Precariedad laboral en tiempos de pandemia

El 20 de mayo, tras la votación que aseguraba la quinta prórroga del estado de alarma, estallaba el escándalo del pacto del gobierno con Bildu que garantizaba su abstención a cambio de, entre otras cosas, la “derogación íntegra de la reforma laboral”. A partir de ahí se desató la tormenta de rectificaciones, excusas, acusaciones, etc. entre unos y otros. Estaba claro que era demasiado bonito para ser verdad. La reforma laboral de 2012 está atada y bien atada, y por mucho que prometa el “gobierno progresista”, no harán otra cosa que pequeños cambios cosméticos que den titulares llamativos pero tengan muy poco efecto real, como ya hicieron con la derogación del despido por absentismo justificado (por estar de baja), una modalidad que en la práctica apenas se utilizaba.

Y es que ésta viene siendo la tónica general de las medidas tomadas en materia laboral por el gobierno ante esta pandemia: titulares propagandísticos que no significan nada, mientras el precio lo seguimos pagando las trabajadoras.

Aunque el Estado se vista de seda…

Tras el primer Real Decreto que facilitó los ERTE por fuerza mayor sin coste para las empresas, hemos podido escuchar una retahíla de titulares que provocaban la indignación de la derecha y reforzaban la imagen del gobierno de “salvador del pueblo”: “prohibido despedir”, “se prorrogarán los contratos temporales”, “nuevo subsidio para empleadas de hogar”, “envían inspectores de trabajo al campo para detectar casos de esclavitud”, etc. Como era de esperar, la mitad de toda esa propaganda es directamente mentira, y la otra mitad no funciona en la práctica.

Por un lado, sabemos que despedir no está ni mucho menos prohibido (demasiada gente lo ha comprobado en sus carnes) y que solo parte de los contratos temporales (los eventuales, no los de obra o servicio ni los de interinidad) se prorrogan para quienes han formado parte del ERTE, y únicamente por el tiempo que hayan estado suspendidos.

Por otro lado, sabemos también que la burocracia del Estado hace que la realidad no sea tan bonita como la pintan sobre el papel. El SEPE ha sido incapaz de tramitar la avalancha de ERTE, lo que significa que muchísima gente ha terminado mayo sin haber cobrado un duro desde hace dos meses y sin saber siquiera cuándo lo van a hacer. Por no hablar de toda la gente que se queda fuera por estar sin contrato, ser temporales o fijas discontinuas o haber firmado una baja voluntaria baja coacción o falsas promesas de la empresa (lo cual en sectores como la hostelería, el turismo o las empleadas del hogar es norma en vez de excepción) o por la brecha de clase –que no es sólo «digital» como la llaman en los medios- que impide a mucha gente acceder a subsidios o ayudas que requieren no sólo de ordenador y acceso a internet, sino de un mínimo de conocimientos para realizar los trámites. Según el diario El Salto, un 42% de los 2.695.328 hogares que ingresan menos de 900 euros al mes no dispone de ningún tipo de ordenador propio.

En cuanto a las inspecciones de trabajo en el campo, por muy rotunda que pareciera la ministra Yolanda Díaz en sus discursos, la realidad es que, aunque sean totalmente necesarias, ni en el campo ni en la ciudad hay suficientes inspectores/as de trabajo como para controlar que se cumpla la legislación laboral y los derechos humanos. En el Estado español hay un inspector/a por cada 15.000 trabajadores/as, mientras que la media en Europa es de la mitad de asalariados (7.300) por cada inspector.

Nos queda por ver qué ocurrirá cuando los ERTE terminen y las empresas se pongan a despedir. Porque aquí, nuevamente, la teoría estará muy alejada de la práctica. Según la primera, los ERTE por fuerza mayor se han prorrogado hasta el 30 de junio y a partir de entonces las empresas no podrán despedir durante 6 meses o, de lo contrario, solo tendrán que devolver las cotizaciones que el Estado les ha “perdonado” durante todo este tiempo. ¿Cuál será la práctica? De nuevo, será imposible controlar las trampas que utilicen las empresas para esquivar esta norma, dado que se contempla la excepción de que los despidos sean declarados procedentes. Es decir, que es posible que las trabajadoras tengan que demandar y pasar por el juzgado (con el retraso que estos van a tener acumulado), lo cual mucha gente no se molestará en hacer dado que en trabajos precarios la antigüedad y el salario es muy reducido, y por tanto lo sería también la indemnización. Sin olvidar que los ERTE por fuerza mayor son sólo una parte de los que se han hecho, y que las empresas que hayan hecho otra modalidad de ERTE (por causas objetivas) no tendrán ningún impedimento a la hora de despedir.

La trampa del Ingreso Mínimo Vital

Otro de los grandes anuncios estrella ha sido el de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital prevista para principios de junio. En el momento de escribir estas líneas aún no se conocen los detalles, pero dados los plazos que se están manejando, es de esperar que nadie comience a cobrar antes de agosto como mínimo.

Como ocurre con todo subsidio de este tipo, la compleja casuística y el entramado burocrático dejarán fuera a muchas personas que lo necesitarían, y quienes sí lo cobren, tendrán que apañárselas con esos 500 euritos que no cubren ni un alquiler.

Para no desincentivar la búsqueda de empleo, según han adelantado, esta ayuda será compatible con trabajos hasta un salario determinado. Esto puede sonar bien a priori, pero puede llegar a ser una suerte de subvención a las empresas, que se podrán permitir pagar salarios más bajos porque sus trabajadoras “ya cobran la paguita”.

Tele-explotación regulada

No queríamos terminar sin hacer mención aparte al teletrabajo. Recientemente, leíamos en los medios que CCOO y UGT pedían al gobierno que se regule el teletrabajo y que éste, viendo que le servían en bandeja una nueva medida sin coste y vacía de contenido, salía raudo a decir que lo haría. Siendo sindicatos (o más bien, gestorías), deberían saber que el teletrabajo ya está regulado desde hace tiempo, y que el problema, como con todo, es que no hay forma de controlarlo, como tampoco se está controlando que las empresas lo mantengan hasta tres meses después de que finalice el estado de alarma. De hecho, muchas ya han comenzado a enviar a la gente a las oficinas.

Regulado o no, lo cierto es que el teletrabajo, a pesar de sus ventajas evidentes – ahorrarte en el mejor de los casos una hora de transporte, y facilitar bastante el escaqueo-, tiene también inconvenientes importantes que no deberíamos pasar por alto. Además de los abusos que pueden producirse por parte de las empresas, que por tener la oficina en casa consideran que estás disponible 24 horas, el trabajador corre muy a menudo con los gastos de su trabajo (luz, internet, calefacción, hasta el propio ordenador en algunos casos), avanzando hacia un escenario tan deseado por las empresas en el que todas seamos autónomas, sin derechos laborales ni gastos de seguridad social para ellas. Incluso sin irnos a ese futuro escenario, una consecuencia más inmediata del teletrabajo es la pérdida de los pocos vínculos que quedaban entre los/as trabajadores/as, que quedan aislados/as y sin capacidad de respuesta ante conflictos laborales o para la defensa colectiva de sus derechos. Algo que no podemos permitirnos seguir perdiendo.

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