Cuando Fernando VII firmó el primer Real Decreto en 1816 sobre las aguas minerales, muy pocos podrían imaginarse el curso que seguirían antes de desembocar en el escenario actual: un negocio anual de cerca de mil millones de euros, explotado en buena parte por empresas multinacionales que, además de contar con ayudas públicas en forma de subvenciones y préstamos, no aportan beneficios relevantes a las instituciones propietarias del terreno donde manan las aguas. Los impuestos medioambientales son casi inexistentes y en ocasiones incumplen los parámetros recomendados por los organismos internacionales de salud, en cuanto a la presencia de elementos contaminantes en la composición de las aguas.
En España están reconocidos oficialmente 166 manantiales de agua mineral, de los cuales más del 95% son explotados por entidades privadas, la mayoría multinacionales del sector de la alimentación. Según los datos del Ministerio de Agricultura, Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, el consumo de agua mineral se ha incrementado un 5,1% en el último año, mientras que el valor del mercado aumentó un 6,1%.
Un ejemplo de municipio con gran tradición agüista, es Verín (Ourense), que alberga hasta cinco manantiales en su entorno gestionados por diferentes compañías, como son Euroinversiones Agua de Sousas, S.L, perteneciente al sector inmobiliario, Aguas de Fontenova, S.A, de reapertura reciente, y Aguas de Cabreiroá, S.A, que comparte propietario con la –cada vez más expansiva– Estrella de Galicia.
La cesión de estos manantiales al ámbito privado no tiene ningún tipo de contraprestación para este ayuntamiento. Según afirma Carlos Montero, miembro del gabinete de prensa del consistorio, “no tenemos ninguna relación, lo que sí tenemos programada es una ruta termal que incluye un recorrido por Verín y Chaves”, localidad lusa fronteriza con este pueblo gallego, famosa por sus balnearios y cuya alianza “constituye la primera Eurocidade de la península Ibérica”, afirma Montero.
Lo descrito refleja un panorama habitual de estas zonas rurales, donde la presencia del valioso líquido no reporta ningún beneficio a sus habitantes, más allá de los puestos de trabajo que se puedan generar. Este sector suele establecerse, con condiciones ventajosas, en zonas rurales y montañosas donde la industria no suele llegar.
Una de las excepciones a esta situación se encuentra en Bejís, un pequeño pueblo de Castellón ubicado en la comarca de Alto Palancia. Desde que en 1929 se descubriera el manantial de Los Cloticos, se procedió a canalizar el agua hasta el pueblo. Después de pasar los análisis oportunos, la marca Agua de Bejís pasó a ser reconocida como agua mineral natural. “La persona que dirige la alcaldía ejerce como directora general de la planta embotelladora”, afirma Josefa Madrid, actual alcaldesa de la localidad. “La gestión económica, comercial y de personal la llevan en mayor medida los concejales”. En la actualidad da trabajo a 32 personas de la zona. “A mí me interesa que trabaje la gente de mi pueblo, tenemos una lista interna y según las necesidades de la planta los contratamos directamente. Son personal laboral del ayuntamiento”, añade.
La actual directora señala que Aguas de Bejís “ha tenido muchísimos beneficios en su día, luego se produjo una mala gestión por parte del ayuntamiento de aquel momento, se dejó en manos de un gerente que propició la aparición de una deuda en la que no se podía pagar a proveedores ni se podía pagar nada”.
A partir de ese momento se decidió no cerrar y en la actualidad el municipio se encuentra adscrito a la ley de proveedores: “Tenemos una deuda de más de 900.000 € y Hacienda no nos permite realizar inversiones ni contratar gente”. La regidora de Bejís relaciona este déficit con “el agujero que se hizo en la planta embotelladora en los años en que empezó la crisis”.
A pesar de los problemas, Aguas de Bejís ha regresado a la senda de los números negros: “El año pasado tuvimos 95.000 euros de beneficio neto y este año, por el recorrido que llevamos, parece que también va a dar beneficios”. Estos excedentes sirven para afrontar otras necesidades del pueblo: “Nos permiten el pago de la deuda o poder realizar inversiones como una nueva máquina de envasado”. Aun con las dificultades que acarrea la gestión de esta empresa para un pequeño ayuntamiento, o el interés de alguna corporación para ceder el recurso, Josefa Madrid explica que “la gente no quiere que la situación cambie, quieren que la gestión siga siendo pública”.
En el marco de una ley franquista
El aprovechamiento de los manantiales de agua mineral en España se sigue haciendo por el procedimiento establecido en la Ley de Minas 22/1973, que concede el derecho preferente “a la persona que hubiere instado el expediente para obtener la declaración de la condición mineral de las aguas”. A efectos prácticos, esta legislación otorga a las actuales empresas embotelladoras la posibilidad de extraer el agua mineral del subsuelo sin necesidad de ofrecer ninguna contrapartida a las administraciones por la explotación de un recurso público.
Bajo estas condiciones se dibuja el crecimiento continuado del sector. Según los datos publicados por la consultora Statista, el consumo de agua mineral se ha incrementado un 44,3% a nivel nacional entre los años 2002 y 2015, mientras que la extracción aumentó un 51,6% en el mismo periodo, conforme a lo publicado por el Instituto Geológico y Minero de España (IGME).
En el último año se contabilizó un total de 6.907 millones de litros extraídos y 2.519 millones de litros consumidos. Desde la Asociación Nacional de Empresas de Aguas de Bebida Envasadas (ANEABE) señalan una “producción” total de 5.392 millones de litros, aunque no ofrecen estos datos sectoriales de forma desagregada. Según afirman, “son confidenciales y no estamos autorizados a proporcionarlos”. Sin embargo, previo pago de una cantidad sí es posible acceder a estos informes, a través de algunas consultoras del sector.
El IGME, institución pública dependiente del Ministerio de Economía, Industria y Competitividad, alega similares motivos para no detallar los datos de los manantiales, no solo de los litros extraídos por estas empresas, tampoco los del caudal del recurso público. De forma paradójica, esta información sí estaba disponible hasta el año 2005, cuando todavía no estaba vigente la Ley 19/2013 de Transparencia. Actualmente estos datos se agrupan en comunidades autónomas.
La ralentización del aumento de consumo de agua mineral, producido en los primeros años de la crisis de 2007, parece haber llegado a su fin. El dato de crecimiento del 5,1% en el último año viene precedido de la subida del 6,9% en el año anterior, acompañado de una estabilidad del precio en el mercado. Con todo, el agua de grifo continúa siendo 130 veces más barata, con un precio medio actual de 1,66€/m3, frente al 0,21€/l del agua embotellada.
Creciente concentración del sector
Detrás de las marcas comerciales de agua mineral se esconden algunas de las grandes multinacionales del sector de la alimentación. Este mercado concentra más de la mitad de sus ventas y beneficios en seis grupos empresariales, que disponen de varias sociedades y marcas que se reflejan en el siguiente cuadro:
David Pastor es socio cooperativista de ‘La Marea’. Puedes leer el trabajo completo aquí.
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