducción de jornada y reducción salarial. Gracias a nuestra demanda, hemos garantizado que la empresa no dispondrá de la herramienta coactiva contenida en la disposición final 5ª en los años 2016 y 2017.

- En los Fundamentos de Derecho se remarca el hecho de que es la comisión de seguimiento del ERE y no la empresa quien tiene la llave para despedir forzosamente a cualquier trabajador. Por tanto, en caso de que se diera el caso, hay que presionar a los sindicatos integrantes de dicha comisión, porque serán corresponsables de cualquier despido forzoso que la empresa intente llevar a cabo.

- En los Fundamentos de Derecho indica que, en caso de que el trabajador en cuestión hubiera pedido alguna modalidad de salida o recolocación voluntaria y la empresa se la hubiera denegado, para a continuación activar el procedimiento regulado en la DF 5ª, el despido forzoso debería considerarse en fraude de ley y postularse su nulidad.

- Esta sentencia paraliza las prejubilaciones del ERE entre 2016 y 2017, lo cual puede generar malestar entre estos compañeros. Lo entendemos, pero para beneficiar a unos pocos no podemos, ni debemos condenar al resto de la plantilla a unas medidas injustas que pueden ocasionar la reducción de jornada y salario o el despido a 21 días por año, máximo 12 mensualidades, en caso de aplicar la disposición final 5ª. No solo se trata de ser justos sólo con los que se van, sino también con los que se quedan.

- En la firma del último convenio colectivo ambas partes firmantes partieron de la base de que existían causas objetivas que justificaban ciertas medidas extremas que nos afectan a todos económicamente y precarizan nuestros puestos de trabajo. Esta sentencia desmonta este argumento pues viene a decir que se han utilizado datos económicos del año 2013 para justificar “despidos remunerados a cambio de precariedad” hasta 2017 lo cual, a criterio del juez, es excesivo y sentencia que solo pueden justificarse hasta 31-12-2015 por lo que entendemos que el resto de recortes que nos han aplicado vía convenio quedan claramente deslegitimados a partir de esa fecha. Que ciertos sindicatos hayan firmado se deberá a razones oscuras que se nos escapan.

CGT - IBERIA

14 dic 2014

Las historias cautivas de los CIE (centros de internamiento de extranjeros)

"Yo quiero saber muchas cosas. Tengo muchas preguntas que necesitan respuestas". Habla Peggy. Su marido fue expulsado de España ocho días antes del nacimiento de su hija y golpeado y maltratado por los agentes que le acompañaban en el vuelo de vuelta a su país. Su historia, y las de Mourtada y Samuel, conforman el hilo narrativo de un documental que trata de visiblizar qué ocurre realmente dentro de los Centros de Internamiento de Extranjeros (CIE).
¿Qué es un CIE? "Imagina que cometes una falta administrativa; por ejemplo, el impago de una multa de tráfico. En lugar de una sanción, te detienen y eres conducido a una especie de prisión donde, de repente, pierdes todos tus derechos civiles, eres aislado del mundo exterior y quedas incomunicado. Una vez dentro, no tienes acceso a servicios médicos y sociales, tus objetos personales quedan confiscados y compartes habitación con ocho desconocidos, alguno de ellos con enfermedad mental sin acceso a medicación y algún otro con antecedentes penales". Así define David Marrades, realizador de 23 30, Una historia cautiva, la situación de muchos inmigrantes detenidos y encerrados en los CIE antes de ser expulsados de España.
Sus testimonios podrían ser los de muchos inmigrantes retenidos, pero ¿cómo se ingresa en los CIE? ¿Cuál es su función real? ¿Qué implicaciones tiene a nivel jurídico y ético para nuestras sociedades? ¿Por qué es casi imposible acceder a ellos? Son preguntas que se ha querido hacer el director del documental, que acaba de lanzar  campaña de crowdfunding en Verkami para buscar colaboraciones de cara a cerrar del todo el proyecto e iniciar la distribución.
"Las cloacas del Estado", "centros de sufrimiento", "instrumentos de miedo y de control", "cárceles racistas", "una política criminal encubierta", ... Son algunas de las denominaciones que utilizan algunos de los participantes en la cinta para referirse a los CIE. El enfoque y la finalidad de la grabación los define el propio Marrades en su web, donde destaca la participación de personas relevantes directa o indirectamente relacionadas con la gestión de los CIE desde ámbitos muy diversos.
Existen unos 280 CIE en Europa, ocho de ellos en España y uno sólo en Andalucía, el de Algeciras-Tarifa, al que  el Gobierno vetó recientemente la entrada a la prensa, planteada semanas atrás por la red europea Migreurop dentro de su campaña Open Access now por el derecho a la fiscalización de los lugares de encierro. Ni políticos en el Gobierno, ni directores de centros, ni empresas relacionadas con la gestión de los CIE o los vuelos de deportación ha querido hacer declaraciones para alimentar el debate ("ha sido imposible", lamenta en conversación telefónica con eldiario andalucia), aunque sus posiciones y algunos de sus testimonios públicos han quedado igualmente recogidos en el documental.
Se han rodado más de 25 horas. Ha sido "un trabajo de más de un año absolutamente autofinanciado con la expectativa de poder profundizar en un tema que espero que tenga cuanta mayor repercusión y relevancia mediática mejor para lograr sensibilizar a la gente", explica Marrades. El caso de los abusos de Málaga, la muerte de Samba Martine y otras historias también son mencionadas en el documental, comenta.
 
Cuando el Congreso de los Diputados acaba de aprobar la Ley de de Seguridad Ciudadana, incluidas las devoluciones en caliente en Ceuta y Melilla, existen otras historias más allá de los límites fronterizos y que se viven a diario en los ocho CIE que existen en España. "Los CIE representan el lado más oscuro y difícil de explicar el ya de por sí complejo y desproporcionado aparato represivo del Estado para frenar la inmigración irregular, cuyo devastador coste humano y siniestras consecuencias morales descubriremos por medio del relato y las historias de Mourtada, Samuel y Peggy", apunta el director del documental, de 36 años, resicdente en Valencia.
Un documental a partir del testimonio de sus protagonistas. 23 30 Una historia cautiva busca dar una visión amplia acerca del fenómeno y arrojar algo de luz sobre la realidad de los CIE, para muchos desconocida. Las historias cruzadas de Mourtada Seck, Samuel (nombre ficticio) y Peggy, alguna de las cuales ha tenido relevancia mediática, y la reconstrucción de sus vivencias, constituyen el eje de una película que también se hará eco de algunos de los casos más paradigmáticos y de los sucesos más relevantes que han acaecido dentro de estos centros.

13 dic 2014

El uso de sedaciones forzosas en los vuelos de deportación llega al Parlamento Europeo

Las sedaciones forzosas en los  vuelos de deportación llegan al Parlamento Europeo. La eurodiputada de Izquierda Unida, Marina Albiol, ha registrado una pregunta para que el Consejo y la Comisión expresen qué opinión les merece la utilización de fármacos por parte de la Policía Nacional, a través de prescripción de un médico adscrito al Cuerpo, para adormecer a los inmigrantes expulsados de forma forzosa, tras haber sido publicado por eldiario.es.
El protocolo español de repatriaciones deja abierta la puerta a la utilización de sedantes. El Ministerio del Interior lo permite siempre y cuando el médico que acompaña al operativo apruebe su utilización "por razones de seguridad". Ese profesional sanitario es un funcionario adscrito a la misma Dirección General de la Policía o el doctor del Centro de Internamiento para Extranjeros (CIE) de la ciudad de partida del vuelo –un médico privado–, según fuentes policiales. El Consejo de Europa tampoco prohíbe estas prácticas, aunque pone condiciones a su uso.
La pregunta de IU menciona la legislación europea reguladora de la organización de aquellos vuelos de expulsión a terceros países a personas que hayan recibido la notificación de expulsión. "El uso de sedantes  para facilitar la expulsión está prohibido", deja clara la disposición comunitaria, aunque añade: "Sin perjuicio de las medidas de urgencia que se impongan para garantizar la seguridad del vuelo".
Sale de Melilla un primer grupo de inmigrantes hacia centros de la península No sería la primera vez que las instituciones europeas entran a valorar las sedaciones en estos vuelos. Hace tres años, el comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa recomendó a todos los estados miembros que realizaran informes médicos previos y posteriores a la expulsión para, así, garantizar el buen estado de salud de los inmigrantes. También apostó por una mayor transparencia en este tipo de operativos con un sistema de control más independiente.
España prohibió las sedaciones salvo por prescripción de un médico a sueldo de la Policía Nacional tras la muerte de Osamuyi Aikpitanyi, de origen nigeriano, en un vuelo de deportación Madrid-Lagos. Las ONG aseguran que murió de asfixia por culpa de la cinta que amordazaba su boca.
¿Dónde está el límite? La ONU recomienda que a la hora de administrar sedantes, estos deban ajustarse a criterios estrictamente médicos para no incumplir la normativa. Amnistía Internacional afirma que muchas veces es imposible comprobar si los médicos del dispositivo emplean la sedación de acuerdo con los criterios estrictamente médicos.
En uno de los últimos vuelos de deportación, el 20 de noviembre, un testigo directo contó a eldiario.es cómo la Policía Nacional sedó a tres personas para lograr subirlas al avión atadas de pies y manos con destino Senegal y Nigeria. "No sé si los españoles saben qué pasa allí dentro... no lo creo", dice uno de los repatriados y que viajaba en ese vuelo tras más de diez años en España.
Para Marina Albiol, las sedaciones forzosas en los aviones de repatriación "vulneran los derechos fundamentales de los deportados, y no solo por el hecho de estar siendo deportados que ya es grave, sino también por cómo se está realizando". Con todo, exige a Bruselas que dé un paso al frente "aplicando las sanciones oportunas al Gobierno español".

Chinches en el CIE de Valencia

Izquierda Unida también ha incorporado otra pregunta rumbo a los mismos destinatarios que la anterior, el Consejo y la Comisión europea. En esta ocasión, bajo el título 'Plaga de chinches en el CIE de Zapadores (Valencia)', la formación pretende que Bruselas conteste si piensa abrir una investigación a fin de comprobar el cumplimento todas las medidas de salud e higiene imprescindibles en los CIE españoles. Y todo, recuerdan, ante el "largo historial de quejas que alertan sobre las condiciones". Las fotos publicadas por eldiario.es han servido a IU para reforzar su pregunta incluyendo ilustraciones sobre la plaga en el CIE de Zapadores.
A la espera de lo que responda Bruselas, la respuesta parece clara si atendemos a las denuncias de la 'Campaña por el Cierre de los CIE'. Esta plataforma asegura que en el Centro de Internamiento de Valencia se están vulnerando varios derechos como el de la salud. La plaga de chinches fue declarada a principios de verano. Ya han presentado una denuncia para tome partido el juzgado encargado de velar por el bue hacer en el CIE, algo que hasta el momento "no está ocurriendo, hay inoperancia judicial", dice la plataforma.
Rachid contó su experiencia en el CIE de Valencia a eldiario.es. Aseguró que los insectos están por todos los lados, "hasta en la comida". Frente a la versión de la Policía Nacional, él sostiene que han venido varias veces a fumigar pero que el problema persiste ya que los remedios que utilizan son muy básicos. La plataforma 'CIEs NO' comparte el análisis, y añade que en la primera fumigación se decidió desalojar todo el edificio, lo que conllevó que a unos les mandaron a Madrid, otros a Barcelona, y el resto corrió peor suerte: se aprovecho la oportunidad para, según la plataforma, repatriarlos.

La aviación española cae en manos foráneas y low cost

Acabada la crisis, al menos eso es lo que momentáneamente debemos creernos, el transporte aéreo en España empieza a recuperar su tono perdido, con un escenario en 2015 que probablemente sea el que va a dominar el país en un futuro cercano.
 ¿Cómo es el nuevo marco que emerge tras la crisis? Ahora lo explicaré pero básicamente se debe resumir en dos características: España ha perdido la propiedad de la casi totalidad de sus aerolíneas y, en segundo lugar, se ha convertido en un mercado abrumadoramente controlado por los productos low cost, en sus diversos grados. Veamos con más detalle qué ha ocurrido y cómo se presenta la recuperación.
En primer lugar, las aerolíneas españolas pierden peso. A principios de siglo, Iberia, Air Europa y Spanair dominaban el mercado nacional de forma apabullante. Pasada la crisis, el panorama es bien diferente: lo más evidente es que la totalidad del mercado interior español y la casi totalidad de las conexiones europeas están en manos de las low cost sean estas ultra low cost (Ryanair), o low cost con clase (Vueling o Iberia Express).
La segunda evidencia clamorosa de la crisis es que hoy en España sólo queda una aerolínea de capital nacional: Air Europa. Podríamos quizás mencionar otras compañías mucho más pequeñas, como Air Nostrum, pero fuera ya de las diez primeras. Por muchas vueltas que le demos, la realidad es que Iberia y Vueling son filiales españolas de una empresa británica, lo cuales una consecuencia de la crisis, de la gestión nefasta de los operadores públicos, de la incompetencia de los privados, y de la alocada actitud de los sindicatos del sector. Encima debemos estar contentos de que Iberia, aunque británica, siga abierta. No siempre pareció que iba a ser así.
La crisis ha puesto a los gestores contra las cuerdas: les ha encarecido costes, les ha reducidoingresos y, por lo tanto, ha hecho emerger los números rojos a duras penas escondidos en la bonanza. Así, pues, Ryanair e EasyJet aprovecharon para entrar en el mercado. La segunda no soportó el embate de la crisis española, que en 2010 y 2011 fue especialmente duro, sobre todo cuando encima el operador público que gestiona en monopolio los aeropuertos decidió disparar sus tarifas. Lógicamente, era lo que le faltaba a las españolas.
Por lo tanto, hoy la líder en España es Ryanair, con 21 millones de viajeros (todos los datos de este análisis corresponden a los tres primeros cuatrimestres de este año). La irlandesa es, con diferencia, la que tiene los menores costes operativos, la que tiene un marketing más agresivo, de forma que ha sorteado la crisis siempre con beneficios y expandiéndose, aunque en España llevado dos años de “wait and see”. Hay que introducir matices a sus cifras: una parte sustancial de ellas se alimenta con vuelos no interiores, que Ryanair origina en otros países, y que se corresponde con nuestra particularidad como destino turístico, en parte, y en parte como destino de viajes generales.
La segunda aerolínea del nuevo panorama, con dos tercios (14 millones) de los viajeros de Ryanair, es Vueling. La filial española de la británica IAG ha sido capaz de construir un modelo de ‘low cost’ menos agresivo que a partir de Barcelona ha desarrollado una red muy poderosa, ahora extendida por toda Europa, especialmente en el sur.
La tercera aerolínea de nuestro mercado es EasyJet (9,8 millones), aunque ya no tiene bases en España. Se ha convertido en un referente en los vuelos entre ciudades en Europa, aunque tiene olvidado, por el momento, el mercado interior español que sólo le daba dolores de cabeza. 
La cuarta aerolínea del país es Iberia (8,2 millones). Nadie en los noventa hubiera imaginado esta situación que es tan real como dramática. Iberia, azotada por todos los males del mundo, sobrevive aparentemente con bases sólidas ya hora dispuesta a recuperar un mercado que sus rivales no le van a devolver en bandeja. Donde no ha perdido terreno significativo es ensus conexiones transatlánticas, que le han permitido sobrevivir. (A Iberia podemos sumarle los 2,6 millones de pasajeros de Iberia Express, que opera a modo de ‘low cost’.)
La quinta aerolínea es Air Europa (7,4 millones). Pocas veces una aerolínea puede tener oportunidades como la de estos últimos años para conquistar su mercado nacional. Todos saben que la compañía de los Hidalgo tiene una gestión con una estrategia de la cual lo mejor que se puede decir es que es difícil de entender y, por eso mismo, ha sobrevivido y ya es bastante.
La sexta aerolínea es Air Berlin (7 millones), que es un caso algo extraño: tiene vuelos interiores españoles, casi todos desde Mallorca a diversas ciudades de la Península, pero en realidad se trata de enlaces pensados para su red de conexiones con Alemania. Excepto estas rutas, es una línea que enlaza con Alemania y que lleva ya años con dificultades económicas.
Y finalmente, acaba de aparecer un nuevo operador ‘low cost’, Norwegian, que con sus cuatro millones de viajeros en 2014 (3,6 en los tres primeros cuatrimestres), y una previsión de aumento significativo en el año que viene, con tres aviones nuevos basados en España, ya adquiere peso suficiente para competir cara a cara en el mercado local. Ya hace dos años que enlaza España con países ajenos a Escandinavia, añadiendo ahora también Italia.
Esta es la nueva aviación de España:’low cost’ (precios tremendamente variables, venta fundamentalmente online, separación del precio del vuelo de los complementos que se pagan aparte), no española, y sobre todo tremendamente competitiva, como bien saben sus trabajadores, sometidos a una presión inimaginable hace quince años.
Por el camino quedan muchos experimentos. Spanair es el más llamativo, sobre todo en los últimos años cuando aparecieron por medio los políticos. Tampoco Air Nostrum (2.9 millones) ha conseguido beneficiarse de la crisis porque, como sus competidoras nacionales, tenía costes elevados que la han lastrado.
¿Culpables? Antes de entrar por este camino, siempre resbaladizo, no está mal recordar que España no iba a poder sustraerse a lo que son fenómenos mundiales. Cuando Europa aprobó el calendario de apertura de sus cielos interiores, estaba sentando las bases para lo que finalmente pasó. De hecho, esto era lo que se pretendía. Si en los 80 un vuelo de España a una capital europea rara vez bajaba de lo que hoy serían 1000 euros, hoy se puede encontrar fácilmente por un tercio, pese a los años y la inflación que ha habido.
Eso, naturalmente, acabó con un modelo de compañías de bandera concebido hace más de medio siglo, que evidentemente estaba agotado. Quienes se creyeron que había que reinventarse son los protagonistas de hoy; quienes pensaron que resistir era el futuro, están ya en los libros de historia.