La Reforma de la Constitución para que se recoja el principio de estabilidad presupuestaria y que pone techo al gasto público supone el fin del “estado del bienestar”
La Reforma de la Constitución que ha pactado el gobierno socialista con la oposición conservadora, por su contenido y por su procedimiento, representa el máximo ataque que se ha cometido desde la dictadura franquista contra la sociedad civil y el modelo de democracia que tenemos.
Esta reforma para que la Constitución recoja el nivel máximo de déficit y de endeudamiento público, supone la consagración y perpetuación de toda la política de reformas económicas, antisociales y neoliberales que el gobierno, políticos, patronal, banqueros, especuladores y sindicatos institucionales han ido aprobando sistemática y calculadamente en estos últimos años como soluciones a la crisis sistémica del capitalismo con el único objetivo de satisfacer las ansias de los mercaderes, de incrementar el nivel de explotación humana y de recursos en beneficio de una minoría de ricos y poderosos.
Este Reforma constitucional significa renunciar, de hecho y de derecho, a cualquier posibilidad del políticas económicas basadas en el reparto, en la justicia social, en el desarrollo del sector público, de los servicios sociales y públicos, de la recuperación de los derechos sociales y laborales perdidos, podría incluso conducir a no poder garantizar el pago de las pensiones públicas en el futuro, significa renunciar a lo que conocemos como “estado del bienestar”, significa acentuar y ratificar el modelo productivista, competitivo, consumista, crecentista que ha provocado la actual crisis económica.
El cambio constitucional no contempla pedir responsabilidades a quienes han provocado que el Estado esté en “bancarrota” y en la ruina. Nos dicen y se exculpan con que el estado está endeudado porque no obtiene ingresos y tiene muchos gastos, pero no nos dicen que las políticas de los últimos años han sido quienes han provocado este endeudamiento. No hay ingresos porque se ha legislado para que la patronal y las empresas dejen de cotizar a las arcas públicas, dejen de contribuir, porque se han vendido las empresas públicas rentables, porque se ha pagado la deuda privada de los bancos, porque se están privatizando todos los servicios públicos que producían beneficios...
El cambio constitucional significa una auténtica renuncia a la soberanía popular, significa un verdadero déficit democrático y el sometimiento a los dictámenes de los países ricos de Europa. Se produce para calmar a los mercados, en pleno ataque especulativo contra las arcas públicas, en plena crisis, siguiendo el dictado implacable de los grandes bancos alemanes y franceses.
La reforma constitucional es una imposición a la sociedad civil de este país cuando no se le han planteado otros países con endeudamientos y déficit público semejantes. El gobierno español ha pactado con la oposición y resto de políticos de derechas y se han convertido en los mejores esclavos de los mercados, haciendo de España el máximo exponente de la política neoliberal.
Por otra parte, la reforma constitucional se hace a pocas semanas de la convocatoria de las elecciones políticas, con prisas, con un gobierno desacreditado, agotado, provisional. ¿Por qué? Todo es una farsa. Cuando nos han vendido las enormes dificultades que suponen los cambios constitucionales, de la necesidad de un debate público para lograrlo, ahora en un abrir y cerrar de ojos, en pleno periodo estival, un gobierno desprestigiado y provisional nos arrastra a esta reforma.
Con este pacto de los políticos del gobierno y la oposición de derechas, ¿para qué sirven las elecciones si este cambio constitucional ratifica toda la política económica y antisocial que se viene haciendo? Ahora, quizás más que nunca, es intrascendente el proceso electoral, dará lo mismo quien salga ganador en las elecciones. Esta reforma constitucional ata de pies y manos la acción social de cualquier gobierno. Volvemos a la frase “todo atado y bien atado” y es que este país no sabe deshacerse de “salvadores”, que en el fondo someten a sus intereses partidistas los intereses generales.
Para la CGT es inadmisible, intolerable este “autogolpe de estado” de los políticos contra la sociedad civil. Todas las medidas antisociales de reducir los derechos laborales, las libertades, de reducir los salarios, de reducir las pensiones, las prestaciones sociales, de no garantizar los servicios sociales... todas esas políticas se han hecho para reducir el déficit hasta el 3% y para controlar el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas.
Este gobierno ha traicionado a todo el pueblo, a toda la sociedad. Ya ha reducido el déficit, ahora quiere plasmarlo en la Constitución imponiéndonos que ese déficit se ha reducido con el único sacrificio de la clase trabajadora y colectivos populares.
Para la CGT, pedir un referéndum para la reforma constitucional es necesario pero, es insuficiente. El referéndum es siempre una medida de participación directa, de democracia directa y la CGT apoya y practica la acción directa, pero entendemos que el referéndum por si sólo es insuficiente. Es preciso luchar y movilizar a la sociedad para no permitir esta dictadura de los políticos, que desde la prepotencia, provocan cambios legales irreversibles y transcendentes. Los caprichos de Zapatero, sus impulsos, su legislar a golde de decretazos, con alevosía aprovechando el verano, nos recuerda el viejo estilo más propio del caudillismo.
La CGT llama a la movilización y la revuelta social para impedir este gravísimo atentado a la sociedad de este país. Haremos cuantos medidas estén en nuestras manos, asambleas, debates, movilizaciones, alianzas con el máximo consenso de todas aquellas organizaciones y movimientos sociales que todavía no hayan entregado su dignidad para parar este autogolpe de estado“
Además de la reforma constitucional, se ha dado a conocer el pacto entre la patronal y el sindicalismo institucional para mantener la moderación salarial pactada en 2010 hasta 2014, perdiendo descaradamente las y los trabajadores poder adquisitivo, el gobierno ha diseñado otras nuevas medidas anticrisis igualmente perniciosas para los intereses de las y los trabajadores y mantener los beneficios de los poderosos y empresarios. Las medidas a que nos referimos son:
•Contratos de Formación: se podrá realizar esta forma de contratación a todos los menores de 30 años. Estos contratos están exentos de tributar los seguros sociales de las y los contratados bajo esta modalidad.
•Rebaja del IVA en adquisición de vivienda: se baja el tipo impositivo a la mitad -del 8% al 4%- con la consecuente perdida de ingresos a las arcas públicas.
•Reforma del FOGASA: Se permitirá que el Fogasa pague a plazos y hasta 2012, ocho días de indemnización en los despidos justificados.
•Prorroga de los contratos temporales: a partir de ahora no será obligatorio convertir los contratos temporales a indefinidos y se puede prorrogar indefinidamente la relación laboral inestable hasta el 2013. Esto supone suspender el artículo 15.5 del estatuto de los trabajadores.
Estos bandazos derechistas a golpe de decreto perpetrados por el PSOE conllevan el mantenimiento de un empleo inestable y al arbitrio del empresario de turno; expolian las arcas públicas mermando los ingresos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria; son un golpe a las clases trabajadoras que pierden el empleo y ven que su indemnización la cobraran en cómodos plazos (para el empresario y Fogasa); y se pretende reducir la tasa de paro juvenil -del 45%- con la perpetuación de la precariedad laboral hasta los 30 años.
La CGT llama a la movilización y el referéndum para impedir la reforma de la Constitución así como la derogación de todas las medidas económicas perpretadas contra la clase trabajadora y colectivos sociales más desfavorecidos.
Madrid a 26 de agosto de 2011
La Reforma de la Constitución que ha pactado el gobierno socialista con la oposición conservadora, por su contenido y por su procedimiento, representa el máximo ataque que se ha cometido desde la dictadura franquista contra la sociedad civil y el modelo de democracia que tenemos.
Esta reforma para que la Constitución recoja el nivel máximo de déficit y de endeudamiento público, supone la consagración y perpetuación de toda la política de reformas económicas, antisociales y neoliberales que el gobierno, políticos, patronal, banqueros, especuladores y sindicatos institucionales han ido aprobando sistemática y calculadamente en estos últimos años como soluciones a la crisis sistémica del capitalismo con el único objetivo de satisfacer las ansias de los mercaderes, de incrementar el nivel de explotación humana y de recursos en beneficio de una minoría de ricos y poderosos.
Este Reforma constitucional significa renunciar, de hecho y de derecho, a cualquier posibilidad del políticas económicas basadas en el reparto, en la justicia social, en el desarrollo del sector público, de los servicios sociales y públicos, de la recuperación de los derechos sociales y laborales perdidos, podría incluso conducir a no poder garantizar el pago de las pensiones públicas en el futuro, significa renunciar a lo que conocemos como “estado del bienestar”, significa acentuar y ratificar el modelo productivista, competitivo, consumista, crecentista que ha provocado la actual crisis económica.
El cambio constitucional no contempla pedir responsabilidades a quienes han provocado que el Estado esté en “bancarrota” y en la ruina. Nos dicen y se exculpan con que el estado está endeudado porque no obtiene ingresos y tiene muchos gastos, pero no nos dicen que las políticas de los últimos años han sido quienes han provocado este endeudamiento. No hay ingresos porque se ha legislado para que la patronal y las empresas dejen de cotizar a las arcas públicas, dejen de contribuir, porque se han vendido las empresas públicas rentables, porque se ha pagado la deuda privada de los bancos, porque se están privatizando todos los servicios públicos que producían beneficios...
El cambio constitucional significa una auténtica renuncia a la soberanía popular, significa un verdadero déficit democrático y el sometimiento a los dictámenes de los países ricos de Europa. Se produce para calmar a los mercados, en pleno ataque especulativo contra las arcas públicas, en plena crisis, siguiendo el dictado implacable de los grandes bancos alemanes y franceses.
La reforma constitucional es una imposición a la sociedad civil de este país cuando no se le han planteado otros países con endeudamientos y déficit público semejantes. El gobierno español ha pactado con la oposición y resto de políticos de derechas y se han convertido en los mejores esclavos de los mercados, haciendo de España el máximo exponente de la política neoliberal.
Por otra parte, la reforma constitucional se hace a pocas semanas de la convocatoria de las elecciones políticas, con prisas, con un gobierno desacreditado, agotado, provisional. ¿Por qué? Todo es una farsa. Cuando nos han vendido las enormes dificultades que suponen los cambios constitucionales, de la necesidad de un debate público para lograrlo, ahora en un abrir y cerrar de ojos, en pleno periodo estival, un gobierno desprestigiado y provisional nos arrastra a esta reforma.
Con este pacto de los políticos del gobierno y la oposición de derechas, ¿para qué sirven las elecciones si este cambio constitucional ratifica toda la política económica y antisocial que se viene haciendo? Ahora, quizás más que nunca, es intrascendente el proceso electoral, dará lo mismo quien salga ganador en las elecciones. Esta reforma constitucional ata de pies y manos la acción social de cualquier gobierno. Volvemos a la frase “todo atado y bien atado” y es que este país no sabe deshacerse de “salvadores”, que en el fondo someten a sus intereses partidistas los intereses generales.
Para la CGT es inadmisible, intolerable este “autogolpe de estado” de los políticos contra la sociedad civil. Todas las medidas antisociales de reducir los derechos laborales, las libertades, de reducir los salarios, de reducir las pensiones, las prestaciones sociales, de no garantizar los servicios sociales... todas esas políticas se han hecho para reducir el déficit hasta el 3% y para controlar el nivel de endeudamiento de las administraciones públicas.
Este gobierno ha traicionado a todo el pueblo, a toda la sociedad. Ya ha reducido el déficit, ahora quiere plasmarlo en la Constitución imponiéndonos que ese déficit se ha reducido con el único sacrificio de la clase trabajadora y colectivos populares.
Para la CGT, pedir un referéndum para la reforma constitucional es necesario pero, es insuficiente. El referéndum es siempre una medida de participación directa, de democracia directa y la CGT apoya y practica la acción directa, pero entendemos que el referéndum por si sólo es insuficiente. Es preciso luchar y movilizar a la sociedad para no permitir esta dictadura de los políticos, que desde la prepotencia, provocan cambios legales irreversibles y transcendentes. Los caprichos de Zapatero, sus impulsos, su legislar a golde de decretazos, con alevosía aprovechando el verano, nos recuerda el viejo estilo más propio del caudillismo.
La CGT llama a la movilización y la revuelta social para impedir este gravísimo atentado a la sociedad de este país. Haremos cuantos medidas estén en nuestras manos, asambleas, debates, movilizaciones, alianzas con el máximo consenso de todas aquellas organizaciones y movimientos sociales que todavía no hayan entregado su dignidad para parar este autogolpe de estado“
Además de la reforma constitucional, se ha dado a conocer el pacto entre la patronal y el sindicalismo institucional para mantener la moderación salarial pactada en 2010 hasta 2014, perdiendo descaradamente las y los trabajadores poder adquisitivo, el gobierno ha diseñado otras nuevas medidas anticrisis igualmente perniciosas para los intereses de las y los trabajadores y mantener los beneficios de los poderosos y empresarios. Las medidas a que nos referimos son:
•Contratos de Formación: se podrá realizar esta forma de contratación a todos los menores de 30 años. Estos contratos están exentos de tributar los seguros sociales de las y los contratados bajo esta modalidad.
•Rebaja del IVA en adquisición de vivienda: se baja el tipo impositivo a la mitad -del 8% al 4%- con la consecuente perdida de ingresos a las arcas públicas.
•Reforma del FOGASA: Se permitirá que el Fogasa pague a plazos y hasta 2012, ocho días de indemnización en los despidos justificados.
•Prorroga de los contratos temporales: a partir de ahora no será obligatorio convertir los contratos temporales a indefinidos y se puede prorrogar indefinidamente la relación laboral inestable hasta el 2013. Esto supone suspender el artículo 15.5 del estatuto de los trabajadores.
Estos bandazos derechistas a golpe de decreto perpetrados por el PSOE conllevan el mantenimiento de un empleo inestable y al arbitrio del empresario de turno; expolian las arcas públicas mermando los ingresos tanto de la Seguridad Social como de la Agencia Tributaria; son un golpe a las clases trabajadoras que pierden el empleo y ven que su indemnización la cobraran en cómodos plazos (para el empresario y Fogasa); y se pretende reducir la tasa de paro juvenil -del 45%- con la perpetuación de la precariedad laboral hasta los 30 años.
La CGT llama a la movilización y el referéndum para impedir la reforma de la Constitución así como la derogación de todas las medidas económicas perpretadas contra la clase trabajadora y colectivos sociales más desfavorecidos.
Madrid a 26 de agosto de 2011
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