Puertas giratorias de las empresas energéticas
Identificamos a más de 175 exaltos cargos políticos que formaron o forman parte de los consejos de administración y equipos directivos de estas compañías
Las puertas giratorias existirán siempre, y si no existen es una desgracia que la política solo pueda contar con políticos profesionales que no puedan entrar y salir” [sic], aseguraba en enero Pedro Solbes, exministro de Economía y Hacienda, ante la Comisión parlamentaria que investigó la crisis, la quiebra de las cajas de ahorros y su posterior rescate con dinero público. Hasta 2014, Solbes fue consejero de Enel, la eléctrica italiana que se hizo con el control de Endesa con el beneplácito del gobierno socialista del que él formaba parte. Su sucesora en el ministerio, la socialista Elena Salgado, economista de profesión, también trabajó en Endesa. Fue nombrada consejera de la eléctrica española menos de un año después de dejar el cargo. Salgado asegura “entender” las puertas giratorias y se escuda en que en realidad su “vocación inicial fue la de ser ingeniero de energía”. También fue consejero de Endesa Luis de Guindos (PP), sucesor de Salgado en la cartera de Economía, quien antes de llegar a la eléctrica había sido secretario de Estado de Economía a las órdenes del entonces ministro Rodrigo Rato.
El sector de la energía es uno de los que más puertas giratorias aglutina. Endesa no es más que un ejemplo: en su plantilla han trabajado al menos un presidente, cinco ministros y una larga lista de altos cargos públicos, desde secretarios de Estado hasta consejeros autonómicos. Al igual que Repsol, Enagás, Red Eléctrica y otras compañías energéticas, Endesa también era una empresa pública y estatal, pero el gobierno de Felipe González (PSOE) inició su privatización, obra que culminó José María Aznar a finales de los noventa.
Hay puertas giratorias que dejan transcurrir varios años desde que salen del gobierno hasta que fichan por alguna compañía del ramo energético. En otros casos, solo transcurren meses. Hay exaltos cargos del Estado que entran en los consejos de estas empresas por su reputada trayectoria profesional y académica, como es el caso de Jorge Fabra, expresidente de Red Eléctrica. No obstante, la mayoría no dispone de experiencia previa ni estudios o perfil técnico relacionados con el sector. Un caso llamativo es el de Arsenio Fernández de Mesa, exdirector de la Guardia Civil y actual consejero de la misma compañía. Fernández no tiene estudios universitarios y, fuera del ámbito político, solo ha trabajado como ayudante de jardinería.
En los años 90 ya había políticos que saltaban del gobierno a las empresas energéticas. Basta repasar las hemerotecas para dar cuenta de esto. Por entonces aún abundaban los perfiles técnicos, hecho que evitaba posibles escándalos como los que provocan actualmente ciertos nombramientos. Pero las privatizaciones iniciadas por Felipe González y culminadas por José María Aznar dieron un giro a esta dinámica. Fabra ilustra este cambio con una anécdota: “Tras varios años, fui a Endesa para hablar con el consejero delegado. Entré en el garaje y me encontré que aquello parecía un concesionario de BMW. Aquello había cambiado completamente. Los sueldos de los directivos eran escandalosos”.
Tras el estallido de la crisis, buena parte de la ciudadanía empezó a cuestionar el fenómeno de las puertas giratorias. Son conocidos los casos de los expresidentes Leopoldo Calvo Sotelo (UCD, Gas Natural Fenosa –ahora Naturgy–), José María Aznar (PP, Endesa), o Felipe González (PSOE, Gas Natural Fenosa), quien argumentó que dejaba su cargo en la empresa gasista no porque hubiera incompatibilidades, sino porque era “muy aburrido”.
Sin embargo, aún pasan desapercibidos otros altos cargos con menos visibilidad mediática pero que juegan un papel clave a la hora de pensar y redactar leyes, decretos y órdenes ministeriales. “La puerta giratoria más nociva es la de los altos técnicos de organismos reguladores, abogados del Estado, economistas del Estado… De esto no se habla, solo se piensa en ministros y poco más”, explicaba Jorge Fabra a La Marea a principios de 2017.
Que la clase política y las energéticas tengan contacto directo no es raro. Por un lado, la venta de electricidad, gas y petróleo es un negocio estratégico y de vital importancia para la sociedad y la economía –sirvan de ejemplo los efectos del encarecimiento de la luz o la gasolina–. Debido a esto, los sucesivos gobiernos legislan y regulan el sector, estableciendo límites y garantizando el funcionamiento del mercado energético pensando, supuestamente, en el bien común. De ahí el interés de estas empresas por mantenerse próximas y en buena sintonía con los círculos de poder político.
Un negocio exclusivo
Por otro lado, el sector energético requiere inversiones de capital intensivo, es decir, es necesario tener grandes sumas de dinero para, entre otros, construir una central nuclear, poner en marcha una central hidroeléctrica, desplegar kilómetros de líneas de alta tensión o afrontar la burocracia necesaria para obtener licencias operativas. No es lo mismo vender pan que vender petróleo, por eso en España hay más de 15.000 panaderías, según la patronal CEOPAN, y poco más de una decena de petroleras distribuyendo crudo, por poner un ejemplo. Tampoco es normal que tres empresas eléctricas (Endesa, Iberdrola y Gas Natural Fenosa) acaparen en torno al 90% de la producción eléctrica nacional. En resumen, el pastel energético se reparte entre pocas manos. Esto explica la relación fluida y directa entre gobernantes y dirigentes empresariales del negocio energético.
En el Ibex 35, principal selectivo bursátil español, hay seis compañías del ramo energético: Iberdrola, Gas Natural Fenosa, Endesa, Repsol, Enagás y Red Eléctrica de España. Las cuatro últimas eran empresas públicas, propiedad del Estado hasta finales de los años 90. Las dos últimas –Enagás y Red Eléctrica– siguen teniendo como accionista mayoritario al Estado, que es quien garantiza por ley que operen en régimen de monopolio (transporte de gas y electricidad, respectivamente), aunque el 80% de sus dividendos –dinero con el que la empresa ‘premia’ a sus accionistas– va a parar a manos privadas, como fondos de inversión extranjeros como Blackrock o grandes bancos, como Caixabank. Actualmente España tiene una de las facturas de la luz más caras de la Unión Europea. Además, a pesar de ser uno de los países con más horas de luz solar del planeta, el mix energético español sigue siendo adicto al gas natural y el petróleo, dos recursos que España importa de países como Argelia, Arabia Saudí o Libia. De ahí el riesgo de que los gobernantes tengan más preocupación por ganarse un puesto bien remunerado en una compañía energética que por erigir un sector energético estable, autosuficiente en la medida de lo posible y respetuoso con el medio ambiente.
En #YoIBEXtigo identificamos a más 175 exaltos cargos políticos que formaron o forman parte de los consejos de administración y equipos directivos de estas compañías. Se trata de un fenómeno ampliamente extendido en España, suavizado por los principales medios de comunicación, que cada año ingresan parte de los presupuestos millonarios en publicidad de estas empresas, sin importar su ideología. PSOE y PP aglutinan la mayor parte de las puertas giratorias, aunque en el juego también entran PNV, Esquerra Republicana, la extinta CiU e incluso líderes sindicales de UGT y Comisiones Obreras, entre otros. No están todos los que son, pero sí son todos los que están. Y ninguno de esos nombres fue vetado por la Oficina de Conflictos de Interés, el ente público encargado de sacar tarjeta roja a los nombramientos que puedan incurrir en incompatibilidades.
AMISTADES Y FAMILIARES
Uno para todos, todos para uno. José Folgado es presidente de Red Eléctrica desde 2012. Tres veces secretario de Estado con Aznar, llegó a su actual puesto tras renunciar a la alcaldía de la ciudad madrileña de Tres Cantos, cargo que ostentaba desde 2007. Abandonó pocos meses después de ganar las elecciones, pero no lo hizo solo. Tras él, un efecto dominó. Primero fichó a Beatriz Elisa de Munck Loyola, su exjefa de gabinete y primera teniente de alcalde, como directora de gabinete de Presidencia y Relaciones Institucionales en REE. Tuvo una suerte similar Daniel Arveras, antiguo director de comunicación del municipio madrileño, que pasó a ser asesor externo del departamento de Comunicación de la compañía eléctrica.
Todo queda en familia. Desde perfiles técnicos a personalidades sin conocimiento de la materia, pasando por aquellos elegidos que tienen lazos familiares directos con altos cargos del Estado. Dos de los casos más emblemáticos son los de Ignacio López del Hierro Bravo, marido de la exministra de Defensa María Dolores de Cospedal, y Alberto Nadal, hermano gemelo del exministro Álvaro Nadal. Tras ser propuestos como nuevos consejeros de REE, ambos aseguran que renunciaron pocos días después para no perjudicar a sus respectivos familiares (por entonces, Álvaro Nadal era director de la Oficina Económica del presidente Rajoy). En el caso de Iberdrola, son varias las veces que se han llevado a cabo estas prácticas. Ana Bono Rodríguez, hija del exministro José Bono –amigo de Ignacio Sánchez Galán, presidente de la compañía–, trabaja como jefa de equipo en el área de regulación del departamento jurídico. También Marta Ares Godoy, primogénita de Rodolfo Ares, exconsejero socialista de Interior en el Gobierno vasco (2009-2012), figura en nómina de Iberdrola, una lista a la que también se suma N. Alfonsín Uranga, hija del actual jefe de la Casa Real, quien ejerce como Junior Brand Manager desde agosto de 2016.
Ni experiencia ni estudios. En noviembre de 2016, Arsenio Fernández de Mesa dejó su puesto como director general de la Guardia Civil. El 31 de enero de 2017, REE anunciaba su incorporación como consejero independiente. REE afirma que este antiguo auxiliar de jardinería, sin experiencia ni estudios en el sector energético, era “idóneo para el cargo” y por ello le asignó un sueldo base de 156.000 euros por 11 reuniones anuales. No obstante, Fernandez Mesa no es el único que ha pasado por una energética del Ibex35 sin tener estudios ni experiencia en el sector.
Cosa de hombres. De las más de 175 puertas giratorias documentadas por La Marea en las seis empresas energéticas del Ibex35, el 85% están copadas por hombres. Endesa es la compañía con menor número de mujeres en las puertas giratorias: solo dos de las 33 halladas, es decir, el 6%. Le siguen de cerca Gas Natural Fenosa y Repsol, con cuotas de puertas giratorias femeninas del 6,2% y un 9,1% respectivamente. En el lado contrario se encuentra Red Eléctrica, donde el 32,3% de las puertas giratorias son mujeres.
Indemnizaciones millonarias. Es paradigmático el caso de Red Eléctrica ya que, aunque el Estado es su principal accionista, no revela las indemnizaciones que reciben sus cargos tras ser despedidos. Por otra parte, Repsol es una de las empresas del sector energético más generosas con los salarios y los pagos por despido de sus consejeros y directivos. Destacan casos como el de Fernando Ramírez Mazarredo, quien se embolsó algo más de nueve millones de euros tras su salida de la compañía en 2010 y se valió de técnicas de ingeniería fiscal que le permitieron tributar menos (ese año ingresó más de 11 millones de euros y Hacienda le devolvió 53.367).
El nuevo acuerdo es fundamentalmente una recomendación de que los salarios aumenten alrededor del 2%, pudiendo llegar al 3% en función de la productividad y el absentismo. Esa subida, que supone una nueva pérdida de poder adquisitivo cuando el IPC oficial está ya en el 2,3%, ni siquiera está asegurada, por cuanto se trata de una recomendación; de hecho ya hay casos de propuestas patronales de aumento por debajo del 2% en la negociación de los nuevos convenios. Además, la patronal ha manifestado que el acuerdo no se cumplirá si el gobierno incrementa la presión fiscal a las empresas con el aumento del impuesto de sociedades. Por todo ello, el nuevo AENC no sólo es negativo para la clase obrera, sino que puede quedar en papel mojado si así lo decide la patronal.
El mercado farmacéutico supera las ganancias por ventas de armas o las telecomunicaciones, y es que por cada dólar invertido en fabricar un medicamento se obtienen mil de ganancia. En 2002 el volumen de beneficios de las 10 mayores farmacéuticas ya superaba los beneficios acumulados por las otras 490 empresas, según la lista Fortune. De entre ellas, 25 empresas controlan cerca del 50% del mercado mundial. El 90% del presupuesto dedicado por las farmacéuticas para la investigación y el desarrollo de nuevos medicamentos está destinado a enfermedades que padecen un 10% de la población mundial
La proporción de trabajadores pobres jóvenes es la cuarta más alta de toda la Unión Europea, por detrás de Rumanía, con un 31,2%, Dinamarca, con un 21,3%, y Grecia, con un 19%. Entre el resto de trabajadores también aumenta el riesgo de pobreza, pero de una manera más sosegada y solo disminuye entre aquellos trabajadores en edad de jubilación o ya jubilados, los mayores de 65 años.
Aena logró un beneficio de 514,5 millones de euros en el primer semestre, lo que supone un incremento del 11,6% respecto a los 460,9 millones del mismo periodo del 2017. En aquel entonces, las ganancias habían crecido el 6,3%.
El servicio de agua potable de muchos municipios, que legalmente ha de ser de titularidad municipal y en régimen de monopolio —así lo especifica la Ley de Bases del Régimen Local (LBRL)—, está privatizado o en manos de sociedades públicas con gestión similar a la de las privadas. Aunque según el Tribunal Constitucional es obligatoria su regulación pública como servicio esencial para una vida digna (con tarifas, beneficios y procedimientos reservados por ley), encontramos precios disparatados y desiguales sin patrón, salvo el del beneficio para sus gestores. 
Un trabajo revisado sobre “El desastre mundial del amianto” firmado por los expertos Sugio Furuya, Odgerel Chimed-Ochir, Ken Takahashi, Annette David y Jukka Takala en el International Journal of Environmental Research and Public Health hace unas semanas confirma lo peor: las muertes por enfermedades relacionadas con el amianto están aumentando y, todavía, se desconoce su impacto real debido a la ocultación de los datos. Concluyen que este drama se extenderá todavía durante 50 años y todos los estudios concluyen queestá aumentando la mortalidad de personas que estuvieron en contacto con las fibras del mineral cancerígeno. Los cinco expertos determinan que al año son 255.000 personas las que pierden la vida por el mineral cancerígeno; de ellas, 243.000 muertes son por exposiciones sufridas en el puesto de trabajo, el resto por el amianto en el ambiente y entre familiares de los afectados. Los expertos resaltan que “el amianto se ha utilizado durante miles de años, pero solo desde hace 100-150 años a una escala industrial”. La primera enfermedad identificada fue la asbestosis, “un tipo de neumoconiosis
El primer día de huelga en Ryanair se cumple sin mayores incidentes. A los 200 vuelos cancelados en España se agregaron una veintena más por la suspensión de 134 operaciones desde Italia, y los sindicatos mantienen los servicios mínimos decretados por Fomento.
En cuanto a la lucha de los partidos políticos en España para revertir todo lo anteriormente dicho, Movellán es tajante: “Hoy son pocos los partidos que se declaran a favor de una escuela pública, única y laica. Más bien todos han asumido la escuela neoliberal, la libertad de educación, etc… Esa idea de la escuela como lugar de emancipación social se ha perdido ya que no se aspira a una sociedad igualitaria”. No obstante, Izquierda Unida lleva años exigiendo el fin de los conciertos educativos, que en la práctica viene a referirse al fin de las mil millonarias subvenciones a la educación católica.
La citada Ley Orgánica 3/2007 para la igualdad efectiva de mujeres y hombres añade, además, en su artículo 24, que la Administración procederá a la “eliminación y el rechazo de los comportamientos y contenidos sexistas y estereotipos que supongan discriminación entre mujeres y hombres, con especial consideración a ello en los libros de texto y materiales educativos”. 
Una huelga menos en el horizonte. Los trabajadores de handling acordaron con la patronal Aseata los términos de un nuevo convenio colectivo de trabajo, y levantaron la amenaza de huelgas a partir del 29 de julio.
En el gráfico del PIIE aparecen representados el número de superricos por millón de habitantes. Noruega y Suecia figuran entre los diez primeros países, en el décimo y el séptimo puesto respectivamente. En Noruega hay 2,8 superricos por millón de habitantes mientras que en Suecia hay 3,2, según las cuentas de Funk Kirkegaard y Kolb. 
