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La mayoría de las grandes fortunas no pagan el impuesto de Patrimonio

La comunidad de Madrid exime de pagar este impuesto a todos sus habitantes, a pesar de la obligación de declararlo a aquellas personas que poseen más de dos millones de euros.

El número de declarantes que poseen patrimonios superiores a los 30 millones de euros ha descendido

en España pasando de los 610 contribuyentes de 2017 a los 608 a cierre de 2018. Y solo 202 pagaron este tributo, la cifra más baja desde 2013.

Según los últimos datos publicados por la agencia Tributaria, cada vez son menos las grandes fortunas que pagan el Impuesto de Patrimonio. 

En conjunto estos 202 contribuyentes pagaron 135 millones de euros en 2018 en concepto de Impuesto de Patrimonio. Los 42.000 contribuyentes que tiene entre 1,5 y 6 millones de euros pagaron en conjunto casi 570 millones de euros y los 3.200 con un patrimonio que se mueve entre los 6 y los 30 millones sumaron algo menos de 250 millones a las arcas públicas.

Cada comunidad cuenta con sus propios tramos de renta y gravámenes específicos. Además la comunidad de Madrid es la única que bonifica al 100% este impuesto, beneficiando así a 17.291 contribuyentes con más de dos millones de euros de patrimonio y que supone una merma de unos 905 millones en la recaudación fiscal.

Esta ventaja fiscal ha provocado que la comunidad se convierta año tras año en un imán para los grandes patrimonios que han optado por tener allí su domicilio fiscal.

Sin contabilizar las cifras de la comunidad de Madrid y sin sumar los datos de País Vasco y Navarra, que tienen regímenes fiscales propios, la comunidad en la que más peso tiene este impuesto es Catalunya, con 75.222 declarantes que aportan a las arcas públicas más de 512 millones de euros.

Le sigue la Comunidad Valenciana con 21.500 contribuyentes (12%) y Andalucía con 16.000 declarantes (9%). Extremadura, La Rioja, Asturias o Castilla-La Mancha están ganando posiciones y superan cada una el 1% de peso sobre el total de estos contribuyentes, que suman a nivel estatal cerca de 170.000 personas.

El impuesto de patrimonio fue suprimido por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en 2008, para ser recuperado tres años después por el mismo Ejecutivo y prorrogado por los Gobiernos de Mariano Rajoy y Pedro Sánchez.

El pasado mes de diciembre, el acuerdo de Gobierno firmado entre PSOE y Unidas Podemos ponía sobre la mesa un nuevo impuesto a las grandes fortunas, por el que la formación morada pretendía que los patrimonios que superasen el millón de euros gravasen entre un 2% y un 3,5% y que no se beneficiasen de ninguna bonificación por parte de las comunidades autónomas.

La propuesta supone dejar exenta la vivienda habitual hasta 400.000 euros y comenzar a gravar las fortunas a partir del millón de euros: un 2% hasta los 10 millones; un 2,5% hasta 50 millones; el 3% hasta 100 millones y el 3,5% a partir de ese volumen.

A día de hoy, este impuesto funciona por tramos: del 0,2% al 2,5% sobre las fortunas de más de 700.000 euros una vez restados hasta 300.000 euros del valor de la vivienda habitual. A partir de ahí, las comunidades pueden modificar los tipos, los mínimos exentos y las bonificaciones.

https://contrainformacion.es/la-mayoria-de-las-grandes-fortunas-no-pagan-el-impuesto-de-patrimonio/

¿Cuánto dinero puede exprimir IAG a sus trabajadores/as y al contribuyente español?

IAG y sus empresas filiales, como Iberia y Vueling, están mayormente en manos de la familia real catarí y fondos de inversión estadounidenses y británicos. El holding está basado en España, pero solo en torno al 3% está realmente en manos españolas. Su filial británica, British Airways (BA), ha sido tildada de "desgracia nacional" por políticos británicos tanto de izquierdas como de derechas. La aerolínea está aprovechando la crisis de la COVID-19 para despedir y recontratar a más de 30.000 personas con recortes de salario –bajadas que en ocasiones alcanzan el 60%–, más horas de trabajo y unos horarios demoledores.    

        Al contrario que otras compañías, se han negado a negociar recortes temporales basados en pérdidas reales porque esperan que los grandes beneficios vuelvan durante los próximos años y no quieren compartirlos con la plantilla. Si se salen con la suya, probablemente las plantillas de Iberia y Vueling recibirán un tratamiento similar una vez finalicen las restricciones impuestas por los ERTE.    

Por favor, que nadie piense que necesitan el dinero que exprimirán a su personal para seguir siendo solventes. Nosotros hemos demostrado que tienen liquidez de sobra y que, a pesar de las pérdidas de este año, esperan volver a tener beneficios el que viene y recuperar los niveles de demanda de 2019 en 2023. En 2019, BA obtuvo un beneficio enorme de 1.900 millones de euros pagando salarios decentes. Imaginen cuánto pueden obtener al pagar sueldos más bajos.

Entre otras cosas, sus desmerecidas ganancias irán destinadas a la compra de otra aerolínea: Air Europa. Alguien podría pensar que esto es bueno para los españoles y las españolas, pero en realidad no es así. Esto será claro si, como se espera, el Gobierno acabe pagando cientos de millones de los fondos de la SEPI a la familia real catarí y a los fondos de inversión anglosajones para controlar un monopolio privado en los vuelos en España. Por lo que vemos, los únicos españoles que se beneficiarán serán la familia Hidalgo, un puñado de ejecutivos de IAG y algún político con el que los afortunados multimillonarios se sientan en deuda.    

Por otro lado, millones de españolas y españoles saldrán perdiendo con un acuerdo aparentemente malo para la tesorería del país, malo para los empleos y malo para los consumidores, que tendrán menos capacidad de elección y billetes de vuelo más caros. Por tanto, ¿por qué iba el Gobierno a utilizar millones de euros para engordar Air Europa, de modo que IAG pueda comprarla barata y los Hidalgo puedan seguir con su vida y paguen sus deudas?    

Como mínimo, antes de gastar una fortuna de dinero público, los ministros tendrían que responder a algunas sencillas preguntas:

· ¿De qué manera va a ayudar este gasto a los españoles?

· ¿Qué pruebas hay de que funcionará?

· ¿Qué garantías exigirán para asegurarse de que las cosas se ajustan a lo planeado?

Hemos estado contactando con ministros del Gobierno y hemos mirado todas las noticias de este acuerdo que ya se esperaba, pero no hemos encontrado ninguna respuesta clara a estas preguntas. Entendemos que el Gobierno considera las rutas de Air Europa y su presencia en el aeropuerto de Barajas como un valor estratégico clave para la economía española. Pero la mayoría de estas líneas no tienen tráfico y, si IAG toma el control, querrá consolidarlas y hacer recortes. En EEUU, Alemania, Francia y Países Bajos, cuando los gobiernos han utilizado dinero público para sostener aerolíneas, han hecho mucho hincapié en que haya garantías para los empleos, el medio ambiente, el control del dinero por parte del Gobierno, de las sillas en los consejos, que se renuncie a futuros pagos de dividendos y que se limiten los sueldos de la dirección. No parece que esto vaya a suceder en España.  

Así que, mientras IAG siga quitando dinero a los trabajadores con sus planes de ‘despido y recontratación’, nosotros nos opondremos a sus acciones y a esas relaciones con la política y las instituciones con las que tan cómodos se sienten. Ya hemos enviado pruebas a la Comisión Europea demostrando que la compra de Air Europa tendrá serias implicaciones para la competencia, en especial para los vuelos domésticos y para las rutas entre España y Latinoamérica. En el momento en que IAG y los Hidalgo acuerden los términos de la adquisición, nosotros nos opondremos formalmente. También estaremos muy pendientes de si se utiliza dinero público de los fondos de la SEPI para facilitar el acuerdo entre Air Europa e Iberia.

En Reino Unido estamos reuniendo un gran apoyo político para que se revisen los slots de aterrizaje de IAG en el Aeropuerto de Heathrow. También nos hemos opuesto al intento de que la Autoridad de Competencia y Mercados del Reino Unido cerrara una investigación en los monopolios de British Airways en determinadas rutas entre Londres y los EEUU. Y en cuanto veamos más aviones en el cielo llamaremos a la movilización. Nos gustaría que los españoles y las españolas se levantaran y defendieran sus intereses contra esta compañía sin escrúpulos.

Este martes IAG tendrá su junta de accionistas en Madrid. Una de las cosas que se votará será el plan de remuneraciones del grupo. Este plan incluye un bonus de unos 988.800 euros para el CEO saliente de IAG, Willie Walsh, como parte de un total que ronda los 3.500.000 euros. Pues bien, si la dirección puede exprimirles el dinero a sus trabajadores y a los contribuyentes, ¿por qué no quedárselo, directamente? Algunos accionistas se van a rebelar sobre este tema. Pedimos a los accionistas que tomen una posición responsable en los comportamientos de la compañía. Deberían preguntarse por qué esta empresa no alcanza un acuerdo normal con sus trabajadores y cuál será el daño si British Airways continúa con su política de matar moscas a cañonazos. Porque nosotros no vamos a ceder.

https://www.eldiario.es/opinion/tribuna-abierta/dinero-exprimir-iag-trabajadores-as-contribuyente-espanol_129_6206355.html